Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri | LINyM
Uno de los temas centrales que encendió las campañas electorales de 2021 y 2025 en Honduras, marcando una línea de fractura casi insanable en el país, fue sin duda el controvertido proyecto de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Durante años, los promotores de estos enclaves han pregonado promesas de empleo, desarrollo y bienestar para miles de familias que siguen viviendo, o mejor dicho, sobreviviendo, por debajo del umbral de la pobreza. Las raíces de esta compleja historia se remontan a 2011, cuando el Congreso Nacional modificó varios artículos de la Constitución hondureña para aprobar el reglamento de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), conocidas popularmente como «charter cities» o «ciudades modelo».
Ideadas y promovidas por el economista estadounidense Paul Romer, las RED encarnaban el sueño ultraliberalista de que vastas porciones del territorio nacional quedaran fuera de la jurisdicción estatal y contaran con un altísimo grado de autonomía. Estos feudos privados se ofrecían por tiempo indefinido al capital multinacional con el supuesto objetivo de generar empleo. Contra este sistema, surgido en un burdo intento por mitigar la profunda crisis política, económica y social que se desató tras el golpe de Estado cívico-militar de 2009, se movilizaron de inmediato organizaciones sociales, grupos espontáneos de ciudadanos, fuerzas políticas y juristas, contando con el apoyo de amplios sectores de la sociedad.
Se recolectaron firmas en todo el territorio nacional y se presentaron más de 50 recursos de inconstitucionalidad. Paralelamente, la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho acusó formalmente al entonces presidente Porfirio Lobo, al presidente del Congreso Juan Orlando Hernández y a nada menos que 126 diputados de traición a la patria.
En diciembre de ese mismo año, el Congreso —encabezado por Juan Orlando Hernández, quien estaba destinado a convertirse en jefe de Estado antes de ser detenido y condenado a 45 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos— inició un proceso de impeachment. La medida se configuró como un verdadero golpe de Estado técnico-institucional, que condujo a la destitución arbitraria de los cuatro magistrados «rebeldes».
Una vez eliminado el obstáculo judicial, en enero de 2013 la mayoría bipartidista en el Parlamento aprobó una nueva reforma constitucional para instituir las actuales ZEDE (Decreto 236-2012), que se consolidaron ocho meses después con la Ley Orgánica (Decreto 120-2013). En esencia, el nuevo esquema reproducía la estructura de las RED: distritos territoriales otorgados a inversionistas extranjeros bajo un régimen de absoluta autonomía política, fiscal, aduanera, judicial, laboral y de seguridad pública.
A pesar de la rapidez legislativa, tuvieron que pasar casi siete años antes de la apertura efectiva de la primera zona especial. La pionera fue la ZEDE Próspera, ubicada en la isla caribeña de Roatán y concedida al consorcio Honduras Próspera LLC del financiero venezolano-estadounidense Erick A. Brimen, cuyo modelo cuenta con el respaldo de fondos de capital de riesgo de Silicon Valley liderados por figuras como Peter Thiel y Sam Altman.
En mayo de 2021, el Congreso aprobó otra controvertida reforma para ampliar desmesuradamente las exenciones y los beneficios fiscales de los inversionistas. La gestión y la regulación de estas concesiones se encomendaron al Comité para la Adopción de las Mejores Prácticas (CAMP), un órgano cuyos miembros, nombrados por el Ejecutivo, eran figuras de absoluta confianza de Hernández. Para completar el panorama de esta cesión de soberanía, a mediados de junio del mismo año, la Corte Suprema estableció una Jurisdicción Especial de las ZEDE, destinada a funcionar según el modelo del derecho anglosajón (common law), un sistema totalmente ajeno a la cultura jurídica y a la tradición del país.
Junto al faraónico proyecto de Roatán, tomaron forma las únicas otras dos iniciativas operativas: Ciudad Morazán (Choloma), fundada por el empresario italiano Massimo Mazzone para operar en el sector de las maquiladoras, y Orquídea (San Marcos de Colón), un megaproyecto agroindustrial enfocado en la exportación de hortalizas.
En el ámbito social, la resistencia contra esta reconfiguración geopolítica ya había tenido un primer brote en 2020, cuando la comunidad de Crawfish Rock se rebeló contra Próspera. La protesta surgió a raíz de la denuncia de la ausencia total de una consulta previa, libre e informada, lo que constituía una violación flagrante del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Dicha movilización propició el nacimiento de la Alianza en Defensa de las Islas de la Bahía, la cual, en coordinación con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y diversos movimientos sociales, dio origen a la campaña nacional «Honduras no está en venta».
