Honduras: "No más mentiras. ¡Sentencias firmes para los asesinos de Berta!"

Dilatar las sentencias es un intento desesperado por no rendir cuentas

Por Giorgio Trucchi | LINyM

Durante una conferencia de prensa, la familia de Berta Cáceres, reconocida dirigente indígena y luchadora social asesinada en marzo de 2016, y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización de la cual Cáceres fue cofundadora, lanzaron un grito de alerta sobre lo que aseguran ser un nuevo burdo intento de David Castillo para revertir su condena.

En 2021, el ex presidente de Desarrollos Energéticos SA (Desa), empresa titular de la concesión sobre las aguas del río Gualcarque y del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, contra el cual Cáceres y el Copinh lucharon durante años, fue encontrado culpable como coautor del asesinato y sentenciado a 22 años y 6 meses de cárcel.

Dos años antes, siete personas, entre ex directivos y ex miembros de la seguridad interna de Desa, ex militares y militares en servicio activo, fueron condenados como autores materiales del asesinato de Cáceres y el intento de asesinato del sociólogo mexicano Gustavo Castro, con penas de entre 30 y 50 años de prisión.

Lamentablemente, ninguna de estas condenas está firme, ya que la Corte Suprema de Justicia nunca resolvió los recursos de casación presentados por los defensores de los sentenciados.

Se instala Comisión Intersectorial de Alto Nivel

Pueblo Garífuna y Estado de Honduras se reunirán para dar cumplimiento a las sentencias de la Corte IDH

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Después de una larga jornada y algunos momentos de tensión, quedó instalada la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI).

Su tarea será coordinar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que beneficiaron a las comunidades garífunas de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y San Juan.

La juramentación de las y los integrantes de la Comisión y su formal instalación se llevó a cabo en los bajos del Congreso Nacional en Tegucigalpa, donde acampan cientos de miembros de las 47 comunidades garífunas de Honduras, que llegaron a la capital exigiendo el cumplimiento de las sentencias.

Durante el acto, el Canciller Eduardo Enrique Reina, en representación de la presidenta Xiomara Castro, aseguró que la voluntad del gobierno es dar cumplimiento a dichas sentencias “que vienen a resarcir el daño que históricamente se ha provocado a los pueblos garífunas y originarios”.

“Esos pueblos”, continuó Reina, “que han sido víctimas de exclusión, discriminación y despojo arbitrario de sus territorios ancestrales”.

Después de casi diez años de haber sido emitidas las sentencias, el pueblo garífuna y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) dan un primer importante paso para que se cumpla lo que los magistrados internacionales han ordenado al Estado hondureño.

Las autoridades gubernamentales y los representantes de las comunidades garífunas acordaron una primera reunión los días 29 y 30 de abril.

Fuente: Rel UITA

Pueblo garífuna exige cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH

Multitudinaria movilización hacia la capital hondureña

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Cientos de miembros de las 47 comunidades garífunas de Honduras se movilizaron hacia la capital y se instalaron en los alrededores del Congreso Nacional. Exigen el cumplimiento inmediato de las sentencias de la Corte IDH a favor de las comunidades garífunas, así como un alto a la violencia contra ese pueblo originario.

“Hoy más que nunca, nuestro pueblo enfrenta un plan de exterminio que, a través de prácticas racistas, el desprecio a nuestra dignidad y campañas de odio, promueve la eliminación física de nuestras comunidades y nuestro desplazamiento forzado”, se lee en un comunicado de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).

“Nuestros compañeros y compañeras están siendo perseguidos, criminalizados, encarcelados, secuestrados y hasta desaparecidos por su labor de defensa de la propiedad colectiva y el derecho territorial”, continúa el documento.

Según la Ofraneh, en los últimos años, al menos 50 miembros de comunidades garífunas han sido asesinados, otros 300 han sido criminalizados y encarcelados, y 5 jóvenes siguen desaparecidos.

A esto hay que sumar los incontables casos de amenazas, agresiones y desplazamiento forzado.

Urge un abordaje integral a la violencia de género

Mujeres desmontan campaña de desinformación y exigen aprobación de una ley integral

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

El mes pasado, mujeres hondureñas de distintos territorios que, junto a diversas organizaciones, idearon, redactaron y presentaron a las autoridades nacionales una propuesta de Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres (LEI-VCM), se reunieron para desmentir una burda campaña de desinformación lanzada por sectores conservadores y exigir nuevamente su aprobación.

Honduras es el país latinoamericano más peligroso para las mujeres. El año pasado fueron asesinadas 386 mujeres, una cada 23 horas. Esto significa un aumento del 30 por ciento en comparación al 2022 (Observatorio CDM).

