América Latina: una mujer asesinada cada dos horas

La derecha responde con un populismo punitivo

Por Giorgio Trucchi |Pagine Esteri

En los últimos cinco años, la región ha registrado más de 19.000 feminicidios. Honduras y Guatemala se encuentran entre los países más afectados, mientras que más del 90% de las muertes violentas quedan impunes. Las organizaciones feministas denuncian la ineficacia del endurecimiento de las penas y reclaman prevención, investigaciones eficaces y políticas integrales contra la violencia de género.

El Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas ha registrado 19.254 feminicidios en los últimos cinco años, es decir, 11 muertes violentas de mujeres por motivos de género al día, una cada dos horas.

En 2024, 14 de los 25 países con las tasas de incidencia relativa de feminicidios más altas del mundo se encuentran en América Latina y el Caribe (ONU Mujeres y CEPAL), encabezados por Honduras, con 4,7 víctimas por cada 100.000 mujeres, Guatemala (1,9) y la República Dominicana (1,7). Todo ello sin tener en cuenta el enorme subregistro de datos, debido principalmente al miedo o a la imposibilidad de denunciar y, muy a menudo, a la falta de confianza en las fuerzas de seguridad y en los operadores de justicia, considerados indiferentes, arrogantes o, incluso, cómplices de los delincuentes.

Estas cifras superan con creces la media ponderada de la región, que oscila entre 1 y 1,3 casos por cada 100.000 mujeres. Brasil y México encabezan la lista de países con el mayor número absoluto de feminicidios, con 1.568 y 768 asesinatos, respectivamente (2025). El 42% de los ataques mortales los comete la pareja o la ex-pareja, y el entorno doméstico constituye el principal foco de riesgo, en particular para las mujeres de entre 21 y 30 años (22% de los feminicidios).

Cuba y la fábrica de la disidencia

El ataque de Anna Bensi a Gerardo Hernández y la construcción de la oposición cubana por parte de Washington.

Por Federica Cresci | Cuba Mambí – Grupo de Acción Internacionalista

En los últimos días, una joven influencer cubana, Anna Bensi, ha quedado en el centro de una polémica con Gerardo Hernández, uno de los Cinco Héroes Cubanos. La joven, conocida en las redes sociales por sus posiciones anticubanas y anticastristas, fue rápidamente promocionada por los principales medios del exilio cubano en Miami y respaldada por los sectores políticos que desde hace años impulsan la oposición al gobierno de La Habana.

La controversia surgió a raíz de acusaciones dirigidas contra Gerardo Hernández y pronto se convirtió en un caso mediático. Más allá de la polémica en sí, el episodio ofrece una oportunidad para reflexionar sobre un fenómeno mucho más amplio: el papel desempeñado por los medios de comunicación, las organizaciones y los programas financiados por Estados Unidos en la construcción de la oposición cubana durante las últimas décadas.

De hecho, esta última polémica entre Anna Bensi y Gerardo Hernández remite a un mecanismo político que opera desde hace más de sesenta años contra la Revolución cubana y que continúa reproduciéndose con rostros, instrumentos y lenguajes diferentes.

Honduras, un golpe que no debemos olvidar

Se cumplen 17 años de la ruptura democrática

por Giorgio Trucchi | Rel UITA

“Fue un golpe contra los procesos emancipatorios instalados tanto en Honduras como en el resto de América Latina y el Caribe. La lucha del pueblo hondureño va más allá de luchar por Honduras” (Berta Cáceres 2009).

Este 28 de junio se cumplieron 17 años del inicio de la resistencia popular contra el golpe cívico-militar de Estado que en 2009 derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya e instaló 12 años de narcogobierno, que culminaron con la condena a 45 años de cárcel en Estados Unidos del ex presidente Juan Orlando Hernández por crímenes relacionados con el narcotráfico.

Más de una década de quiebre democrático que profundizó el modelo neoliberal extractivista, privatizando lo público, desregulando el mercado laboral, precarizando aún más el trabajo, arrasando con tierra, territorios y bienes comunes, concentrando la riqueza en pocas manos, militarizando el país, persiguiendo, obligando al exilio, encarcelando y asesinando a cientos de opositores.

Los derechos laborales bajo ataque: el avance global de la represión antisindical

El nuevo Índice Global de Derechos de la CSI refleja un empeoramiento generalizado

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri 

Prohibición de huelgas, sindicalistas detenidos, protestas reprimidas y reformas neoliberales que desmantelan las protecciones laborales y la negociación colectiva. Desde las Américas hasta Europa, el mundo laboral vuelve a estar en el punto de mira de gobiernos autoritarios y ultraconservadores.

