Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri
El
férreo control de las instituciones y el giro autoritario en El
Salvador ocultan, tras el espejo de la propaganda, un grave retroceso en
materia de derechos humanos y un dramático balance económico marcado
por la pobreza y el endeudamiento neoliberal.
Para sorpresa de
todos, el presidente salvadoreño Nayib Bukele decidió sustituir el
clásico informe en la Asamblea Legislativa sobre su gestión de Gobierno
por una retransmisión en cadena dedicada a la inauguración del nuevo
Hospital Rosales. Este 1 de junio, por tanto, no hubo balance político
de sus siete años de gobierno, ni anuncios sobre las prioridades de la
acción gubernamental para 2026, sino solo la presentación de una obra
que, según el presidente, dará inicio a una transformación de la salud
pública.
Bukele ha iniciado así su octavo año al frente de El
Salvador, el tercero de su segundo mandato (2024-2029), al que,
recordemos, sólo pudo postularse gracias a una interpretación
excesivamente flexible por parte de la Sala Constitucional de un
artículo que prohibía el doble mandato presidencial consecutivo. Gracias
a una abrumadora mayoría parlamentaria y al control casi total de las
instituciones, Bukele impuso luego una serie de reformas
constitucionales, entre ellas la reelección presidencial indefinida y la
ampliación del mandato de 5 a 6 años.
También se eliminó la segunda
vuelta —se gana con mayoría relativa— y se alinearon las elecciones
presidenciales con las parlamentarias y municipales. Por este motivo, el
mandato de Bukele se ha acortado en dos años y las próximas elecciones
se celebrarán en febrero de 2027.
Control férreo de las
instituciones, estado de emergencia prorrogado consecutivamente cada mes
durante más de cuatro años, suspensión de varios derechos
constitucionales, militarización del territorio con casi cien mil
detenciones y construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad. Pero
también leyes especiales y reformas del Código Penal que han introducido
la cadena perpetua (incluso para menores a partir de los 12 años), los
juicios colectivos y que han reformado la ley antiterrorista, ampliando
su tipificación.
Todo ello ha contribuido al desplome de la
violencia, pasando de una tasa récord de 106 homicidios por cada 100.000
habitantes a menos de 3,5 homicidios, muy lejos del umbral de 10
homicidios que la OMS establece para definir una situación de violencia
endémica. La reducción de la violencia es, sin duda, el principal factor
que permite a Bukele seguir gozando de un apoyo popular muy fuerte. Así
lo afirma la reciente encuesta de la costarricense CID Gallup, que
revela una aprobación y una imagen positiva del Gobierno de Bukele por
parte del 93% de los salvadoreños, con una tendencia al alza durante los
siete años de su mandato (era del 76% en 2019).
El 98% de la ciudadanía
aprueba las medidas adoptadas en materia de seguridad y asegura no
haber sido víctima de ningún delito durante los últimos cuatro meses. El
95% valora positivamente las medidas especiales contra las maras y el
83% pide medidas aún más duras. Por último, el 87% de los salvadoreños
se siente orgulloso de la gestión de Bukele. Sin embargo, la nota es
bien baja cuando se pregunta por temas económicos, donde la mayoría de
los salvadoreños se muestra muy preocupada por la inseguridad económica y
la falta de empleo.
El contrapeso a la imagen casi idílica que
presenta la encuesta de CID Gallup lo aportó, el pasado mes de marzo, el
Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de
Derechos Humanos en el Contexto del Estado de Excepción en El Salvador
(GIPES). El extenso documento presentado ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) relata cómo Bukele, un trumpista de pura
cepa y principal aliado de Washington en Centroamérica, ha tomado en
poco tiempo el control de las instituciones, ha forjado una fuerte
alianza con el ejército, la policía y algunos sectores de la oligarquía
tradicional, radicalizando el modelo neoliberal extractivista y
endureciendo la represión contra cualquier forma de oposición política y
social.
Varias organizaciones han recopilado más de 6400 denuncias de
violaciones de los derechos humanos, entre ellas detenciones
arbitrarias, como la de la abogada y activista por los derechos humanos
Ruth López, torturas y la muerte de al menos 530 personas en las
cárceles especiales.
