Por Giorgio Trucchi | LINyM
Este 2 de marzo se conmemoraron ocho años de la siembra de la lideresa indígena y luchadora social Berta Cáceres, asesinada vilmente por oponerse con fuerza, junto al Copinh, a un proyecto hidroeléctrico que explotaría las aguas del Gualcarque, río sagrado para el pueblo Lenca. Ocho años después, el difícil camino de verdad y justicia integral para Berta aún no se completa.
“A ocho años de aquella noche fatídica en la que nos arrebataron a Berta, seguimos peleando por su justicia, sabiendo que su memoria no será honrada hasta que todos sus asesinos tengan condenas firmes y el pueblo Lenca no vea amenazada su vida y sus territorios”, explica el pronunciamiento del Copinh[1].
Fue a puro pulso que la familia de Berta, el Copinh y el equipo de defensores que los representa lograron algunos importantes avances.
El difícil camino de justicia
En noviembre de 2018, un veredicto histórico condenó a siete hombres por el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato del sociólogo mexicano Gustavo Castro, con penas de entre 30 y 50 años de cárceles.
Entre los condenados aparecen ex directivos y ex miembros de la seguridad de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), titular de la concesión sobre las aguas del Gualcarque y del proyecto Agua Zarca, ex militares y militares en servicio activo.
Tres años después, fue declarado culpable como coautor del asesinato de la lideresa indígena, David Castillo, ex presidente de DESA y ex miembro de la inteligencia de las Fuerzas Armadas hondureñas. Un año después fue sentenciado a 22 años y 6 meses de cárcel.
Lamentablemente, las sentencias contra los ejecutores materiales y el coautor – eslabón entre las manos asesinas y los mandantes – aún no están firmes, ya que la Corte Suprema de Justicia nunca resolvió los recursos de casación presentados por los defensores de los sentenciados.
“Se trata de una clara vulneración del derecho de acceso a la justicia para las víctimas y un lastre para la justicia en Honduras”, dijo Bertha Zúniga, hija de la dirigente asesinada y actual coordinadora de Copinh, durante el acto de conmemoración que se realizó en la ciudad de La Esperanza.
Corrupción e impunidad
En el juicio denominado “Fraude sobre el río Gualcarque”, que finalizó hace un año, se demostró la responsabilidad penal de seis personas en varios delitos, incluyendo al mismo Castillo y a funcionarios públicos.
El Tribunal de Sentencias del Circuito Anticorrupción aún no ha dictado sentencia.
A inicio de diciembre del año pasado, se emitió orden de captura contra Daniel Eduardo Atala Midence, como autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres.
Daniel Atala es miembro de la familia Atala Zablah, una de las más ricas y poderosas de Honduras, y fungió como gerente financiero de Desa.
Junto a David Castillo dirigió las acciones ilegales para la construcción del proyecto Agua Zarca. Es hijo de José Eduardo Atala Zablah y sobrino de Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah, todos ellos miembros de la junta directiva de Desa.
Desde esta estructura “familiar” se dirigieron ataques sistemáticos contra Berta y el Copinh, en medio de un clima de odio y persecución, que desembocaron en el asesinato.
Actualmente, Daniel Eduardo Atala Midence se encuentra prófugo de justicia.
Lucha inclaudicable
Sin duda alguna se trata de una primera importante señal de querer poner en el banquillo de los acusados a las mentes criminales, es decir aquellos que planearon, organizaron y financiaron el ataque asesino contra la defensora y dirigente indígena.
La inclaudicable lucha de la familia de Berta, del Copinh y del equipo legal, sumado a la imprescindible presión de la solidaridad nacional e internacional, serán fundamentales para que todos los miembros de la estructura criminal asesina paguen por sus delitos.
Sólo habrá justicia completa, que implica verdad, reparación y no repetición de los crímenes que se cometieron, cuando se haya capturado, enjuiciado y condenado no sólo a los autores intelectuales, sino también a aquellos actores políticos, económicos y financieros, nacionales e internacionales, que patrocinaron el proyecto Agua Zarca y lucraron sobre la sangre derramada.
Sólo cuando serán firmes las sentencias contra las ocho personas ya condenadas. Sólo cuando se cierre definitivamente el proyecto Agua Zarca y se cancele la ilegal e inconsulta concesión sobre el Gualcarque.
Alcanzar verdad y justicia para Berta significa también dar paso a la posibilidad de romper el velo de silencio e impunidad que cubre cientos de casos de asesinato de defensores y defensoras en Honduras.