La Confederación Sindical Internacional (CSI - ITUC) denuncia en su Índice Global de Derechos 2026 un aumento de cinco puntos porcentuales en las violaciones de la libertad de expresión y de reunión, de seis puntos en los casos de agresiones violentas y de tres puntos en los ataques a las libertades civiles —en particular, detenciones y arrestos— contra trabajadores, trabajadoras y sindicalistas.

Publicado por primera vez en 2014, el informe anual de la CSI analiza la situación de los derechos sindicales y laborales en 151 países. En el análisis del año pasado se pusieron de manifiesto tres tendencias: la persecución de los dirigentes sindicales, el uso de sistemas de vigilancia para controlar al personal y rastrear las actividades sindicales, y la falta de consulta a los representantes de los trabajadores en los procesos de reforma de la legislación laboral.

Cuba, la convocatoria «Vivir con Libertad y Prosperidad»

Embajada de Estados Unidos en La Habana institucionaliza la injerencia contra la soberanía, el pueblo y el proceso revolucionario cubano           

Por Federica Cresci | Grupo de Acción Internacionalista Cuba Mambí

Hay momentos en los que ya no es posible limitarse a observar y guardar silencio. Lo publicado en estos días por la página oficial de Facebook de la Embajada de Estados Unidos en La Habana merece una reflexión seria, profunda y, sobre todo, una clara toma de posición política.

La embajada estadounidense ha difundido un mensaje público mediante el cual presenta una convocatoria denominada «Vivir con Libertad y Prosperidad», acompañada de una propuesta destinada a financiar proyectos e iniciativas dirigidas a personas y organizaciones presentes en Cuba. 

El mensaje se introduce a través de tres objetivos declarados: promover la libertad, crear prosperidad y favorecer el acceso a la información.

A primera vista, algunos podrían incluso considerar estas palabras inocuas. En realidad, son precisamente estas tres afirmaciones las que contienen el núcleo del problema.

Blindan sectores agroindustrial, turístico y energético

Organizaciones denuncian graves impactos sobre reclamo histórico de acceso a la tierra

Por Giorgio Trucchi | LINyM 

Con el voto mayoritario del bipartidismo impulsor del modelo neoliberal extractivista, el pasado 3 de junio el Congreso Nacional aprobó la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. Una semana después, los legisladores aportaron cambios sustanciales a la normativa para que beneficiara también al turismo y energía. 

Para el movimientos social y popular, la nueva normativa abre la puerta a más criminalización y persecución. Para la oposición política, la extensión del alcance de la ley altera y amplía los beneficios de la normativa hacia otros rubros, violando flagrantemente la normativa legislativa.

Entre los puntos clave, la nueva ley[1] declara las actividades  agroindustriales y los proyectos turísticos y energéticos como de orden público, interés y prioridad nacional, al tiempo que proclama la inafectabilidad de los terrenos destinados a proyectos de dichos sectores y los "protege" frente a procesos de reforma agraria o causas de utilidad pública.

El despiadado crimen contra el pueblo cubano

Estados Unidos profundiza el bloqueo y redobla las amenazas

Por Giorgio Trucchi | LINyM 

El pasado 6 de junio marcó el inicio de una nueva etapa de profundización del criminal e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto desde hace más de seis décadas por las administraciones estadounidenses contra Cuba.

El nuevo paquete de sanciones (orden ejecutiva 14404) anunciado por la administración Trump prevé la inclusión en la lista de “Nacionales Especialmente Designados” (SDN, por sus siglas en inglés)[1] del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, de algunos de sus familiares, así como de familiares del líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, ministros del gabinete de gobierno y altos mandos de las Fuerzas Armadas cubanas. 

Asimismo, sanciona a empresas públicas e instituciones, entre otras, la financiera estatal FINCIMEX, el conglomerado empresarial GAESA y Gaviota, la agencia estatal Amistur Cuba S.A., consorcios de minería (Moa Nickel S.A.), el Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Los impactos han sido inmediatos. Para evitar las sanciones secundarias impuestas por Washington, el banco privado extranjero encargado de procesar los pagos internacionales rompió sus lazos con FINCIMEX, lo cual generó la suspensión total de las operaciones de las tarjetas internacionales Visa y Mastercard.