El país centroamericano ha llegado a ser el quinto país con la tasa más alta de femicidios en el mundo (6,47 por cada 100 mil mujeres).

Hasta el 29 de febrero de este año, ya se registraron 40 muertes violentas.

Despido en represalia

Dirigente sindical cesada después de larga batalla legal

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA 

Heysel Gaitán trabaja en Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte y es directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores Piñeros y Bananeros de Costa Rica (Sintrapybcr).

Hace unos años fue despedida a pesar de estar embarazada. Después de su reintegro y una larga batalla legal, Heysel ha sido cesada definitivamente, algo que el sindicato condena y denuncia con fuerza.

Desde su primer ingreso a la empresa, Gaitán fue contratada por tiempo determinado, algo que el Sindicato, en más de una ocasión, ha explicado que es totalmente ilegal, ya que la legislación nacional permite esos contratos sólo para trabajos o servicios temporales.

En el caso del banano sólo hay tres tareas —aplicación de químicos, cal y gallinaza— que son temporales, todas las otras labores son permanentes y continuas y tienen que ser desempeñadas por personal con contratos indefinidos.

Antes de que se le venciera el contrato, Gaitán avisó a la empresa que estaba embarazada. Sin importarle su condición, Del Monte procedió a despedirla.

Trabajadores de Fyffes intoxicados por fuga de gas amoníaco

No es primera vez asegura dirigente sindical

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

El pasado 27 de marzo, al menos 9 trabajadores de Sur Agrícola de Honduras (Suragroh), empresa productora de melones y subsidiaria de la transnacional frutera Fyffes/Sumitomo (Sol Group Marketing), fueron ingresados de emergencia en una clínica, intoxicados por una fuga de gas amoníaco.

Según una primera reconstrucción de los hechos, las y los trabajadores de una plantación melonera ubicada en la comunicad de Santa Cruz, municipio de Marcovia en Choluteca, estaban desempeñando sus labores en un cuarto frío de la transnacional cuando se percataron que había una fuga de gas amoníaco.

“Los compañeros señalaron de inmediato lo que estaba pasando y decidieron salir de la planta”, dijo a La Rel, Tomás Membreño, directivo del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS).

Horas después, la empresa los obligó volver a ingresar al local y retomar las tareas que estaban realizando.

Chiquita y sus prácticas ilegales

Sindicato vuelve a denunciar inestabilidad laboral y abusos en sector bananero

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Contratos temporales extendidos por varios meses en abierta violación de la legislación laboral, despidos sin pago de todas las prestaciones, inestabilidad laboral y chantajes disimulados son sólo algunas de las prácticas más comunes que Chiquita Brands acostumbra aplicar en las bananeras de Costa Rica.

“Nuestra legislación dice que los contratos por tiempo determinado sólo se pueden hacer para trabajos o servicios temporales”, explica a La Rel, Steve Rodríguez, secretario general del Sindicato¹.

“En el caso del banano sólo hay tres tareas —aplicación de químicos, cal y gallinaza— que son por tiempo determinado, todos los otros trabajos son permanentes y continuos”, asegura el dirigente sindical.

Es por eso, continúa explicando Rodríguez, que los contratos que Chiquita Brands hace a muchos trabajadores y trabajadoras son totalmente ilegales.

Berta y la exigencia de justicia

Octavo aniversario de su retorno hecha millones

Por Giorgio Trucchi | LINyM

Este 2 de marzo se conmemoraron ocho años de la siembra de la lideresa indígena y luchadora social Berta Cáceres, asesinada vilmente por oponerse con fuerza, junto al Copinh, a un proyecto hidroeléctrico que explotaría las aguas del Gualcarque, río sagrado para el pueblo Lenca. Ocho años después, el difícil camino de verdad y justicia integral para Berta aún no se completa.

“A ocho años de aquella noche fatídica en la que nos arrebataron a Berta, seguimos peleando por su justicia, sabiendo que su memoria no será honrada hasta que todos sus asesinos tengan condenas firmes y el pueblo Lenca no vea amenazada su vida y sus territorios”, explica el pronunciamiento del Copinh[1].

Fue a puro pulso que la familia de Berta, el Copinh y el equipo de defensores que los representa lograron algunos importantes avances.

No olvidar a Berta

En el octavo aniversario de su siembra

Por Giorgio Trucchi | LINyM

Este 2 de marzo se cumplen ocho años del vil asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena, luchadora social, defensora y mucho más.

Hoy conmemoramos su lucha, su vida, su compromiso, su capacidad de articulación, su espíritu inclaudicable, su siembra, su vuelta al mundo hecha millones, su presencia en miles de lucha de los pueblos del mundo.

