Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
En los últimos meses en Panamá se ha reactivado la movilización
social contra el intento del presidente José Raúl Mulino de reactivar,
bajo la figura disfrazada de asociación público-privada, el
inconstitucional proyecto minero Cobre Panamá.
En 1997, el gobierno panameño otorgó una concesión a la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para extraer principalmente cobre, pero también oro, plata y molibdeno en la localidad de Donoso. Veinte años después, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional dicho contrato.
Sucesivamente, el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) estipuló un nuevo contrato, la Ley 406, obviando el fallo judicial, lo cual desató una fuerte protesta popular que fue reprimida abruptamente.
A finales de 2023, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la nueva ley, paralizando nuevamente el proyecto. Sin embargo, la llegada de Mulino a la presidencia marca una nueva ofensiva extractivista.
En 1997, el gobierno panameño otorgó una concesión a la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para extraer principalmente cobre, pero también oro, plata y molibdeno en la localidad de Donoso. Veinte años después, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional dicho contrato.
Sucesivamente, el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) estipuló un nuevo contrato, la Ley 406, obviando el fallo judicial, lo cual desató una fuerte protesta popular que fue reprimida abruptamente.
A finales de 2023, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la nueva ley, paralizando nuevamente el proyecto. Sin embargo, la llegada de Mulino a la presidencia marca una nueva ofensiva extractivista.
El disparate de Mulino
Para obviar el nuevo fallo de los magistrados, Mulino encargó a la firma suiza SGS una auditoría integral del yacimiento para, supuestamente, tener “datos científicos confiables”. El resultado brindaría elementos concretos para decidir sobre la reapertura o el cierre definitivo de Cobre Panamá.
Además, el mandatario propuso un nuevo esquema de concesión donde el Estado mantendría entre un 35 y 40 por ciento de la titularidad del proyecto, mientras que First Quantum Minerals asumiría el control operativo técnico.
Una fórmula que ha sido fuertemente cuestionada por el movimiento social y popular, aún más cuando se supo que los resultados arrojaron un 87,64 por ciento de “cumplimiento ambiental” y solamente algunas fallas operativas en reforestación y tratamiento de aguas.
Antes de que finalice el año, una comisión ministerial de seguimiento emitirá las recomendaciones finales para definir el futuro del proyecto minero.
“En Panamá y buena parte de América Latina tenemos gobiernos de extrema derecha que tratan de revivir y profundizar un sistema neoliberal extractivista que ha colapsado. Los intentos de Mulino de imponer Cobre Panamá, aduciendo falsamente la generación de empleo, es parte de este esquema”, dijo a La Rel, el comunicador social Olmedo Carrasquilla II.
El activista ambiental y ecologista recordó que con este proyecto suman cinco las inversiones mineras¹ que han fracasado en el país en las últimas décadas.
“En todos estos casos se detectaron múltiples incumplimientos, daños ambientales y problemas económicos. En un país donde se concentra la riqueza y la desigualdad crece a diario, la minería no es la solución”.
En el ojo del huracán
Panamá está en el foco de las críticas. Primero fue la Confederación Sindical Internacional (CSI) que lo incluyó en la lista de los diez países en el mundo donde más se violan los derechos laborales y sindicales. Luego la OIT lo agregó a los países que violan sistemáticamente el Convenio 87.
Finalmente, la OACNUDH y la CIDH señalaron a Panamá por graves violaciones de los DESC², mientras en el país incrementan peligrosamente las tasas de pobreza, pobreza extrema y multidimensional, así como el desempleo y la informalidad.
La respuesta a la protesta social sigue siendo la misma: muertes, lesiones, suspensión de los derechos constitucionales, violencia sexual contra las mujeres, despidos masivos, denuncias, juicios, encarcelamiento y exilio.
“La crisis es grande y tenemos a un gobierno servil totalmente acoplado al gran capital nacional y transnacional y a los intereses de Washington. Lo que viene es más criminalización y represión”, advirtió Carrasquilla II.
“Lo que nos queda es la resistencia. Los movimientos contra la explotación minera se mantienen activos, movilizados y beligerantes. La esperanza es que este pueblo salga nuevamente a las calles más consolidado y decidido a enfrentar esta nueva ofensiva extractivista”, concluyó.
Para obviar el nuevo fallo de los magistrados, Mulino encargó a la firma suiza SGS una auditoría integral del yacimiento para, supuestamente, tener “datos científicos confiables”. El resultado brindaría elementos concretos para decidir sobre la reapertura o el cierre definitivo de Cobre Panamá.
Además, el mandatario propuso un nuevo esquema de concesión donde el Estado mantendría entre un 35 y 40 por ciento de la titularidad del proyecto, mientras que First Quantum Minerals asumiría el control operativo técnico.
Una fórmula que ha sido fuertemente cuestionada por el movimiento social y popular, aún más cuando se supo que los resultados arrojaron un 87,64 por ciento de “cumplimiento ambiental” y solamente algunas fallas operativas en reforestación y tratamiento de aguas.
Antes de que finalice el año, una comisión ministerial de seguimiento emitirá las recomendaciones finales para definir el futuro del proyecto minero.
“En Panamá y buena parte de América Latina tenemos gobiernos de extrema derecha que tratan de revivir y profundizar un sistema neoliberal extractivista que ha colapsado. Los intentos de Mulino de imponer Cobre Panamá, aduciendo falsamente la generación de empleo, es parte de este esquema”, dijo a La Rel, el comunicador social Olmedo Carrasquilla II.
El activista ambiental y ecologista recordó que con este proyecto suman cinco las inversiones mineras¹ que han fracasado en el país en las últimas décadas.
“En todos estos casos se detectaron múltiples incumplimientos, daños ambientales y problemas económicos. En un país donde se concentra la riqueza y la desigualdad crece a diario, la minería no es la solución”.
En el ojo del huracán
Panamá está en el foco de las críticas. Primero fue la Confederación Sindical Internacional (CSI) que lo incluyó en la lista de los diez países en el mundo donde más se violan los derechos laborales y sindicales. Luego la OIT lo agregó a los países que violan sistemáticamente el Convenio 87.
Finalmente, la OACNUDH y la CIDH señalaron a Panamá por graves violaciones de los DESC², mientras en el país incrementan peligrosamente las tasas de pobreza, pobreza extrema y multidimensional, así como el desempleo y la informalidad.
La respuesta a la protesta social sigue siendo la misma: muertes, lesiones, suspensión de los derechos constitucionales, violencia sexual contra las mujeres, despidos masivos, denuncias, juicios, encarcelamiento y exilio.
“La crisis es grande y tenemos a un gobierno servil totalmente acoplado al gran capital nacional y transnacional y a los intereses de Washington. Lo que viene es más criminalización y represión”, advirtió Carrasquilla II.
“Lo que nos queda es la resistencia. Los movimientos contra la explotación minera se mantienen activos, movilizados y beligerantes. La esperanza es que este pueblo salga nuevamente a las calles más consolidado y decidido a enfrentar esta nueva ofensiva extractivista”, concluyó.
Notas
¹ Cerro Quema (Los Santos), Mina Remance (San Francisco), Mina Santa Rosas (Cañazas) y Mina Molejón (Donoso).
² Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
Fuente: Rel UITA
¹ Cerro Quema (Los Santos), Mina Remance (San Francisco), Mina Santa Rosas (Cañazas) y Mina Molejón (Donoso).
² Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
Fuente: Rel UITA
