Por Giorgio Trucchi | LINyM
La noche de este miércoles 20 de abril, el Congreso de Honduras votó por unanimidad la derogación de las muy cuestionadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), popularmente conocidas como ‘ciudades modelo’ o ‘charter cities’.
Dos fueron los decretos presentados por el presidente del Congreso, Luis Redondo, donde se dictaba la derogación de todas aquellas normas o reformas constitucionales relacionadas con las Zede, así como de su ley orgánica aprobada en 2013.
Para lograrlo se necesitaba de la mayoría calificada de los dos tercios (86 votos), sin embargo, la iniciativa contó con la aprobación de todos los 128 congresistas.
Para que la derogación quede firme, habrá que esperar su ratificación en la próxima legislatura (2023). Luego deberá ser sancionada por la presidenta Xiomara Castro y publicada en la Gaceta Diario Oficial.
Todas las concesiones ya otorgadas en los últimos años quedarían nulas.
Tras la aceleración impuesta en los últimos años a las Zede, amplios y diversificados sectores de la sociedad hondureña han multiplicado sus protestas y su derogación se ha convertido en una de las demandas más sentidas hacia las nuevas autoridades.
En su toma de posesión, la presidenta Xiomara Castro no escatimó acusaciones contra sus antecesores.
“Han atentado contra la soberanía popular, vendieron el territorio como cualquier otra mercancía. Han modelado toda la legislación a sus propios intereses, sin importar el brutal daño sobre la población a la que han reducido a la miseria. Por eso entregó al Congreso Nacional el proyecto de decreto que deroga la Ley de las Zede”, dijo en aquella ocasión.
Menos de tres meses después, la promesa se ha convertido en realidad.
Antecedentes
Hace aproximadamente una década, el Congreso de Honduras reformó varios artículos de la Constitución y aprobó un reglamento para la creación de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED).
Ideadas y promovidas por el economista estadounidense Paul Romer, las RED proyectaban el sueño de grandes zonas de territorio nacional con un altísimo grado de autonomía, ofrecidas por tiempo indefinido al capital transnacional para, supuestamente, generar empleo.
Contra el proyecto, que trataba burdamente de paliar la grave crisis política, económica y social post golpe (2009), se activaron y movilizaron organizaciones sociales, populares, de juristas, con el apoyo decidido de amplios sectores de la sociedad hondureña.
Se recolectaron firmas en todo el territorio nacional y se presentaron más de 50 recursos de inconstitucionalidad. Además, la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho acusó formalmente por el delito de traición a la patria al entonces mandatario Porfirio Lobo, al presidente del Congreso Juan Orlando Hernández y a 126 diputados.
En octubre de 2012, el pleno de magistrados de la Corte
suprema de justicia resolvió declarar
inconstitucional el decreto legislativo 283-2010, con el que los poderes
ejecutivo y legislativo pretendían crear las RED.
La decisión se tomó después de que cuatro de los cinco magistrados de la Sala
de lo Constitucional hicieran lo mismo, resolviendo la avalancha de recursos de
inconstitucionalidad presentados por los sectores antagonistas al proyecto.
Según ellos, el decreto atentaba contra preceptos pétreos establecidos en la
Constitución, como la forma de gobierno y la soberanía nacional.
Golpe parlamentario
En diciembre del mismo año, el Congreso, siempre presidido por
Hernández, abrió un juicio político y asestó un verdadero golpe de estado
técnico, destituyendo a los cuatro magistrados “rebeldes”.
En enero del nuevo año, una amplia mayoría parlamentaria volvió a aprobar
reformas constitucionales para dar vida a las Zonas de Empleo y Desarrollo
Económico (Zede) y a los regímenes especiales (decreto 236-2012). Ocho meses
después se aprobó su ley orgánica (decreto 120-2013).
De las RED a las ZEDE
Con esta ‘maniobra’ se mantuvo intacta la estructura de espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros, para implementar actividades económicas en total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad.
Siete años después se comenzaron a instalar las primeras Zede (Roatán, La Ceiba, Choloma, Choluteca) y se multiplicaron las protestas.
A finales de mayo del 2021, el Congreso aprobó otra cuestionada reforma a la ley orgánica de las Zede, ampliando aún más las exoneraciones de impuestos y los beneficios fiscales para quienes invertirían en estos proyectos. En junio, el pleno de la Corte suprema de justicia aprobó el establecimiento de la Jurisdicción Especial de las Zede.
“Es una decisión histórica y le estamos cumpliendo al pueblo. Las Zede fueron aprobadas cuando en este Congreso se legislaba no apegado a la Constitución y las leyes, sino a los intereses de los grupos de poder económico y del narco-partido que gobernaba”, dijo a medios nacionales la diputada Silvia Ayala, presidenta de la Comisión especial para la derogación de las Zede.
“Ha quedado claramente establecido que las Zede, que ya se instalaron en territorio nacional, fueron aprobadas violando preceptos constitucionales. Como Estado estamos listos a acudir ante cualquier instancia y demostrar la ilegalidad e inconstitucionalidad de estos proyectos”, agregó la congresista
Desde su cuenta de Twitter, la mandataria Xiomara Castro agradeció la decisión tomada por el Congreso.
“¡Gracias! Presidente Luis Redondo, Fernando García, diputados y diputadas por derogar las criminales Zede y derrotar a quienes pretendían robarnos la soberanía. Esta promesa cumplida es un paso más hacia la Refundación”, escribió Castro.
También el canciller Enrique Reina enfatizó la medida tomada por el Congreso.
“Desaparecen las Zede, aberración de la dictadura que violaba la soberanía. El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, diputadas y diputados y Luis Redondo recuperan la dignidad nacional y la Patria”.
