Por Federica Cresci | Grupo de Acción Internacionalista Cuba Mambí
Hay momentos en los que ya no es posible limitarse a observar y guardar silencio. Lo publicado en estos días por la página oficial de Facebook de la Embajada de Estados Unidos en La Habana merece una reflexión seria, profunda y, sobre todo, una clara toma de posición política.
La embajada estadounidense ha difundido un mensaje público mediante el cual presenta una convocatoria denominada «Vivir con Libertad y Prosperidad», acompañada de una propuesta destinada a financiar proyectos e iniciativas dirigidas a personas y organizaciones presentes en Cuba.
El mensaje se introduce a través de tres objetivos declarados: promover la libertad, crear prosperidad y favorecer el acceso a la información.
A primera vista, algunos podrían incluso considerar estas palabras inocuas. En realidad, son precisamente estas tres afirmaciones las que contienen el núcleo del problema.
Una potencia extranjera se atribuye el derecho de definir el grado de libertad de otro país, de determinar qué modelos de prosperidad son deseables y de presentarse como garante del acceso a la información dentro de una nación soberana.
No se trata de una cuestión terminológica. Se trata de una cuestión política. Porque ningún Estado del mundo tiene el derecho de autoproclamarse árbitro de la libertad de otro pueblo.
La libertad no es una categoría que una potencia extranjera pueda atribuir unilateralmente a otros países. La soberanía no es un privilegio concedido desde el exterior. La autodeterminación de los pueblos es un derecho universal. La gravedad de esta cuestión se hace aún más evidente al leer la convocatoria adjunta.
El documento establece explícitamente que no serán admisibles las personas u organizaciones que colaboren con las instituciones del Estado cubano.
En otras palabras, una representación diplomática extranjera decide seleccionar a sus interlocutores sobre la base de un criterio abiertamente político, considerando legítimos a determinados actores y excluyendo a otros en función de su relación con las instituciones nacionales.
Esto no puede considerarse un hecho ordinario.
Porque aquí no se está discutiendo el derecho a mantener opiniones diferentes dentro de la sociedad cubana. La cuestión afecta directamente al principio mismo de la soberanía nacional.
Corresponde únicamente al pueblo cubano, y a ningún actor externo, decidir su propio camino político, institucional y revolucionario.
Ninguna potencia extranjera, ninguna alianza político-militar y ninguna representación diplomática pueden sustituir la voluntad soberana de un pueblo a la hora de determinar su futuro.
El panorama resulta aún más preocupante si se observan los contenidos difundidos de manera constante por los canales oficiales de la propia embajada.
Se publican videos en los que funcionarios y representantes diplomáticos visitan los hogares de ciudadanos cubanos, recogen testimonios y dan espacio a narrativas fuertemente críticas hacia el gobierno de la isla.
Más allá de la existencia de programas de financiamiento que desde hace años Estados Unidos destina a la llamada «sociedad civil independiente», lo que resulta evidente es que una representación diplomática utiliza sus instrumentos institucionales para intervenir en el debate político interno del país que la acoge.
No estamos ante una actividad periodística independiente, sino ante una acción política desarrollada a través de los instrumentos oficiales de una misión diplomática. Y es precisamente aquí donde el problema adquiere una dimensión universal.
Si se acepta el principio según el cual una potencia extranjera puede utilizar su embajada para seleccionar, financiar y promover determinados actores políticos dentro de otro país, entonces debemos aceptar que el mismo mecanismo pueda aplicarse en cualquier parte del mundo.
También en Italia.
Imaginemos, por un momento, que una embajada extranjera en Roma publicara una convocatoria dirigida a ciudadanos italianos para construir una Italia «más libre y próspera», excluyendo a quienes colaboran con las instituciones italianas.
Imaginemos que esa misma embajada realizara videos en los hogares de ciudadanos italianos para recoger testimonios contra el gobierno en funciones y los difundiera a través de sus canales oficiales. La reacción sería inmediata.
