Honduras, vuelve la ofensiva para privatizar zonas enteras del país

Las ZEDE permiten a empresas extranjeras administrar territorios con sus propias reglas, tribunales y sistemas fiscales. Los movimientos populares se movilizan contra la cesión de la soberanía nacional.

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri | LINyM 

Uno de los temas centrales que encendió las campañas electorales de 2021 y 2025 en Honduras, marcando una línea de fractura casi insanable en el país, fue sin duda el controvertido proyecto de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Durante años, los promotores de estos enclaves han pregonado promesas de empleo, desarrollo y bienestar para miles de familias que siguen viviendo, o mejor dicho, sobreviviendo, por debajo del umbral de la pobreza. Las raíces de esta compleja historia se remontan a 2011, cuando el Congreso Nacional modificó varios artículos de la Constitución hondureña para aprobar el reglamento de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), conocidas popularmente como «charter cities» o «ciudades modelo».

Ideadas y promovidas por el economista estadounidense Paul Romer, las RED encarnaban el sueño ultraliberalista de que vastas porciones del territorio nacional quedaran fuera de la jurisdicción estatal y contaran con un altísimo grado de autonomía. Estos feudos privados se ofrecían por tiempo indefinido al capital multinacional con el supuesto objetivo de generar empleo. Contra este sistema, surgido en un burdo intento por mitigar la profunda crisis política, económica y social que se desató tras el golpe de Estado cívico-militar de 2009, se movilizaron de inmediato organizaciones sociales, grupos espontáneos de ciudadanos, fuerzas políticas y juristas, contando con el apoyo de amplios sectores de la sociedad.

Se recolectaron firmas en todo el territorio nacional y se presentaron más de 50 recursos de inconstitucionalidad. Paralelamente, la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho acusó formalmente al entonces presidente Porfirio Lobo, al presidente del Congreso Juan Orlando Hernández y a nada menos que 126 diputados de traición a la patria.

Cuba, el asedio estadounidense se intensifica cada vez más

Las últimas y severas sanciones impuestas contra La Habana tienen como objetivo frenar cualquier intento de soberanía económica y golpear el sustento y la vida cotidiana de las familias cubanas

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri/LINyM

Cuba se encuentra nuevamente en la línea de fuego del imperialismo más obsoleto. Aunque las agresiones nunca han cesado, lo que se está viviendo en este tramo final de 2026 roza la perversidad más extrema. La maquinaria de Washington ha puesto en marcha una vez más sus engranajes de estrangulamiento. Las últimas y severas sanciones impuestas contra La Habana tienen como objetivo paralizar cualquier intento de soberanía económica y de derecho a la autodeterminación, afectando directamente el sustento y la vida cotidiana de las familias cubanas.

Esta inhumanidad no es un hecho aislado, sino la culminación de un bloqueo histórico que ya se arrastra desde hace casi siete décadas. Desde los primeros decretos punitivos, promulgados al día siguiente de la victoria revolucionaria y consolidados en 1962, la estrategia de Washington ha seguido la lógica colonial del memorándum Mallory: derrocar al gobierno de La Habana exasperando a la población mediante medidas destinadas a imponer privaciones materiales y a generar hambre y desesperación. A lo largo de los años, leyes restrictivas como la Helms-Burton han endurecido el asedio, causando un daño acumulado que hoy supera los 178 mil millones de dólares. Entre marzo de 2025 y febrero de 2026, las pérdidas superaron los 8 mil millones, con un aumento del 7% respecto al período anterior.

El asedio histórico se traduce hoy en un ataque diario contra sectores vitales. En el sector alimentario, la persecución financiera obstaculiza la compra regular de la canasta de productos de primera necesidad. En el sector de los servicios, la crisis del transporte se agrava debido a la imposibilidad de obtener repuestos, lo que paraliza la movilidad interna. Además, las medidas recientes implementadas —en particular, el bloqueo energético y de hidrocarburos impuesto a partir de enero de este año— equivalen a un verdadero bloqueo naval y a un acto de guerra no declarada.

Ataque criminal

El sector de la salud pública es, sin duda, uno de los objetivos más crueles. En los últimos 65 años, el daño causado por el bloqueo estadounidense en este sector supera los 4,2 mil millones de dólares (Minrex). Solo en el último año analizado, el impacto financiero directo fue de 268,5 millones. Para dar una idea del alcance de esta sanción, las autoridades cubanas destacan que las pérdidas totales causadas por el bloqueo en solo 25 días bastarían para financiar toda la lista de medicamentos esenciales durante un año (estimada en 339 millones de dólares). Del mismo modo, apenas 9 días de bloqueo equivalen al presupuesto total necesario para importar el material sanitario desechable para todos los hospitales.

Panamá: agentes infiltrados contra sindicatos y movimientos

Un expediente presentado ante la Fiscalía denuncia que al menos 24 agentes se infiltraron durante años en organizaciones sociales, lo que incluyó seguimientos, elaboración de perfiles y fabricación de acusaciones. En el contexto, la represión del gobierno de Mulino y el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos e Israel.

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri | LINyM

Mientras el gobierno del presidente José Raúl Mulino acelera la agenda neoliberal, impulsa la reactivación de megaproyectos extractivos y firma controvertidos acuerdos internacionales en materia de seguridad, desde las entrañas del Estado resurgen los métodos más oscuros de la doctrina de seguridad nacional.