Ocho años sin justicia completa. Ocho años de "justicia para Berta". Ocho años sin olvidar.

No olvidar a Berta significa no olvidar que, cada año, cientos de defensores y defensoras de la tierra, los territorios y los bienes comunes son asesinados en el mundo; que otros miles sufren hostigamiento, persecución, estigmatización, amenazas, criminalización, encarcelamiento.

No olvidar a Berta significa no olvidar que América Latina sigue encabezando la lista de continentes donde ser defensoras y defensores del medio ambiente es la actividad más peligrosa; donde Brasil, Colombia, Filipinas, México y Honduras son los países donde más los asesinan.

No olvidar a Berta significa recordar que la mayoría de defensoras y defensores perseguidos y asesinados son personas indígenas, son campesinos y campesinas.

No olvidar a Berta significa no olvidar que la lucha por la tierra, los territorios y los bienes comunes es una lucha que va más allá del "ser ambientalista", sino que es una lucha contra un modelo neoliberal extractivista, depredador y asesino; que es una lucha antiracista y anrtipatriarcal, que es una lucha emancipadora de los pueblos.

Costa Rica: Sergio y Jerhy, una vergonzosa impunidad.

Organizaciones claman verdad y justicia por líderes indígenas asesinados

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

El 18 marzo de 2019, caía bajo una lluvia de balas asesinas Sergio Rojas, dirigente indígena Bribri y miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi). Un año después, el 24 de febrero de 2020, fue asesinado de cinco disparos Jerhy Rivera, líder indígena Bröran. Ambos casos están en total impunidad.

Los dos líderes comunitarios y activistas costarricenses fueron asesinados en el marco del recrudecimiento de la violencia contra los pueblos Nasö-Brörán y Bribri, empeñados en la recuperación de los territorios ancestrales de Térraba y Salitre.

El hecho de que el Estado no le haya puesto interés en el reordenamiento y saneamiento territorial, expone aún más a los pueblos originarios a ataques, muchas veces mortales, de parte de los terratenientes.

 

Defensoras bajo ataque en Honduras

Más de 300 agresiones en dos meses

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH), publicó un informe preliminar sobre agresiones a defensoras de derechos humanos en los meses de diciembre 2023 y enero 2024. En tan sólo dos meses fueron identificados 310 ataques.

En la tipificación de agresiones se identifican en orden decreciente el hostigamiento, violencia psicológica, desprotección legal, campañas de desprestigio, limitación y/o ataques por reunirse.

También se relevaron varios casos de incitación a la violencia, amenazas, daños de propiedad y desalojos.

En su mayoría fueron agresiones de carácter colectivo y, en menor medida, de carácter personal e institucional.

Dos años de Xiomara

Mucho se ha hecho, mucho queda por hacer

por Giorgio Trucchi | LINyM 

Este 27 de enero se cumplieron dos años de la toma de posesión de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Por la ocasión, el Partido Libertad y Refundación, que hunde sus raíces en la lucha de resistencia contra el golpe de estado de 2009, convocó a sus bases a movilizarse por las calles de Tegucigalpa.

La convocatoria, que tuvo una importante respuesta ciudadana, tenía un doble objetivo: mostrar un respaldo contundente y masivo a la presidenta y mandar una señal clara al Bloque de Oposición Ciudadana (BOC): en Honduras no se va a permitir otro golpe, ni maniobras ilegales que entorpezcan el proceso de cambio iniciado en 2022 y la regularidad del próximo proceso electoral (2025).

Dos años sumamente difíciles, durante los cuales el bloque opositor, que integran los partidos tradicionales (PLH y PNH) y el PSH del designado presidencial (una especie de vicepresidente) y ex aliado Salvador Nasralla, no escatimó esfuerzos para boicotear la acción de gobierno.

Una oposición firmemente anclada en la protección de los intereses de los grupos de poder fáctico y sus prebendas, y volcada a defender aquel aparato estatal que les ha garantizado impunidad durante más de doce años.

Guatemala, señales de cambio

Exprocurador analiza primeros días del nuevo gobierno

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Después de tomar posesión de su cargo el 14 de enero, derrotando a una nueva intentona golpista que trató, hasta el último momento, revertir la voluntad popular expresada en las urnas, el presidente Bernardo Arévalo empezó a dar sus primeros pasos como nuevo mandatario de Guatemala.

Derogó un acuerdo que brindaba seguridad del Estado —vehículos y agentes policiales— a una cantidad importante de exfuncionarios de Giammattei, al tiempo que convocó a la fiscal general Consuelo Porras, punta de lanza de la ofensiva judicial golpista, para que rinda un informe sobre el desempeño del Ministerio Público en diferentes ámbitos.

