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Por Giorgio Trucchi | LINyM
El pasado 6 de junio marcó el inicio de una nueva etapa de profundización del criminal e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto desde hace más de seis décadas por las administraciones estadounidenses contra Cuba.
El nuevo paquete de sanciones (orden ejecutiva 14404) anunciado por la administración Trump prevé la inclusión en la lista de “Nacionales Especialmente Designados” (SDN, por sus siglas en inglés)[1] del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, de algunos de sus familiares, así como de familiares del líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, ministros del gabinete de gobierno y altos mandos de las Fuerzas Armadas cubanas.
Asimismo, sanciona a empresas públicas e instituciones, entre otras, la financiera estatal FINCIMEX, el conglomerado empresarial GAESA y Gaviota, la agencia estatal Amistur Cuba S.A., consorcios de minería (Moa Nickel S.A.), el Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
Los impactos han sido inmediatos. Para evitar las sanciones secundarias impuestas por Washington, el banco privado extranjero encargado de procesar los pagos internacionales rompió sus lazos con FINCIMEX, lo cual generó la suspensión total de las operaciones de las tarjetas internacionales Visa y Mastercard.
Por el mismo temor, grandes cadenas hoteleras como Meliá, Iberostar y Blue Diamond están acelerando su salida de la isla. Lo mismo están haciendo varias aerolíneas extranjeras, golpeando aún más el turismo, uno de los sectores clave impulsores de la generación de divisas.
