Desmilitarizar la seguridad, independizar la justicia y desmontar la red de corrupción e impunidad
Giorgio Trucchi | Rel UITA
La pobreza, la desigualdad, la discriminación, la violencia, la impunidad y las consecuencias de la crisis sanitaria y humanitaria por el Covid-19 y los huracanes de 2020, marcaron la situación de derechos humanos en Honduras durante el año pasado.
De acuerdo con el informe[1] presentado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras, la pobreza a nivel nacional pasó de 64,7 a 73,6 por ciento, involucrando a unos 7,3 millones de personas (fuente INE).
La tasa de homicidios fue de 39 por cada 100 mil habitantes. Mujeres y personas LGBTI fueron entre las más afectadas por la violencia.
El Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Iudpas-Unah) registró 318 muertes violentas de mujeres (una cada 27 horas), mientras que la Red Lésbica Cattrachas reportó el asesinato de 28 personas LGBTI (30 por ciento más que en 2020).
Giorgio Trucchi | Rel UITA
La pobreza, la desigualdad, la discriminación, la violencia, la impunidad y las consecuencias de la crisis sanitaria y humanitaria por el Covid-19 y los huracanes de 2020, marcaron la situación de derechos humanos en Honduras durante el año pasado.
De acuerdo con el informe[1] presentado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras, la pobreza a nivel nacional pasó de 64,7 a 73,6 por ciento, involucrando a unos 7,3 millones de personas (fuente INE).
La tasa de homicidios fue de 39 por cada 100 mil habitantes. Mujeres y personas LGBTI fueron entre las más afectadas por la violencia.
El Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Iudpas-Unah) registró 318 muertes violentas de mujeres (una cada 27 horas), mientras que la Red Lésbica Cattrachas reportó el asesinato de 28 personas LGBTI (30 por ciento más que en 2020).
Tanto la extensión del estado de
emergencia por la pandemia, como las reformas al código penal que
profundizaron la criminalización de la protesta social y de las y los
defensores, agudizaron aún más la grave crisis de derechos humanos.
Ataques a defensores y periodistas
Al menos 302 personas, entre defensoras de derechos humanos (209) y periodistas (93), fueron víctimas de ataques, incluyendo 10 asesinatos.
De las personas afectadas, 169 se dedican a la defensa de la tierra y bienes comunes, 17 defienden los derechos de las personas LGBTI, 119 pertenecen a pueblos indígenas y negros.
Continúan también los desalojos forzosos “sin cumplir las debidas garantías o sin verificar la existencia de títulos ancestrales u otra forma de tenencia de la tierra”, explicó Isabel Albaladejo, representante de Oacnudh en el país.
Eso generó un aumento de la inseguridad jurídica en la tenencia, propiedad, uso y disfrute de la tierra, sumado a una agudización de la conflictividad, muchas veces por la imposición de proyectos extractivos, de producción de energía o por la expansión de monocultivos.
Corrupción, impunidad y militarización
El acceso a la justicia en Honduras sigue siendo una asignatura pendiente a causa de barreras estructurales y problemas sistémicos, entre otros, la falta de independencia judicial, el retardo injustificado de los procesos, la limitación de participación integral de las víctimas, la impunidad.
Al menos 17 personas asociadas a corrupción y lavado de activos fueron sobreseídas tras la entrada en vigor de las controvertidas reformas al código penal (decreto 93-2021).
“La corrupción y su impunidad siguen siendo un grave problema estructural en el país que socava las bases del Estado de derecho”, señala el informe.
La Oacnudh lamentó la falta de avances en la investigación de las graves violaciones ocurridas en el marco del golpe de 2009, la crisis post electoral de 2017 y la desaparición forzada de los cuatro líderes comunitarios garífunas de Triunfo de la Cruz.
Asimismo, señaló los altos índices de violencia electoral que el año pasado dejaron un saldo de 32 muertes, 17 atentados y 7 agresiones.
También expresó fuerte preocupación por la falta de avances en la desmilitarización de la seguridad pública y del sistema penitenciario.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones, la Oacnudh instó a las nuevas autoridades a impulsar políticas con enfoque en derechos humanos, fortalecer la independencia del poder judicial, desmilitarizar progresivamente la seguridad pública y la administración penitenciaria.
También pidió adoptar medidas urgentes para prevenir, investigar y sancionar los crímenes contra mujeres, personas LGBTI, pueblos indígenas, y negros, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como implementar una política pública anticorrupción con un enfoque de derechos humano.
Finalmente, instó a adoptar medidas, mecanismos y marcos normativos para prevenir disputas sobre tierras y territorios, asegurar el respeto de los derechos de comunidades indígenas y campesinas, prevenir la violencia de género, garantizar los derechos de la comunidad LGBTI, atender las necesidades de migrantes y desplazados internos.
Ataques a defensores y periodistas
Al menos 302 personas, entre defensoras de derechos humanos (209) y periodistas (93), fueron víctimas de ataques, incluyendo 10 asesinatos.
De las personas afectadas, 169 se dedican a la defensa de la tierra y bienes comunes, 17 defienden los derechos de las personas LGBTI, 119 pertenecen a pueblos indígenas y negros.
Continúan también los desalojos forzosos “sin cumplir las debidas garantías o sin verificar la existencia de títulos ancestrales u otra forma de tenencia de la tierra”, explicó Isabel Albaladejo, representante de Oacnudh en el país.
Eso generó un aumento de la inseguridad jurídica en la tenencia, propiedad, uso y disfrute de la tierra, sumado a una agudización de la conflictividad, muchas veces por la imposición de proyectos extractivos, de producción de energía o por la expansión de monocultivos.
Corrupción, impunidad y militarización
El acceso a la justicia en Honduras sigue siendo una asignatura pendiente a causa de barreras estructurales y problemas sistémicos, entre otros, la falta de independencia judicial, el retardo injustificado de los procesos, la limitación de participación integral de las víctimas, la impunidad.
Al menos 17 personas asociadas a corrupción y lavado de activos fueron sobreseídas tras la entrada en vigor de las controvertidas reformas al código penal (decreto 93-2021).
“La corrupción y su impunidad siguen siendo un grave problema estructural en el país que socava las bases del Estado de derecho”, señala el informe.
La Oacnudh lamentó la falta de avances en la investigación de las graves violaciones ocurridas en el marco del golpe de 2009, la crisis post electoral de 2017 y la desaparición forzada de los cuatro líderes comunitarios garífunas de Triunfo de la Cruz.
Asimismo, señaló los altos índices de violencia electoral que el año pasado dejaron un saldo de 32 muertes, 17 atentados y 7 agresiones.
También expresó fuerte preocupación por la falta de avances en la desmilitarización de la seguridad pública y del sistema penitenciario.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones, la Oacnudh instó a las nuevas autoridades a impulsar políticas con enfoque en derechos humanos, fortalecer la independencia del poder judicial, desmilitarizar progresivamente la seguridad pública y la administración penitenciaria.
También pidió adoptar medidas urgentes para prevenir, investigar y sancionar los crímenes contra mujeres, personas LGBTI, pueblos indígenas, y negros, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como implementar una política pública anticorrupción con un enfoque de derechos humano.
Finalmente, instó a adoptar medidas, mecanismos y marcos normativos para prevenir disputas sobre tierras y territorios, asegurar el respeto de los derechos de comunidades indígenas y campesinas, prevenir la violencia de género, garantizar los derechos de la comunidad LGBTI, atender las necesidades de migrantes y desplazados internos.
