El refuerzo de la presencia militar estadounidense, entre bases aéreas y puestos avanzados marítimos, marca una nueva fase de injerencia política encubierta bajo la lucha transnacional contra el crimen organizado
Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri/LINyM
Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial del año pasado alcanzó la cifra récord de 2,88 billones de dólares, con un aumento del 2,9% y una incidencia del 2,5% sobre el PIB mundial. Estados Unidos sigue siendo el país con mayor presupuesto militar (954.000 millones de dólares), seguido de China y Rusia. Juntos representan el 51% del gasto militar mundial, que en 2024 creció un 9%. Mientras tanto, el índice S&P Aerospace & Defense Select Industry ha crecido un 43% en el último año. Cinco de los seis primeros puestos entre las 100 empresas armamentísticas más importantes del mundo están ocupados por capital estadounidense, y las 40 empresas estadounidenses que forman parte de esta clasificación representan el 49% de las ventas globales, generando ingresos por valor de 334.000 millones de dólares.
En un contexto de gran expansión del gasto militar y de los beneficios vinculados a la producción y venta de armas, Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos por recuperar el control de lo que sigue considerando su «patio trasero», con una reedición trumpiana 2.0 de la Doctrina Monroe, ya rebautizada como Donroe. Iniciativas como el Escudo de las Américas, la militarización del Caribe, el endurecimiento del bloqueo y las amenazas de invasión contra Cuba, la incursión en Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores, así como las amenazas y represalias contra aquellos gobiernos que reivindican el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la defensa de la soberanía, son un ejemplo de la estrategia puesta en marcha por Washington, con el apoyo de Israel y del ultraconservadurismo estadounidense y latinoamericano. También las maniobras para posicionar a Honduras y a su expresidente Juan Orlando Hernández como cabezas de puente del proyecto hegemónico estadounidense forman parte integrante de esa misma estrategia.
Frenar la expansión de China (tierras raras, minerales críticos, infraestructuras, tecnologías, extractivismo), garantizar los intereses del capital multinacional estadounidense e israelí, así como el control de los recursos estratégicos y los corredores logísticos, frenando al mismo tiempo los procesos de integración e independencia latinoamericana y el surgimiento de nuevos proyectos progresistas y de resistencia al modelo neoliberal extractivista, son los principales objetivos de la ofensiva estadounidense. Para ello no basta con el apoyo político y la sumisión de gobiernos vasallos y de oligarquías nacionales complacientes y cómplices, sino que es necesaria la remilitarización del continente, astutamente enmascarada como lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Un proyecto que sufrió una violenta aceleración durante el segundo mandato de Donald Trump y que se plasmó en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por Estados Unidos el año pasado.
Según el Centro Mexicano de Relaciones Internacionales (Cemeri), actualmente (2023) Estados Unidos mantiene en América Latina y el Caribe unas 76 entre bases de operaciones o bases principales (con instalaciones permanentes en extensiones territoriales superiores a 4 hectáreas y con al menos 200 militares), cuasi-bases o «lily-pad bases» (más pequeñas, de perfil bajo para operaciones específicas y reacción rápida) e instalaciones de seguridad o bases financiadas (propiedad de los países anfitriones y que sirven como centros de operaciones periódicas, almacenamiento de equipo militar y entrenamiento). Todas ellas bajo el control operativo y la vigilancia del Comando Sur (Southcom). A estas se suman las llamadas bases operativas no confirmadas, es decir, instalaciones que nunca se han declarado oficialmente y que ni siquiera aparecen en los registros oficiales del Departamento de Defensa, con presencia de militares estadounidenses y para las que no se han firmado acuerdos ni convenios entre Estados. No es casualidad que sean las más extendidas y que escapen a los recuentos oficiales cuando se intenta trazar un mapa de la presencia militar estadounidense en América Latina.
Honduras, Guatemala, Belice y Panamá son los países con mayor número de bases, principalmente instalaciones de seguridad. Las dos bases principales en América Latina se encuentran en Honduras (Palmerola/Soto Cano) y en Cuba (Guantánamo), mientras que hay puestos avanzados estratégicos repartidos por toda la región, siendo de especial importancia los de El Salvador (Comalapa), Aruba, Curazao, Panamá y Perú. Colombia es el país con el mayor número de bases «no confirmadas».
Una situación que está llamada a evolucionar en los próximos años. De hecho, se han firmado acuerdos clave entre el Ecuador del ultraconservador Daniel Noboa y los Estados Unidos, que permiten la presencia temporal de personal, aeronaves y embarcaciones, así como la realización de operaciones militares y de inteligencia conjuntas. A pesar de la derrota en el referéndum del año pasado sobre la posibilidad de abrir bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano —la última base estadounidense (Manta) fue cerrada en 2009 por el presidente Rafael Correa—, Noboa ha intensificado la participación de Ecuador en operaciones militares coordinadas con cuerpos especiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la DEA (Drug Enforcement Administration) y el FBI (Federal Bureau of Investigation). La reciente participación en la operación «Exterminio Total», como parte de la nueva estrategia estadounidense de lucha contra el narcotráfico y los grupos terroristas, ha agudizado aún más las divergencias con la vecina Colombia y con el presidente progresista Gustavo Petro. La crisis entre ambos países inició meses antes, cuando Noboa decidió unilateralmente imponer un aumento sustancial de los aranceles a los productos colombianos, dando así inicio a una serie de represalias económicas y comerciales recíprocas, en una fase políticamente muy delicada y a pocas semanas de las elecciones generales en Colombia.