Por el mismo temor, grandes cadenas hoteleras como Meliá, Iberostar y Blue Diamond están acelerando su salida de la isla. Lo mismo están haciendo varias aerolíneas extranjeras, golpeando aún más el turismo, uno de los sectores clave impulsores de la generación de divisas.

El modelo Bukele a prueba en su séptimo año

Entre ingeniería constitucional y propaganda securitaria

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri

El férreo control de las instituciones y el giro autoritario en El Salvador ocultan, tras el espejo de la propaganda, un grave retroceso en materia de derechos humanos y un dramático balance económico marcado por la pobreza y el endeudamiento neoliberal.

Para sorpresa de todos, el presidente salvadoreño Nayib Bukele decidió sustituir el clásico informe en la Asamblea Legislativa sobre su gestión de Gobierno por una retransmisión en cadena dedicada a la inauguración del nuevo Hospital Rosales. Este 1 de junio, por tanto, no hubo balance político de sus siete años de gobierno, ni anuncios sobre las prioridades de la acción gubernamental para 2026, sino solo la presentación de una obra que, según el presidente, dará inicio a una transformación de la salud pública.

Bukele ha iniciado así su octavo año al frente de El Salvador, el tercero de su segundo mandato (2024-2029), al que, recordemos, sólo pudo postularse gracias a una interpretación excesivamente flexible por parte de la Sala Constitucional de un artículo que prohibía el doble mandato presidencial consecutivo. Gracias a una abrumadora mayoría parlamentaria y al control casi total de las instituciones, Bukele impuso luego una serie de reformas constitucionales, entre ellas la reelección presidencial indefinida y la ampliación del mandato de 5 a 6 años.

Yo quiero Vida (tráiler)

Pronto se va a estrenar un nuevo documental sobre la lucha en Honduras de cinco comunidades que defienden los bienes comunes y la vida misma. 

Aquí la sinopsis y el trailer.

"Somos 5 comunidades que defendemos heróicamente el agua, los bosques, la vida. En Honduras, proteger los bienes comunes se paga con cárcel, despojo, persecución y sangre. Pero la tierra no se negocia, Ella arropa a nuestros ancestros y sostiene nuestras vidas" (Paisku Films y C al Cubo Films) 

Vuelve la represión: violencia, militarización y guerra contra los movimientos sociales

La masacre de veinte campesinos en el Bajo Aguán reaviva los señalamientos contra un Estado al que se le acusa de proteger a la agroindustria, a los terratenientes y a los intereses criminales

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri /LINyM

 Superado el plazo simbólico de los 100 días, el gobierno de Nasry Asfura, respaldado por una sólida mayoría parlamentaria bipartidista, está confirmando las peores previsiones. Además de avanzar en el control férreo de las instituciones y abrir nuevamente a la subasta de territorios y al saqueo de los bienes comunes, los primeros tres meses de gobierno también sirvieron para afianzar los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y para lanzar nuevos ataques contra las oposiciones políticas y sociales.

Se trata de una reedición 2.0 del gobierno del indultado Juan Orlando Hernández, a la espera de su regreso a Honduras para asumir el papel estratégico encomendado por Trump. En un contexto en el que se debilitan las instituciones, se extienden las prácticas corruptas y se allana el camino a las organizaciones criminales, se intensifica la campaña mediática de estigmatización y criminalización de la oposición y se promueve la militarización de la sociedad y los territorios, el resultado no puede ser otro que el aumento de la represión y la violencia homicida.

Bolivia sale a las calles contra la restauración neoliberal

Protestas en todo el país

Por Giorgio Trucchi | LINyM

Tres semanas de alzamiento popular en Bolivia con paros de labores, movilizaciones y bloqueos de carreteras que involucran a pueblos originarios, campesinos, obreros fabriles, mineros, maestros y juventudes, en rebelión contra las políticas neoliberales impuestas por el presidente Rodrigo Paz Pereira. Exigen su renuncia.

Este 19 de mayo, poco más de seis meses después de asumir Paz el mandato presidencial, el país amaneció con decenas de cortes de carreteras en al menos seis departamentos (La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz). La protesta, que involucra a amplios sectores de la sociedad boliviana, es contra una serie de medidas de ajuste económico que afectan principalmente a los sectores más vulnerables de la nación.

