Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri
A principios de su tercer año de mandato, el presidente panameño José Raúl Mulino reanuda enérgicamente una propuesta lanzada el año pasado: reformar la Constitución para agilizar un Estado excesivamente burocrático y luchar contra la infiltración del crimen organizado y la corrupción estructural. Sin embargo, al analizar los primeros dos años de su administración y tener en cuenta el papel de Panamá en el tablero geopolítico y geoestratégico de América Latina, se multiplican los rumores de que detrás de la aceleración impulsada por Mulino habría mucho más.
“Fueron dos años de profunda represión, durante los cuales se impusieron el autoritarismo y la persecución violenta, tanto física como judicial. Basta con ver lo que pasó con los trabajadores organizados del sector docente, los de la construcción y de las plantaciones de bananos de Chiquita, tras su participación en las protestas y huelgas del año pasado”, explica la activista social y excandidata presidencial Maribel Gordón a Pagine Esteri.
Muertes, lesiones, suspensión de los derechos constitucionales, violencia sexual contra las mujeres, despidos masivos, denuncias, juicios, encarcelamiento y exilio fueron las respuestas del gobierno a la protesta social.
El Índice Global de los Derechos 2026 de la Confederación Sindical Internacional (CSI) ha incluido por primera vez a Panamá en la lista de los diez peores países para los trabajadores debido a la violación de sus derechos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha hecho algo similar al incluir a la nación canalera entre los países que violan sistemáticamente el Convenio 87, que consagra el principio clave de la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también informaron sobre el uso excesivo de la fuerza policial contra la protesta social, la violación de los derechos individuales y colectivos en el trabajo, así como la grave situación de hacinamiento y malos tratos en las cárceles y el reciente aumento de los feminicidios (+86% en la primera mitad del año).
“La situación sigue siendo muy compleja y difícil, y Panamá continúa siendo un país extremadamente desigual”, dijo Gordón. “Las instituciones están cada vez más subordinadas al poder ejecutivo; las tasas de pobreza (20,6%), pobreza extrema (9,5%) y pobreza multidimensional (19%), pero también el desempleo (10,4%) y el trabajo precario (48%) van en aumento”.
A pesar de las continuas protestas de la población, advierte la excandidata presidencial del Frente Amplio por la Democracia (FAD), el gobierno, con el apoyo de la empresa privada y el capital multinacional estadounidense, ahora busca acelerar las políticas extractivistas, la venta del territorio y la pérdida de soberanía nacional, con un impacto muy serio en el medio ambiente, en los bienes comunes y en las personas que viven en estos territorios, quienes serán desalojadas por la fuerza.
A esto se suma un contexto extremadamente preocupante por las inevitables repercusiones de la alianza estratégica de Mulino con Washington y la proximidad del Comando Sur (USSOUTHCOM), que con la “excusa” de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, planifica y coordina todas las operaciones de seguridad, inteligencia y cooperación militar en América Latina y el Caribe.
Precisamente en estas horas se difundió un comunicado del Comando Sur en el que se afirma que la Fuerza de Combate Costero-24, compuesta por 1300 marines y marineros de la 24.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina (24th MEU) de los Estados Unidos, está lista para intervenir por la fuerza en el Caribe en respuesta a cualquier emergencia reportada por Washington.
En la mira están los gobiernos, las fuerzas políticas, los sindicatos, los estudiantes y los movimientos sociales y populares que se oponen a la nueva campaña de recolonización y remilitarización del continente por parte del eje estadounidense-israelí. Pero también preocupan las relaciones políticas y comerciales entre Panamá y China, el segundo usuario principal del canal interoceánico y primer proveedor de la Zona Libre de Colón.
“El canal es un gran atractivo para Estados Unidos. Especialmente para el presidente Trump, quien declara abiertamente que quiere tomar posesión de él, convirtiendo nuestro territorio de nuevo en una base militar y centro operativo de su estrategia de hostigamiento y agresión contra los pueblos. Una verdadera doctrina Monroe 2.0”, dijo Gordón.
En un escenario como el actual, una propuesta de constituyente, que además venden a los panameños como “originaria”, es vista por amplios sectores de la sociedad como hipócrita y peligrosa.
