Honduras: "No más mentiras. ¡Sentencias firmes para los asesinos de Berta!"

Dilatar las sentencias es un intento desesperado por no rendir cuentas

Por Giorgio Trucchi | LINyM

Durante una conferencia de prensa, la familia de Berta Cáceres, reconocida dirigente indígena y luchadora social asesinada en marzo de 2016, y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización de la cual Cáceres fue cofundadora, lanzaron un grito de alerta sobre lo que aseguran ser un nuevo burdo intento de David Castillo para revertir su condena.

En 2021, el ex presidente de Desarrollos Energéticos SA (Desa), empresa titular de la concesión sobre las aguas del río Gualcarque y del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, contra el cual Cáceres y el Copinh lucharon durante años, fue encontrado culpable como coautor del asesinato y sentenciado a 22 años y 6 meses de cárcel.

Dos años antes, siete personas, entre ex directivos y ex miembros de la seguridad interna de Desa, ex militares y militares en servicio activo, fueron condenados como autores materiales del asesinato de Cáceres y el intento de asesinato del sociólogo mexicano Gustavo Castro, con penas de entre 30 y 50 años de prisión.

Lamentablemente, ninguna de estas condenas está firme, ya que la Corte Suprema de Justicia nunca resolvió los recursos de casación presentados por los defensores de los sentenciados.

Se instala Comisión Intersectorial de Alto Nivel

Pueblo Garífuna y Estado de Honduras se reunirán para dar cumplimiento a las sentencias de la Corte IDH

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Después de una larga jornada y algunos momentos de tensión, quedó instalada la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI).

Su tarea será coordinar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que beneficiaron a las comunidades garífunas de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y San Juan.

La juramentación de las y los integrantes de la Comisión y su formal instalación se llevó a cabo en los bajos del Congreso Nacional en Tegucigalpa, donde acampan cientos de miembros de las 47 comunidades garífunas de Honduras, que llegaron a la capital exigiendo el cumplimiento de las sentencias.

Durante el acto, el Canciller Eduardo Enrique Reina, en representación de la presidenta Xiomara Castro, aseguró que la voluntad del gobierno es dar cumplimiento a dichas sentencias “que vienen a resarcir el daño que históricamente se ha provocado a los pueblos garífunas y originarios”.

“Esos pueblos”, continuó Reina, “que han sido víctimas de exclusión, discriminación y despojo arbitrario de sus territorios ancestrales”.

Después de casi diez años de haber sido emitidas las sentencias, el pueblo garífuna y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) dan un primer importante paso para que se cumpla lo que los magistrados internacionales han ordenado al Estado hondureño.

Las autoridades gubernamentales y los representantes de las comunidades garífunas acordaron una primera reunión los días 29 y 30 de abril.

Fuente: Rel UITA

Pueblo garífuna exige cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH

Multitudinaria movilización hacia la capital hondureña

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Cientos de miembros de las 47 comunidades garífunas de Honduras se movilizaron hacia la capital y se instalaron en los alrededores del Congreso Nacional. Exigen el cumplimiento inmediato de las sentencias de la Corte IDH a favor de las comunidades garífunas, así como un alto a la violencia contra ese pueblo originario.

“Hoy más que nunca, nuestro pueblo enfrenta un plan de exterminio que, a través de prácticas racistas, el desprecio a nuestra dignidad y campañas de odio, promueve la eliminación física de nuestras comunidades y nuestro desplazamiento forzado”, se lee en un comunicado de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).

“Nuestros compañeros y compañeras están siendo perseguidos, criminalizados, encarcelados, secuestrados y hasta desaparecidos por su labor de defensa de la propiedad colectiva y el derecho territorial”, continúa el documento.

Según la Ofraneh, en los últimos años, al menos 50 miembros de comunidades garífunas han sido asesinados, otros 300 han sido criminalizados y encarcelados, y 5 jóvenes siguen desaparecidos.

A esto hay que sumar los incontables casos de amenazas, agresiones y desplazamiento forzado.