A través de decretos y reformas presupuestarias, como el decreto 5503, se paralizaron los subsidios (como el de combustibles), se recortó drásticamente el gasto público y se planea reducir el Estado (congelamiento de salarios y nuevas contrataciones), se adoptaron medidas para desregular aún más el mercado, entregando tierra, territorios y bienes comunes al capital transnacional.

La expansión militar estadounidense en América Latina

El refuerzo de la presencia militar estadounidense, entre bases aéreas y puestos avanzados marítimos, marca una nueva fase de injerencia política encubierta bajo la lucha transnacional contra el crimen organizado

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri/LINyM

Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial del año pasado alcanzó la cifra récord de 2,88 billones de dólares, con un aumento del 2,9% y una incidencia del 2,5% sobre el PIB mundial. Estados Unidos sigue siendo el país con mayor presupuesto militar (954.000 millones de dólares), seguido de China y Rusia. Juntos representan el 51% del gasto militar mundial, que en 2024 creció un 9%. Mientras tanto, el índice S&P Aerospace & Defense Select Industry ha crecido un 43% en el último año. Cinco de los seis primeros puestos entre las 100 empresas armamentísticas más importantes del mundo están ocupados por capital estadounidense, y las 40 empresas estadounidenses que forman parte de esta clasificación representan el 49% de las ventas globales, generando ingresos por valor de 334.000 millones de dólares.

En un contexto de gran expansión del gasto militar y de los beneficios vinculados a la producción y venta de armas, Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos por recuperar el control de lo que sigue considerando su «patio trasero», con una reedición trumpiana 2.0 de la Doctrina Monroe, ya rebautizada como Donroe. Iniciativas como el Escudo de las Américas, la militarización del Caribe, el endurecimiento del bloqueo y las amenazas de invasión contra Cuba, la incursión en Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores, así como las amenazas y represalias contra aquellos gobiernos que reivindican el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la defensa de la soberanía, son un ejemplo de la estrategia puesta en marcha por Washington, con el apoyo de Israel y del ultraconservadurismo estadounidense y latinoamericano. También las maniobras para posicionar a Honduras y a su expresidente Juan Orlando Hernández como cabezas de puente del proyecto hegemónico estadounidense forman parte integrante de esa misma estrategia.

Los audios que revelan el plan de Trump y Netanyahu para la colonización de América Latina

Las grabaciones confirman el proyecto para transformar la región en un enclave extractivista basado en cárceles inhumanas y en la manipulación religiosa, financiado con fondos públicos

 

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri / LINyM 

 

Se trata de un auténtico plan estratégico para recuperar territorios, imponer, incluso por la fuerza, una política expansionista cada vez más agresiva y un modelo económico neoliberal extractivista, el que diseñaron la administración MAGA (Make America Great Again) y el gobierno de Netanyahu para América Latina, con el apoyo del argentino Javier Milei y con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández —condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por tráfico de drogas y posteriormente indultado por Trump— como cabeza de puente. 

El objetivo inmediato es frenar la expansión y el dominio chino en la elaboración de minerales críticos —controla alrededor del 85% del refinado de tierras raras del mundo— interviniendo en las zonas de mayor incidencia, como es el caso de la región latinoamericana. Pero también recuperar el protagonismo y el control hegemónico en el «patio trasero» y desestabilizar a los gobiernos y partidos progresistas y de izquierda. Corrupción, chantajes, dinero a chorros drenado del Estado, represión y violencia homicida, campañas de difamación y linchamiento mediático son las herramientas adoptadas por la estrategia trumpiana.

Esto es lo que revelan los 37 audios publicados por Canal RED y Hondurasgate en los últimos días, que dibujan un escenario cada vez más inquietante para la población latinoamericana. 

Las maniobras de Estados Unidos e Israel para controlar Honduras

El indulto otorgado por Washington al expresidente Hernández, condenado a 45 años de cárcel por tráfico de drogas, tendría como objetivo favorecer a empresas estadounidenses e israelíes

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri

El pasado 26 de noviembre, a pocos días de las elecciones y en pleno silencio electoral, un primer mensaje en Truth del presidente estadounidense Donald Trump trastornó el delicado equilibrio de un ambiente ya de por sí incierto y tenso. Apegándose al mismo guión usado con Javier Milei en Argentina, el gobernante ratificó el respaldo de Washington al ultraconservador Nasry «Tito» Asfura (Partido Nacional), al tiempo que demonizó a la candidata progresista Rixi Moncada (Partido Libertad y Refundación – Libre) y al otro miembro del bipartidismo tradicional, Salvador Nasralla (Partido Liberal).

