Honduras: "No más mentiras. ¡Sentencias firmes para los asesinos de Berta!"

Dilatar las sentencias es un intento desesperado por no rendir cuentas

Por Giorgio Trucchi | LINyM

Durante una conferencia de prensa, la familia de Berta Cáceres, reconocida dirigente indígena y luchadora social asesinada en marzo de 2016, y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización de la cual Cáceres fue cofundadora, lanzaron un grito de alerta sobre lo que aseguran ser un nuevo burdo intento de David Castillo para revertir su condena.

En 2021, el ex presidente de Desarrollos Energéticos SA (Desa), empresa titular de la concesión sobre las aguas del río Gualcarque y del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, contra el cual Cáceres y el Copinh lucharon durante años, fue encontrado culpable como coautor del asesinato y sentenciado a 22 años y 6 meses de cárcel.

Dos años antes, siete personas, entre ex directivos y ex miembros de la seguridad interna de Desa, ex militares y militares en servicio activo, fueron condenados como autores materiales del asesinato de Cáceres y el intento de asesinato del sociólogo mexicano Gustavo Castro, con penas de entre 30 y 50 años de prisión.

Lamentablemente, ninguna de estas condenas está firme, ya que la Corte Suprema de Justicia nunca resolvió los recursos de casación presentados por los defensores de los sentenciados.

Se instala Comisión Intersectorial de Alto Nivel

Pueblo Garífuna y Estado de Honduras se reunirán para dar cumplimiento a las sentencias de la Corte IDH

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Después de una larga jornada y algunos momentos de tensión, quedó instalada la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI).

Su tarea será coordinar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que beneficiaron a las comunidades garífunas de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y San Juan.

La juramentación de las y los integrantes de la Comisión y su formal instalación se llevó a cabo en los bajos del Congreso Nacional en Tegucigalpa, donde acampan cientos de miembros de las 47 comunidades garífunas de Honduras, que llegaron a la capital exigiendo el cumplimiento de las sentencias.

Durante el acto, el Canciller Eduardo Enrique Reina, en representación de la presidenta Xiomara Castro, aseguró que la voluntad del gobierno es dar cumplimiento a dichas sentencias “que vienen a resarcir el daño que históricamente se ha provocado a los pueblos garífunas y originarios”.

“Esos pueblos”, continuó Reina, “que han sido víctimas de exclusión, discriminación y despojo arbitrario de sus territorios ancestrales”.

Después de casi diez años de haber sido emitidas las sentencias, el pueblo garífuna y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) dan un primer importante paso para que se cumpla lo que los magistrados internacionales han ordenado al Estado hondureño.

Las autoridades gubernamentales y los representantes de las comunidades garífunas acordaron una primera reunión los días 29 y 30 de abril.

Fuente: Rel UITA

Pueblo garífuna exige cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH

Multitudinaria movilización hacia la capital hondureña

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Cientos de miembros de las 47 comunidades garífunas de Honduras se movilizaron hacia la capital y se instalaron en los alrededores del Congreso Nacional. Exigen el cumplimiento inmediato de las sentencias de la Corte IDH a favor de las comunidades garífunas, así como un alto a la violencia contra ese pueblo originario.

“Hoy más que nunca, nuestro pueblo enfrenta un plan de exterminio que, a través de prácticas racistas, el desprecio a nuestra dignidad y campañas de odio, promueve la eliminación física de nuestras comunidades y nuestro desplazamiento forzado”, se lee en un comunicado de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).

“Nuestros compañeros y compañeras están siendo perseguidos, criminalizados, encarcelados, secuestrados y hasta desaparecidos por su labor de defensa de la propiedad colectiva y el derecho territorial”, continúa el documento.

Según la Ofraneh, en los últimos años, al menos 50 miembros de comunidades garífunas han sido asesinados, otros 300 han sido criminalizados y encarcelados, y 5 jóvenes siguen desaparecidos.

A esto hay que sumar los incontables casos de amenazas, agresiones y desplazamiento forzado.

Urge un abordaje integral a la violencia de género

Mujeres desmontan campaña de desinformación y exigen aprobación de una ley integral

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

El mes pasado, mujeres hondureñas de distintos territorios que, junto a diversas organizaciones, idearon, redactaron y presentaron a las autoridades nacionales una propuesta de Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres (LEI-VCM), se reunieron para desmentir una burda campaña de desinformación lanzada por sectores conservadores y exigir nuevamente su aprobación.

Honduras es el país latinoamericano más peligroso para las mujeres. El año pasado fueron asesinadas 386 mujeres, una cada 23 horas. Esto significa un aumento del 30 por ciento en comparación al 2022 (Observatorio CDM).

El país centroamericano ha llegado a ser el quinto país con la tasa más alta de femicidios en el mundo (6,47 por cada 100 mil mujeres).

Hasta el 29 de febrero de este año, ya se registraron 40 muertes violentas.

Despido en represalia

Dirigente sindical cesada después de larga batalla legal

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA 

Heysel Gaitán trabaja en Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte y es directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores Piñeros y Bananeros de Costa Rica (Sintrapybcr).

Hace unos años fue despedida a pesar de estar embarazada. Después de su reintegro y una larga batalla legal, Heysel ha sido cesada definitivamente, algo que el sindicato condena y denuncia con fuerza.

Desde su primer ingreso a la empresa, Gaitán fue contratada por tiempo determinado, algo que el Sindicato, en más de una ocasión, ha explicado que es totalmente ilegal, ya que la legislación nacional permite esos contratos sólo para trabajos o servicios temporales.

En el caso del banano sólo hay tres tareas —aplicación de químicos, cal y gallinaza— que son temporales, todas las otras labores son permanentes y continuas y tienen que ser desempeñadas por personal con contratos indefinidos.

Antes de que se le venciera el contrato, Gaitán avisó a la empresa que estaba embarazada. Sin importarle su condición, Del Monte procedió a despedirla.

Trabajadores de Fyffes intoxicados por fuga de gas amoníaco

No es primera vez asegura dirigente sindical

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

El pasado 27 de marzo, al menos 9 trabajadores de Sur Agrícola de Honduras (Suragroh), empresa productora de melones y subsidiaria de la transnacional frutera Fyffes/Sumitomo (Sol Group Marketing), fueron ingresados de emergencia en una clínica, intoxicados por una fuga de gas amoníaco.

Según una primera reconstrucción de los hechos, las y los trabajadores de una plantación melonera ubicada en la comunicad de Santa Cruz, municipio de Marcovia en Choluteca, estaban desempeñando sus labores en un cuarto frío de la transnacional cuando se percataron que había una fuga de gas amoníaco.

“Los compañeros señalaron de inmediato lo que estaba pasando y decidieron salir de la planta”, dijo a La Rel, Tomás Membreño, directivo del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS).

Horas después, la empresa los obligó volver a ingresar al local y retomar las tareas que estaban realizando.