Los MAGA intentan apropiarse de América Latina con el "escudo" de Trump

La lucha contra el narcotráfico y la alianza con los gobiernos ultra conservadores sólo sirven para enmascarar la militarización estadounidense de América Latina

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri

El 7 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y doce mandatarios de América Latina y el Caribe se reunieron en Doral, condado de Miami-Dade, Florida, dando vida a lo que se conoce como "Escudo de las Américas" (Shield of the Americas).

La proclama firmada por los trece gobernantes, entre ellos Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Nasry Asfura (Honduras) y José Raúl Mulino (Panamá), prevé un trabajo de coordinación para privar a los "cárteles criminales y a las organizaciones terroristas extranjeras de todo control territorial y acceso a financiamiento o recursos". Estados Unidos entrenará y movilizará a las fuerzas armadas de los países asociados para desmantelar a dichas organizaciones criminales. Entre los objetivos también está "mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas de fuera del hemisferio occidental".

Para esta pseudo-cruzada contra el narcoterrorismo, como a Trump le gusta llamarlo, Estados Unidos impulsa una especie de plan de cooperación militar multilateral con gobiernos ultraconservadores, abiertamente alineados con el trumpismo y los intereses geopolíticos y geoestratégicos de Washington. En todo esto, la lucha contra el narcotráfico tiene poco o nada que ver y el hecho de no invitar a países política y económicamente poderosos, como son Brasil, Colombia y México, cuyos gobiernos no siguen servilmente las órdenes norteamericanas, lo confirma.

Las elecciones en el punto de mira: «Un fraude sistémico para recuperar el poder»

Habla Marlon Ochoa, del Consejo Nacional Electoral, quien denuncia fraudes generalizados, injerencias extranjeras y una estrategia para excluirlo de las instituciones. «Quieren impedirme investigar y silenciar a quienes se oponen»

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri/LINyM

Las elecciones del pasado 30 de noviembre en Honduras pasarán a la historia por la enorme cantidad de irregularidades denunciadas, así como por los descarados actos de injerencia extranjera que han vulnerado la libertad de voto y viciado el resultado final de las urnas.

Cientos de miles de votos que nunca se contaron, actas electorales impugnadas y nunca verificadas, recursos nunca resueltos, se suman a la falta de medidas de seguridad biométricas en la mayoría de los centros de votación, al pirateo del sistema de transmisión de los resultados preliminares, a las repetidas y prolongadas caídas del sistema de conteo y de la página del escrutinio en línea.

Si a esto le sumamos la injerencia agresiva de Washington en las horas previas a la votación, indicando por quien había que votar y cuáles serían las consecuencias en caso de victoria de la candidata progresista Rixi Moncada (Libertad y Refundación – Libre), y las amenazas del crimen organizado para favorecer al mismo candidato, es evidente que nos encontramos ante unos resultados electorales fuertemente condicionados y que no respetan en absoluto la voluntad popular. Una situación denunciada en repetidas ocasiones por Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros del máximo órgano electoral.

Siete años exigiendo justicia por Sergio

Movimiento indígena costarricense se moviliza en el aniversario del asesinato de Sergio Rojas

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

La madrugada del 18 de marzo de 2019, manos asesinas acababan con la vida del dirigente indígena Bribri y miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi), Sergio Rojas. Siete años después, organizaciones sociales y populares costarricenses siguen exigiendo verdad y justicia.

El asesinato de Rojas se enmarca en el recrudecimiento de la violencia contra los pueblos originarios del país centroamericano y en el proceso de recuperación del territorio ancestral indígena de Salitre.

Durante años fue objeto de amenazas, persecución y criminalización, tanto así que en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares, ordenando al Estado costarricense garantizar su incolumidad.

La lluvia de balas que le arrebataron la vida es también un j’accuse contra la displicencia y complicidad de las instituciones costarricenses.

Los médicos cubanos no se van de Calabria

A pesar de las presiones estadounidenses, las autoridades regionales ratifican la imprescindibilidad del apoyo recibido

Por Giorgio Trucchi | LINyM 

En 2009, el sistema de salud de Calabria, región ubicada en la punta de la “bota” de la península italiana, fue intervenido por una gravísima crisis financiera y operativa debido a un elevado déficit presupuestario, mala gestión, despilfarros estructurales, falta de personal y a una mala calidad de los servicios médico-sanitarios prestados. Se calcula que una quinta parte de los habitantes migraba a otras regiones para su hospitalización.

Diez años después, el gobierno central de la época impulsó un decreto con el que asumió el control total del sistema sanitario calabrés, apartando la administración regional de la gestión de los servicios y el personal de salud y otorgando plenos poderes a una junta interventora.

El inicio de la pandemia de Covid-19 en Italia (marzo 2020) profundizó aún más la crisis sanitaria de la región sureña. Esto llevó a la necesidad urgente de traer personal desde el exterior para enfrentar el colapso del sistema de salud pública.

