Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
El pasado 19 de septiembre, en horas de la madrugada, hombres armados con fusiles de asalto fueron detectados merodeando la casa de habitación de la lideresa garífuna Miriam Miranda, en la localidad de Vallecito, Colón, al noreste de Honduras.
El operativo criminal fue descubierto por el equipo de seguridad de la coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), que intervino de inmediato logrando que los asaltantes se dieran a la fuga.
Para la Ofraneh, lo que ha ocurrido es parte de un plan de exterminio contra el pueblo garífuna y sus comunidades organizadas, que luchan en defensa de sus tierras ancestrales y los bienes comunes.
La organización apunta el dedo contra la profundización en Honduras del modelo neoliberal, que ha venido usurpando y saqueando territorios garífunas a través de la implementación de proyectos extractivos, energéticos, agroindustriales y turísticos.
En julio de este año, se
cumplieron tres años de la desaparición forzada de cuatro jóvenes
activistas, miembros de la Ofraneh y defensores de los territorios
ancestrales de la comunidad de Triunfo de la Cruz[1].
Según el más reciente informe de Global Witness[2], fueron 14 las personas defensoras de la tierra, los territorios y los bienes comunes asesinadas el año pasado en Honduras, país que sigue manteniendo la triste primacía a nivel mundial en número de activistas ambientales asesinados per cápita.
La debilidad del Sistema de Protección
Justo en estos días, Miranda y la Ofraneh habían solicitado una reunión in situ del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Protección (CTMP)[3], para una revisión de las medidas de protección gestionadas por la lideresa garífuna y otros dirigentes comunitarios, cuyas vidas corren grave peligro.
Miranda es beneficiaria del Sistema Nacional de Protección de Defensores, Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (SNP)[4].
Lamentablemente tanto la Procuraduría General, como la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad, que con la Secretaría de Derechos Humanos integran el Comité Técnico, no se hicieron presentes, aduciendo problemas burocráticos y falta de comunicación.
La inoperancia del Mecanismo de Protección fue condenada por la Ofraneh, que responsabilizó a sus integrantes por cualquier nuevo atentado contra su coordinadora general y otros dirigentes y activistas garífunas.
“Manifestamos nuestra indignación. A pesar del riesgo inminente a la vida de Miriam Miranda y del pueblo Garífuna, esta irresponsable ausencia sólo muestra la inoperancia del Mecanismo y la falta de compromiso en la protección de la vida de defensores y defensoras”, señala la organización en un comunicado.
También la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh), que inmediatamente se trasladó a la zona, lamentó la ausencia de tres de las cuatro autoridades públicas que integran el SNP.
Asimismo, solicitó al Estado “afianzar su compromiso y avanzar en la toma de medidas necesarias al más alto nivel” para que opere con la mayor efectividad posible, garantizando así la vida, la integridad y seguridad de las personas beneficiarias.
La Rel UITA se solidariza con Miranda, la Ofraneh y las comunidades garífunas organizadas, al tiempo que condena la profundización de un modelo económico saqueador y perpetrador de violencia y miseria.
Según el más reciente informe de Global Witness[2], fueron 14 las personas defensoras de la tierra, los territorios y los bienes comunes asesinadas el año pasado en Honduras, país que sigue manteniendo la triste primacía a nivel mundial en número de activistas ambientales asesinados per cápita.
La debilidad del Sistema de Protección
Justo en estos días, Miranda y la Ofraneh habían solicitado una reunión in situ del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Protección (CTMP)[3], para una revisión de las medidas de protección gestionadas por la lideresa garífuna y otros dirigentes comunitarios, cuyas vidas corren grave peligro.
Miranda es beneficiaria del Sistema Nacional de Protección de Defensores, Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (SNP)[4].
Lamentablemente tanto la Procuraduría General, como la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad, que con la Secretaría de Derechos Humanos integran el Comité Técnico, no se hicieron presentes, aduciendo problemas burocráticos y falta de comunicación.
La inoperancia del Mecanismo de Protección fue condenada por la Ofraneh, que responsabilizó a sus integrantes por cualquier nuevo atentado contra su coordinadora general y otros dirigentes y activistas garífunas.
“Manifestamos nuestra indignación. A pesar del riesgo inminente a la vida de Miriam Miranda y del pueblo Garífuna, esta irresponsable ausencia sólo muestra la inoperancia del Mecanismo y la falta de compromiso en la protección de la vida de defensores y defensoras”, señala la organización en un comunicado.
También la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh), que inmediatamente se trasladó a la zona, lamentó la ausencia de tres de las cuatro autoridades públicas que integran el SNP.
Asimismo, solicitó al Estado “afianzar su compromiso y avanzar en la toma de medidas necesarias al más alto nivel” para que opere con la mayor efectividad posible, garantizando así la vida, la integridad y seguridad de las personas beneficiarias.
La Rel UITA se solidariza con Miranda, la Ofraneh y las comunidades garífunas organizadas, al tiempo que condena la profundización de un modelo económico saqueador y perpetrador de violencia y miseria.
Notas
[1] http://www.rel-uita.org/
[2] https://nuevanicaraguaymas.blogspot.com/2023/09/personas-defensoras-de-la-tierra.html
[1] http://www.rel-uita.org/
[2] https://nuevanicaraguaymas.blogspot.com/2023/09/personas-defensoras-de-la-tierra.html
[3]
El Mecanismo Nacional de Protección es un programa implementado por el
Estado para responder a la violencia estructural contra determinados
grupos sociales y personas amenazadas como consecuencia de su actividad
[4] Creado en Honduras en 2015, establece la política de protección, compartiendo responsabilidades en las diferentes esferas administrativas.
[4] Creado en Honduras en 2015, establece la política de protección, compartiendo responsabilidades en las diferentes esferas administrativas.
Fuente: Rel UITA