La estrecha colaboración entre Noboa y el Comando Sur se intensificó también en el mar, con la participación de Ecuador en la ofensiva naval contra embarcaciones pertenecientes a presuntos narcotraficantes, cuya identidad nunca se ha confirmado. A lo largo de 2026, Estados Unidos entregará 12 lanchas rápidas. Desde septiembre de 2025, los ataques contra embarcaciones acusadas de transportar droga han provocado la muerte de al menos 186 personas. Hasta ahora, Estados Unidos no ha podido demostrar la implicación de dichas embarcaciones y de su tripulación en actos delictivos. Los ataques mortales podrían clasificarse como ejecuciones sumarias.
Mientras tanto, en Perú, se ha autorizado la entrada de tropas y armamento estadounidense durante todo el año 2026, así como una financiación millonaria para reacondicionar la base militar de Callao. También la Argentina del turbocapitalista Javier Milei está dando sus propios pasos para garantizar la presencia militar de Washington. Tras el permiso de entrada concedido el año pasado a las tropas estadounidenses, sin consultar por cierto al Congreso, para participar en el ejercicio militar conjunto «Operación Tridente», el presidente argentino ha respondido este año autorizando la entrada de los portaaviones USS Nimitz y USS Gridley para llevar a cabo los ejercicios «Daga Atlántica» y «Passex».
Mientras tanto, el Chile del ultrarreaccionario pinochetista Juan Antonio Kast ha establecido una estrecha y activa alianza estratégica en materia de seguridad y defensa, centrada en el intercambio de inteligencia y el entrenamiento de las tropas. Lo mismo ha hecho Bolivia tras el giro a la derecha de Rodrigo Paz, firmando un protocolo de cooperación militar con Estados Unidos que incluye programas de entrenamiento e intercambio de información estratégica y de inteligencia. En cambio, en Paraguay ha suscitado una fuerte polémica la firma del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA), que permite, siguiendo el modelo ecuatoriano, la entrada de tropas, equipos militares y aeronaves, concediendo al personal las mismas garantías de inmunidad y exenciones fiscales que se conceden al personal diplomático. Aunque se ha librado gracias a una sentencia del Tribunal de Justicia que denegó la construcción de siete bases militares estadounidenses, Colombia mantiene, no obstante, una estrecha relación de cooperación militar y de presencia de personal estadounidense dentro de las instalaciones de las Fuerzas Armadas colombianas.
Aún más marcada es la escalada militar en Centroamérica y el Caribe. La firma el pasado mes de abril de un protocolo de entendimiento entre Estados Unidos y Panamá, por el que se habilita durante tres años la presencia de personal militar estadounidense y contratistas en territorio nacional panameño, especialmente en las zonas limítrofes con el canal, ha desatado la polémica interna. De hecho, el acuerdo firmado por el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Ábrego, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, prevé la presencia de tropas en varios emplazamientos, entre ellos la base aérea «Octavio Rodríguez Garrido» (antigua base Howard), las bases navales «Vasco Núñez de Balboa» (antigua base Rodman) y «Noel Rodríguez», y la base aeronaval «Cristóbal Colón» (antiguo Fuerte Sherman). Las operaciones de entrenamiento de tropas se están llevando a cabo en el interior de las inaccesibles selvas panameñas, recreando el entorno y las condiciones de un conflicto irregular y no convencional. Esto llevaría a suponer que se trata de un entrenamiento con vistas a futuros enfrentamientos armados en la región. El protocolo también menciona posibles ejercicios conjuntos y una «cooperación» no mejor especificada.
Aunque no se trate de una presencia permanente, la llegada de tropas a las antiguas bases estadounidenses abandonadas tras la devolución del canal a principios de siglo (Acuerdo Torrijos-Carter), junto con la militarización del Caribe, las amenazas de Trump contra el presidente Gustavo Petro y las declaraciones del magnate y de Hegseth sobre la necesidad de que Estados Unidos «recupere el canal», lo sustraiga de la «influencia maligna china» y «ocupe zonas con nuestras tropas que ya no controlábamos», han despertado fuertes temores en la población panameña. De hecho, el recuerdo de la sangrienta invasión de 1989 y la muerte de miles de personas (fuente CODEHUCA), en su mayoría civiles, se transmite de generación en generación y alimenta un sentimiento natural de desconfianza y hostilidad hacia los gobiernos estadounidenses.
