Desde que los sandinistas ganaron las elecciones de 2006, sus políticas contra la pobreza han tenido un enorme éxito.
Nicaragua es autosuficiente en alimentos en un 90%. El 99% de la población dispone de electricidad en sus hogares, que ahora se genera con un 70% de energía verde. Las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Internacional de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, elogian a Nicaragua por su excelente y eficiente ejecución de proyectos.
Tiene uno de los mejores sistemas de infraestructura social de América Latina, aplaudido por el Fondo Monetario Internacional, y con 20 nuevos hospitales modernos desde 2007, que han logrado una de las tasas de mortalidad por Covid-19 más bajas del mundo. La pobreza, la extrema pobreza, la mortalidad materna e infantil se han reducido al menos a la mitad. Nicaragua es el primer país del mundo en porcentaje de mujeres en cargos ministeriales y es el quinto en equidad de género detrás de los países nórdicos.
Más avances para la mayoría de la población en educación, vivienda e infraestructura social se han traducido en enormes victorias para el Fsln en las últimas elecciones (2011 y 2016) y las encuestas indican que en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre obtendrán al menos el 60% de los votos con una participación de al menos el 70%.
Alrededor del 95% de la población adulta tiene el documento de identidad necesario para votar. Si la opinión pública estadounidense supiera lo que esta nación, empobrecida por casi 200 años de guerra y agresión estadounidense, ha sido capaz de hacer en catorce años, seguramente se animarían a exigir mejor educación, infraestructura y salud universal en Estados Unidos.
Para evitar actos similares de soberanía por parte de pequeñas naciones que todavía son consideradas colonias por Estados Unidos, la CIA preparó el camino para el intento de golpe de estado de 2018 y no ha dejado de intentar derrocar al gobierno sandinista desde entonces.
EEUU crea medios antisandinistas
Los periodistas y los medios de comunicación han sido pagados por Estados Unidos (millones a través de la Usaid, la Ned, el Iri y fundaciones corporativas estadounidenses) y gran parte de ellos fueron administrados por el cartel mediático de la familia Chamorro, especializado en campañas de medios falsos para tratar de promover el odio antisandinista y la desconfianza del gobierno.
Parte de esto se conoce desde hace tiempo. Por ejemplo, en mayo de 2018, durante el golpe, Tom Ricker, del Instituto Quijote, describió 55 subvenciones de la Ned concedidas entre 2014 y 2017 por 4,2 millones de dólares “como parte de una campaña financiada por el gobierno de Estados Unidos para proporcionar una estrategia coordinada y una voz mediática a los grupos de la oposición en Nicaragua”.
Las subvenciones de la Ned financian los medios de comunicación (radio, medios sociales y otros medios de comunicación basados en la web). Además, las estrategias dirigidas a los jóvenes obtienen una financiación considerable, junto con los programas que buscan movilizar a las organizaciones de mujeres e indígenas. Aunque el lenguaje es de apoyo a la “sociedad civil” y a los grupos “pro–democracia”, el enfoque de la financiación es específicamente para construir una oposición coordinada al gobierno.”
EEUU y la dinastía mediática Chamorro
El 2 de junio, el periodista William Grigsby en su programa de análisis de noticias, Sin Fronteras, reveló documentos estadounidenses que muestran que la CIA canalizó abiertamente 16,7 millones de dólares para la intentona golpista, entre febrero de 2017 y julio de 2018, a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), cuya directora Cristiana Chamorro es parte de una famosa familia de oligarcas que cuenta con ocho miembros como presidentes anteriores; además es hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro instalada por los EEUU en 1990, a través de la cual desmantelaron el estado.
Cristiana y su tío son dueños del único diario en el país, La Prensa, financiado por Estados Unidos desde los años 80 para mentir sobre la Contra. Su hermano Carlos Fernando tiene su propio conglomerado de medios que también reciben dinero de los EE.UU. Los fondos de EE.UU. para la FVBCH apoyan estos negocios familiares. Además, se considera que su marido, ya fallecido, Antonio Lacayo, ejerció un gran poder durante la presidencia de su madre, de 1990 a 1997, supervisando unos 7.000 millones de dólares en privatización de propiedades estatales, así como la privatización de la educación y la salud. A principios de los 90 no se podía conseguir ni una aspirina en un hospital público sin pagar por ella.
Los 16,7 millones de dólares fueron entregados por agencias y fundaciones estadounidenses específicamente para financiar el terrorismo mediático (mentiras, noticias falsas y distorsión para fomentar los asesinatos y el odio, desestabilizar y crear el caos) para incitar y mantener la intentona golpista.
