Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
El Foro “Amnistía, un acto de justicia y reconciliación”, sentó un concepto fundamental: la amnistía debe ser una herramienta jurídica y política que beneficia a las víctimas de los gobiernos golpistas y post golpistas y no un instrumento para legalizar la impunidad.
De acuerdo con datos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), son 615 las personas acusadas por delitos comunes por oponerse a la narcodictadura entre 2009 y 2021.
“La crisis de derechos humanos se prolongó por doce años. Una de las formas que ha tomado la violencia estatal ha sido la práctica de detenciones selectivas y arbitrarias de personas que participaban en las protestas, que se convirtieron en presos políticos”, explica Cofadeh.
Desde que tomó posesión la presidenta Xiomara Castro y que el Congreso aprobara la Ley de Amnistía (decreto 4-2022)[1], son varias decenas las personas que han sido liberadas o que han podido regresar al país después de años de exilio.