Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri
Presentada como una operación para liberar a cuatro técnicos de la ONU secuestrados por bandas armadas, la intervención militar de El Salvador se está convirtiendo en una misión cuyos contornos resultan cada vez más inquietantes.
El Salvador se está enfrentando a una de las maniobras políticas más complejas y arriesgadas de su historia reciente. Con el pretexto inicial de rescatar a cuatro técnicos aeronáuticos de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF) de la ONU —secuestrados el 18 de octubre de 2026 por pandillas armadas en Croix-des-Bouquets—, el presidente Nayib Bukele ordenó el desembarco de más de 2,000 militares en Puerto Príncipe. Sin embargo, el argumento que justificaba la incursión pronto se desmoronó.
Hasta ahora, las autoridades salvadoreñas no han dado detalles sobre el estado de los rehenes. Esta falta de certeza ha transformado la misión original: de una operación humanitaria de rescate a una campaña masiva de castigo y control, respaldada por el “visto bueno” político de Washington. Estados Unidos, Colombia y República Dominicana han garantizado el apoyo logístico para trasladar personal y equipo a la isla, mientras que el presidente dominicano, Luis Abinader, también ha confirmado el apoyo de inteligencia a las tropas salvadoreñas.
















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