«La democracia será puesta a prueba en las próximas elecciones en Honduras. ¿Conseguirán Maduro y sus narcotraficantes apoderarse de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? El hombre que defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura (…) y su principal adversaria es Rixi Moncada, quien declara tener a Fidel Castro como ídolo (…) Los comunistas están tratando de engañar al pueblo con un tercer candidato, Salvador Nasralla, que no es amigo de la libertad (…) Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo hondureño», escribió Trump.

El 28 de noviembre, a pocas horas de la votación, el tycoon subió la apuesta con nuevas amenazas y un anuncio impactante: la concesión del indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas. En concreto, Hernández había sido acusado y posteriormente condenado en Estados Unidos por participar en «una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína (unas 500 toneladas)». En la práctica, utilizaba a policías y militares para proteger los cargamentos que se enviaban a Estados Unidos, extraditaba a los narcotraficantes rivales y protegía a sus cómplices, entre ellos el cártel de Sinaloa. Con los sobornos que recibía financiaba campañas políticas y electorales.

El cerco de Washington sobre Cuba: la ofensiva de Trump y Rubio entre bloqueo y amenazas de invasión

Desde la asfixia energética hasta el chantaje armamentístico, la estrategia de tierra quemada para quebrantar el pulso soberano de la isla

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri - LINyM 

Durante los primeros meses de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio intensificaron la retórica agresiva y las acciones concretas contra el Gobierno cubano. Pocos días después de la invasión de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la diputada y «primera combatiente» Cilia Flores, Trump amenazó con represalias económicas contra quienes suministraran petróleo a la isla. 

 

La nueva medida, una de las muchas adoptadas por Washington que van en contra del derecho internacional, ha contribuido de hecho a generar una de las crisis energéticas más graves de las últimas décadas, lo que se suma a las ya precarias condiciones generadas por el bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por Estados Unidos desde hace más de seis décadas.

Los daños causados por el bloqueo ascenderían a unos 171 mil millones de dólares. Solo en 2024 superaron los 7.500 millones, es decir, 625 millones por mes, casi 21 millones por día y más de 868.000 dólares por hora. Un incremento cercano al 50 % respecto al año anterior, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, durante una reciente intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los MAGA intentan apropiarse de América Latina con el "escudo" de Trump

La lucha contra el narcotráfico y la alianza con los gobiernos ultra conservadores sólo sirven para enmascarar la militarización estadounidense de América Latina

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri

El 7 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y doce mandatarios de América Latina y el Caribe se reunieron en Doral, condado de Miami-Dade, Florida, dando vida a lo que se conoce como "Escudo de las Américas" (Shield of the Americas).

La proclama firmada por los trece gobernantes, entre ellos Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Nasry Asfura (Honduras) y José Raúl Mulino (Panamá), prevé un trabajo de coordinación para privar a los "cárteles criminales y a las organizaciones terroristas extranjeras de todo control territorial y acceso a financiamiento o recursos". Estados Unidos entrenará y movilizará a las fuerzas armadas de los países asociados para desmantelar a dichas organizaciones criminales. Entre los objetivos también está "mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas de fuera del hemisferio occidental".

Para esta pseudo-cruzada contra el narcoterrorismo, como a Trump le gusta llamarlo, Estados Unidos impulsa una especie de plan de cooperación militar multilateral con gobiernos ultraconservadores, abiertamente alineados con el trumpismo y los intereses geopolíticos y geoestratégicos de Washington. En todo esto, la lucha contra el narcotráfico tiene poco o nada que ver y el hecho de no invitar a países política y económicamente poderosos, como son Brasil, Colombia y México, cuyos gobiernos no siguen servilmente las órdenes norteamericanas, lo confirma.

Las elecciones en el punto de mira: «Un fraude sistémico para recuperar el poder»

Habla Marlon Ochoa, del Consejo Nacional Electoral, quien denuncia fraudes generalizados, injerencias extranjeras y una estrategia para excluirlo de las instituciones. «Quieren impedirme investigar y silenciar a quienes se oponen»

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri/LINyM

Las elecciones del pasado 30 de noviembre en Honduras pasarán a la historia por la enorme cantidad de irregularidades denunciadas, así como por los descarados actos de injerencia extranjera que han vulnerado la libertad de voto y viciado el resultado final de las urnas.