Ese fantasma nunca del todo enterrado del antiguo G-2, el aparato de inteligencia de la dictadura militar, y la época de las «escuchas» telefónicas parecen hoy haber cambiado de apariencia. Incluso recurren a la elaboración de perfiles digitales y a la infiltración policial en los movimientos de oposición, pero conservan el mismo objetivo: criminalizar la disidencia y desarticular la resistencia popular.

A principios de septiembre, las organizaciones reunidas en la coalición Pueblo Unido por la Vida, respaldadas por defensores de los derechos humanos y organizaciones internacionales, rompieron el silencio y presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Las pruebas presentadas son tan detalladas como inquietantes: un voluminoso expediente que contiene fotografías, nombres, rangos, cargos y placas de identificación que revelarían el funcionamiento de una verdadera estructura clandestina estatal, dedicada al seguimiento, la infiltración y el sabotaje de los movimientos de oposición.

Según los portavoces de la coalición, los agentes identificados e infiltrados de manera generalizada en sindicatos, grupos estudiantiles, comunidades indígenas, campesinas y movimientos ambientalistas serían al menos 24, pero podrían llegar a ser el doble. No se trata, por lo tanto, de simples episodios aislados de vigilancia durante las marchas y las movilizaciones en las calles, sino de una persecución asfixiante, planificada y dirigida: fichaje de los líderes, rastreo de sus vehículos, monitoreo constante de sus viviendas y, lo que es aún más grave, el control sistemático de sus familiares más cercanos, incluidos ancianos y menores.

Panamá El abismo de Bocas del Toro

Los crímenes de la “Operación Omega”

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Quince meses después del inicio de la tenebrosa “Operación Omega”, que desembocó en una serie de graves violaciones a los derechos humanos, la situación en Bocas del Toro sigue siendo extremadamente complicada.

Entre el 20 y el 30 de junio de 2025, el paro de labores en las plantaciones de banano de Chiquita Brands fue reprimido con extrema violencia. La crisis culminó con el despido de más de 5.000 trabajadores.

Durante la denominada “Operación Omega”, la represión policial alcanzó niveles brutales: se registraron más de 300 detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales de viviendas, decenas de heridos y múltiples denuncias de tortura y abuso sexual contra mujeres, además del fallecimiento de dos personas.

Según investigaciones independientes, la cifra de víctimas fatales hasta podría ser mayor. Sin embargo, el operativo policial, que incomunicó a la población y militarizó la zona durante varios días, ha dificultado la verificación y el esclarecimiento total de los hechos.

Guatemala, el cambio traicionado de Arévalo

Desde la victoria de 2023 hasta las promesas incumplidas: el presidente no logró romper el poder del «pacto de los corruptos» ni construir una relación estable con los movimientos que lo habían apoyado. A menos de un año de las elecciones, crecen el desencanto, las protestas y los temores ante el regreso de las oligarquías

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri 

La victoria electoral de Bernardo Arévalo y su Movimiento Semilla en junio de 2023 había despertado en gran parte de la población la esperanza de que fuera posible una Guatemala menos desigual. A su lado se había movilizado parte de la población urbana y rural para defender una victoria que el llamado «pacto de los corruptos» quería frenar a toda costa. Este último es una alianza informal, transversal e impune de poder político, económico, judicial y militar, cuyo objetivo es la cooptación de las instituciones, el control del país y el saqueo de fondos públicos.

Durante unos 100 días, estructuras de gobierno comunitarias originarias —como la de los 48 cantones de Totonicapán, los municipios de Sololá y Sacapulas, y sectores de los pueblos Ixil, Ch’orti’, Xinka, Mam y Garífuna—, junto con organizaciones campesinas e indígenas, se habían manifestado en las calles contra los intentos de los órganos de justicia de anular las elecciones y declarar ilegal el movimiento/partido de Arévalo.

La justicia social, el desarrollo inclusivo, la lucha contra la corrupción y el rescate de las instituciones democráticas eran los ejes centrales del programa electoral del nuevo presidente. Temas que habían calado hondo y que lo habían llevado a ganar ampliamente la segunda vuelta (agosto de 2023), a pesar de la baja participación electoral (45%, con una reducción del 16% respecto a la primera vuelta).

Un soplo de aire fresco para una nación marcada por sangrientos conflictos armados, profundas divisiones raciales y un modelo económico impuesto por las clases dominantes (los ladinos). Un sistema fuertemente neoliberal, extractivista, agroexportador y oligárquico que, aunque garantiza una gran estabilidad macroeconómica, genera una profunda desigualdad social. Casi el 60% de la población vive por debajo del umbral de pobreza (Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Vida – Encovi 2023), un porcentaje que se eleva al 75% entre la población indígena y que alcanza picos del 90% en departamentos como Alta Verapaz (Instituto Nacional de Estadística 2024).

Honduras, el laboratorio latinoamericano del eje Israel-Estados Unidos

Armas, servicios de inteligencia, vigilancia digital y control de la información. Con el regreso de la derecha al poder, Tegucigalpa vuelve a ser una plataforma estratégica para Washington y Tel Aviv en el continente

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri

La ofensiva israelo-estadounidense para redefinir el futuro de América Latina y el Caribe no es solo política y económica, sino que se basa en un despliegue militar y tecnológico muy variado. Esta estrategia combina la presencia masiva de tropas, bases operativas, cuasi-bases («lily-pad bases»), instalaciones de seguridad, infraestructuras no declaradas, venta de armas y envío de asesores e instructores, con una guerra de quinta generación (5GW) cada vez más sofisticada. Se trata de un conflicto híbrido y asimétrico, basado principalmente en la desinformación, la vigilancia y el seguimiento masivo, la manipulación cognitiva y psicológica, la alteración de la percepción de la realidad y la guerra cibernética.

