Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri /LINyM
Superado el plazo simbólico de los 100 días, el gobierno de Nasry Asfura, respaldado por una sólida mayoría parlamentaria bipartidista, está confirmando las peores previsiones. Además de avanzar en el control férreo de las instituciones y abrir nuevamente a la subasta de territorios y al saqueo de los bienes comunes, los primeros tres meses de gobierno también sirvieron para afianzar los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y para lanzar nuevos ataques contra las oposiciones políticas y sociales.
Se trata de una reedición 2.0 del gobierno del indultado Juan Orlando Hernández, a la espera de su regreso a Honduras para asumir el papel estratégico encomendado por Trump. En un contexto en el que se debilitan las instituciones, se extienden
las prácticas corruptas y se allana el camino a las organizaciones
criminales, se intensifica la campaña mediática de estigmatización y
criminalización de la oposición y se promueve la militarización de la
sociedad y los territorios, el resultado no puede ser otro que el
aumento de la represión y la violencia homicida.
Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), durante los cuatro años de gobierno progresista de Xiomara Castro, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes se redujo casi a la mitad, pasando de 41.7 homicidios en 2021 a 23.2 en 2025. En cambio, durante los primeros meses de 2026 se observa una preocupante inversión de la tendencia, con 598 muertes violentas en el primer trimestre, incluyendo 6 masacres, lo que equivale a un aumento del 6 % con respecto al año anterior. Entre las víctimas, al menos 137 menores y 70 feminicidios. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como umbral de epidemia una tasa de homicidios superior a 10 víctimas por cada 100,000 habitantes. Los meses de abril y mayo mantuvieron la misma tendencia.
Aprovechando estas cifras, una amplia mayoría parlamentaria aprobó un nuevo «paquete de seguridad» que prevé una serie de reformas del Código Penal que, además de endurecer las penas contra la extorsión y redefinir el delito de «asociación con fines terroristas», incorporando entre los nuevos tipos delictivos a las pandillas juveniles (maras) y a las estructuras vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico, deja la puerta abierta a interpretaciones extensivas que podrían utilizarse contra sectores sociales y manifestantes que ejercen el derecho a la protesta pacífica. Para varios juristas, se corre el riesgo de que estas nuevas tipificaciones, en lugar de centrarse exclusivamente en actos que atenten contra el orden constitucional, se utilicen en contra del movimiento social y popular hondureño.
Entre las diversas reformas que están en marcha se encuentra también la que endurece la pena por el delito de usurpación, principal arma utilizada en la guerra jurídica contra las organizaciones campesinas y las poblaciones negras (garífunas) e indígenas de Honduras, que defienden sus derechos sobre las tierras ancestrales y de reforma agraria. Para la constitucionalista y defensora de los derechos humanos Reina Rivera Joya, la aplicación simultánea de los delitos de terrorismo y usurpación conllevaría penas que oscilan entre los 25 y los 35 años de prisión.
La «lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo» es, además, un instrumento que suelen utilizar los gobiernos ultraconservadores alineados con Washington para justificar medidas represivas excepcionales, estados de emergencia, el endurecimiento de las penas y la militarización de los territorios. No es casualidad que el Congreso hondureño, tras las reformas del Código Penal, haya aprobado un decreto que autoriza el empleo de militares en tareas de seguridad pública. Además, se creóo la Agencia Nacional contra el Crimen, que inundará de unidades operativas especiales las zonas consideradas más conflictivas, y se dió luz verde a la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad.
En definitiva, un auténtico círculo vicioso en el que la política adopta un modelo que genera exclusión, miseria y violencia, y se recurre a medidas de emergencia, a la militarización y la represión para controlar sus efectos, provocando así una nueva escalada de violencia, alimentada por la impunidad, cuyas víctimas son casi siempre esos mismos sectores de la población que ven sistemáticamente pisoteados sus derechos y que exigen cambios estructurales.
En este contexto, el pasado 21 de mayo fueron masacrados, con un tiro de gracia, veinte campesinos de una comunidad del Bajo Aguán, al noreste de Honduras, una de las regiones más conflictivas donde se entremezclan la exigencia de tierra y justicia, la expansión agroindustrial, la política coludida con el crimen organizado y la ausencia del Estado.