Urge un abordaje integral a la violencia de género

Mujeres desmontan campaña de desinformación y exigen aprobación de una ley integral

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

El mes pasado, mujeres hondureñas de distintos territorios que, junto a diversas organizaciones, idearon, redactaron y presentaron a las autoridades nacionales una propuesta de Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres (LEI-VCM), se reunieron para desmentir una burda campaña de desinformación lanzada por sectores conservadores y exigir nuevamente su aprobación.

Honduras es el país latinoamericano más peligroso para las mujeres. El año pasado fueron asesinadas 386 mujeres, una cada 23 horas. Esto significa un aumento del 30 por ciento en comparación al 2022 (Observatorio CDM).

El país centroamericano ha llegado a ser el quinto país con la tasa más alta de femicidios en el mundo (6,47 por cada 100 mil mujeres).

Hasta el 29 de febrero de este año, ya se registraron 40 muertes violentas.

Despido en represalia

Dirigente sindical cesada después de larga batalla legal

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA 

Heysel Gaitán trabaja en Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte y es directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores Piñeros y Bananeros de Costa Rica (Sintrapybcr).

Hace unos años fue despedida a pesar de estar embarazada. Después de su reintegro y una larga batalla legal, Heysel ha sido cesada definitivamente, algo que el sindicato condena y denuncia con fuerza.

Desde su primer ingreso a la empresa, Gaitán fue contratada por tiempo determinado, algo que el Sindicato, en más de una ocasión, ha explicado que es totalmente ilegal, ya que la legislación nacional permite esos contratos sólo para trabajos o servicios temporales.

En el caso del banano sólo hay tres tareas —aplicación de químicos, cal y gallinaza— que son temporales, todas las otras labores son permanentes y continuas y tienen que ser desempeñadas por personal con contratos indefinidos.

Antes de que se le venciera el contrato, Gaitán avisó a la empresa que estaba embarazada. Sin importarle su condición, Del Monte procedió a despedirla.

Trabajadores de Fyffes intoxicados por fuga de gas amoníaco

No es primera vez asegura dirigente sindical

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

El pasado 27 de marzo, al menos 9 trabajadores de Sur Agrícola de Honduras (Suragroh), empresa productora de melones y subsidiaria de la transnacional frutera Fyffes/Sumitomo (Sol Group Marketing), fueron ingresados de emergencia en una clínica, intoxicados por una fuga de gas amoníaco.

Según una primera reconstrucción de los hechos, las y los trabajadores de una plantación melonera ubicada en la comunicad de Santa Cruz, municipio de Marcovia en Choluteca, estaban desempeñando sus labores en un cuarto frío de la transnacional cuando se percataron que había una fuga de gas amoníaco.

“Los compañeros señalaron de inmediato lo que estaba pasando y decidieron salir de la planta”, dijo a La Rel, Tomás Membreño, directivo del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS).

Horas después, la empresa los obligó volver a ingresar al local y retomar las tareas que estaban realizando.

Chiquita y sus prácticas ilegales

Sindicato vuelve a denunciar inestabilidad laboral y abusos en sector bananero

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Contratos temporales extendidos por varios meses en abierta violación de la legislación laboral, despidos sin pago de todas las prestaciones, inestabilidad laboral y chantajes disimulados son sólo algunas de las prácticas más comunes que Chiquita Brands acostumbra aplicar en las bananeras de Costa Rica.

“Nuestra legislación dice que los contratos por tiempo determinado sólo se pueden hacer para trabajos o servicios temporales”, explica a La Rel, Steve Rodríguez, secretario general del Sindicato¹.

“En el caso del banano sólo hay tres tareas —aplicación de químicos, cal y gallinaza— que son por tiempo determinado, todos los otros trabajos son permanentes y continuos”, asegura el dirigente sindical.

Es por eso, continúa explicando Rodríguez, que los contratos que Chiquita Brands hace a muchos trabajadores y trabajadoras son totalmente ilegales.

Berta y la exigencia de justicia

Octavo aniversario de su retorno hecha millones

Por Giorgio Trucchi | LINyM

Este 2 de marzo se conmemoraron ocho años de la siembra de la lideresa indígena y luchadora social Berta Cáceres, asesinada vilmente por oponerse con fuerza, junto al Copinh, a un proyecto hidroeléctrico que explotaría las aguas del Gualcarque, río sagrado para el pueblo Lenca. Ocho años después, el difícil camino de verdad y justicia integral para Berta aún no se completa.