Para muchos, esa convocatoria no es más que el inicio de un proceso para pedir su renuncia. No hay que sorprenderse, entonces, que Porras se haya negado a acatar la “invitación” y que haya asegurado, en un video, que no va a renunciar a su cargo.

 

Ecuador en llamas

Ausencia estatal, corrupción, desigualdad social allanan camino a redes criminales

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Ecuador está viviendo una de las mayores crisis de seguridad de su historia reciente. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en agosto del año pasado, marcó el inicio de una deriva de violencia, inestabilidad e inseguridad en la que el país se ha estado hundiendo aceleradamente.

La explosión de los homicidios en el país, los repetidos motines carcelarios, el secuestro de policías y la fuga de decenas de reos, incluyendo al jefe de la banda criminal Los Choneros, Adolfo “Fito” Macías, y hasta un asalto a un canal de televisión por hombres armados, han llevado al presidente Daniel Noboa a declarar la existencia de un ‘conflicto armado interno’.

En 2023, Ecuador se ha convertido en el país más violento de América Latina, con una tasa de muertes violentas de 46 por cada cien mil habitantes. En algunos barrios de Guayaquil, esta tasa sube hasta 114 por cada cien mil habitantes, una de las más altas a nivel mundial.

 

Arévalo y lo que está en juego

Son gigantescos desafíos los que tiene por delante

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Al final de una jornada extenuante, durante la cual las fuerzas corruptas enquistadas en el aparato estatal no escatimaron esfuerzos para revertir la voluntad popular expresada en las urnas, el presidente electo Bernardo Arévalo fue juramentado y asumió la presidencia de Guatemala.

La jornada del 14 de enero fue caracterizada por el intento de los diputados salientes, en su mayoría afines al ex presidente Giammattei y a los poderes fácticos guatemaltecos, de impedir que se instalara la nueva legislatura.

Además, perseguían el objetivo de impedir que los diputados del oficialista Movimiento Semilla tomaran posesión de sus escaños, y que dicho partido y sus aliados se aseguraran el control de la nueva junta directiva.

El acuerdo alcanzado entre el Movimiento Semilla y seis bancadas parlamentarias, entre otras el izquierdista/indigenista Winaq-Urng, el progresista VOS y los derechistas y centro-derechistas CABAL, BIEN, VIVA y VICTORIA, logró destrabar el impasse en el que se encontraba el poder legislativo.

“Vamos a necesitar de una gran movilización popular”

Precipita situación en Guatemala

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

A pocas semanas de asumir el cargo el presidente electo Bernardo Arévalo, la situación en el país se ha vuelto preocupante. La posibilidad de un golpe de estado técnico ya es más que una inquietud.

Después de la ola de órdenes de captura contra estudiantes, docentes, periodistas y políticos por haber denunciado el burdo fraude en las elecciones de autoridades en la Universidad de San Carlos (Usac), en Guatemala ha recrudecido la persecución y criminalización contra quienes han venido denunciando el corrupto aparato político-institucional, coludido con el gran capital nacional y transnacional.

El objetivo es claro: mantener el statu quo, es decir proteger y garantizar a cualquier costo los beneficios de los pudientes y sus lacayos.

En este sentido, la derrota de la derecha tradicional y radical en las últimas elecciones y la victoria de un movimiento progresista, que enarbola la bandera de la lucha contra la corrupción, dispararon la alerta en lo que se conoce popularmente como el “pacto de corruptos”.

Dole, nuevas tecnologías y viejas mañas

Trabajadores denuncian mal uso de drones para medir labores realizadas

 Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Agroindustrial Piña del Bosque, subsidiaria de Dole Standard Fruit en Costa Rica, ha sido señalada en varias ocasiones por sus prácticas antisindicales. Ahora, los trabajadores organizados le reclaman por las difíciles condiciones de trabajo, y por el mal uso de drones en la medición de las labores que realizan en las soleadas plantaciones de piña.

Fernando Aguilar, nombre ficticio que usaremos para preservar la identidad y resguardar la integridad del trabajador de Finca Santa Fe (Agroindustrial Piña del Bosque/Dole) que accedió a hablar con La Rel, tiene varios años trabajando en esta plantación.

Nos invita a entrar a su casa, un lugar extremadamente humilde que comparte con sus hijos, todos pequeños, y que muestra las condiciones difíciles en que están obligados a vivir muchos de los trabajadores, más aún cuando se trata de mano de obra migrante, de las grandes plantaciones agroindustriales costarricenses.

