El indulto otorgado por Washington al expresidente Hernández, condenado a 45 años de cárcel por tráfico de drogas, tendría como objetivo favorecer a empresas estadounidenses e israelíes
Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri
El pasado 26 de noviembre, a pocos días de las elecciones y en pleno silencio electoral, un primer mensaje en Truth del presidente estadounidense Donald Trump trastornó el delicado equilibrio de un ambiente ya de por sí incierto y tenso. Apegándose al mismo guión usado con Javier Milei en Argentina, el gobernante ratificó el respaldo de Washington al ultraconservador Nasry «Tito» Asfura (Partido Nacional), al tiempo que demonizó a la candidata progresista Rixi Moncada (Partido Libertad y Refundación – Libre) y al otro miembro del bipartidismo tradicional, Salvador Nasralla (Partido Liberal).
«La democracia será puesta a prueba en las próximas elecciones en Honduras. ¿Conseguirán Maduro y sus narcotraficantes apoderarse de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? El hombre que defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura (…) y su principal adversaria es Rixi Moncada, quien declara tener a Fidel Castro como ídolo (…) Los comunistas están tratando de engañar al pueblo con un tercer candidato, Salvador Nasralla, que no es amigo de la libertad (…) Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo hondureño», escribió Trump.
El 28 de noviembre, a pocas horas de la votación, el tycoon subió la apuesta con nuevas amenazas y un anuncio impactante: la concesión del indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas. En concreto, Hernández había sido acusado y posteriormente condenado en Estados Unidos por participar en «una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína (unas 500 toneladas)». En la práctica, utilizaba a policías y militares para proteger los cargamentos que se enviaban a Estados Unidos, extraditaba a los narcotraficantes rivales y protegía a sus cómplices, entre ellos el cártel de Sinaloa. Con los sobornos que recibía financiaba campañas políticas y electorales.
«Si Tito Asfura gana las elecciones presidenciales en Honduras (...) le daremos todo nuestro apoyo. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder inadecuado solo puede conducir a resultados catastróficos (…) Además, concederé el indulto total al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a las que aprecio profundamente, ha sido tratado de forma muy dura e injusta. Voten por Tito Asfura y felicidades a Juan Orlando Hernández por el indulto».
Injerencia extranjera, amenazas, fraude electoral y el uso masivo de las redes sociales para aterrorizar a la base electoral de Libre se han sumado al intento de redimir la imagen de Hernández, favoreciendo su regreso tanto físico como político, con la clara intención de dar un nuevo impulso al bipartidismo hondureño, garantizando así los intereses de la oligarquía nacional, del capital multinacional —en particular el más cercano a Trump— así como las prioridades geopolíticas y geoestratégicas de Washington y no sólo de él.
En las últimas horas, el portal web Diario Red ha publicado en exclusiva la noticia del involucramiento político y económico de Israel en el indulto concedido por Trump a Hernández. El objetivo sería la construcción de una nueva base militar estadounidense en Honduras, la aprobación de leyes que impulsen la participación de empresas estadounidenses e israelíes en el desarrollo de la inteligencia artificial y la reactivación del proyecto de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), cuyo marco estatutario fue derogado durante el gobierno progresista de Xiomara Castro por atentar contra la soberanía nacional. Varias grabaciones que involucran a políticos y funcionarios públicos vinculados al gobernante Partido Nacional fueron divulgadas por el portal. Aparentemente, el propio Asfura sería parte de esta estrategia corrupta e injerencista, donde el regreso al país del expresidente Hernández asume una relevancia imprescindible.
«Hernández se convertiría en el principal operador político de Donald Trump y la lobby israelí en la región, un encargado de convertir a Honduras en una zona estratégica de operaciones militares, logísticas y económicas para Estados Unidos, replicando el modelo de las bases de Palmerola y las ZEDES, pero con un poder aún más concentrado. No se trataría sólo de una restauración personal del poder, sino de la conversión del territorio hondureño en un enclave geopolítico fundamental para los intereses norteamericanos frente a China y otras potencias en América Latina», advierte Diario Red.
En este sentido, presentar al expresidente como víctima de una conspiración persecutoria y ensalzar el indulto como prueba de su inocencia forma parte de la estrategia de la defensa y de aquellos sectores que promueven su regreso al país. Para preparar el terreno, además del indulto concedido por Trump, se necesitan medidas endógenas, entre ellas el control absoluto de las instituciones borrando cualquier presencia de Libre, la revocación de la orden de captura emitida contra Hernández por delitos de corrupción (caso Pandora II) y la marginación de la corriente interna del partido contraria a su regreso.
El abuso del «juicio político» por parte de la mayoría parlamentaria bipartidista contra miembros de Libre forma parte de este contexto. Además del fiscal general Johel Zelaya, han sido destituidos de sus cargos el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, sus suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, y el consejero electoral Marlon Ochoa. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, y la suplente de Ochoa, Karen Rodríguez, prefirieron abandonar el cargo antes de ser citadas por la comisión parlamentaria, integrada puntualmente solo por diputados de los dos partidos tradicionales. Ochoa y otros funcionarios y empleados públicos que han perdido su puesto de trabajo —se habla de unos diez mil despidos— han huido al exilio.
