Por Giorgio Trucchi | LINyM
En horas de la noche del 1 de diciembre, agencias noticiosas y redes sociales lanzaban un comunicado del Ministerio Público de Honduras, en el que se informaba de un “requerimiento fiscal con orden de captura contra otro implicado en el asesinato de Berta Cáceres”.
Horas después, luego de que familiares de la luchadora social hondureña asesinada hace casi ocho años, miembros del Copinh (Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras) y del equipo legal de la Causa Berta Cáceres formularan hipótesis sobre el posible nuevo involucrado, comenzó a circular copia de una orden de captura contra el ciudadano Daniel Eduardo Atala Midence, como supuesto responsable “a título de autor intelectual del delito de asesinato en perjuicio de Bertha Isabel Cáceres Flores”.
Al momento de caer bajo las balas asesinas de un comando criminal, hace 93 meses, un 2 de marzo de 2016, en su casa en la ciudad de La Esperanza, Berta Cáceres y el Copinh, organización de la cual fue cofundadora hace 30 años, estaban librando una larga y difícil batalla contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (Desa) sobre las aguas del río Gualcarque, sagrado para el pueblo Lenca.
Daniel Atala Midence es miembro de la familia Atala Zablah, una de las más ricas y poderosas de Honduras, y fungió como gerente financiero de Desa. Desde su posición –asegura el Copinh– era el encargado de autorizar y administrar pagos de informantes para vigilar, perseguir, criminalizar y enjuiciar a sus integrantes.






















