Por Giorgio Trucchi | LINyM
Mayor seguridad para la población, lucha contra la
corrupción y combate al crimen organizado, que en los últimos doce años se ha
enquistado en las estructuras del Estado, fueron temas torales de la campaña que
llevó a Xiomara Castro a convertirse en la primera presidenta de Honduras,
despertando fuertes expectativas en las y los hondureños.
Después de presentar, la semana pasada, la segunda etapa del Plan Nacional de
Seguridad "Solución contra el crimen", que incluye nueve medidas
a aplicar durante los próximos seis meses, entre otras, la prórroga, hasta
finales de mayo, del estado de excepción en 123 municipios, la administración
Castro anunció la intervención de los principales centros penales del país,
escenarios en estos últimos días de revueltas y motines sincronizados y muy
poco espontáneos.
"Doce años de saqueo y colusión con el narcotráfico, maras y pandillas y
crimen organizado, público y privado, no se arreglan en 12 meses”, explicó la
mandataria a través de su cuenta en Twitter.
“Voy a poner mano dura y orden en las cárceles, hasta transformarlas en centros
penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como los que he
heredado", agregó.
Según el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), durante sus primeros doce meses, el gobierno restituyó roles y funciones a la Policía – suplantada por los militares después del golpe de estado –, desmilitarizó los centros penales, puso las bases para la creación de la Policía comunitaria y reemplazó la Fuerza nacional antimaras y pandillas por una Dirección policial.
De acuerdo con datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), la estrategia adoptada por el nuevo gobierno estaría dando resultados: los homicidios en 2022 se redujeron en casi un 13% y la tasa bajó de 41.70 a 35.79 por cada 100.000 habitantes, es decir la más baja en los últimos 16 años.
Los primeros tres meses del nuevo año parecen confirmar esta
tendencia, con una disminución del 26.5% de los homicidios (-253) en
comparación a los meses de enero-marzo de 2022.
Una estrategia que está dando resultados importantes para la sociedad hondureña en su conjunto, pero que no
parece tener todavía impactos significativos en la lucha para la erradicación
de la violencia contra las mujeres.
Aumentan femicidios
Según el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos
de Mujeres (CDM), la tasa de femicidios de 2022 fue de 7.9 por cada 100,000
mujeres.
Esto indica que no sólo dicha tasa no disminuyó al mismo ritmo que la de
homicidios, sino que tampoco resulta ser la más baja de la década. Asimismo,
las muertes violentas de mujeres (390) en 2022 aumentaron en casi un 63% con
respecto al año anterior y pasaron de ser el 6% a ser el 11.4% del total de homicidios
registrados [1].
Esta tendencia estaría confirmada por los datos más
recientes brindados por el Observatorio del CDM, que señala un total de 74
muertes violentas de mujeres en los primeros dos meses del año, es decir un
aumento de casi el 40% respecto al 2022.
"Otro dato alarmante es que el segmento de niñas asesinadas (10%) es más
del doble con relación al segmento de los niños (4%)", señala el informe
Violencia contra las mujeres en Honduras 2022.
Los rangos de edad con más casos de muertes violentas de mujeres en 2022 es
entre 20 y 29 años (94), entre 30 y 39 años (59) y menores de edad (58). Esto
significa que el 54% de las muertes violentas de mujeres tuvo como víctimas a
menores de 40 años.
Otros delitos contra las mujeres son las tentativas de homicidio. En
2022 se contabilizaron 104, escalando a 494 los delitos contra la vida de las
mujeres (390 muertes violentas y 104 tentativas). En comparación con 2021, los
delitos contra la vida aumentaron en un 26%.
Además, se registraron al menos 196 desapariciones de mujeres. “La desaparición es un delito contra la humanidad que puede
conllevar la trata de personas, la explotación sexual y laboral, así como el
asesinato. Ante el alto nivel de mora judicial, impunidad y descontinuación de los casos, se
puede asumir que las mujeres desaparecidas nunca regresan a su lugar de origen”, señala el informe
del CDM.
El año pasado, el Sistema Nacional de Emergencia 911 registró casi 98 mil
denuncias de violencia doméstica y maltrato familiar contra mujeres, y el
Ministerio Público más de 10 mil.
Fueron 2,800 los casos de violencia intrafamiliar que ingresaron a los
juzgados. De estos, 207 recibieron resoluciones condenatorias, es decir sólo el
7% del total.
También hubo 3,932 denuncias de violencia sexual, con un aumento del 19% en relación
con el año anterior. De estas, el 75% fueron casos de violencia sexual contra
las mujeres. Cada día en Honduras 8 mujeres denuncian una agresión sexual.
La violación representa el tipo más frecuente de violación (47%), seguida
de las agresiones sexuales (22%) y violación especial (7%).
Ante esta situación, CDM volvió a exigir al Estado “la creación de políticas
públicas a favor de la vida, la justicia y la sanación”, así como a demandar “procesos
respetuosos que acompañen a las mujeres, una estrategia integral, preventiva y
real que disminuya los altos niveles de violencia en sus vidas”.
[1] Información proveniente tanto del monitoreo de medios de comunicación impresos y digitales, como de instituciones públicas (Ministerio Público, Dirección de Medicina Forense)
