La necesaria interrelación entre gobierno, bases, movimientos
Por Giorgio Trucchi | LINyM
Este 28 de junio se cumplieron 13 años del golpe de estado en Honduras. Más de una década resistiendo la embestida de gobiernos continuadores del golpe corruptos y rapaces, coludidos con una oligarquía rancia y ultraconservadora que maneja la política, la economía, la impartición de justicia en el país.
Un poder fáctico que ha gozado de la protección de los altos mandos militares y policiales, en contubernio con el capital transnacional y perfectamente alineado con los intereses geopolíticos, geoeconómicos y militares de Estados Unidos.
Durante su mensaje a la nación, ante ex presidentes, ex cancilleres y cuerpo diplomático de los países que, sin titubear, condenaron el golpe y se solidarizaron con el presidente Zelaya y las multitudes que desbordaban las calles del
país, la presidenta Xiomara Castro recordó la lucha de este valiente pueblo en
resistencia.
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“El pueblo sabe que (el Estado) tiene una deuda histórica con las víctimas del golpe: asesinados, torturados, encarcelados, exiliados, perseguidos políticos. Todos aquellos que, durante trece años, han resistido valientemente represión, humillación y vejámenes.
Hoy y siempre, estaremos homenajeando a la resistencia hondureña que, por más de una década, ha luchado frontalmente contra un modelo de dependencia y explotación colonial, contra el golpe de Estado y la cruel dictadura”, dijo la mandataria.
Un día antes, el ex presidente Manuel Zelaya inauguró la plaza Isy Obed Murillo, dedicada a la primera víctima [1] de la resistencia contra el golpe de 2009 y como acto de reivindicación a las y los mártires, que ofrendaron su vida luchando contra la derivación golpista en Honduras.
Pueblo y gobierno, una agenda común
Para Gilberto Ríos Munguía, analista político y dirigente de Libre, tres son los ejes estratégicos que el nuevo gobierno tendrá que abordar, para contrarrestar la reacción de los poderes fácticos que no aceptarán tan fácilmente perder sus privilegios.
Se trata del fortalecimiento del partido y su estructura a nivel nacional, mantener alianzas multipartidistas hasta donde sea posible y fortalecer la relación, colaboración e intercambio con el movimiento social y popular.
La importancia de la relación entre la administración Castro y el movimiento popular es algo que también destaca el sociólogo Eugenio Sosa.
“No va a poder haber cambios sin el apoyo popular. La idea del poder popular es muy interesante. Cómo construirlo, con quiénes y cómo avanzar en este camino es otro de los grandes desafíos.
Me inclino por una fuerte alianza y unidad del movimiento social y popular con el gobierno, en plena autonomía y basado en propuestas programáticas.
Sin apoyo social y popular, cualquier acción política del gobierno que toque los intereses de la oligarquía se va a convertir en una amenaza a la estabilidad y permanencia misma del gobierno”, explica.
Para el también director del Instituto Nacional de Estadística (INE), esta alianza debería contar con dos elementos fundamentales: un apoyo explícito y movilizado del movimiento a las propuestas consensuadas con el gobierno, pero también la posibilidad de disentir y protestar cuando el gobierno se incline a detener u obstaculizar proyectos y reformas por estar sometido o condicionado por poderes de otro tipo.
“Durante su campaña, Xiomara (Castro) lanzó la consigna de que la alianza de Libre (Libertad y Refundación) es con el pueblo. Esto debe seguir haciéndose ahora que el partido está en el gobierno.
Hay que gobernar en alianza con el pueblo – continúa Sosa – y debe ser desde los territorios. Es por eso que la Delegación del Poder Popular fue adscrita a la Secretaría de Planificación Estratégica.
Honduras es el país que más conquistas ha tenido a partir de la lucha social. La idea, entonces, es crear poder popular Por eso necesitamos de un movimiento social activo, beligerante, que construya junto al gobierno y que los señale cada vez que tropiece o agarre una ruta contraria a los intereses de la mayoría”, manifiesta el catedrático.
Poder popular y lucha de clase
Sergio Rivera, educador, docente universitario e histórico militante y activista del movimiento social hondureño, es el delegado del Poder Popular en Honduras. La tarea, para nada sencilla, es ir más allá de un proyecto meramente electoral y construir poder popular.