Beneficiada por una reforma agraria en los años 60 y 70, el Valle del Aguán sufrió una contrarreforma a principios de los años 90 con la llegada y la consolidación global del modelo neoliberal, que en el campo hondureño se materializó en la nefasta ley de «modernización agrícola». Esta ley condujo a una rápida recomposición de la gran propiedad y a la consiguiente proletarización de las familias campesinas, fomentando, con fondos del Banco Mundial, la expansión del agronegocio y de los monocultivos, especialmente el de la palma africana.
Tras el golpe de Estado de 2009, en el Aguán se inició una importante ofensiva de los grupos campesinos organizados para recuperar las tierras que les habían sido arrebatadas. La respuesta de un Estado garante de los intereses de los palmeros y los narcotraficantes fue la militarización de la zona y una ola de violencia que ensangrentó las riberas del río Aguán. Más de cien personas, entre dirigentes y miembros de cooperativas agrarias, han sido asesinadas con impunidad en los últimos 15 años, mientras que gran parte de las organizaciones campesinas sufrieron el impacto de las infiltraciones, las divisiones inducidas, las campañas de difamación mediática y la represión judicial y física.
Las veinte personas asesinadas en el sector de la comunidad de Rigores (Colón) cuando se dirigían a trabajar a una plantación de palma africana (Paso Aguán), entre ellas dos adolescentes de 14 y 16 años y tres hermanas de 28, 30 y 33 años, ya habían denunciado, pocos días antes, la irrupción de agentes de policía que habían asaltado casas y pequeños puntos de venta, destruyendo y quemando muebles, electrodomésticos y productos alimenticios. La misma zona ha sido escenario de las incursiones de grupos criminales que se dedican, con total impunidad, a desalojar a cientos de familias que han recuperado tierras y territorios. Mientras tanto, en el interior y en la costa caribeña se multiplican los megaproyectos turísticos y energéticos, así como las actividades extractivistas.
La Plataforma Agraria del Aguán denuncia que la masacre de Rigores se produce justo tras el anuncio de una nueva militarización de la zona y de la aprobación de reformas punitivas que criminalizan aún más la lucha por el acceso a la tierra. En la misma línea se sitúan las denuncias de otras organizaciones sociales. «El conflicto surge de la decisión política de arrebatar las tierras a los campesinos y devolvérselas a los terratenientes y a la agroindustria. Quien se atreve a protestar es criminalizado, detenido, expulsado, asesinado», explica el Consejo Cívico de las Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
«Los grupos criminales», continúa la organización indígena lenca, «actúan en el silencio de las instituciones, los bancos siguen financiando proyectos de despojo, los acuerdos alcanzados con las autoridades nunca se respetan y el Estado sigue protegiendo a los ricos. Por eso decimos que el crimen organizado, la agroindustria y el Estado están implicados y persiguen los mismos objetivos». Para resolver esta situación, concluye el Copinh, no sirve la militarización de los territorios, sino «justicia agraria, investigaciones independientes, cárcel para los autores materiales y los mandantes».
Todo ello en perfecta sintonía con lo expresado por el expresidente Juan Orlando Hernández en las grabaciones publicadas por Canal RED y Hondurasgate, cuando, dirigiéndose al presidente del Congreso, Tomás Zambrano, intimaba al uso de la violencia para poner en vereda a quienes se oponen y protestan. «En Honduras se necesita fuerza, logística y sangre. Si quieres controlar a la gente, debes reprimirla, exprimirla, debes contrarrestar la violencia generando violencia». Para el director de Radio Progreso, el padre Ismael «Melo» Moreno, el debate no debe centrarse en la veracidad o no de las grabaciones, sino en si «sus contenidos son coherentes con los hechos y los personajes implicados en la vida política. La violencia desatada y anunciada en las grabaciones no tiene nada de falso y es un río de sangre el que corre».
Fuente: Pagine Estere (italiano)