Como explica el analista político internacional Marco Consolo: «Desde hace tiempo, la presencia israelí ya no se limita a la venta de armas. En los últimos años se ha ampliado al uso del Big Data para manipulaciones electorales o golpes de Estado digitales, al desarrollo y la comercialización de software espía, sistemas y operaciones de inteligencia, instrumentos de vigilancia digital masiva y plataformas de análisis algorítmico utilizadas tanto por gobiernos como por actores privados» (Israel y América Latina: las relaciones peligrosas II, agosto de 2026).

El objetivo sigue siendo garantizar los intereses del capital multinacional estadounidense e israelí, acaparando el control de los recursos estratégicos y los corredores logísticos, además de frenar la expansión china en los sectores de las tierras raras, los minerales críticos, las infraestructuras, las tecnologías y el extractivismo. Al mismo tiempo, la estrategia pretende bloquear, a toda costa y por cualquier medio, los procesos de integración e independencia latinoamericanos y la configuración de fuerzas políticas y sociales de resistencia al modelo neoliberal extractivista.

¿Justicia o juicio farsa?

Expresidente Hernández volvió al país supuestamente para enfrentarse a la justicia

Por Giorgio Trucchi | LINyM 

El 26 de julio, el expresidente Juan Orlando Hernández regresó a Honduras como "hombre libre". Había sido detenido y extraditado a Estados Unidos cuatro años antes, donde recibió una sentencia a 45 años de cárcel por narcotráfico y posesión ilegal de armas. 

Este retorno fue posible gracias a un indulto presidencial (lo cual no implica inocencia, sino todo lo contrario) otorgado por el mandatario estadounidense Donald Trump, cuando faltaban menos de 48 horas para las elecciones en Honduras.

Esta y otras medidas de abierta injerencia se sumaron al burdo fraude electoral que devolvió el bipartidismo tradicional al poder. En tan sólo siete meses, el conservadurismo bicéfalo hondureño ha retomado el control absoluto de las instituciones y ha profundizado el modelo neoliberal extractivista.

Este retroceso pone nuevamente en venta la soberanía y el territorio nacional, concentra la riqueza en pocas manos y dispara la desigualdad social, precarizando aún más la mano de obra y el mercado laboral y elevando los niveles de confrontación y represión.

Matanza de mujeres en Honduras

Ocho muertes violentas en 24 horas

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA 

Trágico fin de semana en Honduras donde al menos ocho mujeres han sido asesinadas. De esta manera el país centroamericano ratifica su dramático liderazgo al registrar la tasa de incidencia relativa de feminicidios más alta de América Latina y una de las más elevadas a nivel mundial.

De acuerdo con las primeras informaciones brindadas por las autoridades policiales, Mayra Villanueva, Rosa Miranda, Rosario Benítez, Sandra Espinoza, Pedrina Bonilla, Ana Carolina Larios, Erika López y Suheily Aguilar serían las mujeres asesinadas entre el 8 y 9 de agosto en diferentes departamentos del país.En los primeros seis meses de 2026, el Observatorio del Centro de Derechos de Mujeres (Cdm) registró 148 muertes violentas de mujeres, una cada 29 horas. Con estos últimos trágicos eventos, la cifra total ya habría superado los 160 femicidios en lo que va del año.

En 2025, en Honduras fueron asesinadas 262 mujeres y se registraron 936 agresiones, entre ellas 412 delitos sexuales contra mujeres y niñas. Las denuncias por violencia doméstica ascendieron a 41.895 y las de maltrato familiar a 48.642.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), son 8.540 las mujeres asesinadas en el país en poco más de dos décadas, una cada 25 horas.

La impunidad afecta a más del 95 por ciento de las muertes violentas de mujeres.

Fueron crímenes contra la humanidad

Organización de derechos humanos presentó más de cien denuncias sobre represión en Bocas del Toro

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

El 2025 fue uno de los años más duros para la población y comunidades indígena ngäbe buglé de Bocas del Toro. Las protestas y el paro de labores en las plantaciones de banano de la brasileña Chiquita fueron salvajemente reprimidas y más de 5000 trabajadores fueron despedidos. Un año después, la impunidad reina.

“La operación Omega se desarrolló entre el 20 y 30 de junio del año pasado. La gente quedó totalmente incomunicada y en absoluta indefensión. La represión fue brutal. Ya en julio mandamos a una comisión investigadora a la zona”, dijo a La Rel, Jorge Guzmán, directivo de la Coordinadora popular de derechos humanos de Panamá (Copodehupa).

Todo fue planeado en los mínimos detalles. Primero incomunicaron a la población, luego militarizaron la zona con fuerzas especiales y hasta intentaron tomarse el estadio de Changuinola para instalar una base operativa y un centro de detención. La gente reaccionó e hizo fracasar el intento.

“En respuesta, el gobierno decretó el estado de urgencia y levantó las garantías constitucionales para frenar de alguna manera las protestas. Y desencadenó la represión”, recuerda Guzmán.