La posición del Bloque de Resistencia y
Rebelión Popular (BRP) y de la Coordinación Nacional para la Defensa de
la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA) es especialmente crítica. «En
el séptimo año de gobierno de Nayib Bukele denunciamos el grave
deterioro democrático, económico y social que afecta a El Salvador y el
creciente autoritarismo impuesto por un clan empresarial-familiar aliado
de la oligarquía», se lee en un comunicado.
A estas alturas,
prosiguen las dos organizaciones, se ha consolidado un régimen que
persigue, reprime y encarcela a la oposición política, que se apropia de
manera férrea de las instituciones públicas, que desmantela los
contrapesos democráticos y que establece acuerdos con los grupos
criminales para lograr una reducción de los homicidios. Las
investigaciones periodísticas sobre las negociaciones y los acuerdos
secretos entre gobierno y maras (Mara Salvatrucha/MS-13 y Barrio 18) por
parte del medio digital El Faro han dado lugar a la expulsión y al
exilio forzoso de los miembros de la redacción, así como al embargo de
bienes y cuentas bancarias y a la imputación por evasión fiscal y
blanqueo de capitales.
El análisis de los siete años de Bukele
tampoco puede dejar de lado el impacto de las políticas neoliberales en
la economía nacional. «Mientras el Gobierno concentra el poder y hace
propaganda, las condiciones de vida de la mayoría de la población siguen
deteriorándose. Entre 2019 y 2026, el coste de la vida ha aumentado un
30 % y más de 138.000 personas han caído en la pobreza extrema»,
explican las dos organizaciones. El aumento del desempleo y del trabajo
precario, los despidos masivos, la subida de los precios de los
alimentos y los servicios básicos, los recortes drásticos en sectores
estratégicos como la salud y la educación, y el cierre de programas
sociales dirigidos a los sectores más vulnerables han sido el corolario
de la actuación gubernamental.
Para el profesor universitario de
economía política Evaristo Hernández, el desarrollo capitalista se ha
caracterizado por profundas desigualdades sociales, ciclos de crisis
políticas y procesos de acumulación y concentración de riqueza que han
generado mayor desempleo y pobreza. Sin embargo, el desmesurado aumento
de las inversiones en activos fijos y el supuesto crecimiento económico
no han supuesto una mejora sustancial de las condiciones de vida de la
mayoría de la población. A ello se suman dos factores determinantes: el
aumento exponencial de la deuda pública y el programa firmado con el
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Durante los siete años de
Bukele, la deuda pública ha crecido al menos 14.500 millones de dólares
(un 72%), tres veces más que el aumento registrado durante los tres
gobiernos anteriores juntos, hasta alcanzar un total actual de casi 34.000 millones de dólares, lo que representa el 92% del PIB. Sobre el
creciente endeudamiento pesan desmesuradamente los fondos de pensiones,
con unos 11.500 millones de dólares, lo que equivale a casi el 31% del
PIB. Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, esta deuda aumentó en
139 millones y en un 124% durante los siete años de Bukele. El programa
firmado posteriormente con el FMI, que aportará 1.400 millones de
dólares a las arcas del Estado, conlleva nuevos recortes en el gasto
social y un posible aumento del IVA.
«Es un gobierno insaciable,
que endeuda al país sin mejorar por ello las condiciones de vida de la
gente, que se queja por la falta de trabajo, el coste de la vida, los
racionamientos de agua potable, el alto coste de la energía y los
medicamentos, y por el aumento de la pobreza. La producción de alimentos
estratégicos como el arroz, los frijoles y el maíz está en mínimos
históricos, el coste de la canasta básica se ha disparado y la soberanía
alimentaria sigue siendo un sueño. La industria y los servicios están
en caída libre y seguimos importando», explica el economista César
Villalona.
«Bukele», concluye Villalona, «vive de promesas, de
propaganda y de la manipulación de la realidad. Exagera los éxitos,
niega las repercusiones negativas en la sociedad, oculta o minimiza los
errores, los abusos y las derrotas. Y cuando se borra la frontera entre
la verdad y la mentira, también se borra la frontera simbólica entre lo
aceptable y lo inaceptable».
Fuente: Pagine Esteri