“Sólo enjuiciando a todos los culpables se garantizará justicia integral para Berta”

Abogado Víctor Fernández analiza el nuevo contexto después de la orden de captura contra miembro de una de las más poderosas familias hondureñas

Por Giorgio Trucchi | LINyM

En horas de la noche del 1 de diciembre, agencias noticiosas y redes sociales lanzaban un comunicado del Ministerio Público de Honduras, en el que se informaba de un “requerimiento fiscal con orden de captura contra otro implicado en el asesinato de Berta Cáceres”.

Horas después, luego de que familiares de la luchadora social hondureña asesinada hace casi ocho años, miembros del Copinh (Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras) y del equipo legal de la Causa Berta Cáceres formularan hipótesis sobre el posible nuevo involucrado, comenzó a circular copia de una orden de captura contra el ciudadano Daniel Eduardo Atala Midence, como supuesto responsable “a título de autor intelectual del delito de asesinato en perjuicio de Bertha Isabel Cáceres Flores”.

Al momento de caer bajo las balas asesinas de un comando criminal, hace 93 meses, un 2 de marzo de 2016, en su casa en la ciudad de La Esperanza, Berta Cáceres y el Copinh, organización de la cual fue cofundadora hace 30 años, estaban librando una larga y difícil batalla contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (Desa) sobre las aguas del río Gualcarque, sagrado para el pueblo Lenca.

Daniel Atala Midence es miembro de la familia Atala Zablah, una de las más ricas y poderosas de Honduras, y fungió como gerente financiero de Desa. Desde su posición –asegura el Copinh– era el encargado de autorizar y administrar pagos de informantes para vigilar, perseguir, criminalizar y enjuiciar a sus integrantes.

(Video) “No desprestigiamos a nadie, sólo decimos la verdad”

Dirigente de Fentragh encara campaña mediática de corporación bananera costarricense

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Recientemente, la Corporación Bananera Nacional (Corbana), la Asociación de Productores de Banano (Aproban) y la Cámara Nacional de Bananeros (CNB) han lanzado una ofensiva mediática, donde acusan a la ONG Oxfam, que acaba de presentar un minucioso informe sobre las violaciones de derechos en las bananeras, y algunos sindicatos costarricenses de mantener “una campaña de desprestigio del banano de Costa Rica”.

El objetivo sería lograr que “los mercados internacionales excluyan la compra de la fruta nacional”. Esta “actitud irresponsable” estaría poniendo en peligro el sustento de unas 150 mil familias que dependen de este rubro.

La corporación bananera, que reúne a productores nacionales y transnacionales, se pregunta cuál es el interés de esta gente que “atenta contra el país y su gente”.

En este video, Dania Obando, secretaria general adjunta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria Gastronomía, Hotelería y Afines (Fentragh), explica que no existe una campaña de desprestigio, ni mucho menos la intención de poner en riesgo el trabajo de miles de trabajadoras y trabajadores.

Lo que hay —asegura Obando— es el firme compromiso de denunciar abusos y violaciones sistemáticas en la agroindustria costarricense, así como de luchar para que se respeten los derechos laborales, sindicales y humanos de toda esta gente.

 

Fuente: Rel UITA

Honduras, paraíso femicida

Un año más con casi 400 mujeres asesinadas

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Este 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha sido ocasión para hacer balance de los avances y retrocesos en la lucha contra las muertes violentas de mujeres en Honduras. Faltando poco más de un mes para que finalice el año, el resultado es alarmante.

Según el más reciente informe del Observatorio de Muertes Violentas de Mujeres de la Red Lésbica Cattrachas, son 372 las mujeres asesinadas entre el 1 de enero y el 27 de noviembre de 2023.

Los últimos dos femicidios ocurrieron el 26 de noviembre.

(Video) “La empresa deja que mi casa se caiga en pedazos”

Trabajadora de Del Monte lamenta represalia empresarial por organizarse

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte es una de las transnacionales fruteras instaladas en Costa Rica que acostumbran, en sus contratos de trabajo, incluir la entrega de habitaciones o viviendas para las y los trabajadores, a través de la figura del “salario en especie”.

De acuerdo con declaraciones del Sindicato Nacional de Trabajadores Piñeros y Bananeros de Costa Rica (Sintrapybcr), en algunos casos estas empresas están liquidando al personal que vive en dichas moradas, para luego volver a contratarlo, pero sin estos beneficios.

En seguida, las casas son destruidas para hacer espacio para nuevas plantaciones.

En otros casos, donde el plan para desplazar a los trabajadores y sus familias aún es incipiente, las casas se vuelven elementos claves para chantajear a aquellos que se afilian a un sindicato y defienden sus derechos.

