Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri
Prohibición de huelgas, sindicalistas detenidos, protestas reprimidas y reformas neoliberales que desmantelan las protecciones laborales y la negociación colectiva. Desde las Américas hasta Europa, el mundo laboral vuelve a estar en el punto de mira de gobiernos autoritarios y ultraconservadores.
La Confederación Sindical Internacional (CSI - ITUC) denuncia en su Índice Global de Derechos 2026 un aumento de cinco puntos porcentuales en las violaciones de la libertad de expresión y de reunión, de seis puntos en los casos de agresiones violentas y de tres puntos en los ataques a las libertades civiles —en particular, detenciones y arrestos— contra trabajadores, trabajadoras y sindicalistas.
Publicado por primera vez en 2014, el informe anual de la CSI analiza la situación de los derechos sindicales y laborales en 151 países. En el análisis del año pasado se pusieron de manifiesto tres tendencias: la persecución de los dirigentes sindicales, el uso de sistemas de vigilancia para controlar al personal y rastrear las actividades sindicales, y la falta de consulta a los representantes de los trabajadores en los procesos de reforma de la legislación laboral.
Europa y América han registrado su peor puntuación media por país desde la primera publicación del Índice Global de Derechos. En el caso de América, ha pasado de 3,68 a 3,72 con respecto al año pasado, donde la categoría 5+ indica que los derechos no están garantizados debido a la «destrucción del Estado de derecho», 5 significa que los derechos no están garantizados, 4 que hay violaciones sistemáticas de los derechos, 3 que dichas violaciones son habituales, 2 que las violaciones son repetidas y 1 que son esporádicas.
Asia Occidental y África del Norte se mantienen en lo más alto de la lista negra absoluta de las regiones con la peor media de puntuación por país (4,68), seguidas de Asia Oriental (4,08) y África (3,91). Europa, con una puntuación de 2,80, presenta un claro deterioro y se acerca a la categoría de «violación habitual de los derechos».
Los diez países en los que trabajadores y sindicalistas sufren más la violación de sus derechos son Argentina, Bielorrusia, Ecuador, Egipto, eSwatini (Suazilandia), Myanmar, Nigeria, Panamá, Túnez y Turquía. El turbocapitalismo de Javier Milei y José Raúl Mulino hace que Argentina y Panamá entren por primera vez en la lista negra. Se encuentran bajo especial observación por el aumento de las violaciones con respecto al año anterior Filipinas, Guinea-Bissau, Israel, Liberia, Moldavia, EE. UU. y Zimbabue.
Las principales violaciones afectan al derecho de huelga, que no está garantizado en el 87% de los países analizados, al derecho a la negociación colectiva (80%), a la libertad de asociación y organización (75%) y al acceso a la justicia (72%). En cuanto a la libertad de expresión y de reunión, el informe pone de manifiesto claras violaciones en la mitad de los países, una cifra que se ha duplicado en el último año, mientras que en el 32% de ellos se han denunciado agresiones y actos de violencia contra trabajadores organizados, incluyendo el asesinato en al menos cuatro países, entre ellos Colombia y México. Se denuncian detenciones y arrestos de trabajadores, trabajadoras y sindicalistas en la mitad (75) de los países observados.
En general, la conducta antisindical y represiva, así como los incumplimientos y las violaciones de las leyes que regulan el trabajo, han aumentado a nivel mundial con respecto al año anterior, con especial intensidad en los países gobernados por fuerzas políticas ultraconservadoras y autoritarias, que promueven modelos basados en la radicalización de las doctrinas del libre mercado, con la consiguiente reducción del Estado, la desregulación y la precarización del mercado laboral, el aumento de la externalización (tercerización), el desmantelamiento de las protecciones y la disminución progresiva de la representación y el poder de negociación de las organizaciones de trabajadores. Todos ellos son fenómenos que favorecen la precariedad, la informalidad y la explotación de la mano de obra, especialmente la migrante, reducida a condiciones de semiesclavitud. También se ha señalado la complicidad con el crimen organizado y la política corrupta.
«Se está produciendo un avance preocupante de la derecha, tanto en América Latina como en el resto del mundo, lo que implica un endurecimiento del modelo neoliberal. Más privatizaciones de los servicios públicos, tercerización del trabajo permanente, despidos masivos, precariedad y flexibilización de los puestos de trabajo, lo que conduce inevitablemente a una limitación cada vez mayor de la acción sindical», explica a Pagine Esteri, Fernando Espinales, presidente del histórico sindicato hondureño Stibys.
En estos días, en Honduras, el punto de mira es el servicio eléctrico nacional, que el gobierno ultraconservador del protegido de Trump, Nasry Asfura, está intentando privatizar dividiendo en tres partes la empresa pública ENEE. Una maniobra que sigue a la aprobación de una ley que introduce y regula el «trabajo a tiempo parcial», una versión empeorada de la nefasta ley sobre el empleo por horas, derogada en 2022 bajo el impulso del gobierno de Xiomara Castro (Libre).
«Sobre todo en el sector público ya se ha despedido a miles de personas y se han descabezado a los principales sindicatos, mientras que el nuevo impulso que se está dando a la tercerización y a las subcontrataciones en el sector privado tiene como objetivo destruir o debilitar al máximo cualquier forma de representación de los trabajadores», advierte Espinales.
En las Américas, además de los casos ya mencionados de Argentina, Ecuador y Panamá, también encontramos a Colombia, Guatemala y Honduras entre los países en los que no se garantizan los derechos, mientras que Costa Rica, El Salvador, Perú y los Estados Unidos de América se sitúan solo un peldaño más abajo, entre aquellos en los que la violación de los derechos es sistemática.
En Argentina, que en el Índice Global de Derechos de la CSI cae de la categoría 3 a la 5 en solo dos años, la reforma laboral impulsada contra viento y marea por Javier Milei no sólo ha vulnerado gravemente los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y trabajadoras, sino también de los jubilados y los estudiantes. Ampliación de la jornada laboral y de los períodos de prueba, facilitación de los despidos, restricciones en el pago de horas extras, de las indemnizaciones por despido y del derecho a la huelga, con la consiguiente disminución del poder de negociación de los sindicatos. Las protestas en las calles contra las reformas y la crisis económica y social han sido reprimidas en repetidas ocasiones, con decenas de heridos y cientos de detenciones. «Desde su llegada a la presidencia en 2023, el presidente Milei, de extrema derecha, se ha puesto al frente de un programa radicalmente antisindical, socavando los derechos fundamentales de los trabajadores, las libertades civiles y la actividad sindical», señala el informe.
En Panamá, las protestas contra la Ley 462 —impuesta por el presidente Mulino y que eleva la edad de jubilación, privatiza servicios esenciales y transfiere fondos estatales a bancos privados— han sido reprimidas sistemáticamente, y se ha declarado el estado de emergencia en algunas regiones. Paralelamente, se ha iniciado una serie de represalias contra el movimiento sindical y los trabajadores públicos, especialmente del sector educativo, que también protestaban contra la reactivación de la actividad minera y el protocolo firmado entre Panamá y Estados Unidos, que busca favorecer una mayor presencia militar estadounidense en el país. Una oleada de despidos ha afectado al personal docente.
Más de 5 000 trabajadores de las plantaciones de bananos de la brasileña Chiquita Brands (Cutrale-Safra), en su mayoría pertenecientes a la etnia Ngäbe-Buglé, fueron despedidos por haber participado en una huelga en la zona de Bocas del Toro. Los principales dirigentes del sindicato bananero Sitraibana fueron detenidos. También el histórico y combativo sindicato de la construcción Suntracs ha sufrido una persecución feroz. Sus dirigentes fueron acusados primero de blanqueo de capitales y luego se dictó una orden de detención contra ellos, lo que les obligó al exilio. Se han bloqueado las cuentas bancarias del sindicato y se ha restringido el acceso a los fondos procedentes de las cuotas sindicales, además de llover amenazas de disolución del sindicato mismo. Más de 700 afiliados han sido detenidos o multados y más de 80 siguen en prisión.
«Desde el principio, Mulino dejó claro que gobernaría para los empresarios y es lo que está haciendo. Los sindicatos y las organizaciones sociales, por el contrario, son obstáculos y enemigos a los que hay que combatir y aniquilar. De hecho, ha reprimido las protestas y perseguido a organizaciones y dirigentes con penas de prisión y despidos», explica a Pagine Esteri Ismael Marín, dirigente sindical del sector de bebidas (Sticp-Fuclat).
El poder concedido a los empresarios es tal, asegura Marín, que se sienten con derecho a decidir si respetan o no los convenios colectivos e individuales, la legislación laboral y los convenios internacionales firmados por Panamá.
«La única forma de sobrevivir a este miserable gobierno, dirigido por la oligarquía con el consentimiento de Washington, y a su conducta antisindical, es no bajar la cabeza».
La situación no es diferente en Ecuador, donde el ultraliberal Daniel Noboa, miembro de una de las familias más ricas y poderosas del país, ha impulsado una reforma del Código Laboral que flexibiliza las condiciones y los contratos, precariza el mercado, alarga la jornada laboral, impone nuevos requisitos para el registro de los dirigentes y la inscripción de las organizaciones sindicales, modifica los requisitos para la firma y la renovación de los contratos y activa mecanismos para su «revisión de oficio».
El informe de la CSI señala, además, la promulgación de una ley que permite la vigilancia sin orden judicial, así como la interceptación de comunicaciones y la recopilación de datos privados, tipificando «las amenazas» de forma lo suficientemente amplia como para criminalizar las protestas sociales y la actividad sindical. La nueva ley obliga además a las más de 13 000 organizaciones sociales, entre ellas los sindicatos, a divulgar información personal sobre sus miembros, so pena de disolución.
«Estamos asistiendo a una erosión global de los principios democráticos, financiada por los ricos e impulsada por líderes políticos autoritarios y de extrema derecha. Prácticamente un golpe de Estado de los multimillonarios contra la democracia. Las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras, que deberían constituir la base de la democracia, se silencian y se observa una mayor concentración de riqueza y poder en manos de un puñado de personas», resume el informe de la CSI.
Para la organización sindical internacional, «las libertades y los derechos de los que dependen las personas para mantener un nivel de vida digno y unas condiciones laborales justas están siendo atacados por una pequeña minoría centrada en la acumulación de riqueza y poder. Numerosos multimillonarios de todo el mundo están confabulándose con líderes políticos, a menudo de derecha o de extrema derecha, para consolidar el poder y eliminar derechos».
Los sindicatos están en el punto de mira, ya que los trabajadores y trabajadoras a los que representan son la base de los sistemas democráticos y lo que defienden son los pilares fundamentales de la democracia, la prosperidad y la libertad.
«Las tácticas varían, pero el objetivo de quienes mueven los hilos es el mismo: consolidar el poder y acallar la voz de los trabajadores. «En este sentido —concluye la CSI—, la solidaridad se convierte en la única vía que puede guiar a los trabajadores para superar este golpe de Estado contra la democracia, garantizando un futuro beneficioso para todos y no solo para unos pocos poderosos».
Fuente: Pagine Esteri (italiano)