La Fundación Chamorro también recibió 679.530 euros de organizaciones europeas financiadas por gobiernos durante este periodo. El intento de golpe dejó más de 200 familias en luto, miles de personas traumatizadas, así como mucha destrucción y graves daños a la economía, con la pérdida de al menos 130.000 puestos de trabajo.
La directora de la Fundación, Cristiana Chamorro, fue acusada por el Ministerio Público de lavado de dinero, y recibió arresto domiciliario el 2 de junio de 2021. Ella cerró la Fundación en febrero de este año diciendo que no quería cumplir con la ley de “Agentes Extranjeros” aprobada en octubre de 2020, similar pero no tan estricta como la Ley de Agentes Extranjeros de Estados Unidos de 1938. De acuerdo con la ley nicaragüense, las organizaciones que reciben fondos extranjeros deben informar de esa financiación y de cómo se utiliza – miles de organizaciones sin ánimo de lucro lo hacen sin problemas.
Según William Grigsby y el analista político del Partido Liberal, Enrique Quiñones, todavía había al menos 7 millones de dólares en la cuenta de la Fundación cuando ella la cerró y este dinero apareció poco después en tres de sus cuentas bancarias personales.
Dentro de esos 16,7 millones de dólares, 9.409.853 fueron aportados por la Usaid para individuos, proyectos y medios de comunicación. El National Endowment for Democracy dio a la FVBCH 564.134 dólares para un proyecto de “Promoción del Periodismo Independiente y la Libertad de Expresión” en noviembre de 2017.
Las Fundaciones Soros –propiedad del magnate neoyorquino George Soros– también financiaron noticias falsas en Nicaragua a través de varias de sus organizaciones conocidas por financiar esfuerzos de desestabilización en todo el mundo: 6.722.325 dólares fueron entregados por dos de las Fundaciones Soros: US$6,148,325 por la Fundación Soros para el proyecto “periodismo independiente y transparente” dado en marzo de 2018 un mes antes de que comenzara el golpe, y US$574,000 en julio de 2018, el mes en que el golpe fue derrotado, por el Instituto Open Society para el proyecto “Periodismo Independiente y Ciudadanía”.
La financiación 2017–2018 a los medios de comunicación y periodistas de la oposición a través de la Fundación Chamorro por parte de la Usaid, la Ned y las fundaciones de Soros –16.696.312 millones de dólares proporcionados justo antes y durante el intento de golpe de Estado– es una pequeña parte de la financiación proporcionada por organismos como la Usaid, la Ned, el Iri, Freedom House y fundaciones, como las de Soros con estrechos vínculos con el Consejo de Relaciones Exteriores.
Los Estados Unidos inició importantes intentos de desestabilización después de que los sandinistas ganaran las elecciones de 2006.
El panorama más amplio sobre el financiamiento de la USAID para la desestabilización en los últimos años es que dio 160 millones de dólares a organizaciones e individuos de la oposición entre 2015 y principios de 2021, información que todavía está disponible por año en línea; sin embargo, mucha información sobre las organizaciones receptoras ha sido eliminada. También ha sido eliminada la mayor parte de la información sobre el dinero de la NED.
Los documentos oficiales de Estados Unidos presentados por Grigsby en julio de 2020 ofrecen pruebas más detalladas de qué ONG y agentes se beneficiaron de 30 millones de dólares justo antes del golpe de Estado de 2018.
Rompiendo el aparato de propaganda yanqui
La USAID dice esto sobre su papel en Nicaragua: “La USAID/OTI se asoció con medios de comunicación independientes para operar y producir contenido digital más específico durante la crisis política. El programa permitió a los medios independientes preservar y promover el discurso democrático, en ausencia de una mayor desestabilización económica o una dramática intervención del Estado.”
En un artículo reciente Rita Jill Clark–Gollub escribe:
“Cualquiera que haya estado observando a Nicaragua sabe que estos medios de comunicación supuestamente “independientes” en Nicaragua han sido la principal fuente de noticias sobre Nicaragua reportadas aquí en los Estados Unidos. En otras palabras, ¡en mi país la mayoría de la gente obtiene información sobre Nicaragua de la CIA!”.
Las nuevas leyes aprobadas en 2020 (La Ley de Agentes Extranjeros y una ley contra el terrorismo, los golpes de estado y la incitación a la intervención extranjera; los EE.UU. se quejan sobre ellas a pesar de que son menos estrictas y punitivos que los de los EE.UU. y Europa), y las recientes detenciones de agentes extranjeros de EE.UU. son acciones para tratar de limitar la intervención de EE.UU. y evitar que sigan desestabilizando al país. EEUU seguirá haciendo llegar dinero a sus agentes, pero no será tan fácil como antes y esto limitará su capacidad de llevar a cabo el tipo de acción terrorista que hicieron en 2018.
