Por Giorgio Trucchi | LINyM
Este 25 de julio, representantes de organizaciones territoriales integrantes del capítulo hondureño de ALBA Movimientos hicieron entrega, ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, de un manifiesto por la "justicia definitiva en el caso de Berta Cáceres".
El documento, firmado por defensores de derechos humanos, abogados y juristas de diferentes regiones del mundo, fue entregado por representantes de la coordinadora ambiental y el auto gobierno indígena Lenca de La Paz, así como de la mesa territorial de incidencia para la gestión del riesgo de Yoro y Olancho
"Considerando el peligro inminente de impunidad para los perpetradores y asesinos de Berta Cáceres, destacada lideresa indígena hondureña y defensora de los derechos humanos" y que han pasado más de ocho años desde su asesinato sin que la justicia haya confirmado las sentencias emitidas contra los responsables del crimen, los firmantes del manifiesto pidieron con fuerza que se garantice la aplicación de justicia.
"Para que se haga justicia, solicitamos la necesaria confirmación y cumplimiento de la condena de los autores materiales y el coautor del crimen", se lee en el documento promovido por Alba Movimientos y la Asociación Brasileña de Juristas para la Democracia (ABJD).
La dirigente indígena fue ultimada de varios balazos en su casa de habitación, en un contexto de lucha de las comunidades Lencas, organizadas en el Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras (Copinh), contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos SA (Desa).
Ante la oposición a un proyecto que contemplaba el concesionamiento y la explotación de las aguas del río Gualcarque, sagradas para los Lencas, se generó un ambiente de persecución, criminalización y judicialización sistemática, que creó las condiciones propicias para que se consumara el ataque mortal.
Durante los juicios celebrados contra los autores materiales del crimen se pudo demostrar, de manera incontrovertible, que el asesinato se gestó desde una estructura criminal encabezada por las más altas esferas de Desa.
Dos años más tarde, David Castillo Mejía, ex presidente de Desa y también ex miembro de la inteligencia de las Fuerzas Armadas hondureñas, fue encontrado culpable como coautor del asesinato y sentenciado a 22 años y 6 meses de cárcel.
Lamentablemente, ninguna de estas condenas está firme, ya que la Corte Suprema de Justicia nunca resolvió los recursos de casación presentados por los defensores de los sentenciados.
Cientos de organizaciones a nivel mundial y hasta senadores de Estados Unidos se han pronunciado contra la demora de la justicia para Berta.
Tanto la familia de la luchadora social como el Copinh han pedido también la pronta captura de Daniel Atala Midence, ex gerente financiero de Desa y primera persona que es acusada como autor intelectual del asesinato.
