Organizaciones claman verdad y justicia por líderes indígenas asesinados
Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
El 18 marzo de 2019, caía bajo una lluvia de balas asesinas Sergio Rojas, dirigente indígena Bribri y miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi). Un año después, el 24 de febrero de 2020, fue asesinado de cinco disparos Jerhy Rivera, líder indígena Bröran. Ambos casos están en total impunidad.
Los dos líderes comunitarios y activistas costarricenses fueron asesinados en el marco del recrudecimiento de la violencia contra los pueblos Nasö-Brörán y Bribri, empeñados en la recuperación de los territorios ancestrales de Térraba y Salitre.
El hecho de que el Estado no le haya puesto interés en el reordenamiento y saneamiento territorial, expone aún más a los pueblos originarios a ataques, muchas veces mortales, de parte de los terratenientes.
Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
El 18 marzo de 2019, caía bajo una lluvia de balas asesinas Sergio Rojas, dirigente indígena Bribri y miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi). Un año después, el 24 de febrero de 2020, fue asesinado de cinco disparos Jerhy Rivera, líder indígena Bröran. Ambos casos están en total impunidad.
Los dos líderes comunitarios y activistas costarricenses fueron asesinados en el marco del recrudecimiento de la violencia contra los pueblos Nasö-Brörán y Bribri, empeñados en la recuperación de los territorios ancestrales de Térraba y Salitre.
El hecho de que el Estado no le haya puesto interés en el reordenamiento y saneamiento territorial, expone aún más a los pueblos originarios a ataques, muchas veces mortales, de parte de los terratenientes.
De acuerdo con las estadísticas de la organización ecologista Bloque Verde, durante las últimas tres décadas en Costa Rica se han registrado decenas de atentados contra personas defensoras de la tierra y los bienes comunes, con un saldo de 13 personas asesinadas.
Entre 2020 y 2022, 33 personas indígenas sufrieron amenazas de muerte en los cantones de Buenos Aires (Salitre) y Pérez Zeledón (China Kichá).
Sergio: caso cerrado
En el caso de Sergio Rivera, ya en 2020 el Ministerio Público había ordenado la desestimación y el archivo de la causa penal que investigaba el crimen.
Fue sólo gracias a las protestas que se generaron a nivel nacional e internacional si, finalmente, el Estado tuvo que rechazar la medida y exigir que se continuara con las investigaciones.
Sin embargo, en enero pasado, el Juzgado Penal del I Circuito de la Zona Sur, sede Buenos Aires, emitió un sobreseimiento definitivo del caso judicial que investigaba el asesinato de Sergio Rojas, aduciendo falta de pruebas para elevar el caso a juicio.
La medida fue fuertemente condenada tanto por los familiares del dirigente indígena, como por organizaciones nacionales e internacionales y el propio Sistema de Naciones Unidas.
“Con esta decisión, la impunidad y la deuda histórica del Estado costarricense con los pueblos originarios se fortalece. Como si eso fuera poco, envalentona a los ocupantes ilegales, agresores y todos los sectores que obtienen beneficios económicos, sociales y políticos de la ocupación ilegal, colonial y racista de los territorios indígenas”, denuncian más de cien organizaciones nacionales e internacionales.
Jerhy, nadie es culpable
Una situación muy similar vive la familia de Jerhy Rivera, dirigente indígena que antes de ser asesinado, igual que Sergio Rojas, había sido repetidamente amenazado de muerte, sin que las autoridades nacionales hicieran algo para proteger su vida.
En julio del año pasado, después de tres años de su asesinato, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago ordenó la puesta en libertad de Juan Eduardo Varela Rojas, quien había sido condenado a 22 años de prisión.
Esta decisión fue tomada después de que los abogados defensores de Varela presentaran un recurso de apelación, y el tribunal anulara el juicio y ordenara la realización de uno nuevo con nuevos jueces.
Para la Coordinadora de Lucha Sur Sur, la decisión del tribunal es “un retroceso para los derechos de los pueblos originarios del país, y un ejemplo más de la impunidad que cobija a las y los agresores y la violación sistemática de los derechos humanos de estos pueblos”.
El telón de impunidad que cubre los asesinatos de Sergio y Jerhy va a contribuir a más amenazas, más persecución, más aislamiento y más hechos de violencia que pueden terminar en asesinatos.
Fuente: Rel UITA
Entre 2020 y 2022, 33 personas indígenas sufrieron amenazas de muerte en los cantones de Buenos Aires (Salitre) y Pérez Zeledón (China Kichá).
Sergio: caso cerrado
En el caso de Sergio Rivera, ya en 2020 el Ministerio Público había ordenado la desestimación y el archivo de la causa penal que investigaba el crimen.
Fue sólo gracias a las protestas que se generaron a nivel nacional e internacional si, finalmente, el Estado tuvo que rechazar la medida y exigir que se continuara con las investigaciones.
Sin embargo, en enero pasado, el Juzgado Penal del I Circuito de la Zona Sur, sede Buenos Aires, emitió un sobreseimiento definitivo del caso judicial que investigaba el asesinato de Sergio Rojas, aduciendo falta de pruebas para elevar el caso a juicio.
La medida fue fuertemente condenada tanto por los familiares del dirigente indígena, como por organizaciones nacionales e internacionales y el propio Sistema de Naciones Unidas.
“Con esta decisión, la impunidad y la deuda histórica del Estado costarricense con los pueblos originarios se fortalece. Como si eso fuera poco, envalentona a los ocupantes ilegales, agresores y todos los sectores que obtienen beneficios económicos, sociales y políticos de la ocupación ilegal, colonial y racista de los territorios indígenas”, denuncian más de cien organizaciones nacionales e internacionales.
Jerhy, nadie es culpable
Una situación muy similar vive la familia de Jerhy Rivera, dirigente indígena que antes de ser asesinado, igual que Sergio Rojas, había sido repetidamente amenazado de muerte, sin que las autoridades nacionales hicieran algo para proteger su vida.
En julio del año pasado, después de tres años de su asesinato, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago ordenó la puesta en libertad de Juan Eduardo Varela Rojas, quien había sido condenado a 22 años de prisión.
Esta decisión fue tomada después de que los abogados defensores de Varela presentaran un recurso de apelación, y el tribunal anulara el juicio y ordenara la realización de uno nuevo con nuevos jueces.
Para la Coordinadora de Lucha Sur Sur, la decisión del tribunal es “un retroceso para los derechos de los pueblos originarios del país, y un ejemplo más de la impunidad que cobija a las y los agresores y la violación sistemática de los derechos humanos de estos pueblos”.
El telón de impunidad que cubre los asesinatos de Sergio y Jerhy va a contribuir a más amenazas, más persecución, más aislamiento y más hechos de violencia que pueden terminar en asesinatos.
Fuente: Rel UITA