“A ocho años de aquella noche fatídica en la que nos arrebataron a Berta, seguimos peleando por su justicia, sabiendo que su memoria no será honrada hasta que todos sus asesinos tengan condenas firmes y el pueblo Lenca no vea amenazada su vida y sus territorios”, explica el pronunciamiento del Copinh[1].

Fue a puro pulso que la familia de Berta, el Copinh y el equipo de defensores que los representa lograron algunos importantes avances.

No olvidar a Berta

En el octavo aniversario de su siembra

Por Giorgio Trucchi | LINyM

Este 2 de marzo se cumplen ocho años del vil asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena, luchadora social, defensora y mucho más.

Hoy conmemoramos su lucha, su vida, su compromiso, su capacidad de articulación, su espíritu inclaudicable, su siembra, su vuelta al mundo hecha millones, su presencia en miles de lucha de los pueblos del mundo.

Ocho años sin justicia completa. Ocho años de "justicia para Berta". Ocho años sin olvidar.

No olvidar a Berta significa no olvidar que, cada año, cientos de defensores y defensoras de la tierra, los territorios y los bienes comunes son asesinados en el mundo; que otros miles sufren hostigamiento, persecución, estigmatización, amenazas, criminalización, encarcelamiento.

No olvidar a Berta significa no olvidar que América Latina sigue encabezando la lista de continentes donde ser defensoras y defensores del medio ambiente es la actividad más peligrosa; donde Brasil, Colombia, Filipinas, México y Honduras son los países donde más los asesinan.

No olvidar a Berta significa recordar que la mayoría de defensoras y defensores perseguidos y asesinados son personas indígenas, son campesinos y campesinas.

No olvidar a Berta significa no olvidar que la lucha por la tierra, los territorios y los bienes comunes es una lucha que va más allá del "ser ambientalista", sino que es una lucha contra un modelo neoliberal extractivista, depredador y asesino; que es una lucha antiracista y anrtipatriarcal, que es una lucha emancipadora de los pueblos.

Costa Rica: Sergio y Jerhy, una vergonzosa impunidad.

Organizaciones claman verdad y justicia por líderes indígenas asesinados

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

El 18 marzo de 2019, caía bajo una lluvia de balas asesinas Sergio Rojas, dirigente indígena Bribri y miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi). Un año después, el 24 de febrero de 2020, fue asesinado de cinco disparos Jerhy Rivera, líder indígena Bröran. Ambos casos están en total impunidad.

Los dos líderes comunitarios y activistas costarricenses fueron asesinados en el marco del recrudecimiento de la violencia contra los pueblos Nasö-Brörán y Bribri, empeñados en la recuperación de los territorios ancestrales de Térraba y Salitre.

El hecho de que el Estado no le haya puesto interés en el reordenamiento y saneamiento territorial, expone aún más a los pueblos originarios a ataques, muchas veces mortales, de parte de los terratenientes.

 

Defensoras bajo ataque en Honduras

Más de 300 agresiones en dos meses

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH), publicó un informe preliminar sobre agresiones a defensoras de derechos humanos en los meses de diciembre 2023 y enero 2024. En tan sólo dos meses fueron identificados 310 ataques.

En la tipificación de agresiones se identifican en orden decreciente el hostigamiento, violencia psicológica, desprotección legal, campañas de desprestigio, limitación y/o ataques por reunirse.

También se relevaron varios casos de incitación a la violencia, amenazas, daños de propiedad y desalojos.

En su mayoría fueron agresiones de carácter colectivo y, en menor medida, de carácter personal e institucional.

Dos años de Xiomara

Mucho se ha hecho, mucho queda por hacer

por Giorgio Trucchi | LINyM 

Este 27 de enero se cumplieron dos años de la toma de posesión de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Por la ocasión, el Partido Libertad y Refundación, que hunde sus raíces en la lucha de resistencia contra el golpe de estado de 2009, convocó a sus bases a movilizarse por las calles de Tegucigalpa.