Panamá: El pueblo sigue movilizado contra la minería

Cinco proyectos mineros fracasados en las últimas décadas

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

En los últimos meses en Panamá se ha reactivado la movilización social contra el intento del presidente José Raúl Mulino de reactivar, bajo la figura disfrazada de asociación público-privada, el inconstitucional proyecto minero Cobre Panamá.

En 1997, el gobierno panameño otorgó una concesión a la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para extraer principalmente cobre, pero también oro, plata y molibdeno en la localidad de Donoso. Veinte años después, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional dicho contrato.

Sucesivamente, el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) estipuló un nuevo contrato, la Ley 406, obviando el fallo judicial, lo cual desató una fuerte protesta popular que fue reprimida abruptamente.

A finales de 2023, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la nueva ley, paralizando nuevamente el proyecto. Sin embargo, la llegada de Mulino a la presidencia marca una nueva ofensiva extractivista.

Panamá: una Constitución para asegurar el neoliberalismo

Entre la represión social, los intereses de las oligarquías y la subordinación a Washington, el gobierno acelera la reforma del Estado. Los sindicatos y la oposición denuncian el intento de hacer irreversible el modelo neoliberal y abrir el país a la remilitarización estadounidense.

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri 

A principios de su tercer año de mandato, el presidente panameño José Raúl Mulino reanuda enérgicamente una propuesta lanzada el año pasado: reformar la Constitución para agilizar un Estado excesivamente burocrático y luchar contra la infiltración del crimen organizado y la corrupción estructural. Sin embargo, al analizar los primeros dos años de su administración y tener en cuenta el papel de Panamá en el tablero geopolítico y geoestratégico de América Latina, se multiplican los rumores de que detrás de la aceleración impulsada por Mulino habría mucho más.

“Fueron dos años de profunda represión, durante los cuales se impusieron el autoritarismo y la persecución violenta, tanto física como judicial. Basta con ver lo que pasó con los trabajadores organizados del sector docente, los de la construcción y de las plantaciones de bananos de Chiquita, tras su participación en las protestas y huelgas del año pasado”, explica la activista social y excandidata presidencial Maribel Gordón a Pagine Esteri.

Muertes, lesiones, suspensión de los derechos constitucionales, violencia sexual contra las mujeres, despidos masivos, denuncias, juicios, encarcelamiento y exilio fueron las respuestas del gobierno a la protesta social.

Contra Cuba y los que no se someten

Se profundiza la ofensiva estadounidense en América Latina y el Caribe

Por Giorgio Trucchi | LINyM 

“Cree el ladrón que todos son de su condición”. Con ese lema respondió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel al informe de cien páginas del Departamento de estado norteamericano (léase Marco Rubio), donde la administración Trump vuelve a arremeter contra la más grande de las Antillas, adelantándose a una nueva oleada de sanciones que se sumarán al pluridecenal y criminal bloqueo económico, comercial y financiero, al más reciente bloqueo energético, así como a las falsas acusaciones de estar vinculada al terrorismo internacional.

De forma resumida, el informe “Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI” acusa a La Habana de haber estado impulsando una campaña sostenida de espionaje, infiltración y subversión ideológica durante casi siete décadas. Además, señala supuestos vínculos con la izquierda radical estadounidense y mundial, de estar fortaleciendo alianzas estratégicas con China y Rusia, incluyendo la presencia de instalaciones militares y de inteligencia. Asimismo, asegura que Cuba estaría apoyando y fomentando, dentro y fuera del territorio estadounidense, diferentes formas de “terrorismo de izquierda". Por todo esto, Cuba sigue representando una grave amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El informe fue publicado pocos días después de una cumbre, encabezada por el mismo Rubio y que contó con la participación de ministros de unos 60 países alineados con los intereses estadounidenses, sobre la resurgencia del terrorismo político de extrema izquierda. Ya en aquella ocasión, Cuba fue presentada como “articuladora histórica de movimientos terroristas”.

No cabe duda que, además de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, el supuesto combate contra el terrorismo se ha convertido en la nueva cruzada para la persecución política a nivel global.

América Latina: una mujer asesinada cada dos horas

La derecha responde con un populismo punitivo

Por Giorgio Trucchi |Pagine Esteri

En los últimos cinco años, la región ha registrado más de 19.000 feminicidios. Honduras y Guatemala se encuentran entre los países más afectados, mientras que más del 90% de las muertes violentas quedan impunes. Las organizaciones feministas denuncian la ineficacia del endurecimiento de las penas y reclaman prevención, investigaciones eficaces y políticas integrales contra la violencia de género.

El Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas ha registrado 19.254 feminicidios en los últimos cinco años, es decir, 11 muertes violentas de mujeres por motivos de género al día, una cada dos horas.

En 2024, 14 de los 25 países con las tasas de incidencia relativa de feminicidios más altas del mundo se encuentran en América Latina y el Caribe (ONU Mujeres y CEPAL), encabezados por Honduras, con 4,7 víctimas por cada 100.000 mujeres, Guatemala (1,9) y la República Dominicana (1,7). Todo ello sin tener en cuenta el enorme subregistro de datos, debido principalmente al miedo o a la imposibilidad de denunciar y, muy a menudo, a la falta de confianza en las fuerzas de seguridad y en los operadores de justicia, considerados indiferentes, arrogantes o, incluso, cómplices de los delincuentes.

Estas cifras superan con creces la media ponderada de la región, que oscila entre 1 y 1,3 casos por cada 100.000 mujeres. Brasil y México encabezan la lista de países con el mayor número absoluto de feminicidios, con 1.568 y 768 asesinatos, respectivamente (2025). El 42% de los ataques mortales los comete la pareja o la ex-pareja, y el entorno doméstico constituye el principal foco de riesgo, en particular para las mujeres de entre 21 y 30 años (22% de los feminicidios).

Cuba y la fábrica de la disidencia

El ataque de Anna Bensi a Gerardo Hernández y la construcción de la oposición cubana por parte de Washington.

Por Federica Cresci | Cuba Mambí – Grupo de Acción Internacionalista

En los últimos días, una joven influencer cubana, Anna Bensi, ha quedado en el centro de una polémica con Gerardo Hernández, uno de los Cinco Héroes Cubanos. La joven, conocida en las redes sociales por sus posiciones anticubanas y anticastristas, fue rápidamente promocionada por los principales medios del exilio cubano en Miami y respaldada por los sectores políticos que desde hace años impulsan la oposición al gobierno de La Habana.

La controversia surgió a raíz de acusaciones dirigidas contra Gerardo Hernández y pronto se convirtió en un caso mediático. Más allá de la polémica en sí, el episodio ofrece una oportunidad para reflexionar sobre un fenómeno mucho más amplio: el papel desempeñado por los medios de comunicación, las organizaciones y los programas financiados por Estados Unidos en la construcción de la oposición cubana durante las últimas décadas.

De hecho, esta última polémica entre Anna Bensi y Gerardo Hernández remite a un mecanismo político que opera desde hace más de sesenta años contra la Revolución cubana y que continúa reproduciéndose con rostros, instrumentos y lenguajes diferentes.

Honduras, un golpe que no debemos olvidar

Se cumplen 17 años de la ruptura democrática

por Giorgio Trucchi | Rel UITA

“Fue un golpe contra los procesos emancipatorios instalados tanto en Honduras como en el resto de América Latina y el Caribe. La lucha del pueblo hondureño va más allá de luchar por Honduras” (Berta Cáceres 2009).

Este 28 de junio se cumplieron 17 años del inicio de la resistencia popular contra el golpe cívico-militar de Estado que en 2009 derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya e instaló 12 años de narcogobierno, que culminaron con la condena a 45 años de cárcel en Estados Unidos del ex presidente Juan Orlando Hernández por crímenes relacionados con el narcotráfico.

Más de una década de quiebre democrático que profundizó el modelo neoliberal extractivista, privatizando lo público, desregulando el mercado laboral, precarizando aún más el trabajo, arrasando con tierra, territorios y bienes comunes, concentrando la riqueza en pocas manos, militarizando el país, persiguiendo, obligando al exilio, encarcelando y asesinando a cientos de opositores.

Los derechos laborales bajo ataque: el avance global de la represión antisindical

El nuevo Índice Global de Derechos de la CSI refleja un empeoramiento generalizado

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri 

Prohibición de huelgas, sindicalistas detenidos, protestas reprimidas y reformas neoliberales que desmantelan las protecciones laborales y la negociación colectiva. Desde las Américas hasta Europa, el mundo laboral vuelve a estar en el punto de mira de gobiernos autoritarios y ultraconservadores.

La Confederación Sindical Internacional (CSI - ITUC) denuncia en su Índice Global de Derechos 2026 un aumento de cinco puntos porcentuales en las violaciones de la libertad de expresión y de reunión, de seis puntos en los casos de agresiones violentas y de tres puntos en los ataques a las libertades civiles —en particular, detenciones y arrestos— contra trabajadores, trabajadoras y sindicalistas.

Publicado por primera vez en 2014, el informe anual de la CSI analiza la situación de los derechos sindicales y laborales en 151 países. En el análisis del año pasado se pusieron de manifiesto tres tendencias: la persecución de los dirigentes sindicales, el uso de sistemas de vigilancia para controlar al personal y rastrear las actividades sindicales, y la falta de consulta a los representantes de los trabajadores en los procesos de reforma de la legislación laboral.

Cuba, la convocatoria «Vivir con Libertad y Prosperidad»

Embajada de Estados Unidos en La Habana institucionaliza la injerencia contra la soberanía, el pueblo y el proceso revolucionario cubano           

Por Federica Cresci | Grupo de Acción Internacionalista Cuba Mambí

Hay momentos en los que ya no es posible limitarse a observar y guardar silencio. Lo publicado en estos días por la página oficial de Facebook de la Embajada de Estados Unidos en La Habana merece una reflexión seria, profunda y, sobre todo, una clara toma de posición política.

La embajada estadounidense ha difundido un mensaje público mediante el cual presenta una convocatoria denominada «Vivir con Libertad y Prosperidad», acompañada de una propuesta destinada a financiar proyectos e iniciativas dirigidas a personas y organizaciones presentes en Cuba. 

El mensaje se introduce a través de tres objetivos declarados: promover la libertad, crear prosperidad y favorecer el acceso a la información.

A primera vista, algunos podrían incluso considerar estas palabras inocuas. En realidad, son precisamente estas tres afirmaciones las que contienen el núcleo del problema.

Blindan sectores agroindustrial, turístico y energético

Organizaciones denuncian graves impactos sobre reclamo histórico de acceso a la tierra

Por Giorgio Trucchi | LINyM 

Con el voto mayoritario del bipartidismo impulsor del modelo neoliberal extractivista, el pasado 3 de junio el Congreso Nacional aprobó la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. Una semana después, los legisladores aportaron cambios sustanciales a la normativa para que beneficiara también al turismo y energía. 

Para el movimientos social y popular, la nueva normativa abre la puerta a más criminalización y persecución. Para la oposición política, la extensión del alcance de la ley altera y amplía los beneficios de la normativa hacia otros rubros, violando flagrantemente la normativa legislativa.

Entre los puntos clave, la nueva ley[1] declara las actividades  agroindustriales y los proyectos turísticos y energéticos como de orden público, interés y prioridad nacional, al tiempo que proclama la inafectabilidad de los terrenos destinados a proyectos de dichos sectores y los "protege" frente a procesos de reforma agraria o causas de utilidad pública.

El despiadado crimen contra el pueblo cubano

Estados Unidos profundiza el bloqueo y redobla las amenazas

Por Giorgio Trucchi | LINyM 

El pasado 6 de junio marcó el inicio de una nueva etapa de profundización del criminal e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto desde hace más de seis décadas por las administraciones estadounidenses contra Cuba.

El nuevo paquete de sanciones (orden ejecutiva 14404) anunciado por la administración Trump prevé la inclusión en la lista de “Nacionales Especialmente Designados” (SDN, por sus siglas en inglés)[1] del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, de algunos de sus familiares, así como de familiares del líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, ministros del gabinete de gobierno y altos mandos de las Fuerzas Armadas cubanas. 

Asimismo, sanciona a empresas públicas e instituciones, entre otras, la financiera estatal FINCIMEX, el conglomerado empresarial GAESA y Gaviota, la agencia estatal Amistur Cuba S.A., consorcios de minería (Moa Nickel S.A.), el Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Los impactos han sido inmediatos. Para evitar las sanciones secundarias impuestas por Washington, el banco privado extranjero encargado de procesar los pagos internacionales rompió sus lazos con FINCIMEX, lo cual generó la suspensión total de las operaciones de las tarjetas internacionales Visa y Mastercard.

Por el mismo temor, grandes cadenas hoteleras como Meliá, Iberostar y Blue Diamond están acelerando su salida de la isla. Lo mismo están haciendo varias aerolíneas extranjeras, golpeando aún más el turismo, uno de los sectores clave impulsores de la generación de divisas.

El modelo Bukele a prueba en su séptimo año

Entre ingeniería constitucional y propaganda securitaria

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri

El férreo control de las instituciones y el giro autoritario en El Salvador ocultan, tras el espejo de la propaganda, un grave retroceso en materia de derechos humanos y un dramático balance económico marcado por la pobreza y el endeudamiento neoliberal.

Para sorpresa de todos, el presidente salvadoreño Nayib Bukele decidió sustituir el clásico informe en la Asamblea Legislativa sobre su gestión de Gobierno por una retransmisión en cadena dedicada a la inauguración del nuevo Hospital Rosales. Este 1 de junio, por tanto, no hubo balance político de sus siete años de gobierno, ni anuncios sobre las prioridades de la acción gubernamental para 2026, sino solo la presentación de una obra que, según el presidente, dará inicio a una transformación de la salud pública.

Bukele ha iniciado así su octavo año al frente de El Salvador, el tercero de su segundo mandato (2024-2029), al que, recordemos, sólo pudo postularse gracias a una interpretación excesivamente flexible por parte de la Sala Constitucional de un artículo que prohibía el doble mandato presidencial consecutivo. Gracias a una abrumadora mayoría parlamentaria y al control casi total de las instituciones, Bukele impuso luego una serie de reformas constitucionales, entre ellas la reelección presidencial indefinida y la ampliación del mandato de 5 a 6 años.

Yo quiero Vida (tráiler)

Pronto se va a estrenar un nuevo documental sobre la lucha en Honduras de cinco comunidades que defienden los bienes comunes y la vida misma. 

Aquí la sinopsis y el trailer.

"Somos 5 comunidades que defendemos heróicamente el agua, los bosques, la vida. En Honduras, proteger los bienes comunes se paga con cárcel, despojo, persecución y sangre. Pero la tierra no se negocia, Ella arropa a nuestros ancestros y sostiene nuestras vidas" (Paisku Films y C al Cubo Films) 

Vuelve la represión: violencia, militarización y guerra contra los movimientos sociales

La masacre de veinte campesinos en el Bajo Aguán reaviva los señalamientos contra un Estado al que se le acusa de proteger a la agroindustria, a los terratenientes y a los intereses criminales

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri /LINyM

 Superado el plazo simbólico de los 100 días, el gobierno de Nasry Asfura, respaldado por una sólida mayoría parlamentaria bipartidista, está confirmando las peores previsiones. Además de avanzar en el control férreo de las instituciones y abrir nuevamente a la subasta de territorios y al saqueo de los bienes comunes, los primeros tres meses de gobierno también sirvieron para afianzar los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y para lanzar nuevos ataques contra las oposiciones políticas y sociales.

Se trata de una reedición 2.0 del gobierno del indultado Juan Orlando Hernández, a la espera de su regreso a Honduras para asumir el papel estratégico encomendado por Trump. En un contexto en el que se debilitan las instituciones, se extienden las prácticas corruptas y se allana el camino a las organizaciones criminales, se intensifica la campaña mediática de estigmatización y criminalización de la oposición y se promueve la militarización de la sociedad y los territorios, el resultado no puede ser otro que el aumento de la represión y la violencia homicida.