“Estamos acostumbrados a que, después de las elecciones, los gobiernos comiencen a hacer cosas sin el acompañamiento del pueblo. Nosotros creemos que hay que hacer las cosas de manera distinta”, dice Rivera.
Comparte con otros analistas que, si bien en Honduras las fuerzas progresistas ganaron ampliamente las elecciones y recibieron del pueblo el mandato de refundar la sociedad, el poder sigue en manos de una oligarquía muy sectaria y radical, que se ha enriquecido a costa de las arcas públicas y con la corrupción.
“Para lograr que el pueblo tenga poder real, además del electoral, las comunidades deben organizarse y 'nuclearse' alrededor de proyectos compartidos. Si queremos lograr transformaciones profundas y pensar a una patria socialista, la agenda que plantea el gobierno de Xiomara (Castro) deberá cumplirse con el acompañamiento del pueblo”, añade el delegado del Poder Popular.
Rivera asegura que la derecha hondureña ya ha comenzado a organizarse y articularse con sus aliados históricos, tanto a nivel nacional como internacional.
“No va a tardar en responder a las pretensiones del pueblo de rescatar lo que le han robado, y va a ser una respuesta violenta. Van a impulsar campañas de descrédito, a generar desestabilización e ingobernabilidad. Sólo con el apoyo popular este gobierno va a poder defender su proyecto. Nunca debe alejarse del pueblo”.
El ‘pueblo pueblo’ quiere cambios estructurales que reviertan el desastre social que dejó la profundización del modelo neoliberal en el país.
“Queremos construir una Honduras que sea ejemplo de participación del pueblo en la toma de decisiones. Queremos que este gobierno actúe sobre la base de decisiones comunitarias; que la fortaleza del desarrollo nacional sea la comunidad y que la comunidad acompañe a este gobierno.
Esto – explica Rivera – pasa necesariamente por tres elementos: organizar a la comunidad, formarla y capacitarla política e ideológicamente, mantenerla movilizada.
Se trata de lucha de clase. Es nuestro plan de trabajo. Vamos a ser catalizadores de procesos comunes”.
Autonomía e independencia
El delegado del Poder Popular quiso ser enfático en decir que todo este proceso debe darse en el marco de la autonomía y total independencia del movimiento social y popular.
“Sería un grave error matricular al movimiento con un gobierno. Lo que va a ser importante es que sea aliado, que haya una coincidencia y participación en los grandes proyectos, que las comunidades participen de la planificación estratégica.
Cuando las políticas públicas nacen de la comunidad, tienden a ser más acertadas. Solamente así podemos lograr verdaderas transformaciones sociales”, concluye Rivera.
Estados Unidos: tensa calma
Honduras ha sido históricamente un territorio de interés estratégico para Estados Unidos. La presencia militar se ha intensificado en las últimas cuatro décadas, fortaleciendo la base aérea Soto Cano (Palmerola) – de donde salió el ex presidente Zelaya rumbo a Costa Rica después de haber sido capturado la mañana de su derrocamiento – e instalando varias bases móviles para sus fuerzas de reacción rápida, en apoyo a las operaciones del Comando Sur en América Latina y el Caribe.
Imposible olvidar la década de los 80 y la implementación de la doctrina de la seguridad nacional, que dejó un saldo trágico de miles de opositores a las dictaduras cívico-militares apoyadas por Estados Unidos encarcelados, exiliados, asesinados, desaparecidos.
Tampoco se puede olvidar como Honduras se convirtió en el bastión de las nefastas y criminales políticas contrainsurgentes en la región, donde se entrenaban los cuerpos élites de las dictaduras centroamericanas.
Unos meses antes de las elecciones del año pasado, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ‘Bravo’, basada en Soto Cano, el coronel Steven Gventer, resaltó la alianza histórica entre Estados Unidos y Honduras en materia de defensa y seguridad.
“El desarrollo de la capacidad de los socios y el apoyo a los mismos es fundamental para nuestro éxito en la región. Las relaciones con nuestros vecinos en toda América Central, del Sur y en el Caribe, garantizan la seguridad regional y de Estados Unidos”, declaró a medios nacionales.
Para Estados Unidos, y en este caso el Comando Sur, la seguridad regional se construye disuadiendo a los adversarios, preservando la estabilidad, apoyando a aliados y socios.
En otras palabras, usando su política intervencionista e injerencista para mantener el control sobre naciones soberanas, desactivar posibles procesos políticos y sociales que puedan alterar el statu quo, combatir a países que no se pliegan a sus intereses económicos y estratégicos, abusando de territorios soberanos.
Ha sido tan importante Honduras para las administraciones estadounidenses y su aparato militar, que en 2009 mantuvieron un papel de tímidos espectadores durante el golpe que derrocó a un presidente legítimo, que tuvo la osadía de acercarse a los gobiernos progresistas y de izquierda del continente, y de tocar los intereses de la oligarquía hondureña, aliada del ultraconservadurismo norteamericano.
Es tan importante Honduras para ellos, que llegaron a avalar, a través de un consenso tácito, las elecciones farsas de aquel año, los fraudes electorales de 2013 y 2017, así como la candidatura ilegal y el continuismo de Juan Orlando Hernández, la sangrienta represión post electoral de 2017, la corrupción desenfrenada y la violación sistemática de los derechos humanos en el país.
La votación abrumadora y masiva a favor de Xiomara Castro, un partido y un candidato oficialistas impresentables, sumado al repentino viraje que llevó Juan Orlando Hernández a convertirse de fiel aliado a innominable delincuente acusado de narcotráfico, no dejaron otra opción a Estados Unidos que ‘poner buena cara al mal tiempo’, aceptando a regañadientes la victoria de la oposición.
Durante estos meses, los Estados Unidos han mantenido una presencia muy fuerte en Honduras.
Mandaron a la vicepresidenta Harris y una delegación de alto nivel a la toma de posesión (de Xiomara Castro); completaron – tras más de una década – el personal de la misión diplomática en el país nombrando como embajadora a Laura F. Dogu, quien estuvo al frente de la embajada en Nicaragua durante la crisis de 2018 y tiene un pasado muy cercano al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Asimismo, el Comando Sur ha realizado diferentes visitas a Honduras, prometiendo recursos para la modernización y adiestramiento de las fuerzas armadas hondureñas, incluyendo el mantenimiento de la flota de aviones de combate F-5.
Todo acompañado por los acostumbrados y repetitivos argumentos de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el apoyo en salud y medio ambiente.
Laura J. Richardson, jefa del Comando Sur, dijo a medios nacionales que nunca se hubiera imaginado que las fuerzas armadas hondureñas estuviesen en la situación que las encontró. “Hay que fortalecerlas y con la embajadora Dogu estamos en contacto permanente para avanzar sobre estos retos”, dijo.
Pese a algunos roces que se dieron con la nueva embajadora al entrometerse en el tema de la nueva ley de energía eléctrica y por la decisión de la presidenta Castro de no participar en la fallida Cumbre de las Américas, en solidaridad con los países que no fueron invitados (Cuba, Nicaragua, Venezuela), las relaciones entre la nueva administración y Estados Unidos parecen bien encaminadas.
Tratándose de Estados Unidos, la cosa preocupa a varios sectores de la sociedad hondureña.
“Estados Unidos tiene una crisis política en Centroamérica. La capacidad de manejar la que siempre consideró su región, se le está cayendo por diferentes razones.
Tiene serios problemas en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala. Y ahora en Honduras gana una fuerza progresista. Además, varios gobiernos ya se han acercado a China y han roto relaciones con su aliada Taiwán”, dice Eugenio Sosa.
En este contexto, aclara el sociólogo, Estados Unidos ven a Xiomara Castro como una aliada para recomponerse en la región.
“Esto es peligroso y obliga al gobierno a mantener buenas relaciones, pero manteniéndose siempre muy atento. Creo que se debe ir exigiendo una relación con mayor capacidad de interlocución, de crítica, de poder decir también cuando las cosas no nos gustan o no nos satisfacen.
Quieren estar muy cerca para ver los límites de esta nueva administración. Va a ser una apertura y un apoyo en control, para que este gobierno guarde ciertos límites.