Todo el proceso constituyente está actualmente dirigido por la Secretaría presidencial de reorganización del Estado y asuntos constitucionales (Sepresac), con el constitucionalista Miguel Antonio Bernal a la cabeza.
Actualmente se están celebrando reuniones con la población para explicar el proyecto y reunir propuestas. Posteriormente, se convocaría una Asamblea Constituyente paralela (convocada directamente desde el parlamento con los dos tercios de los votos o desde el gabinete gubernamental con el voto mayoritario del parlamento).
Luego corresponderá al Tribunal Electoral celebrar elecciones para el nombramiento de los 60 constituyentes, elegidos de entre quienes se postulen a través de las fuerzas políticas o de forma independiente. El objetivo es que la nueva constitución entre en vigor el 1 de enero de 2029, año de elecciones generales en Panamá, después de haber sido sometida a un referéndum constitucional.
“Es peligroso. Necesitamos una nueva Constitución, pero debe ser un proyecto nacional, con un debate público en el que todos los sectores puedan expresar realmente su visión y ser escuchados por igual. Desafortunadamente, la experiencia nos dice que en sociedades subyugadas por un proyecto ultraneoliberal como Panamá, difícilmente se quiere cambiar la Constitución, a menos que sirva para radicalizar aún más el modelo”, explica el economista Juan Jované a Pagine Esteri.
Lo que muy a menudo se les escapa a las fuerzas de la oposición, continúa Jované, es que cuando las fuerzas ultraconservadoras, aliadas de las oligarquías nacionales y el capital multinacional, logran llegar al gobierno, aseguran sus contrarreformas a través de candados legales y restricciones constitucionales cada vez más estrictas y severas.
“El objetivo es blindar el modelo que imponen para que no pueda cambiarse fácilmente en el futuro. A esto está dirigida la propuesta de reforma constitucional y hay que explicársela al pueblo: no sirve para mejorar sus condiciones, ni para hacer que Panamá sea menos desigual y más independiente, sino para endurecer el modelo neoliberal, protegiéndolo de cualquier evolución futura”.
Son experimentos políticos y económicos, acompañados de represión y autoritarismo, que la extrema derecha latinoamericana aplica a menudo en algunos países para luego reproducirlos en otros, adaptándolos a las realidades locales.
Incluso el presidente de la Federación unitaria de la clase trabajadora (Fuclat), Alejandro John, enfatiza los riesgos y trampas inherentes a la propuesta de reorganización del Estado del presidente Mulino. Según el líder sindical, este es un gobierno que está aliado con el poder económico y sigue los dictados de Washington, dos elementos que le quitan credibilidad al proyecto.
“Es un plan macabro. El único objetivo que tienen es enmendar la Constitución y adaptarla a los intereses del poder económico nacional y multinacional. Todas las leyes aprobadas en los últimos años no han servido para mejorar la vida de las personas, sino para consolidar a los grupos de poder”.
Fuerte también es la crítica hacia un gobierno que utiliza y anula el significado del término “constituyente originaria”, a menudo empleado por los movimientos sociales y los pueblos originarios para diferenciarlo de una constituyente gestionada única y exclusivamente por el poder político y económico de un país.
Se trata de un verdadero vaciado semántico seguido de una resignificación ideológica, una estrategia muy afín al ultraconservadurismo y a la ultraderecha continental para confundir a la población.
“Originaria significa que nace desde abajo y que es una Constitución del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, libre de los intereses partidistas. Este no es el caso. Espero que la población tenga la lucidez para rechazar definitivamente un proyecto que proviene de un gobierno arbitrario, dictatorial y fascista”, afirmó John.
En este punto también converge Gordón: “Una constituyente originaria y autoconvocada es una expresión del pueblo y aspira a construir las bases para una sociedad diferente, justa, democrática, soberana y garante de los derechos. Aquí no hay nada de originaria”.
“Afortunadamente, seguimos teniendo a un movimiento social que resiste, denuncia y lucha. Como dijo Victoriano Lorenzo, líder indígena y guerrillero panameño, 'La pelea es peleando'”
Fuente: Pagine Esteri (italiano) y LINyM (español)
