Por Giorgio Trucchi | LINyM
Las protestas que han vuelto a convulsionar Guatemala tienen raíces muy profundas. Muestran el hartazgo de una amplia mayoría de ciudadanos que exigen el fin del denominado “pacto de corruptos” y de la persecución, criminalización y asesinato de defensores y defensoras, al tiempo que promueven una ruptura absoluta con el modelo neoliberal extractivista y el sistema institucional que lo sostiene y lo protege, y avanzar hacia la plurinacionalidad.
El 13 de agosto pasado, explica Prensa
Comunitaria en una
nota, las autoridades indígenas y ancestrales de varios territorios
entregaron un memorial al presidente Alejandro Giammattei, donde fijaron el 18 de agosto
(ayer) como fecha límite para que presente su renuncia. Lo mismo hicieron con
la fiscal general Consuelo Porras.
Desde la destitución del titular de la Fiscalía especial contra la impunidad
(Feci), Juan Francisco Sandoval, se han registrado al menos 215 manifestaciones
en todo el país.
Para los próximos días se esperan nuevas jornadas de movilizaciones a nivel nacional.
Anabella Sibrián es directora de Protection International Mesoamérica. Con ella conversamos sobre la actual coyuntura y las perspectivas futuras en Guatemala.
[Lea aquí la primera
parte del reportaje "Por una Guatemala sin corruptos y plurinacional"]
- Es claro que no se trata simplemente de la destitución de quien estaba al frente de la Feci, aunque es también cierto que ha sido un detonante importante. Lo que ha venido ocurriendo es una acumulación de cansancio, agotamiento, indignación de la población en un contexto de profunda desigualdad que vive el país.
En Guatemala vivimos una contraofensiva del sector privado, coludido con la política, para tomar el control de todas las instituciones. Coparon el poder ejecutivo, el legislativo y ahora fueron por el judicial.
Lo que hizo la fiscal general (Consuelo Porras), una funcionaria sumamente cuestionada por sus actos y su presunta afinidad con intereses criminales, ha sido la gota que derramó el vaso. La gente dijo “hasta aquí, no más”.
De aquí surge la demanda, cada vez más fuerte, de una transformación del país, de una refundación del Estado. Es un tema sobre el cual se viene discutiendo e insistiendo desde hace décadas, en especial desde aquellos sectores de la población que más han sido discriminados y excluidos por este sistema injusto.
Se trata de una refundación desde abajo. Se trata de hacer un cambio profundo de aquellas reglas del juego que siempre y sólo favorecen a unas élites depredadoras y mezquinas, que mucho daño le han hecho a la inmensa mayoría de guatemaltecas y guatemaltecos.
Si algo se aprendió de 2015 (movilizaciones que llevaron a la renuncia y detención del entonces presidente Otto Pérez y su vice Roxana Baldetti) es que las movilizaciones que se quedan en propuestas reformistas sólo consolidan y fortalecen a las mismas élites empresariales.
En este sentido, es muy interesante que se esté planteando el concepto de paro plurinacional. Es una comprensión mayor de que el orden de las cosas tiene que cambiar considerando, en primer lugar, a la mayoría de la población, es decir a los pueblos indígenas, al sector campesino.
La que estamos viendo es la semilla de un proyecto contra-hegemónico que se va consolidando. Vemos, cada vez más, como se van creando nuevos puentes y el acercamiento entre organizaciones y movimientos que antes parecían muy separados, distanciados. Todo esto es muy esperanzador.
- Las élites no suelen aceptar pasivamente cambios que van en contra de sus intereses. ¿Esto podría profundizar la represión?
- Van a reaccionar muy fuertemente, como ya lo han hecho en el pasado. Por el momento siguen usando la criminalización y judicialización de quienes los cuestionan, así como las restricciones a la libertad de asociación y de protesta.
Sin embargo, en la medida que vean avanzar los movimientos que exigen un cambio profundo en Guatemala, no descarto que vuelvan a considerar el uso de la violencia estatal.
Actualmente hay un deterioro de los derechos humanos en todos los ámbitos. Guatemala es un país que se ha caracterizado por unas condiciones nefastas en materia de algo tan básico como es el acceso a la alimentación.
El Estado incumple totalmente con su deber de protección de garantía de los derechos fundamentales de la gente.
Además, sólo un quinto de la población tiene acceso al agua potable. Las pocas fuentes de agua naturales limpias que hay en las comunidades rurales están siendo acaparadas por intereses empresariales. Sin informar, ni consultar a nadie, las empresas llegan con sus proyectos (dizque de desarrollo) y les prohíben el acceso al agua de los ríos.
¿Puedes imaginarte lo que pasó durante la pandemia? Porque la maquinaria extractivista nunca paró, más bien se implementó aún más aprovechando el confinamiento y las restricciones a la movilización de la gente.
También siguen abusando de la ley en contra de quienes están defendiendo derechos, en especial quienes defienden tierra y bienes comunes en la zona rural.
En El Estor, Izabal, por ejemplo, la empresa minera que extrae níquel siguió trabajando, y esto a pesar de tener una prohibición de la Corte de Constitucionalidad. Los efectos sobre la población y el ambiente han sido desastrosos en una de las zonas más vulnerables del país.
La Unidad para la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala (Udefegua) ha reportado un aumento sustancial en el número de ataques contra defensores de derechos humanos, pasando de 494 ataques en 2019 a 1.056 en 2020. Además, ha registrado 15 asesinatos y 22 intentos de asesinato. El Comité campesino del altiplano (Ccda) tiene registrados actualmente a más de 800 integrantes criminalizados.
Es en este contexto de saqueo y represión que la gente indignada se está movilizando y está exigiendo sus derechos.
El Estado y la cúpula empresarial, lo que han venido haciendo es adoptar formalmente el discurso de la defensa de los derechos humanos, promoviendo en la práctica la destrucción de todas las garantías ciudadanas, el cierre de los espacios democráticos y una mayor militarización de la sociedad.
Como ya dije, si no les funciona la cooptación de las instituciones, ni la estrategia de criminalización de quienes defienden derechos, lo que podrían hacer es volver a optar, igual que en los años 70 y 80, por el uso de la violencia estatal.
- Lea aquí la primera parte del reportaje