En su contundente informe «Los pecados capitales de las ZEDE», el CNA no solo denunció su inconstitucionalidad, sino que solicitó formalmente que se procesara a los promotores y a los partidarios políticos por traición a la patria. La acusación revelaba la anatomía de un «Estado dentro del Estado»: las ZEDE habrían tenido el poder de dictar normas internas, establecer jueces autónomos, recaudar impuestos y acuñar moneda. Además, habrían administrado por su cuenta la seguridad, el inteligencia, las cárceles, la salud y la educación, con la facultad de realizar expropiaciones fuera del control estatal y de otorgar a extranjeros tierras que, según la Constitución, están reservadas exclusivamente a los hondureños.
La disconformidad se extendió rápidamente a los sindicatos, las universidades y los colegios profesionales. El Colegio de Abogados de Honduras identificó al menos ocho puntos de clara inconstitucionalidad, acuñando el concepto de «alegalidad» para describir cómo los inversionistas explotaban científicamente las lagunas normativas para legitimar concesiones y despojos territoriales. Paralelamente, el Colegio de Médicos denunció la violación del derecho a la salud y de las normas de inscripción en el registro profesional, acusando al Estado de haber renunciado a su papel de garante de los derechos fundamentales para cederlos arbitrariamente al CAMP.
En este contexto, el Foro Social sobre la Deuda Externa y el Desarrollo de Honduras (Fosdeh) destacó en sus informes cómo la crisis sistémica del país, fruto de las recetas neoliberales, había sido aprovechada para allanar el camino al gran capital transnacional. El Fosdeh recordó que Honduras siempre había convivido con una economía de enclaves, pero advirtió que las ZEDE representaban una forma extrema y perniciosa de esta, capaz de crear centros de poder privados que pudieran condicionar al Estado y transformar estas áreas en paraísos fiscales o refugios para capitales ilícitos.
«Se trata de un proyecto político bien definido, de un modelo perverso de vaciamiento y liquidación del territorio nacional y de expulsión de las comunidades», explicaba Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh). La dirigente garífuna, al frente de un plantón (campamento) permanente frente a la Corte Suprema, siempre ha trazado una línea de continuidad histórica entre las antiguas concesiones mineras o bananeras y el absolutismo de las ZEDE. La movilización popular exige la derogación de la ley que protege a los sectores agroindustrial, turístico y energético facilitando los desalojos, además de la liberación de los activistas detenidos. Para Miranda «Honduras ha sido reducida a un laboratorio geopolítico» en el que «se experimenta con la destrucción de las instituciones y la soberanía, legitimando la expulsión de las poblaciones indígenas y campesinas para dar lugar a nuevos enclaves».
La naturaleza profunda y transnacional de este laboratorio se ha puesto de manifiesto en toda su gravedad a raíz del escándalo internacional conocido como Hondurasgate. La divulgación de decenas de grabaciones interceptadas ha destapado una presunta trama geopolítica de ocupación territorial y desestabilización regional, orquestada por el antiguo régimen de Juan Orlando Hernández en alianza con la derecha de Nasry Asfura y potencias extranjeras. En estas grabaciones, la creación de las ZEDE no se presenta como un mero proyecto económico, sino como la pieza clave de una estrategia israelí-estadounidense destinada a transformar al país en una plataforma militar y de inteligencia conservadora en el continente.
Las grabaciones revelan la estructura de una injerencia profunda, alimentada por la llegada masiva de capitales especulativos y tecnológicos protegidos por el poder político. En el fondo, surgen inquietantes operaciones de desinformación y financiamiento oculto destinadas a atacar a los gobiernos progresistas de la región y a neutralizar a las oposiciones internas, lo que confirma que la soberanía hondureña había sido literalmente subastada en favor de intereses extractivistas y extranjeros.
