Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
A pocas semanas de asumir el cargo el presidente electo Bernardo Arévalo, la situación en el país se ha vuelto preocupante. La posibilidad de un golpe de estado técnico ya es más que una inquietud.
Después de la ola de órdenes de captura contra estudiantes, docentes, periodistas y políticos por haber denunciado el burdo fraude en las elecciones de autoridades en la Universidad de San Carlos (Usac), en Guatemala ha recrudecido la persecución y criminalización contra quienes han venido denunciando el corrupto aparato político-institucional, coludido con el gran capital nacional y transnacional.
El objetivo es claro: mantener el statu quo, es decir proteger y garantizar a cualquier costo los beneficios de los pudientes y sus lacayos.
En este sentido, la derrota de la derecha tradicional y radical en las últimas elecciones y la victoria de un movimiento progresista, que enarbola la bandera de la lucha contra la corrupción, dispararon la alerta en lo que se conoce popularmente como el “pacto de corruptos”.
MP verdugo
Punta de lanza del aparato represivo y criminalizador es el Ministerio Público con sus figuras de mayor peso: la fiscal general Consuelo Porras y el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche.
Después de haber montado todo un espectáculo hollywoodiano, con cateos en varias instituciones del Estado y en la sede del Movimiento Semilla, el partido de Bernardo Arévalo, detenciones y solicitudes de desaforo de diputados y magistrados, el Ministerio Publico notificó sus intenciones.
En conferencia de prensa, Curruchiche y otros funcionarios de la institución anunciaron que solicitarán retirar la inmunidad al presidente electo y otros diputados del partido Movimiento Semilla, para que sean enjuiciados por varios supuestos delitos.
Asimismo, pidieron emitir órdenes de captura contra correligionarios de Arévalo, declararon al partido Movimiento Semilla como “nunca nacido a la vida jurídica” por las supuestas anomalías halladas.
Finalmente, denunciaron otras supuestas irregularidades en el procesamiento de los resultados electorales, varios delitos de los magistrados electorales para alterar el resultado final y solicitaron la nulidad de las elecciones.
Los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral que perdieron la inmunidad ya engrosaron las filas de funcionarios, académicos, estudiantes, activistas sociales y periodistas que se fueron al exilio.
Ante este escenario, la comunidad internacional se está mostrando compacta al denunciar la intentona golpista y Arévalo está encabezando movilizaciones de protesta en la capital.
“No quieren dejar que Bernardo Arévalo asuma el poder el 14 de enero. Eso se convertiría en una grave violación a la democracia, una ruptura del orden constitucional, un verdadero golpe de estado”, dijo a La Rel, Rolando Fonsea, secretario general de FESTRAS.
“También sería una violación de la voluntad expresada por el pueblo en las urnas y del mismo Estado de derecho”, agregó.
De “permitirle” asumir el cargo, igualmente el nuevo presidente se encontrará totalmente aislado, sin votos en el Congreso, bajo chantaje de abrirle juicios e imposibilitado de ejercer su cargo.
Para el también dirigente del Sindicato de Trabajadores de Embotelladora Central SA (STECSA), hoy más que nunca se necesita de la movilización popular a nivel nacional.
“Lo más difícil está por venir. El escenario es muy complicado y nos estamos reuniendo varios sectores para definir las medidas a tomar. Lo más probable es que vayamos a un paro total e indefinido”, advirtió Fonsea.
“Necesitamos de la presión y la solidaridad internacional, a la par de una gran movilización popular. Como pueblo debemos salir a las calles. Tenemos la capacidad y el deber de hacerlo”, concluyó.
Fuente: Rel UITA