Cientos de miles de votos que nunca se contaron, actas electorales impugnadas y nunca verificadas, recursos nunca resueltos, se suman a la falta de medidas de seguridad biométricas en la mayoría de los centros de votación, al pirateo del sistema de transmisión de los resultados preliminares, a las repetidas y prolongadas caídas del sistema de conteo y de la página del escrutinio en línea.

Si a esto le sumamos la injerencia agresiva de Washington en las horas previas a la votación, indicando por quien había que votar y cuáles serían las consecuencias en caso de victoria de la candidata progresista Rixi Moncada (Libertad y Refundación – Libre), y las amenazas del crimen organizado para favorecer al mismo candidato, es evidente que nos encontramos ante unos resultados electorales fuertemente condicionados y que no respetan en absoluto la voluntad popular. Una situación denunciada en repetidas ocasiones por Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros del máximo órgano electoral.

Siete años exigiendo justicia por Sergio

Movimiento indígena costarricense se moviliza en el aniversario del asesinato de Sergio Rojas

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

La madrugada del 18 de marzo de 2019, manos asesinas acababan con la vida del dirigente indígena Bribri y miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi), Sergio Rojas. Siete años después, organizaciones sociales y populares costarricenses siguen exigiendo verdad y justicia.

El asesinato de Rojas se enmarca en el recrudecimiento de la violencia contra los pueblos originarios del país centroamericano y en el proceso de recuperación del territorio ancestral indígena de Salitre.

Durante años fue objeto de amenazas, persecución y criminalización, tanto así que en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares, ordenando al Estado costarricense garantizar su incolumidad.

La lluvia de balas que le arrebataron la vida es también un j’accuse contra la displicencia y complicidad de las instituciones costarricenses.

Los médicos cubanos no se van de Calabria

A pesar de las presiones estadounidenses, las autoridades regionales ratifican la imprescindibilidad del apoyo recibido

Por Giorgio Trucchi | LINyM 

En 2009, el sistema de salud de Calabria, región ubicada en la punta de la “bota” de la península italiana, fue intervenido por una gravísima crisis financiera y operativa debido a un elevado déficit presupuestario, mala gestión, despilfarros estructurales, falta de personal y a una mala calidad de los servicios médico-sanitarios prestados. Se calcula que una quinta parte de los habitantes migraba a otras regiones para su hospitalización.

Diez años después, el gobierno central de la época impulsó un decreto con el que asumió el control total del sistema sanitario calabrés, apartando la administración regional de la gestión de los servicios y el personal de salud y otorgando plenos poderes a una junta interventora.

El inicio de la pandemia de Covid-19 en Italia (marzo 2020) profundizó aún más la crisis sanitaria de la región sureña. Esto llevó a la necesidad urgente de traer personal desde el exterior para enfrentar el colapso del sistema de salud pública.

La ofensiva de Washington contra las brigadas médicas cubanas

Honduras y otros gobiernos aliados de Estados Unidos rompen acuerdos de cooperación sanitarias penalizando a los sectores más pobres de la población latinoamericana

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri

En los últimos días, aproximadamente 170 médicos cubanos abandonaron Honduras, luego de que el actual gobierno del conservador Nasry Asfura decidiera no renovar el convenio interinstitucional, firmado durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro y que expiró el 25 de febrero. Este pas, que el propio Asfura calificó de “decisión de política exterior”, no debe sorprender, dado el servilismo manifiesto del nuevo gobierno hondureño hacia Estados Unidos y la profundización de la ofensiva de Donald Trump contra Cuba.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció recientemente la ruptura de las relaciones diplomáticas con la más grande de las Antillas Mayores y la expulsión del personal acreditado. Para “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región", Noboa, Asfura y otros diez presidentes latinoamericanos lealmente alineados con los intereses de Washington se reunieron con Trump el 7 de marzo. Limitar la presencia e influencia política y económica de China y Rusia en Latinoamérica, obtener apoyo diplomático (y logístico) para la última aventura guerrerista de Trump (e Israel) en Oriente Medio y fortalecer la "Doctrina Donroe" en el continente de cara a las elecciones en Colombia y Brasil, parecen ser los verdaderos objetivos del encuentro.

(Video) No hay justicia con impunidad

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA 

Este 2 de marzo, familiares de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), acompañados por organizaciones sociales y populares defensoras de territorios y bienes comunes, se movilizaron hacia la capital, exigiendo verdad y justicia para la lideresa indígena asesinada hace diez años.