William Grigsby describió el 2 de junio lo que está ocurriendo en estos momentos en Nicaragua:
“[Estamos] quebrando el corazón del aparato de propaganda de los Yankees en Nicaragua, que era su manera principal de intervenir ahora para las elecciones: condicionar la opinión pública, intervenirla, mentir, infundir miedo, infundir odio para ellos intentar derrotar al frente sandinista y a Daniel… De eso se trata. Todo este operativo que se está realizando desde la fiscalía como punta de lanza es eso, destrozar el aparato de propaganda del imperialismo norte americano”. Se preguntó qué harán todos los agentes periodísticos en Nicaragua sin los sueldos que estaban recibiendo. “¿Están lo suficientemente comprometidos como para hacer realmente periodismo independiente?”
RAIN: plan CÍA de desestabilización ya está en marcha
El Tío Sam seguirá esforzándose por desestabilizar el país. El embajador estadounidense Sullivan es visto constantemente reuniéndose con los agentes, incluso denunciado por el presidente Daniel Ortega:
“Aquí el embajador yanqui anda de arriba para abajo, vendiendo sus candidatos, como si él fuera nicaragüense, él no es nicaragüense, si quiere vender candidatos que los vaya a vender a Estados Unidos, candidatos norteamericanos… Aquí que no se meta el embajador yanqui, postulando candidatos, presionando a partidos políticos para que los partidos políticos acepten el candidato que quiere el yanqui, que se olvide el embajador yanqui, Nicaragua es soberana, Nicaragua es de Sandino, Nicaragua es de Darío”.
En agosto de 2020 William Grigsby recibió un documento de la Usaid filtrado desde la embajada. En él se detallan, en términos maquillados, los planes de desestabilización de Estados Unidos para la “transición” en Nicaragua, e incluso la contratación de una empresa estadounidense para dirigirlo todo. El documento titulado RAIN (Acción Responsivo en Nicaragua) ha sido borrado desde entonces, pero no antes de ser archivado. RAIN es un plan descarado de desestabilización y derrocamiento del gobierno democráticamente elegido de Nicaragua. Es probable que gran parte de lo que Estados Unidos ha financiado en el último año forme parte del plan RAIN.
El documento de la Usaid establece tres escenarios que ellos llaman “transición democrática en Nicaragua”:
“RAIN llevará a cabo estas actividades frente a una variedad de escenarios que generalmente se clasifican en tres categorías: 1. Las elecciones libres, justas y transparentes conducen a una transición ordenada [el candidato estadounidense gana] 2. Se produce una transición política repentina tras una crisis [un golpe de estado conduce a un gobierno respaldado por Estados Unidos] 3. La transición no se produce de forma ordenada y transparente. El régimen sigue resistiendo a la presión nacional e internacional. También es posible que el régimen permanezca en el poder tras las reformas electorales y unas elecciones justas, pero sin cambios en el Estado de Derecho o la gobernanza democrática [es decir, sin cambios que beneficien a las corporaciones estadounidenses]”.
Del documento de RAIN se entiende que el gobierno de Estados Unidos es consciente de que los sandinistas ganarán las elecciones de 2021 por un amplio margen: esa es otra razón por la que han proporcionado millones a agentes, organizaciones y medios de noticias falsas, con la esperanza de que puedan reducir el 60% de victoria sandinista que pronostican las encuestas, o para desvirtuar o socavar las elecciones por completo.
Los agentes extranjeros investigados por delitos muy graves no son líderes: no ha habido ni una pequeña protesta desde que comenzaron las detenciones el 2 de junio porque los detenidos no tienen “pueblo”. La gente sabe que Estados Unidos financió el violentísimo intento de golpe a través de ellos, y los responsabilizan por el daño hecho a Nicaragua. Los medios de comunicación extranjeros los promocionan como candidatos presidenciales, cosa que no son. Cuando algunos de ellos vieron que podían ser detenidos corrieron a intentar inscribirse en el partido CXL (Ciudadanos por la Libertad) como precandidatos pensando que esto podría protegerlos de la detención.
Y mientras Estados Unidos malgasta millones de dólares de los contribuyentes desestabilizando el país, Nicaragua realiza eficaz y eficientemente avances sociales y económicos alabados por los organismos y bancos internacionales, como la salud universal, la educación, la vivienda accesible, la infraestructura social, la equidad de género, la conversión a la energía verde, la mitigación de los desastres naturales y el cambio climático, la recreación gratuita y la creación de empleos con la economía creativa y popular. La mayoría de la población más segura de Centroamérica, con la tasa de mortalidad más baja de Covid, que está más sana y mejor educada, cuyos alimentos se cultivan localmente y se consiguen a un precio digno, con parques, ferias, piscinas y estadios deportivos para disfrutar de su tiempo libre, difícilmente dejará que el Tío Sam influya en su voto en noviembre.