Se hablaría de interferencia extranjera, de un ataque a la soberanía nacional y de un comportamiento incompatible con el papel que corresponde a una misión diplomática.
¿Por qué lo que sería considerado inaceptable en Italia debería considerarse normal en Cuba?
El derecho internacional aborda esta cuestión con absoluta claridad.
La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2, párrafo 7, consagra el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados.
La Resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1970, reafirma que ningún Estado tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos o externos de otro Estado.
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, en su artículo 41, establece que los miembros de las misiones diplomáticas tienen el deber de respetar las leyes del país anfitrión y de no inmiscuirse en sus asuntos internos.
Estos principios no fueron escritos para proteger a Cuba. Fueron escritos para proteger a todos los Estados del mundo. Incluidos los propios Estados Unidos. Además, este episodio no constituye un hecho aislado ni surge de la nada.
Forma parte de una línea política más amplia que Estados Unidos reivindica abiertamente desde hace años como apoyo a la denominada «sociedad civil independiente» cubana y como instrumento para promover un cambio político en la isla.
Programas de financiamiento, campañas mediáticas, iniciativas diplomáticas y mecanismos de presión política son presentados por Washington como herramientas para promover la democracia. Sin embargo, numerosos gobiernos, juristas, académicos y movimientos de solidaridad internacional consideran que estas prácticas son incompatibles con el principio de no injerencia y con el respeto a la soberanía nacional.
La cuestión, por tanto, no se limita a una convocatoria o a una publicación en redes sociales. Se trata de una orientación política que desde hace tiempo utiliza los instrumentos diplomáticos como palanca de influencia sobre la vida política cubana.
En el caso de Cuba, este debate adquiere un significado todavía más profundo.
La Revolución cubana no es un elemento ajeno a la voluntad popular, sino un proceso histórico construido y defendido por el pueblo cubano durante más de seis décadas, a pesar de un durísimo bloqueo económico, comercial y financiero, de las presiones diplomáticas y de los continuos intentos de aislamiento internacional.
Se puede compartir o no el modelo político de la isla, pero ninguna potencia extranjera tiene derecho a sustituir a los cubanos a la hora de decidir el futuro de su país.
Defender la soberanía de Cuba significa defender un principio universal: el destino de un pueblo pertenece exclusivamente a ese pueblo.
Ante todo esto, el silencio no puede considerarse una posición neutral.
Una situación de esta magnitud merecería un debate y una evaluación en el ámbito internacional, incluso en el seno de las Naciones Unidas, por las importantes implicaciones que plantea respecto al principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados.
También merecería una toma de posición por parte de las organizaciones internacionales, de las asociaciones de solidaridad, de los movimientos por la paz y de todas aquellas realidades comprometidas con la defensa de la soberanía de los pueblos.
Porque el problema no afecta únicamente a Cuba. Afecta al precedente que se corre el riesgo de normalizar. Si se acepta que una representación diplomática pueda intervenir abiertamente en el debate político interno del país que la acoge, seleccionando interlocutores, financiando proyectos en función de criterios políticos y promoviendo una determinada narrativa institucional, se abre una brecha que pone en cuestión la soberanía de todos los Estados.
La cuestión central, por tanto, no es defender a un gobierno. La cuestión central es defender una regla. Una regla que vale para Cuba como para cualquier otro país del mundo. Porque la soberanía no es un privilegio concedido por las grandes potencias. Es un derecho. Y ninguna embajada, por poderoso que sea el país que represente, debería arrogarse el derecho de intervenir en el futuro político de otro Estado.
El destino de Cuba no pertenece a Washington. Pertenece al pueblo cubano, que a lo largo de su historia ha construido, defendido y continúa defendiendo su propio camino político y revolucionario. Solo el pueblo cubano tiene el derecho de decidir el futuro de Cuba.