A cambio de «los servicios prestados», Estados Unidos recibirá además un trato preferencial en el pago de peajes para sus buques de guerra que atraviesen el canal. Según varios juristas, esta decisión violaría flagrantemente el Tratado de Neutralidad firmado entre ambas naciones. Para el jurista Julio Linares, el memorando de entendimiento presenta al menos dos aspectos de inconstitucionalidad. «Se trata de dos “vicios” de nulidad, que son el dolo mediante el engaño y la coacción mediante las amenazas (de Trump). Invito a los ciudadanos a presentar los recursos correspondientes para que este acuerdo sea declarado nulo». La activista medioambiental Camila Aybar recuerda que Panamá recuperó su soberanía hace poco más de 25 años y que lo que están haciendo los Estados Unidos es muy peligroso. «Es obvio que queremos mantener una buena relación con ellos, pero no puede ser a costa de nuestra soberanía y de la seguridad democrática, ni de nuestra libertad».
También en El Salvador y Guatemala la presencia militar estadounidense ha crecido en los últimos años. La estrategia ya no es crear bases permanentes, sino utilizar instalaciones ya existentes con fines militares. El presidente Nayib Bukele, férreo aliado de Trump, ha firmado acuerdos que permiten el uso durante 10 años del aeropuerto de Comalapa. Durante su gobierno se ha intensificado el envío de armas para el ejército y las fuerzas especiales y se ha multiplicado la presencia y el despegue de aviones de ataque y de reconocimiento estadounidenses. El pasado mes de abril, el territorio salvadoreño fue escenario de las maniobras militares multinacionales CENTAM Guardian, con la presencia de al menos un millar de militares de siete países, entre centroamericanos y caribeños. La misma lógica de uso de instalaciones de propiedad nacional, entrenamiento, envío de armamento, maniobras conjuntas y misiones de «apoyo táctico» la encontramos en Guatemala y Belice.
Particular es, en cambio, el caso de Honduras, donde la reciente publicación y difusión de 37 audios que involucran a políticos y funcionarios públicos ha revelado un plan estratégico del presidente Trump, en alianza con los lobbies israelíes, los gobiernos de Netanyahu y Milei y con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández como cabeza de puente, para recuperar el control de la región. Uno de los instrumentos será precisamente la construcción de una nueva base militar estadounidense en la isla caribeña de Roatán, que se sumaría a la de Palmerola/Soto Cano y a una serie de instalaciones de reacción rápida repartidas por el territorio hondureño.
Entre 2025 y 2026, en el marco de la escalada militar de Estados Unidos en el Caribe y del asedio a Venezuela y Cuba, también Puerto Rico y la República Dominicana han experimentado un proceso de fuerte remilitarización. Se reactivaron antiguas bases militares puertorriqueñas, se concedió el uso temporal de bases aéreas y del aeropuerto nacional de Santo Domingo para la operación «Southern Spear» y se desplegaron en diversas zonas nada menos que diez mil soldados estadounidenses. En Costa Rica, por su parte, el gobierno ultraconservador de Rodrigo Cháves y el de su sucesora, Laura Fernández, han presentado la propuesta de construir tres bases militares estadounidenses. Por el momento no han logrado reunir los votos necesarios en el Parlamento. Mientras tanto, continúan los ejercicios y las operaciones de patrullaje conjuntas.
«Se trata de una estrategia de un imperio en decadencia, que cuenta con el apoyo de la derecha continental subordinada a sus intereses y que se enfrenta a la resistencia y la lucha de los pueblos, cada uno con características diferentes según el país», explica a Pagine Esteri Giovani Del Prete, coordinador operativo de la secretaría continental de ALBA Movimientos. «La militarización conlleva represión y violencia contra la población organizada, contra los sectores más débiles y marginados. Y es una violencia ejercida por esos cuerpos represivos del Estado, muy a menudo equipados, entrenados y adoctrinados precisamente por personal estadounidense e israelí», explica el activista.
Según Del Prete, detrás del despliegue de fuerzas y de las políticas que violan el derecho internacional y cualquier lógica de convivencia y respeto a la soberanía nacional, se esconden motivos estrechamente vinculados a las enormes dificultades que atraviesan los Estados Unidos. «Deben contener su decadencia económica y política ligada a la vieja agenda ultraneoliberal y, por lo tanto, recurren a la militarización, la injerencia, las amenazas y las represalias para asegurarse recursos estratégicos para su desarrollo industrial, militar y tecnológico». En este sentido —continúa—, las tierras raras de Brasil, el petróleo de Venezuela, el litio de Bolivia, la posición geoestratégica de las naciones centro y sudamericanas, pero también el ataque visceral a todos aquellos gobiernos y movimientos que no se pliegan a sus intereses, son esenciales para mantener la hegemonía.
«El imperialismo, la militarización y la agenda neoliberal son caras de la misma moneda y, hoy más que nunca, es necesaria la resistencia y la lucha de los pueblos contra este monstruo. El Hondurasgate ha demostrado que no se trata de teorías conspirativas, sino de algo real con lo que debemos lidiar y contra lo que hay que luchar», concluye Del Prete.
Fuente: Pagine Esteri