En este video, Heysel Gaitán, madre de tres hijas, trabajadora en la empacadora de banano de Finca Chira, propiedad de Del Monte, y secretaria de finanzas del Sintrapybcr, explica el calvario que le ha tocado sufrir en estos años y las deplorables condiciones habitacionales en que la empresa la obliga vivir.

Heysel fue ilegalmente despedida en estado de embarazo y reinstalada gracias al apoyo recibido por el Sindicato.

 

Fuente: Rel UITA

(Video) “No hay que bajar la guardia en la defensa de los derechos”

 Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

La defensa de los derechos humanos, como desafío de las organizaciones sindicales, en especial en el sector de la agroindustria, ha sido uno de los ejes abordados durante el desarrollo del Seminario Internacional organizado en San José, por el Comité Latinoamericanos de Mujeres de la UITA (Clamu) y la Secretaría Regional.

En este video, Frank Ulloa y Gerardo Castillo, asesores y entrañables amigos de la Rel UITA, explican la importancia para una organización sindical, especialmente para las mujeres trabajadoras, de mantener alta la guardia frente a los ataques dirigidos a hacer retroceder derechos adquiridos tras décadas de luchas.

“Este seminario es un acierto del Clamu y la Rel UITA. Capacitar, a la altura de la época, en que no debemos bajar la guardia en la defensa de los derechos humanos, la equidad de género y la libertad sindical, es imprescindible”, dijeron.

  

Fuente: Rel UITA

Clamu “Vamos perdiendo el miedo” (+ fotos)

Concluyó exitosamente seminario internacional del Clamu

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Después de tres jornadas de intenso intercambio de experiencias, de logros alcanzados y desafíos planteados, de trabajos en equipo y análisis compartidos sobre violencia de género, relaciones abusivas, equidad, violencia laboral y estrategias de lucha, cerró exitosamente el Seminario Internacional “Equidad de género y derechos humanos: un desafío sindical”.

La actividad, organizada por el Comité Latinoamericano de Mujeres de la UITA (CLAMU) y la Secretaría Regional con el apoyo del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE), fue dirigida por Jaqueline Leite y contó con el aporte enriquecedor de los asesores de la Rel UITA, Frank Ulloa y Gerardo Castillo, más la presencia de mujeres trabajadoras y lideresas sindicales de varios países de América Central.

(Video) Costa Rica “Me despidieron por mi trabajo sindical”

Delegado sindical en Finca Álamo (Chiquita Brands) narra su lucha por ser reinstalado

 Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Ronny Calderón Ledezma, 42 años, 18 de los cuales trabajando de forma discontinua como embolsador en la finca bananera Álamo, propiedad de Chiquita Brands Costa Rica, fue despedido en marzo de este año, luego de sufrir un accidente laboral que lo mantuvo incapacitado durante casi diez meses.

En este video, Calderón, que al momento de sufrir el percance laboral era delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores Piñeros y Bananeros de Costa Rica (Sintrpybcr) en Finca Álamo, describe la estrategia adoptada por la empresa para despedirlo, sin importarle que, en marzo de 2023, él ya ocupaba el cargo de fiscal general del Sindicato y, por ende, estaba protegido por el fuero sindical.

Actualmente, Ronny Calderón es secretario general adjunto del sindicato y está esperando que el tribunal convoque a juicio para defender sus derechos.

Exige ser reinstalado en su puesto de trabajo, que se le paguen los salarios caídos y, sobre todo, espera poder regresar muy pronto a defender los derechos de trabajadores y trabajadoras.

 

 

Fuente: Rel UITA

(Video) “Las certificadoras son una farsa”

Académico historiador desnuda realidad de las empresas certificadoras

Por Giorgio Trucchi

Comercio justo, certificaciones, sellos de calidad, estrategias de mercadeo y violaciones de derechos laborales y sindicales son elementos estrechamente relacionados, y no pueden entenderse sin un análisis atento y crítico de lo que pasa dentro de las plantaciones de las grandes transnacionales fruteras y de grupos económicos de capital nacional.No podemos ocultar que estos sellos mágicos se han convertido en un negocio más para las grandes compañías que venden en Europa y Estados Unidos, así como para los supermercados.

Su función es lavarles la cara a empresas y empresarios, ocultando las tantas violaciones de derechos, las políticas antisindicales, las terribles condiciones de trabajo y de seguridad e higiene laboral.

En este video, Vladimir de la Cruz, historiador y catedrático costarricense, habla de la farsa que constituyen las empresas certificadoras, así como del negocio que está detrás de todo este sector.

 

Fuente: Rel UITA

(Video) Costa Rica “Lo viví en mi piel y lo sigo viviendo”

Represión y hostigamiento antisindical en Pindeco

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Santos Orozco Zeledón es trabajador de Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte – División Piña (Pindeco). También es delegado en Finca San Cayetano del Sindicato Nacional de Trabajadores Piñeros y Bananeros de Costa Rica (Sintrapybcr).

