Por Giorgio Trucchi | LINyM
Durante una conferencia de prensa, la familia de Berta Cáceres, reconocida dirigente indígena y luchadora social asesinada en marzo de 2016, y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización de la cual Cáceres fue cofundadora, lanzaron un grito de alerta sobre lo que aseguran ser un nuevo burdo intento de David Castillo para revertir su condena.
En 2021, el ex
presidente de Desarrollos Energéticos SA (Desa), empresa titular de la concesión sobre las aguas del río Gualcarque y del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, contra el cual Cáceres y el Copinh lucharon durante años, fue encontrado culpable como coautor del asesinato y sentenciado a 22 años y 6 meses de cárcel.
Dos años antes, siete personas, entre ex directivos y ex miembros de la seguridad interna de Desa, ex militares y militares en servicio activo, fueron condenados como autores materiales del asesinato de Cáceres y el
intento de asesinato del sociólogo mexicano Gustavo Castro, con penas de entre
30 y 50 años de prisión.
Lamentablemente, ninguna de estas condenas está firme, ya que la Corte Suprema de Justicia nunca resolvió los recursos de casación presentados por los defensores de los sentenciados.
Manipulaciones maliciosas
Es en este contexto que, durante las últimas semanas, los abogados de Castillo - Juan Carlos Sánchez y Ritza Antúnez - han aparecido en diferentes medios de comunicación, asegurando tener elementos para demostrar que varias pruebas presentadas contra su cliente fueron manipuladas.
De la supuesta falsificación de documentos, para que el también ex miembro de la inteligencia de las Fuerzas Armadas hondureñas fuera condenado, están acusando ante el Ministerio Público a la perito Brenda Barahona.
Tanto la familia de la lideresa indígena como el Copinh miran con suma preocupación que estas maniobras se están dando días después de que Juan Carlos Sánchez Villalobos, quien fue parte de la defensa de la abogada de Desa, Carolina Castillo, en el juicio "Fraude sobre el Gualcarque", fuera nombrado como Director de Fiscales.
"Lo que hacen es lo que vienen haciendo desde hace rato, es decir maniobrar con la presión política y el tráfico de influencias dentro de las instituciones de justicia", dijo Bertha Zúniga Cáceres, hija de la dirigente indígena asesinada.
"Mienten porque quieren dejar en libertad al asesino de mi madre. La información extraída de los teléfonos prueba que Castillo participó en la planificación, coordinación, ejecución y pago del crimen.
Información - continuó Zúniga - que, por cierto, fue extraída por todos los peritos, incluyendo al propuesto por los defensores de Castillo".
Para la también coordinadora del Copinh, se trata de una maniobra maliciosa para tratar de obstaculizar la justicia.
"No nos quedaremos de brazos cruzados"
En este sentido, tanto la familia de Cáceres como el Copinh exigen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolver de inmediato los recursos de casación, garantizando de esta manera los derechos de las víctimas.
"Hay un propósito muy claro, que incluye también obstaculizar el requerimiento fiscal que existe contra Daniel Atala Midence, la primera persona que es acusada como autor intelectual del asesinato de mi madre", concluyó Bertha Zúniga.
Daniel Atala es miembro de la familia Atala Zablah, una de las más poderosas de Honduras, y fungió como gerente financiero de Desa.
Junto a David Castillo dirigió las acciones ilegales para la construcción del proyecto Agua Zarca. Es hijo de José Eduardo Atala Zablah y sobrino de Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah, todos ellos miembros de la junta directiva de Desa.
Desde esta estructura "familiar" se dirigieron ataques sistemáticos contra Berta y el Copinh, en medio de un clima de odio y persecución, que desembocaron en el asesinato.
Actualmente, Daniel Eduardo Atala Midence se encuentra prófugo de la justicia.