En las últimas semanas, los principales medios de comunicación controlados por la estructura de poder en manos de grupos económicos de carácter familiar han dado gran relevancia a las declaraciones de Hernández y su familia sobre su regreso como «hombre inocente». Pero no es exactamente así, y veamos por qué.
Tras el indulto concedido por Trump en diciembre de 2025, la defensa de Hernández había retirado el recurso de apelación presentado tras la sentencia de primera instancia de hace dos años. El pasado 8 de abril, la Corte de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York aceptó la solicitud y ordenó al tribunal de distrito que anulara la sentencia y al juez federal Kevin Castel que desestimara el caso «por falta de objeto (mootness)». Sin embargo, los expertos en la materia explican que el «indulto» se aplica porque existió una condena. «Al desaparecer el objeto del juicio y de la condena como efecto del indulto de Trump, la Corte no tuvo otra opción que solicitar la desestimación del expediente, sin embargo, se trata de una ficción jurídica. El indulto, de hecho, es un perdón que elimina el castigo, la pena, pero no la verdad de lo ocurrido, ni el delito, ni la condición de delincuente de la persona. Antes bien, aceptar el perdón es como reafirmar esta verdad de culpabilidad. Al retirar el recurso de apelación y aceptar el indulto, Hernández reconoce implícitamente haber cometido el delito», explica a Pagine Esteri Omar Menjívar, abogado experto en derecho constitucional y derechos humanos.
Para el jurista hondureño, la decisión de Trump es extremadamente grave. «Tenemos una realidad fáctica en la que un expresidente ha sido juzgado y condenado por un jurado federal tras una investigación que duró años. Luego tenemos una realidad virtual impuesta por una sola persona que, por simpatía política e intereses políticos y económicos, decide perdonarlo. Los hechos, sin embargo, dicen que Juan Orlando Hernández sigue siendo un narcotraficante condenado».
Entrevistado por MS Now, Thomas Padden, exfiscal y miembro del grupo de trabajo contra las drogas y el crimen organizado del Departamento de Justicia de Estados Unidos (OCDETF, por sus siglas en inglés), recientemente disuelto por Trump, se muestra consternado por lo ocurrido. «En 47 años de carrera nunca había visto nada parecido. La puesta en libertad de Hernández socava la credibilidad del sistema judicial estadounidense. Cuando se libera a un narcotraficante condenado, se anima a otros delincuentes a seguir adelante con sus actividades ilícitas. Este es el resultado de la impunidad».
Una decisión que también choca con la retórica trumpista de la lucha contra las drogas, que tuvo su máxima expresión con la militarización del Caribe y del Pacífico Oriental, la destrucción de más de 50 lanchas, presuntamente de narcotraficantes, y la muerte de más de 80 personas, pero sobre todo la invasión de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente y consorte Cilia Flores.
Que detrás del indulto a Hernández y del sistema de concesión de indultos en Estados Unidos haya mucho más, es la tesis que sostiene la exfiscal de indultos del Departamento de Justicia de EE.UU., Liz Oyer. «Trump ha ejercido su poder de clemencia como ningún otro presidente lo ha hecho jamás, concediendo indultos y conmutaciones de pena a una larga lista de estafadores, políticos corruptos y otros condenados por delitos graves que nunca han expresado públicamente su arrepentimiento», dice a MS Now.
Según Oyer, el dinero y la influencia están desempeñando un papel determinante en el sistema de indultos bajo el mandato de Donald Trump. «Prácticamente ha creado un sistema de clemencia de pago por servicio, en el que personas que gravitan en su órbita se enriquecen aceptando pagos para ejercer presión y obtener clemencia para sus clientes. Trump está concediendo indultos a personas con las que tiene relaciones comerciales, obteniendo enormes beneficios para sí mismo y para su familia. Es una verdadera ‘economía de la gracia’ y es un sistema muy corrupto».
En el caso concreto de Hernández, la reciente primicia de Diario Red confirmaría la tesis de una auténtica estrategia corrupta israelo-estadounidense de cara a las elecciones hondureñas de 2029. "Los audios filtrados revelan que el indulto fue gestionado mediante un intenso lobby liderado por Roger Stone y la bancada republicana en Estados Unidos, con el apoyo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Según las conversaciones filtradas, el regreso del exmandatario a Honduras, la operación logística y su próxima candidatura presidencial estarían financiados en su totalidad por Israel", advierte el portal web.
De acuerdo con la publicación de The New Republic, el mismo día de su segunda toma de posesión, Trump indultó a 1500 personas acusadas o condenadas por el asalto al Capitolio de 2021. A lo largo de sus dos mandatos, ha indultado a más de 70 entre aliados, donantes y personas condenadas por estafa. Más de la mitad de ellos durante el primer año de su segundo mandato.
Para Menjívar, detrás del indulto concedido al expresidente hondureño habría acuerdos muy concretos. «Saben que Juan Orlando Hernández es una pieza clave, un operador político que puede garantizar los intereses económicos de la oligarquía nacional y de las multinacionales. El indulto no es gratuito. Hay intereses en juego y promesas hechas que deben respetarse. Promesas que, sin embargo, comprometen al país y su soberanía».
Fuente: Pagine Esteri (italiano)
