Por Giorgio Trucchi | LINyM
De forma sorpresiva e inesperada, después del fallo condenatorio del miércoles contra seis de los ocho defensores del agua y la vida de Guapinol, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras resolvió a lugar dos recursos de amparo presentados hace casi dos años por el equipo de defensa legal, y ordenó anular todo lo actuado hasta el momento.
De esta manera, los ocho defensores deberán ser puestos en libertad de inmediato.
“Esta tarde (10/2), la Sala de lo Constitucional nos ha notificado sobre dos recursos de amparo. El primero lo introducimos porque considerábamos que la jueza Lisseth Vallecillo, del juzgado de jurisdicción nacional, había ordenado un auto de formal procesamiento y prisión preventiva, ilegal y arbitraria, contra los ocho defensores sin tener competencia para conocer el caso”, explicó el abogado Edy Tabora durante una conferencia de prensa organizada por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional resolvieron devolver el caso al juez de competencia, quien deberá emitir un auto en el cual establezca el sobreseimiento definitivo de los activistas ambientales y su libertad inmediata, en cuanto el juicio nunca debió existir.
Tabora recordó que, hace un año, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas había determinado que los defensores de Guapinol se encontraban detenidos arbitrariamente, y que esta medida contravenía la Declaración universal de los derechos humanos y el Pacto internacional de derechos civiles y políticos.
Además, pedía reparación para ellos y sus familias e investigación de todos aquellos funcionarios públicos que los han mantenido en una detención arbitraria durante casi 30 meses.
“Con el fallo de hoy, la Sala de lo Constitucional está atendiendo también esta resolución de Naciones Unidas, que le exigía al Estado de Honduras libertad para los ocho defensores”, agregó Tabora.
No solicitarán amnistía
Ante estos nuevos eventos, los activistas y el equipo de defensa legal decidieron desistir de solicitar amnistía, tal como lo habían anunciado ayer.
“Ya no es necesario. A partir de este momento exigimos que se agilicen los trámites judiciales, para que los compañeros recobren inmediatamente su libertad. Todo aquel funcionario que no les dé celeridad a esos trámites incurrirá en el delito de detención ilegal”, concluyó Tabora.
Por su lado, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa exigió que se investiguen, procesen y sancionen a los responsables de la detención ilegal de los ocho defensores.
También piden que se anule inmediatamente la licencia minera de la empresa Inversiones Los Pinares (NE Holdings Inc y NE Holdings Subsidiary Inc), antes EMCO Mining Company, que con su proyecto extractivo está amenazando el territorio y los ríos Guapinol y San Pedro que bajan del Parque Nacional "Montaña de Botaderos".
La resolución de la Sala de lo Constitucional fue saludada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), que el pasado 9 de febrero había condenado con fuerza el fallo condenatorio contra seis de los ocho defensores.
“La Oacnudh saluda los amparos otorgados por la Sala de lo Constitucional a favor de los defensores de Guapinol. La Oficina insta a las autoridades a asegurar su pronta liberación”.