Después de realizar un plantón frente a las instalaciones de la empresa Camosa, propiedad de la familia Atala Zablah, cientos de personas se trasladaron hacia la Corte Suprema de Justicia y, luego, al Ministerio Público.

Además de condenar con fuerza el crimen del que fue víctima Berta Cáceres y apuntar con el dedo a los autores intelectuales del asesinato, exigieron a los operadores de justicia avanzar con los requerimientos fiscales.

De acuerdo con el informe presentado recientemente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), principales responsables del crimen fueron los accionistas mayoritarios del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y de la empresa Desarrollo Energético SA (DESA).

Fueron ellos a desempeñar “roles relevantes en la conformación y funcionamiento del dispositivo societario y financiero que, en última instancia, posibilitó el asesinato de Berta Cáceres”.

Específicamente, se refieren a José Eduardo, Pedro y Jacobo Atala Zablah y a Daniel Atala Midence, “quienes desempeñaban cargos directivos tanto en empresas vinculadas al proyecto Agua Zarca, como en institutos bancarios”.

 Fuente: Rel UITA - Youtube 

 

Diez años de esperanza

A una década de la siembra de Berta

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Este 2 de marzo se cumplen diez años del asesinato de la lideresa indígena lenca y luchadora social Berta Cáceres. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), inició el día de ayer una serie de actividades que se extenderán durante toda la semana. Como siempre, la Rel UITA acompaña la lucha por la verdad y la justicia integral para Berta.

El Centro de Encuentros y Amistad Utopía fue escenario de un acto multitudinario de recuerdo, homenaje y memoria que contó con una masiva participación, tanto nacional como internacional.

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Han sido diez años de lucha inclaudicable contra la impunidad y la ausencia de justicia.

Una década después, tal como recientemente lo sentenció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se pudo demostrar que el crimen fue “previsible y prevenible” y que las autoridades no hicieron absolutamente nada para detener la mente y las manos asesinas.

Cuba bajo ataque, pero en pie de lucha

Activadas medidas internas urgentes y llamado a la solidaridad internacional

Por Giorgio Trucchi | LINyM

Cuba está bajo ataque, asediada como nunca antes. Quizás uno de los momentos más difíciles para la mayor de las Antillas y su revolución, aunque no es una novedad. De hecho, este mes se cumplen 64 años del inicio del criminal bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla.

Un bloqueo que ha provocado daños superiores a los 629 millones de dólares mensuales, con impactos muy profundos en la vida cotidiana de la gente. A precios corrientes, los daños acumulados en más de seis décadas de guerra económica superan los 164 mil millones de dólares.

La coyuntura política actual en América Latina, con una avanzada significativa de la derecha y la ultraderecha en casi toda la región, la remilitarización imperial del Caribe y las amenazas persistentes contra aquellos gobiernos que no se pliegan a los intereses de Washington, enmaraña sobremanera el escenario.

Asimismo, la obsolescencia y la pérdida acelerada de influencia de organismos multilaterales, la crisis profunda del derecho internacional, el ataque criminal contra Venezuela y su presidente legítimo y la más reciente directiva emitida por Donald Trump marcan y contribuyen a la agudización de la ofensiva contra Cuba.

Informe del GIEI devela autoría y connivencias en asesinato de Berta Cáceres

Capital financiero nacional y transnacional y complicidad estatal en banquillo de los acusados

Por Giorgio Trucchi | LINyM

Este 12 de enero, a menos de dos meses de cumplirse 10 años del crimen contra la lideresa indígena y luchadora popular Berta Cáceres, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó un informe con los resultados de una larga y compleja investigación, que incluye hallazgos respecto a los actores responsables de la planificación, financiamiento y ejecución del asesinato, así como recomendaciones para garantizar justicia y reparación.

- AQUÍ el informe completo
 
Para ese crimen, en noviembre de 2024, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras resolvió confirmar las sentencias emitidas contra siete de los ocho responsables del crimen [1], con penas de entre 30 y 50 años de prisión.

Para David Castillo, coautor del asesinato, ex presidente de la empresa Desarrollos Energéticos SA (Desa) y ex miembro de la inteligencia de las Fuerzas Armadas hondureñas, la Sala decidió modificar las agravantes y reducir la pena de 22 años y 6 meses. Además, Castillo sumó otros 5 años por fraude relacionado con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque.