Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
Cientos de miembros de las 47 comunidades garífunas de Honduras se movilizaron hacia la capital y se instalaron en los alrededores del Congreso Nacional. Exigen el cumplimiento inmediato de las sentencias de la Corte IDH a favor de las comunidades garífunas, así como un alto a la violencia contra ese pueblo originario.
“Hoy más que nunca, nuestro pueblo enfrenta un plan de exterminio que, a través de prácticas racistas, el desprecio a nuestra dignidad y campañas de odio, promueve la eliminación física de nuestras comunidades y nuestro desplazamiento forzado”, se lee en un comunicado de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
“Nuestros compañeros y compañeras están siendo perseguidos, criminalizados, encarcelados, secuestrados y hasta desaparecidos por su labor de defensa de la propiedad colectiva y el derecho territorial”, continúa el documento.
Según la Ofraneh, en los últimos años, al menos 50 miembros de comunidades garífunas han sido asesinados, otros 300 han sido criminalizados y encarcelados, y 5 jóvenes siguen desaparecidos.
A esto hay que sumar los incontables casos de amenazas, agresiones y desplazamiento forzado.
Antes esta situación, las comunidades garífunas hondureñas exigen el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de las comunidades de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan.
En 2015 los jueces internacionales ordenaron al Estado de Honduras demarcar las tierras ancestrales sobre las cuales se otorgó la propiedad colectiva a las comunidades, en dominio pleno y en garantía de ocupación.
Además, instaron a restituir el territorio comunal usurpado, llevando a cabo procedimientos de expropiación y reubicación de los ocupantes ilegales.
En el caso específico de la comunidad de San Juan, cuya sentencia remonta al año pasado, la Corte IDH ordenó diversas medidas de reparación, entre otras, el otorgamiento de una propiedad colectiva de tierra alternas y la demolición del complejo turístico Honduras Shores Plantation.
Mientras no se hayan demarcado y titulado las tierras a favor de las comunidades garífunas, el Estado debe abstenerse de cometer actos hostiles contra los pobladores. Asimismo, debe preservar su seguridad ante posibles agresiones de terceros.
Buena parte de estas tierras fueron usurpadas por empresarios y grupos de poder para desarrollar proyectos turísticos, expandir el cultivo de palma africana y para la construcción de viviendas privadas o con fines turísticos.
Casi diez años después, el Estado sigue sin cumplir la sentencia.
La Ofraneh y las comunidades movilizadas ya hicieron saber al actual gobierno que no regresarán a sus territorios hasta tanto no se reúnan con la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI).
Creada por decreto ejecutivo publicado en la Gaceta Oficial el mes pasado (PCM 03-2024), esta Comisión Intersectorial de Alto Nivel es el máximo órgano encargado de coordinar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las sentencias que beneficiaron a las comunidades garífunas.
“Que quede muy claro esto. No venimos a negociar. Han sido 21 años que negociamos esos casos ante el Estado de Honduras, y no vamos a permitir que nos hagan sentarnos en una mesa de negociación”, dijo Miriam Miranda, coordinadora de Ofraneh durante una conferencia de prensa.
“Aquí no hay nada que negociar. Queremos que haya pasos significativos, que avancemos, que se cumplan las sentencias, que se respete la vida de nuestra gente.
Estamos cansados de que se nos atropelle, de que se nos criminalice, de que nos lleven presa. ¡Basta ya!”, concluyó Miranda.
Fuente: Rel UITA