La convocatoria, que tuvo una importante respuesta ciudadana, tenía un doble objetivo: mostrar un respaldo contundente y masivo a la presidenta y mandar una señal clara al Bloque de Oposición Ciudadana (BOC): en Honduras no se va a permitir otro golpe, ni maniobras ilegales que entorpezcan el proceso de cambio iniciado en 2022 y la regularidad del próximo proceso electoral (2025).

Dos años sumamente difíciles, durante los cuales el bloque opositor, que integran los partidos tradicionales (PLH y PNH) y el PSH del designado presidencial (una especie de vicepresidente) y ex aliado Salvador Nasralla, no escatimó esfuerzos para boicotear la acción de gobierno.

Una oposición firmemente anclada en la protección de los intereses de los grupos de poder fáctico y sus prebendas, y volcada a defender aquel aparato estatal que les ha garantizado impunidad durante más de doce años.

Guatemala, señales de cambio

Exprocurador analiza primeros días del nuevo gobierno

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Después de tomar posesión de su cargo el 14 de enero, derrotando a una nueva intentona golpista que trató, hasta el último momento, revertir la voluntad popular expresada en las urnas, el presidente Bernardo Arévalo empezó a dar sus primeros pasos como nuevo mandatario de Guatemala.

Derogó un acuerdo que brindaba seguridad del Estado —vehículos y agentes policiales— a una cantidad importante de exfuncionarios de Giammattei, al tiempo que convocó a la fiscal general Consuelo Porras, punta de lanza de la ofensiva judicial golpista, para que rinda un informe sobre el desempeño del Ministerio Público en diferentes ámbitos.

Para muchos, esa convocatoria no es más que el inicio de un proceso para pedir su renuncia. No hay que sorprenderse, entonces, que Porras se haya negado a acatar la “invitación” y que haya asegurado, en un video, que no va a renunciar a su cargo.

 

Ecuador en llamas

Ausencia estatal, corrupción, desigualdad social allanan camino a redes criminales

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Ecuador está viviendo una de las mayores crisis de seguridad de su historia reciente. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en agosto del año pasado, marcó el inicio de una deriva de violencia, inestabilidad e inseguridad en la que el país se ha estado hundiendo aceleradamente.

La explosión de los homicidios en el país, los repetidos motines carcelarios, el secuestro de policías y la fuga de decenas de reos, incluyendo al jefe de la banda criminal Los Choneros, Adolfo “Fito” Macías, y hasta un asalto a un canal de televisión por hombres armados, han llevado al presidente Daniel Noboa a declarar la existencia de un ‘conflicto armado interno’.

En 2023, Ecuador se ha convertido en el país más violento de América Latina, con una tasa de muertes violentas de 46 por cada cien mil habitantes. En algunos barrios de Guayaquil, esta tasa sube hasta 114 por cada cien mil habitantes, una de las más altas a nivel mundial.

 

Arévalo y lo que está en juego

Son gigantescos desafíos los que tiene por delante

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Al final de una jornada extenuante, durante la cual las fuerzas corruptas enquistadas en el aparato estatal no escatimaron esfuerzos para revertir la voluntad popular expresada en las urnas, el presidente electo Bernardo Arévalo fue juramentado y asumió la presidencia de Guatemala.

La jornada del 14 de enero fue caracterizada por el intento de los diputados salientes, en su mayoría afines al ex presidente Giammattei y a los poderes fácticos guatemaltecos, de impedir que se instalara la nueva legislatura.

Además, perseguían el objetivo de impedir que los diputados del oficialista Movimiento Semilla tomaran posesión de sus escaños, y que dicho partido y sus aliados se aseguraran el control de la nueva junta directiva.

El acuerdo alcanzado entre el Movimiento Semilla y seis bancadas parlamentarias, entre otras el izquierdista/indigenista Winaq-Urng, el progresista VOS y los derechistas y centro-derechistas CABAL, BIEN, VIVA y VICTORIA, logró destrabar el impasse en el que se encontraba el poder legislativo.