Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
Este 9 de agosto, en el sector de Guanchias, departamento de Yoro, cientos de familias campesinas, aglutinadas en al menos 30 empresas pertenecientes a la Federación Nacional de Campesinos de Honduras (Fenach), la Central Nacional de Trabajadores del Campo (Cntc) y el Movimiento de Campesinos/as Sin Tierra de Yoro (Mccstdy), fueron desalojadas en medio de un fuerte despliegue policial, y sus cultivos y casa arrasadas.
La propiedad de dichas tierras es reclamada por Azucarera del Norte SA (Azunosa), empresa controlada por el grupo hondureño Caña de Azúcar Holdings e Inversiones Azucareras del Valle, que ha demandado civilmente a las organizaciones campesinas.
Sin embargo, los procesos no han avanzado y no existe una resolución sobre la propiedad de estas tierras.
Para el Bufete Estudios para la Dignidad, cualquier desalojo ejecutado en ese contexto está al margen del cumplimiento de los conceptos básicos del estado de derecho y del debido proceso legal.
Asimismo, constituye un atentado contra las familias campesinas y el derecho a la alimentación, ya que Azunosa “acostumbra” destruir los cultivos de granos básicos que se producen en las tierras que considera suyas.
Cerca de 700 familias – unas 3 mil personas – fueron víctimas del brutal desalojo, durante el cual Azunosa procedió a destruir más de 500 manzanas [1] de maíz.
Datos oficiales evidencian que, en el sector rural, un 63 por ciento de la población vive en condición de pobreza y el 50 por ciento en extrema pobreza.
“En el país hay necesidad de alimentos y esta gente nos destruyó cientos de manzanas donde íbamos a cosechar unos 30 mil quintales de maíz [2]. Esto fue una barbaridad”, sentenció Valdez.
Lo más irónico y, a la vez, absurdo de todo esto es que un día antes del desalojo, las organizaciones campesinas habían firmado con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) un convenio de compra-venta de maíz producido en estas mismas tierras.
¿Comisión de seguridad agraria para quienes?
Recientemente, el gobierno de Xiomara Castro instaló la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra que, entre otros, tiene el objetivo de elaborar un proyecto de ley orientado a dar respuesta a la grave problemática de la mora agraria en Honduras.
“Dicen que van a investigar cada caso para resolver los conflictos sobre la titularidad de las tierras, pero lo que vemos es que siguen desalojando, además sin tomar en cuenta las necesidades alimentarias de cientos de familias.
La gente no se va a quedar de brazos cruzados. Se va a tomar las calles y va a tratar de recuperar esas tierras, porque de ellas depende su vida”, manifestó Valdez.
Ante esta situación, el Bufete Estudios para la Dignidad y el Bloque Popular Campesino e Indígena hicieron un llamado a la Comisión a que se abstenga de ejecutar nuevos desalojos contra las familias campesinas, mientras tanto siga el curso normal de las demandas judiciales interpuestas por Azunosa.
En este contexto, aseguran, se podrá demostrar las repetidas violaciones de derechos cometidas por esta empresa.
“Exigimos que la lógica de la Comisión tenga como prioridad de trabajo la investigación de las formas fraudulentas y violentas con que las empresas agroindustriales se han apoderado de la tierra de reforma agraria. Tierra que, por mandato constitucional, les corresponde a las familias campesina”, concluyeron.
Notas:
[1] 1 manzana = 0,70 hectárea
[2] 1 quintal = 46 kilos
Fuente: Rel UITA