La ofensiva de Washington contra las brigadas médicas cubanas

Honduras y otros gobiernos aliados de Estados Unidos rompen acuerdos de cooperación sanitarias penalizando a los sectores más pobres de la población latinoamericana

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri

En los últimos días, aproximadamente 170 médicos cubanos abandonaron Honduras, luego de que el actual gobierno del conservador Nasry Asfura decidiera no renovar el convenio interinstitucional, firmado durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro y que expiró el 25 de febrero. Este pas, que el propio Asfura calificó de “decisión de política exterior”, no debe sorprender, dado el servilismo manifiesto del nuevo gobierno hondureño hacia Estados Unidos y la profundización de la ofensiva de Donald Trump contra Cuba.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció recientemente la ruptura de las relaciones diplomáticas con la más grande de las Antillas Mayores y la expulsión del personal acreditado. Para “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región", Noboa, Asfura y otros diez presidentes latinoamericanos lealmente alineados con los intereses de Washington se reunieron con Trump el 7 de marzo. Limitar la presencia e influencia política y económica de China y Rusia en Latinoamérica, obtener apoyo diplomático (y logístico) para la última aventura guerrerista de Trump (e Israel) en Oriente Medio y fortalecer la "Doctrina Donroe" en el continente de cara a las elecciones en Colombia y Brasil, parecen ser los verdaderos objetivos del encuentro.

(Video) No hay justicia con impunidad

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA 

Este 2 de marzo, familiares de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), acompañados por organizaciones sociales y populares defensoras de territorios y bienes comunes, se movilizaron hacia la capital, exigiendo verdad y justicia para la lideresa indígena asesinada hace diez años.

Después de realizar un plantón frente a las instalaciones de la empresa Camosa, propiedad de la familia Atala Zablah, cientos de personas se trasladaron hacia la Corte Suprema de Justicia y, luego, al Ministerio Público.

Además de condenar con fuerza el crimen del que fue víctima Berta Cáceres y apuntar con el dedo a los autores intelectuales del asesinato, exigieron a los operadores de justicia avanzar con los requerimientos fiscales.

De acuerdo con el informe presentado recientemente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), principales responsables del crimen fueron los accionistas mayoritarios del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y de la empresa Desarrollo Energético SA (DESA).

Fueron ellos a desempeñar “roles relevantes en la conformación y funcionamiento del dispositivo societario y financiero que, en última instancia, posibilitó el asesinato de Berta Cáceres”.

Específicamente, se refieren a José Eduardo, Pedro y Jacobo Atala Zablah y a Daniel Atala Midence, “quienes desempeñaban cargos directivos tanto en empresas vinculadas al proyecto Agua Zarca, como en institutos bancarios”.

 Fuente: Rel UITA - Youtube 

 

Diez años de esperanza

A una década de la siembra de Berta

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Este 2 de marzo se cumplen diez años del asesinato de la lideresa indígena lenca y luchadora social Berta Cáceres. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), inició el día de ayer una serie de actividades que se extenderán durante toda la semana. Como siempre, la Rel UITA acompaña la lucha por la verdad y la justicia integral para Berta.

El Centro de Encuentros y Amistad Utopía fue escenario de un acto multitudinario de recuerdo, homenaje y memoria que contó con una masiva participación, tanto nacional como internacional.

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Han sido diez años de lucha inclaudicable contra la impunidad y la ausencia de justicia.

Una década después, tal como recientemente lo sentenció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se pudo demostrar que el crimen fue “previsible y prevenible” y que las autoridades no hicieron absolutamente nada para detener la mente y las manos asesinas.

Cuba bajo ataque, pero en pie de lucha

Activadas medidas internas urgentes y llamado a la solidaridad internacional

Por Giorgio Trucchi | LINyM

Cuba está bajo ataque, asediada como nunca antes. Quizás uno de los momentos más difíciles para la mayor de las Antillas y su revolución, aunque no es una novedad. De hecho, este mes se cumplen 64 años del inicio del criminal bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla.

Un bloqueo que ha provocado daños superiores a los 629 millones de dólares mensuales, con impactos muy profundos en la vida cotidiana de la gente. A precios corrientes, los daños acumulados en más de seis décadas de guerra económica superan los 164 mil millones de dólares.

La coyuntura política actual en América Latina, con una avanzada significativa de la derecha y la ultraderecha en casi toda la región, la remilitarización imperial del Caribe y las amenazas persistentes contra aquellos gobiernos que no se pliegan a los intereses de Washington, enmaraña sobremanera el escenario.

Asimismo, la obsolescencia y la pérdida acelerada de influencia de organismos multilaterales, la crisis profunda del derecho internacional, el ataque criminal contra Venezuela y su presidente legítimo y la más reciente directiva emitida por Donald Trump marcan y contribuyen a la agudización de la ofensiva contra Cuba.

Informe del GIEI devela autoría y connivencias en asesinato de Berta Cáceres

Capital financiero nacional y transnacional y complicidad estatal en banquillo de los acusados

Por Giorgio Trucchi | LINyM

Este 12 de enero, a menos de dos meses de cumplirse 10 años del crimen contra la lideresa indígena y luchadora popular Berta Cáceres, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó un informe con los resultados de una larga y compleja investigación, que incluye hallazgos respecto a los actores responsables de la planificación, financiamiento y ejecución del asesinato, así como recomendaciones para garantizar justicia y reparación.

- AQUÍ el informe completo
 
Para ese crimen, en noviembre de 2024, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras resolvió confirmar las sentencias emitidas contra siete de los ocho responsables del crimen [1], con penas de entre 30 y 50 años de prisión.

Para David Castillo, coautor del asesinato, ex presidente de la empresa Desarrollos Energéticos SA (Desa) y ex miembro de la inteligencia de las Fuerzas Armadas hondureñas, la Sala decidió modificar las agravantes y reducir la pena de 22 años y 6 meses. Además, Castillo sumó otros 5 años por fraude relacionado con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque.