Por Giorgio Trucchi | LINyM
Este 12 de enero, a menos de dos meses de cumplirse 10 años del crimen contra la lideresa indígena y luchadora popular Berta Cáceres, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó un informe con los resultados de una larga y compleja investigación, que incluye hallazgos respecto a los actores responsables de la planificación, financiamiento y ejecución del asesinato, así como recomendaciones para garantizar justicia y reparación.
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Para ese crimen, en noviembre de 2024, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras resolvió confirmar las sentencias emitidas contra siete de los ocho responsables del crimen [1], con penas de entre 30 y 50 años de prisión.
Para David Castillo, coautor del asesinato, ex presidente de la empresa Desarrollos Energéticos SA (Desa) y ex miembro de la inteligencia de las Fuerzas Armadas hondureñas, la Sala decidió modificar las agravantes y reducir la pena de 22 años y 6 meses. Además, Castillo sumó otros 5 años por fraude relacionado con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque.
El GIEI se instaló en Honduras el 14 de febrero de 2025, como resultado de un acuerdo entre la Comisión interamericana de derechos humanos (Cidh), el Estado de Honduras en el marco del gobierno de Xiomara Castro, el Copinh y el Centro por la justicia y el derecho internacional (Cejil). Tanto el Copinh como familiares de Berta Cáceres gozan de medidas cautelares otorgadas por la misma Cidh.
Muchos son los hallazgos de la investigación de los tres expertos [2] que integraron el GIEI.
Crimen empresarial
En primer lugar, el informe subraya que el asesinato de Berta Cáceres fue algo prevesible y prevenible. "Las autoridades no activaron mecanismos de prevención, no ampliaron interceptaciones, ni ejecutaron detenciones oportunas. Esta inacción, frente a un 'hallazgo inevitable', constituye una violación grave del deber de debida diligencia", aseguran los expertos.
Además se determina que el crimen contra la luchadora popular fue precedido por múltiples operaciones de inteligencia ilegal, seguimiento sistemático y planificación logística, y que fue financiado con recursos provenientes del proyecto hidroeléctrico, desembolsados por bancos internacionales de desarrollo, específicamente del Banco centroamericano de integración económica (Bcie) y del Banco de desarrollo de los Países Bajos (Fmo), y desviados de su finalidad original.
De un total de 18.5 millones de dólares, casi 12.5 millones (67% de los recursos) fueron desviados o manejados de forma irregular. "Se identificó un patrón sistemático de desvío de fondos, caracterizado por transferencias internacionales injustificadas, conversión de fondos bancarizados en efectivo, uso recurrente de empleados de bajo rango como cobradores de cheques y fragmentación de montos para evadir los controles antilavado de las instituciones financieras".
Este circuito financiero, explica el GIEI, habría permitido pagar a los sicarios y costear la logística previa y posterior al asesinato de Berta Cáceres. Por eso, los tres expertos concluyen que "constituyó un crimen empresarial, financiero y político, perpetrado mediante una arquitectura criminal compleja que articuló intereses económicos, financiamiento internacional, estructuras de seguridad, corrupción institucional y graves omisiones estatales, configurando un modus operandi sostenido en el tiempo".
Ante esta arquitectura criminal, el GIEI concluye que los accionistas mayoritarios del proyecto Agua Zarca desempeñaron roles relevantes en la conformación y funcionamiento del dispositivo societario y financiero que, en última instancia, posibilitó el asesinato de Berta Cáceres.
Específicamente se refieren a José Eduardo, Pedro y Jacobo Atala Zablah y a Daniel Atala Midence, quienes desempeñaban cargos directivos tanto en empresas vinculadas al proyecto Agua Zarca, como en institutos bancarios.
Asimismo, determina que Bcie y Fmo firmaron el acuerdo de crédito a favor de Desa "con conocimiento de la situación de violencia ya generado por el proyecto y de la inexistencia de un proceso válido de consulta previa".
Entre los hallazgos figuran también elementos objetivos que, considerados en su conjunto, evidencian "una obstaculización deliberada de la investigación criminal del asesinato de Berta Cáceres desde sus primeras horas, con impactos directos en el deber de debida diligencia", así como "omisiones estructurales que impidieron una investigación completa".
La reconstrucción efectuada por el GIEI permitió demostrar que el asesinato fue "el resultado de una operación criminal planificada, ejecutada por una estructura articulada entre sicarios, actores con formación militar, directivos de Desa y redes de apoyo estatal", cuya responsabilidad solo fue parcialmente investigada por las autoridades hondureñas, sin profundizar en la posible responsabilidad criminal de los representantes del capital accionario mayoritario (Inversiones Las Jacarandas/Jacobo Atala).
En esta estructura, Desa cumplió la tarea de pagar informantes, estructuras parapoliciales y logística represiva, funcionarios públicos y exfuncionarios. También cooptó autoridades ambientales, municipales y de seguridad, manipuló la narrativa pública mediante pagos a periodistas y medios, utilizó auditorías y consultorías para legitimar un proyecto inviable e ilegal, asegurando la continuidad del financiamiento internacional.
Plan de reparación y justicia integral
El GIEI señaló que el asesinato de Berta Cáceres produjo impactos devastadores y de largo alcance sobre su familia, el Copinh, la comunidad lenca de Río Blanco y el movimiento de derechos humanos en Honduras y en la región.
Recomendó la revocación definitiva de la concesión, los contratos y las licencias del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, la demarcación, delimitación, titulación y saneamiento del territorio ancestral de la comunidad lenca de Río Blanco, la cancelación del registro mercantil y la disolución de Desa y la depuración y apertura de los archivos de inteligencia relacionados con Berta Cáceres, el Copinh y otras personas defensoras.
Asimismo, el plan incluye medidas de rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición (pág. 373 del informe).
En este sentido, la reparación se entiende como "un proceso integral, colectivo y transformador, indispensable para restaurar la dignidad de las víctimas, reconstruir el tejido social del pueblo indígena lenca de Río Blanco y asegurar que crímenes como el asesinato de Berta Cáceres no se repitan". Por ende no se limita a responder a hechos del pasado, sino que constituye "una condición esencial para la verdad, la justicia, la no repetición y el fortalecimiento democrático en Honduras".
Notas
[1] Douglas Bustillo, Mariano Díaz, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres, Edison Duarte (autores materiales), Sergio Rodríguez (autor por inducción) y David Castillo (coautor)
[2] Roxanna Altholz, Pedro Biscay, Ricardo Guzmán