El giro político se concretó con la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro (2022-2026), quien hizo de la derogación de las ciudades modelo un pilar de su programa. En abril de 2022, siguiendo el impulso de la mandataria, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad la derogación de la reforma constitucional y de la Ley Orgánica de las ZEDE, poniendo fin a un sistema calificado por el ejecutivo como «criminal» y perjudicial para la soberanía nacional. Para proteger al país de las represalias legales impulsadas por los consorcios extranjeros en los tribunales de arbitraje, en 2024 el gobierno de Castro dio un paso más al notificar la retirada de Honduras de la Convención del CIADI, el órgano de arbitraje del Banco Mundial. Pocos meses después, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad total y original (ex tunc) de las ZEDE y decretó que los proyectos surgidos bajo esa legislación debían considerarse nulos y carentes de toda validez desde su inicio.
El regreso al poder de los partidos tradicionales en 2026, bajo el liderazgo del presidente conservador Nasry Asfura, cambió drásticamente el panorama, reabriendo el eje con los mercados internacionales. En marzo, Asfura firmó la reincorporación formal de Honduras al CIADI, que entró oficialmente en vigor el 16 de agosto de 2026. Si bien para el gobierno se trata de un paso indispensable para restablecer la «certeza jurídica» y atraer capital, las organizaciones populares denuncian que este giro de 180 grados expone nuevamente al país a devastadoras demandas de indemnización.
A pesar de la nulidad dictada por la Corte Suprema, el enfrentamiento se ha trasladado a las salas de los tribunales de arbitraje internacionales. Allí, las multinacionales oponen una dura resistencia, amparándose en tratados de libre comercio como el CAFTA-DR, firmado por Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana.
La holding estadounidense Honduras Próspera LLC ha entablado una demanda colosal contra el Estado ante el CIADI, lo que supone una pesada carga para el presupuesto nacional. Próspera, además, ha lanzado un desafío sonado a los fallos de la justicia nacional al ordenar una expansión territorial masiva en la isla de Roatán, incorporando doce nuevas propiedades que suman más de 737.000 metros cuadrados. La superficie bajo su control se ha incrementado así a 3,2 millones de metros cuadrados, llegando a ocupar casi el 4% de toda la isla.
Para el movimiento de oposición, la isla corre el riesgo de convertirse definitivamente en una cabeza de puente del capital especulativo y de la inteligencia israelí-estadounidense. Esta descarada demostración de poderío financiero —que culminó en Roatán con el Business Retreat 2026, un evento fuertemente protegido que reunió a los principales líderes del capital especulativo transnacional— ha reavivado de inmediato la llama de la protesta social en todo el país.
La comunidad de Crawfish Rock y los movimientos populares han denunciado anexiones de facto para consolidar una política de ocupación territorial. Mientras tanto, las oposiciones políticas y sociales reclaman con urgencia una comisión de investigación parlamentaria para detener lo que definen como un abuso intolerable, respaldado por el silencio consentidor del bipartidismo.
«El desmantelamiento de las ZEDE no es solo una batalla de naturaleza legal, sino que representa el epicentro de un enfrentamiento histórico por la recuperación de la identidad y la dignidad de nuestra República», explica a Pagine Esteri Fernando García, economista y figura clave de la coordinación institucional contra los enclaves. Según este destacado economista, la obstinación de los consorcios extranjeros en los tribunales de arbitraje demuestra cómo a Honduras se le han despojado de sus instrumentos soberanos, transformando las fronteras nacionales en una mercancía regulada por entidades privadas transnacionales. El verdadero desafío que les espera a los movimientos populares y a las instituciones democráticas en los próximos años —continúa García— no radica solo en resistir los chantajes multimillonarios del CIADI, sino en refundar por completo el tejido democrático, erradicando de una vez por todas esa cultura de sumisión jurídica que ha permitido el surgimiento de verdaderos microestados en territorio nacional.
«Logramos detener la instalación de 64 ZEDE y solo quedan tres en funcionamiento. Lamentablemente, los intereses en juego son enormes y los multimillonarios extranjeros están volviendo a la carga, como lo ha demostrado ampliamente la descarada anexión territorial de Roatán y el evento realizado recientemente en la isla. Honduras —explica el experto— se encuentra hoy al borde del abismo y el riesgo real es el de una desaparición progresiva como Estado soberano. Lo que los defensores del libertarismo más radical pretenden demostrar es que los Estados-nación deben dar paso a ciudades tecnológicas privadas. Ya no se trata simplemente de reducir el Estado, sino de decretar su desaparición total». Una advertencia que no solo concierne a Honduras y a su población, sino a todas las naciones de la región.
Fuente: Pagine Esteri (italiano)