Muchos años trabajando por temporada y los últimos seis ya con contrato permanente.

En este video, Santos Orozco cuenta cómo ha cambiado su vida desde que decidió afiliarse a un sindicato para defender sus derechos y los de sus compañeros y compañeras de trabajo.

Persecución, hostigamiento, asignación para desmalezar las zonas más recónditas y fragosas de la plantación y hasta el desconocimiento de su cargo sindical.

 

Fuente: Rel UITA

La LINyM con el pueblo palestino

Un mes de bombardeos de las fuerzas de ocupación israelíes sobre Gaza y el saldo es de 10.320 palestinos asesinados, de los cuales la mitad son niños y niñas, 6 cada hora.

No es guerra, es genocidio.

"Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños. Más que una crisis humanitaria es una crisis de humanidad" Antonio Guterres.

 

Costa Rica: Empresas fruteras derribando casas y expulsando familias

Sindicato y trabajadores denuncian plan para expandir plantaciones

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

En Costa Rica, las grandes transnacionales fruteras, como Chiquita Brands, Dole (Standard Fruit Company) y Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte, y las de capital nacional, como Grupo Acón, han acostumbrado, en sus contratos de trabajo, incluir el ofrecimiento de habitaciones o viviendas para sus trabajadores.

Hay dos tipos de alojamiento: el cuarto habitacional de hombres solos (bache) y la casa para el trabajador y su familia.

En los últimos tres años, las empresas han venido eliminando este beneficio, que, dicho sea de paso, fue establecido hace casi treinta años y está reglamentado por el código de trabajo costarricense (art. 164) bajo la figura del “salario en especie”[1].

“Chiquita Brands está llevando a cabo una liquidación acelerada del personal que vive en estas casas. Les ofrece llevarse todo lo que puedan, como por ejemplo puertas, sanitarios, láminas del techo, y luego las destruyen y entierran”, dijo a La Rel Steve Rodríguez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Piñeros y Bananeros de Costa Rica (Sintrapybcr).

“Como por ley no pueden eliminar el beneficio, prometen a los trabajadores volver a contratarlos si abandonan espontáneamente sus alojamientos. Ya han destruido cuadrantes[2] enteros con sus casas, baches, escuelas, canchas deportivas, iglesias”, agregó.

 

(Video) Costa Rica: “Me dejaron tirado en el piso y se fueron”

Víctima de accidente laboral narra el drama que vivió

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

José Javier Espinoza trabaja en Finca Álamo, una de las doce fincas que Chiquita Brands Costa Rica (Safra Group y Cutrale) tiene en Sarapiquí. Tiene 48 años, casi la mitad trabajando para la transnacional frutera.

Hace unos meses sufrió un accidente laboral y fue operado de la rodilla. Sigue necesitando de un bordón (bastón) para caminar, algo que no les importó a los administradores de la empresa, que lo obligaron a subir a una escalera para embolsar bananos.

La estrepitosa caída lo dejó inconsciente por un buen tiempo, durante el cual fue trasladado a una oficina, tirado en el piso y encerrado con llave. Sólo la pronta reacción de los dirigentes sindicales permitió que fuera atendido por el personal sanitario de la ambulancia y trasladado a una clínica.

En este video, Javier Espinoza narra el drama que vivió, el desencanto que le dejó el desinterés y el abandono mostrado por una empresa, que parece privilegiar la ganancia por sobre la vida de trabajadores y trabajadoras.

 

 

Fuente: Rel UITA

 

(Video) Agroindustria, relaciones de trabajo demasiado violentas

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

La semana pasada, Vladimir de la Cruz, historiador, político, profesor universitario y colaborador de la Rel UITA, participó de la segunda asamblea ordinaria de nuestra afiliada el Sindicato de Trabajadores Piñeros y Bananeros de Costa Rica (SintrapybCR).

“Hace años que sigo al profesor Vladimir. He escuchado sus programas ‘Un viaje por la Historia. Los primeros sindicatos’, leído muchos artículos, pero no lo conocía personalmente. Así que imagínate, para mí es una gran satisfacción conocerlo personalmente y que haya estado en nuestra asamblea”, comentó emocionado Steve Rodríguez, secretario general del Sindicato.

En su exposición Vladimir rescató historia y memoria del movimiento obrero costarricense con énfasis en el sector bananero.

En este video, el reconocido catedrático analiza la dramática situación en que viven miles de trabajadores y trabajadoras del sector agroindustrial, al tiempo que hace un llamado a los diferentes actores de la sociedad, para que actúen con firmeza y beligerancia ante las violaciones sistemáticas a los derechos laborales, sindicales y humanos en las plantaciones del país.

