Por Giorgio Trucchi | LINyM
Con el voto mayoritario del bipartidismo impulsor del modelo neoliberal extractivista, el pasado 3 de junio el Congreso Nacional aprobó la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. Una semana después, los legisladores aportaron cambios sustanciales a la normativa para que beneficiara también al turismo y energía.
Para el movimientos social y popular, la nueva normativa abre la puerta a más criminalización y persecución. Para la oposición política, la extensión del alcance de la ley altera y amplía los beneficios de la normativa hacia otros rubros, violando flagrantemente la normativa legislativa.
Entre los puntos clave, la nueva ley[1] declara las actividades agroindustriales y los proyectos turísticos y energéticos como de orden público, interés y prioridad nacional, al tiempo que proclama la inafectabilidad de los terrenos destinados a proyectos de dichos sectores y los "protege" frente a procesos de reforma agraria o causas de utilidad pública.

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