Bolivia sale a las calles contra la restauración neoliberal

Protestas en todo el país

Por Giorgio Trucchi | LINyM

Tres semanas de alzamiento popular en Bolivia con paros de labores, movilizaciones y bloqueos de carreteras que involucran a pueblos originarios, campesinos, obreros fabriles, mineros, maestros y juventudes, en rebelión contra las políticas neoliberales impuestas por el presidente Rodrigo Paz Pereira. Exigen su renuncia.

Este 19 de mayo, poco más de seis meses después de asumir Paz el mandato presidencial, el país amaneció con decenas de cortes de carreteras en al menos seis departamentos (La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz). La protesta, que involucra a amplios sectores de la sociedad boliviana, es contra una serie de medidas de ajuste económico que afectan principalmente a los sectores más vulnerables de la nación.

A través de decretos y reformas presupuestarias, como el decreto 5503, se paralizaron los subsidios (como el de combustibles), se recortó drásticamente el gasto público y se planea reducir el Estado (congelamiento de salarios y nuevas contrataciones), se adoptaron medidas para desregular aún más el mercado, entregando tierra, territorios y bienes comunes al capital transnacional.

La expansión militar estadounidense en América Latina

El refuerzo de la presencia militar estadounidense, entre bases aéreas y puestos avanzados marítimos, marca una nueva fase de injerencia política encubierta bajo la lucha transnacional contra el crimen organizado

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri/LINyM

Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial del año pasado alcanzó la cifra récord de 2,88 billones de dólares, con un aumento del 2,9% y una incidencia del 2,5% sobre el PIB mundial. Estados Unidos sigue siendo el país con mayor presupuesto militar (954.000 millones de dólares), seguido de China y Rusia. Juntos representan el 51% del gasto militar mundial, que en 2024 creció un 9%. Mientras tanto, el índice S&P Aerospace & Defense Select Industry ha crecido un 43% en el último año. Cinco de los seis primeros puestos entre las 100 empresas armamentísticas más importantes del mundo están ocupados por capital estadounidense, y las 40 empresas estadounidenses que forman parte de esta clasificación representan el 49% de las ventas globales, generando ingresos por valor de 334.000 millones de dólares.

En un contexto de gran expansión del gasto militar y de los beneficios vinculados a la producción y venta de armas, Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos por recuperar el control de lo que sigue considerando su «patio trasero», con una reedición trumpiana 2.0 de la Doctrina Monroe, ya rebautizada como Donroe. Iniciativas como el Escudo de las Américas, la militarización del Caribe, el endurecimiento del bloqueo y las amenazas de invasión contra Cuba, la incursión en Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores, así como las amenazas y represalias contra aquellos gobiernos que reivindican el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la defensa de la soberanía, son un ejemplo de la estrategia puesta en marcha por Washington, con el apoyo de Israel y del ultraconservadurismo estadounidense y latinoamericano. También las maniobras para posicionar a Honduras y a su expresidente Juan Orlando Hernández como cabezas de puente del proyecto hegemónico estadounidense forman parte integrante de esa misma estrategia.

Los audios que revelan el plan de Trump y Netanyahu para la colonización de América Latina

Las grabaciones confirman el proyecto para transformar la región en un enclave extractivista basado en cárceles inhumanas y en la manipulación religiosa, financiado con fondos públicos

 

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri / LINyM 

 

Se trata de un auténtico plan estratégico para recuperar territorios, imponer, incluso por la fuerza, una política expansionista cada vez más agresiva y un modelo económico neoliberal extractivista, el que diseñaron la administración MAGA (Make America Great Again) y el gobierno de Netanyahu para América Latina, con el apoyo del argentino Javier Milei y con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández —condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por tráfico de drogas y posteriormente indultado por Trump— como cabeza de puente. 

El objetivo inmediato es frenar la expansión y el dominio chino en la elaboración de minerales críticos —controla alrededor del 85% del refinado de tierras raras del mundo— interviniendo en las zonas de mayor incidencia, como es el caso de la región latinoamericana. Pero también recuperar el protagonismo y el control hegemónico en el «patio trasero» y desestabilizar a los gobiernos y partidos progresistas y de izquierda. Corrupción, chantajes, dinero a chorros drenado del Estado, represión y violencia homicida, campañas de difamación y linchamiento mediático son las herramientas adoptadas por la estrategia trumpiana.

Esto es lo que revelan los 37 audios publicados por Canal RED y Hondurasgate en los últimos días, que dibujan un escenario cada vez más inquietante para la población latinoamericana. 

Las maniobras de Estados Unidos e Israel para controlar Honduras

El indulto otorgado por Washington al expresidente Hernández, condenado a 45 años de cárcel por tráfico de drogas, tendría como objetivo favorecer a empresas estadounidenses e israelíes

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri

El pasado 26 de noviembre, a pocos días de las elecciones y en pleno silencio electoral, un primer mensaje en Truth del presidente estadounidense Donald Trump trastornó el delicado equilibrio de un ambiente ya de por sí incierto y tenso. Apegándose al mismo guión usado con Javier Milei en Argentina, el gobernante ratificó el respaldo de Washington al ultraconservador Nasry «Tito» Asfura (Partido Nacional), al tiempo que demonizó a la candidata progresista Rixi Moncada (Partido Libertad y Refundación – Libre) y al otro miembro del bipartidismo tradicional, Salvador Nasralla (Partido Liberal).

