Desde la victoria de
2023 hasta las promesas incumplidas: el presidente no logró romper el poder del
«pacto de los corruptos» ni construir una relación estable con los movimientos
que lo habían apoyado. A menos de un año de las elecciones, crecen el desencanto,
las protestas y los temores ante el regreso de las oligarquías
Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri
La victoria electoral
de Bernardo Arévalo y su Movimiento Semilla en junio de 2023 había despertado
en gran parte de la población la esperanza de que fuera posible una Guatemala
menos desigual. A su lado se había movilizado parte de la población urbana y
rural para defender una victoria que el llamado «pacto de los corruptos» quería
frenar a toda costa. Este último es una alianza informal, transversal e impune
de poder político, económico, judicial y militar, cuyo objetivo es la
cooptación de las instituciones, el control del país y el saqueo de fondos
públicos.
Durante unos 100 días,
estructuras de gobierno comunitarias originarias —como la de los 48 cantones de
Totonicapán, los municipios de Sololá y Sacapulas, y sectores de los pueblos Ixil,
Ch’orti’, Xinka, Mam y Garífuna—, junto con organizaciones campesinas e
indígenas, se habían manifestado en las calles contra los intentos de los
órganos de justicia de anular las elecciones y declarar ilegal el
movimiento/partido de Arévalo.
La justicia social, el
desarrollo inclusivo, la lucha contra la corrupción y el rescate de las
instituciones democráticas eran los ejes centrales del programa electoral del
nuevo presidente. Temas que habían calado hondo y que lo habían llevado a ganar
ampliamente la segunda vuelta (agosto de 2023), a pesar de la baja
participación electoral (45%, con una reducción del 16% respecto a la primera
vuelta).
Un soplo de aire
fresco para una nación marcada por sangrientos conflictos armados, profundas
divisiones raciales y un modelo económico impuesto por las clases dominantes
(los ladinos). Un sistema fuertemente neoliberal, extractivista, agroexportador
y oligárquico que, aunque garantiza una gran estabilidad macroeconómica, genera
una profunda desigualdad social. Casi el 60% de la población vive por debajo
del umbral de pobreza (Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Vida – Encovi
2023), un porcentaje que se eleva al 75% entre la población indígena y que
alcanza picos del 90% en departamentos como Alta Verapaz (Instituto Nacional de
Estadística 2024).
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