Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri
En Honduras, el recuerdo del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya sigue siendo un punto de inflexión para toda la sociedad. A pesar del paso de los años y de las sucesivas elecciones, varios analistas consideran que el aparato represivo y las dinámicas de poder que se consolidaron a partir de la ruptura constitucional y durante los doce años de narcodictadura (2009-2021), así como la influencia del bipartidismo histórico, no han sido desmantelados en absoluto.
Este sistema tiene raíces profundas en las instituciones vinculadas a la política tradicional, a las élites económicas nacionales, a los grandes capitales multinacionales y a las redes del crimen organizado. Esta configuración también se ve afectada por las políticas estratégicas históricas de Estados Unidos en la región, que tradicionalmente ha considerado a Honduras como un nodo geopolítico en el corredor centroamericano.
Se trata de una estructura que tiende a proteger rigurosamente sus propios equilibrios e intereses. En consecuencia, los sectores políticos o los movimientos sociales que proponen reformas estructurales, modelos de desarrollo más inclusivos o incluso una refundación del país se enfrentan a una dura represión judicial y física, que a menudo culmina en la detención, el exilio forzado o, en los casos más extremos, en el asesinato político.
La etapa más reciente de esta compleja dinámica se está desarrollando entre la Corte Suprema de Justicia y las oficinas del Ministerio Público, instituciones que han vuelto a estar bajo el control del bipartidismo. En el centro de la disputa se encuentran las fuertes tensiones postelectorales relacionadas con las elecciones generales de finales de 2025.
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