«La democracia será puesta a prueba en las próximas elecciones en Honduras. ¿Conseguirán Maduro y sus narcotraficantes apoderarse de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? El hombre que defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura (…) y su principal adversaria es Rixi Moncada, quien declara tener a Fidel Castro como ídolo (…) Los comunistas están tratando de engañar al pueblo con un tercer candidato, Salvador Nasralla, que no es amigo de la libertad (…) Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo hondureño», escribió Trump.

El 28 de noviembre, a pocas horas de la votación, el tycoon subió la apuesta con nuevas amenazas y un anuncio impactante: la concesión del indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas. En concreto, Hernández había sido acusado y posteriormente condenado en Estados Unidos por participar en «una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína (unas 500 toneladas)». En la práctica, utilizaba a policías y militares para proteger los cargamentos que se enviaban a Estados Unidos, extraditaba a los narcotraficantes rivales y protegía a sus cómplices, entre ellos el cártel de Sinaloa. Con los sobornos que recibía financiaba campañas políticas y electorales.

El cerco de Washington sobre Cuba: la ofensiva de Trump y Rubio entre bloqueo y amenazas de invasión

Desde la asfixia energética hasta el chantaje armamentístico, la estrategia de tierra quemada para quebrantar el pulso soberano de la isla

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri - LINyM 

Durante los primeros meses de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio intensificaron la retórica agresiva y las acciones concretas contra el Gobierno cubano. Pocos días después de la invasión de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la diputada y «primera combatiente» Cilia Flores, Trump amenazó con represalias económicas contra quienes suministraran petróleo a la isla. 

 

La nueva medida, una de las muchas adoptadas por Washington que van en contra del derecho internacional, ha contribuido de hecho a generar una de las crisis energéticas más graves de las últimas décadas, lo que se suma a las ya precarias condiciones generadas por el bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por Estados Unidos desde hace más de seis décadas.

Los daños causados por el bloqueo ascenderían a unos 171 mil millones de dólares. Solo en 2024 superaron los 7.500 millones, es decir, 625 millones por mes, casi 21 millones por día y más de 868.000 dólares por hora. Un incremento cercano al 50 % respecto al año anterior, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, durante una reciente intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los MAGA intentan apropiarse de América Latina con el "escudo" de Trump

La lucha contra el narcotráfico y la alianza con los gobiernos ultra conservadores sólo sirven para enmascarar la militarización estadounidense de América Latina

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri

El 7 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y doce mandatarios de América Latina y el Caribe se reunieron en Doral, condado de Miami-Dade, Florida, dando vida a lo que se conoce como "Escudo de las Américas" (Shield of the Americas).

La proclama firmada por los trece gobernantes, entre ellos Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Nasry Asfura (Honduras) y José Raúl Mulino (Panamá), prevé un trabajo de coordinación para privar a los "cárteles criminales y a las organizaciones terroristas extranjeras de todo control territorial y acceso a financiamiento o recursos". Estados Unidos entrenará y movilizará a las fuerzas armadas de los países asociados para desmantelar a dichas organizaciones criminales. Entre los objetivos también está "mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas de fuera del hemisferio occidental".

Para esta pseudo-cruzada contra el narcoterrorismo, como a Trump le gusta llamarlo, Estados Unidos impulsa una especie de plan de cooperación militar multilateral con gobiernos ultraconservadores, abiertamente alineados con el trumpismo y los intereses geopolíticos y geoestratégicos de Washington. En todo esto, la lucha contra el narcotráfico tiene poco o nada que ver y el hecho de no invitar a países política y económicamente poderosos, como son Brasil, Colombia y México, cuyos gobiernos no siguen servilmente las órdenes norteamericanas, lo confirma.

Las elecciones en el punto de mira: «Un fraude sistémico para recuperar el poder»

Habla Marlon Ochoa, del Consejo Nacional Electoral, quien denuncia fraudes generalizados, injerencias extranjeras y una estrategia para excluirlo de las instituciones. «Quieren impedirme investigar y silenciar a quienes se oponen»

Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri/LINyM

Las elecciones del pasado 30 de noviembre en Honduras pasarán a la historia por la enorme cantidad de irregularidades denunciadas, así como por los descarados actos de injerencia extranjera que han vulnerado la libertad de voto y viciado el resultado final de las urnas.

Cientos de miles de votos que nunca se contaron, actas electorales impugnadas y nunca verificadas, recursos nunca resueltos, se suman a la falta de medidas de seguridad biométricas en la mayoría de los centros de votación, al pirateo del sistema de transmisión de los resultados preliminares, a las repetidas y prolongadas caídas del sistema de conteo y de la página del escrutinio en línea.

Si a esto le sumamos la injerencia agresiva de Washington en las horas previas a la votación, indicando por quien había que votar y cuáles serían las consecuencias en caso de victoria de la candidata progresista Rixi Moncada (Libertad y Refundación – Libre), y las amenazas del crimen organizado para favorecer al mismo candidato, es evidente que nos encontramos ante unos resultados electorales fuertemente condicionados y que no respetan en absoluto la voluntad popular. Una situación denunciada en repetidas ocasiones por Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros del máximo órgano electoral.