La reforma electoral recientemente aprobada coloca a Nicaragua en la mejor posición posible para celebrar elecciones el 7 de noviembre. Desde el punto de vista político, así como desde el estrictamente normativo, la ley corresponde a los criterios generales utilizados en todas las grandes democracias internacionales y añade, en efecto, elementos de modernidad y de cultura progresista que no deben subestimarse en la valoración global.
La actualización de la ley electoral no es una admisión indirecta de la ineficacia anterior, sino una muestra de la más completa voluntad de actualizar todo el proceso a través del cual los nicaragüenses expresan su voluntad soberana.
El fundamento político de la reforma, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, se basa en el diálogo exclusivo con los partidos legalmente constituidos. Todos ellos (diecinueve partidos) participaron en el debate sobre los criterios y la dirección a tomar. Las propuestas de cambio se han centrado en los procedimientos para aumentar la transparencia de la votación así como para aclarar las normas y simplificar los procedimientos para cualquier recurso.