La decisión de mandar a la embajadora Dogu – advierte Sosa – refleja en parte lo que dijo el senador Marco Rubio, o sea que la tarea de la embajadora será la de evitar que el gobierno de Xiomara Castro se parezca al de Manuel Zelaya”.
Indudablemente que la construcción de poder popular tendrá en el gobierno estadounidense y en sus intereses geopolíticos y geoestratégicos otro obstáculo.
El movimiento en movimiento
En diciembre del año pasado, se creó una Comisión de Transición que instaló 23 mesas técnicas donde diferentes sectores de la sociedad hondureña presentaron sus demandas y propuestas [2].
La mesa para movimientos sociales abarcó tres ejes: soberanía nacional, acceso a la tierra indígena y campesinas, asentamientos humanos; extractivismo, defensa del agua, ambiente, bienestar animal y autonomía; institucionalidad pública del ambiente, tierra y territorio
De estos encuentros surgieron más de 500 propuestas. La mesa para movimientos sociales (tierra y territorios) sistematizó más de 30. Luego se pasó a la fase operativa, es decir la búsqueda de las herramientas legales y recursos económicos para avanzar en el proceso.
A mediados de mayo, se realizó en Tegucigalpa el Encuentro nacional del poder popular para la refundación, donde decenas de activistas y organizaciones se reunieron con el objetivo de avanzar, desde la autonomía de los movimientos sociales, hacia la refundación de la sociedad, mediante la construcción de propuestas para ser implementadas por el nuevo gobierno.
“La idea fue de crear un espacio para repensar el tema del poder popular, desde el planteamiento de Berta (Cáceres) y el Copinh (Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras) de un proyecto refundacional.
Poder popular y refundación van de la mano, pero desde la autonomía e independencia del movimiento social y popular frente a gobiernos y partidos políticos”, explica Luis Méndez, miembro del equipo técnico de Poder Popular para la Refundación.
Es un espacio bastante diverso que aglutina a muchas expresiones de la sociedad hondureña, y que está demandando el cumplimiento de las propuestas presentadas en las mesas.
“El Encuentro nacional contó con la participación de unas 70 organizaciones de todo el país, entre plataformas, movimientos, colectivos.
En esta ocasión – expresa Méndez – tomamos decisiones importantes, entre otras, seguir en el debate del poder popular y el proyecto refundacional y elegir a un equipo de coordinación nacional, que sirva de enlace con el gobierno y otros espacios institucionales”.
La actividad contó también con la presencia, como invitado, de Sergio Rivera y personal de la Delegación del Poder Popular.
El próximo paso será buscar una reunión con la presidenta Xiomara Castro para presentar el Manifiesto [3] que se elaboró en el marco del Encuentro, donde quedó plasmada la ruta del movimiento social y popular aglutinado en este espacio.
“Es importante que a nivel institucional exista una instancia de poder popular. Esto debe servir para que haya transformaciones desde adentro, y para que haya un entendimiento más claro del proyecto del poder popular y la refundación.
Lo que también es importante es que esta instancia asuma el concepto de que hay que avanzar con el proyecto de poder popular desde abajo, desde los territorios, desde la resistencia, desde las propuestas de los pueblos.
Aspiramos a tener una relación más horizontal, de diálogo, priorizando las grandes urgencias del movimiento. Deberíamos caminar en una perspectiva crítica y fraterna, pero nunca de subordinación”, aclara Méndez
Para el activista social, el hecho de que se haya instalado un gobierno que surge de la lucha contra la ruptura constitucional de 2009 y las administraciones continuadoras del golpe, abona a que haya condiciones para que se genere un diálogo social amplio y de doble vía.
“Es la única manera de avanzar. Debemos pasar de la resistencia, a la propuesta, a la búsqueda compartida de soluciones reales. Va a ser una transición larga, lenta, y debe ser autocrítica y muy sincera.
Que nuestras propuestas no sean sólo peticiones, sino que se conviertan en políticas públicas a favor y en defensa de los intereses del pueblo”.
Una posición que comulga con la de la Delegación del Poder Popular.
“Lo que salió de las mesas es prácticamente un plan de gobierno. Hay que hacer una agenda y un plan de lucha común. No va a ser fácil, vamos a ser atacados, porque apostarles a las transformaciones de fondo es más duro que ganar elecciones”, concluye Rivera.
Notas
