Con un fallo dividido de dos a uno, el Tribunal de Sentencia de Tocoa declaró culpable a seis de los ocho defensores del agua y la vida de Guapinol.
José Márquez Márquez, Kelvin Romero Martínez, José Abelino Cedillo Cantarero, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Cedillo Cruz y Orbin Nahún Hernández fueron encontrados responsables de los delitos de daños simples y agravados contra la empresa minera Inversiones Los Pinares, y de privación ilegal de la libertad y daños agravados contra el contratista de la empresa Santos Corea.
Los otros dos defensores Arnol Alemán y Jeremías Martínez Díaz, fueron absueltos de todos los cargos.
Todos son integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP).
La sentencia llega después de casi 30 meses de injusta, ilegal y arbitraria prisión preventiva, contra la cual se han expresado un sinnúmero de organizaciones nacionales e internacionales y organismos multilaterales, como Naciones Unidas.
Edy Tabora, del equipo de defensa legal de los ocho defensores, condenó la decisión de los jueces Ricardo Rodríguez Barahona y Henry Duarte Zaldívar.
Un fallo amañado
Este fallo dividido – continuó Tabora – demuestra que siempre tuvimos la razón y que los compañeros son inocentes. Durante tres años, el Ministerio Público ha venido orquestando un montaje judicial, pero nunca lo pudo sostener”.
Según el defensor, las pruebas presentadas estaban basadas en testigos que “vinieron a mentir y que respondían a intereses económicos, ya que todos están vinculados a la empresa”
“Es un fallo inventado y basado en la arbitrariedad. Nunca pudieron demostrar la existencia de los daños que les achacan, ni la participación de los ocho defensores. Todo fue una farsa”, sentenció el abogado defensor.
Ante una situación que se ha vuelto sumamente grave, los seis defensores y el equipo legal acordaron presentar un escrito solicitando la aplicación del Decreto de Amnistía, recientemente aprobado por el Congreso Nacional.
“Es importante aclarar que no son culpables, que se consideran presos políticos, que no han hecho nada malo y que sólo han defendido el ambiente y el agua. Exigen que se les reconozca su inocencia.
Sin embargo – explicó Tabora – al no ver en el poder judicial garantías de independencia, ni que los posibles recursos que se vayan a presentar sean prontos y efectivos, decidieron aplicar por la amnistía”.
El Decreto de Amnistía 04-2022, ya sancionado por la presidenta Xiomara Castro – quien en su discurso de asunción pidió libertad para los defensores de Guapinol – y publicado en la Gaceta Oficial, es una herramienta para que las y los defensores que han sido criminalizados y judicializados durante los 12 años post golpe logren su libertad.
El decreto prevé varias causales, entre otras, que hayan sido condenados arbitrariamente por actos en defensa de la soberanía, territorio, bienes comunes (…), que sus acciones hayan sido criminalizadas por operadores de justicia “por motivaciones políticas en un contexto de anormalidad democrática, generando extrema conflictividad social por razones económicas”.
También que los delitos por los cuales han sido procesados estén dentro del marco normativo del viejo y nuevo Código Penal.
En estos sentidos, los seis defensores condenados reúnen todos los requisitos para la aplicación inmediata de una amnistía. Próximamente, el tribunal deberá convocar una audiencia ad hoc, para que la defensa pueda presentar los argumentos y demostrar que tienen los requisitos para que se les aplique la amnistía.
Reacciones
La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) dio a conocer un comunicado donde expresó su profunda preocupación por el fallo emitido contra los defensores del río Guapinol.
“Reafirmamos que los defensores de Guapinol son defensores de derechos humanos, de la tierra, el territorio y el medioambiente, que ejercen una labor encomiable en favor de la democracia en el país.
Han cumplido más de 29 meses de privación arbitraria de la libertad y, tal como lo determinó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, corresponde su liberación y reparación integral”, dijo Isabel Albaladejo, representante de la Oacnudh en Honduras.
La Oficina llamó a las autoridades a garantizar la vida e integridad de los defensores condenados y absueltos, de sus familias, de la comunidad y sus representantes legales.
“El Estado debe garantizar que el derecho a defender los derechos humanos se desarrolle sin ninguna clase de presión arbitraria o abusiva, que obstaculice su ejercicio legítimo”, agregó.
Finalmente, la Oacnudh reconoció que la actuación del Ministerio Público no se rigió por el principio de la objetividad e incumplió el estándar de prueba mínimo que demostrara la culpabilidad de los defensores.
“Lamentamos que las resoluciones judiciales (prisión preventiva y juicio oral y público) presentan indicios de falta de imparcialidad y carencia de motivación, lo que se traduce en violación de las garantías del debido proceso y del derecho a un juicio imparcial”, resaltó.
Condena enérgica también de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos (Sedh), que recordó con un comunicado como este ministerio brindó seguimiento y acompañamiento a los defensores de Guapinol “que por defender el derecho a la tierra han sido criminalizados y detenidos injustamente y que hoy reciben una condena de culpabilidad que esta institución no comparte, y se suma a las voces que piden el cumplimiento de una verdadera aplicación del derecho a la justicia”.
Antecedentes
En
los años pasados, al menos 32 personas fueron requeridas fiscalmente por
defender el territorio y los ríos que bajan del Parque Nacional "Montaña de Botaderos", cuya zona núcleo está siendo
amenazada por la empresa minera Inversiones
Los Pinares (NE Holdings Inc y
NE Holdings Subsidiary Inc),
antes EMCO Mining Company.
En esta zona nacen alrededor de 34 fuentes de agua que abastecen ciudades y
comunidades. En especial los ríos Guapinol y San Pedro son los que están
sufriendo los principales impactos. Nunca las comunidades y poblaciones de la
zona fueron consultadas antes de otorgar las concesiones a la compañía minera.
Los holdings que administran Inversiones Los Pinares son controlados por Lenir Pérez Solís, ya involucrado en
el pasado en otros conflictos mineros, y Ana Facussé Madrid, hija del tristemente famoso terrateniente
palmero Miguel Facussé Barjum.
El
nombre de Facussé ha sido relacionado en el pasado con el grave conflicto
agrario del Bajo Aguán, donde decenas de campesinos organizados perdieron la
vida, y con el despojo territorial en la península de Zacate Grande.
El Grupo de Trabajo de Detenciones
Arbitrarias de Naciones Unidas determinó que los defensores de
Guapinol "se encuentran detenidos arbitrariamente" y que esta medida
"contraviene la Declaración universal de los derechos humanos y el Pacto
internacional de derechos civiles y políticos".
Asimismo, consideró que el remedio adecuado es "poner a los defensores inmediatamente en libertad, concediéndoles el derecho a obtener la necesaria reparación a la vulneración de sus derechos".
El Estado nunca respondió e hizo caso omiso de las recomendaciones.