 

 

Fuente: Rel UITA

 

(Video) ¿Importan más los bananos que los seres humanos?

La grave situación de los derechos en Chiquita Brands y la agroindustria costarricense

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Largas y agotantes jornadas laborales, salarios paupérrimos, salud ocupacional deficiente e inadecuada, destrucción de viviendas y hostigamiento sindical son algunas de las graves problemáticas que afectan a trabajadores y trabajadoras de las plantaciones bananeras, propiedad de las grandes corporaciones fruteras transnacionales, como es el caso de Chiquita Brands en Costa Rica.

Un modelo agroindustrial y agroexportador socialmente injusto y ambientalmente destructivo, que basa su actividad en la explotación de mano de obra barata, en su mayoría indígena y migrante.

En este video, Frank Ulloa, reconocido abogado laboralista y asesor de la Regional Latinoamericana de la UITA (Rel UITA), describe, a partir de su experiencia directa, el drama que viven miles de obreros agrícolas en Costa Rica.

 

 Fuente: Rel UITA

“No pierdo la esperanza de que otra Guatemala es posible”

Exprocurador de los derechos humanos habló con La Rel desde su autoexilio

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Jordán Rodas Andrade, abogado y notario, ocupó el cargo de Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala entre 2017 y 2022. Junto a Thelma Cabrera, lideresa Maya Mam, integró el binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) en las elecciones del pasado junio.

De manera arbitraria e ilegal, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral rechazó la inscripción como candidatos presidenciales, y la Corte de Constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia declaró sin efecto todas las acciones legales presentadas en aras de revertir dicha decisión.

El exprocurador decidió abandonar el país y autoexiliarse, igual que muchos otros operadores de justicia y activistas sociales que han venido sufriendo persecución y la criminalización sistemática de parte de los poderes fácticos enquistados en las instituciones.

Miriam Miranda agradece la solidaridad y reafirma compromiso de lucha

En este video de la Ofraneh, Miriam Miranda, coordinadora general de la organización garífuna, agradece los múltiples mensajes de respaldo y solidaridad recibidos después de los graves hechos ocurridos en Vallecito.

Asimismo, reafirma con fuerza el compromiso de lucha del pueblo garífuna en defensa de la tierra, los territorios ancestrales y los bienes comunes, contra la expansión de proyectos extractivos, energéticos, agroindustriales y turísticos, que ponen en peligro su misma existencia.

 

 

No hay que subestimar las amenazas contra Miriam Miranda

Pueblo Garífuna bajo acecho

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

El pasado 19 de septiembre, en horas de la madrugada, hombres armados con fusiles de asalto fueron detectados merodeando la casa de habitación de la lideresa garífuna Miriam Miranda, en la localidad de Vallecito, Colón, al noreste de Honduras.

El operativo criminal fue descubierto por el equipo de seguridad de la coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), que intervino de inmediato logrando que los asaltantes se dieran a la fuga.

Para la Ofraneh, lo que ha ocurrido es parte de un plan de exterminio contra el pueblo garífuna y sus comunidades organizadas, que luchan en defensa de sus tierras ancestrales y los bienes comunes.

La organización apunta el dedo contra la profundización en Honduras del modelo neoliberal, que ha venido usurpando y saqueando territorios garífunas a través de la implementación de proyectos extractivos, energéticos, agroindustriales y turísticos.

Keyla, una sentencia vergonzosa

Policía fue sólo encontrado culpable de homicidio imprudente

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Después de dos años y medio del asesinato de la joven estudiante Keyla Martínez, el Tribunal de Sentencias de Siguatepeque encontró al policía Jarol Rolando Perdomo culpable del delito de homicidio imprudencial, no de femicidio agravado como solicitaba la parte acusadora.

La noche del 6 de febrero de 2021, Keyla Martínez, de 26 años, estudiante de enfermería, fue arrestada y encerrada en una celda por agentes de la Unidad Departamental de Policía de La Esperanza (UDEP 10), supuestamente por violar el toque de queda impuesto como medida de prevención contra la pandemia.

En la madrugada del siguiente día, el cuerpo sin vida de la joven estudiante era ingresado a emergencia del hospital departamental. Según la Policía, Keyla se había suicidado ahorcándose de los barrotes de la celda.

Dicha versión fue desestimada por el resultado de la autopsia, que reflejó que su muerte fue por asfixia mecánica, es decir que fue asesinada.

Acusado del asesinato ha sido el policía de escala básica Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, quien desde su detención ha guardado prisión preventiva.