Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri | LINyM
Mientras el gobierno del presidente José Raúl Mulino acelera la agenda neoliberal, impulsa la reactivación de megaproyectos extractivos y firma controvertidos acuerdos internacionales en materia de seguridad, desde las entrañas del Estado resurgen los métodos más oscuros de la doctrina de seguridad nacional.
Ese fantasma nunca del todo enterrado del antiguo G-2, el aparato de inteligencia de la dictadura militar, y la época de las «escuchas» telefónicas parecen hoy haber cambiado de apariencia. Incluso recurren a la elaboración de perfiles digitales y a la infiltración policial en los movimientos de oposición, pero conservan el mismo objetivo: criminalizar la disidencia y desarticular la resistencia popular.
A principios de septiembre, las organizaciones reunidas en la coalición Pueblo Unido por la Vida, respaldadas por defensores de los derechos humanos y organizaciones internacionales, rompieron el silencio y presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Las pruebas presentadas son tan detalladas como inquietantes: un voluminoso expediente que contiene fotografías, nombres, rangos, cargos y placas de identificación que revelarían el funcionamiento de una verdadera estructura clandestina estatal, dedicada al seguimiento, la infiltración y el sabotaje de los movimientos de oposición.
Según los portavoces de la coalición, los agentes identificados e infiltrados de manera generalizada en sindicatos, grupos estudiantiles, comunidades indígenas, campesinas y movimientos ambientalistas serían al menos 24, pero podrían llegar a ser el doble. No se trata, por lo tanto, de simples episodios aislados de vigilancia durante las marchas y las movilizaciones en las calles, sino de una persecución asfixiante, planificada y dirigida: fichaje de los líderes, rastreo de sus vehículos, monitoreo constante de sus viviendas y, lo que es aún más grave, el control sistemático de sus familiares más cercanos, incluidos ancianos y menores.
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