Por Giorgio Trucchi | Pagine Esteri
Presentada como una operación para liberar a cuatro técnicos de la ONU secuestrados por bandas armadas, la intervención militar de El Salvador se está convirtiendo en una misión cuyos contornos resultan cada vez más inquietantes.
El Salvador se está enfrentando a una de las maniobras políticas más complejas y arriesgadas de su historia reciente. Con el pretexto inicial de rescatar a cuatro técnicos aeronáuticos de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF) de la ONU —secuestrados el 18 de octubre de 2026 por pandillas armadas en Croix-des-Bouquets—, el presidente Nayib Bukele ordenó el desembarco de más de 2,000 militares en Puerto Príncipe. Sin embargo, el argumento que justificaba la incursión pronto se desmoronó.
Hasta ahora, las autoridades salvadoreñas no han dado detalles sobre el estado de los rehenes. Esta falta de certeza ha transformado la misión original: de una operación humanitaria de rescate a una campaña masiva de castigo y control, respaldada por el “visto bueno” político de Washington. Estados Unidos, Colombia y República Dominicana han garantizado el apoyo logístico para trasladar personal y equipo a la isla, mientras que el presidente dominicano, Luis Abinader, también ha confirmado el apoyo de inteligencia a las tropas salvadoreñas.
El drama de Haití
En Haití, la crisis de seguridad es estructural. Las pandillas armadas —reunidas en la coalición Viv Ansanm, que incluye a grupos como 400 Mawozo y Chèn Méchan— controlan alrededor del 80-90% de la capital y extienden su violencia a las zonas rurales, mientras que el Estado haitiano no logra mantener el control de las zonas liberadas por las tropas extranjeras. Desde 2004, la creación del Grupo CORE y de la misión de la ONU MINUSTAH ha tenido un balance ampliamente desastroso, marcado por graves escándalos humanitarios e injerencia en la soberanía nacional.
En este complejo escenario de guerra urbana coexisten y se enfrentan contratistas privados estadounidenses, la fuerza de la ONU, la policía y el ejército haitiano, las bandas armadas y ahora el contingente de El Salvador, que actúa sin mandato internacional en virtud de un supuesto acuerdo bilateral entre Puerto Príncipe y San Salvador. Sin una dirección centralizada, cada actor opera según sus propias reglas, lo que aumenta el caos y el riesgo de un conflicto indefinido.
En las primeras semanas de su presencia, las unidades especiales salvadoreñas y la policía y ejército haitiano lanzaron ataques coordinados por tierra y aire. Tras arrasar la base operativa de 400 Mawozo —que también servía de residencia al líder de la gang Wilson Joseph—, recuperaron el control del estadio nacional Sylvio-Cator.
Bukele luego ordenó a las pandillas que abandonaran las zonas aún ocupadas, anunciando que transformará el estadio en una base operativa avanzada. La que parecía una operación de rescate (extracción) se está convirtiendo en una intervención prolongada en el territorio con objetivos cada vez menos claros.
Tras obtener el pleno apoyo de las autoridades haitianas y de parte de la población, el presidente Bukele se reunirá en los próximos días con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Patrick Pélissier. Por orden del primer ministro interino Alix Didier Fils-Aimé —quien canceló su visita a última hora—, el ministro de Justicia haitiano se encuentra en San Salvador para participar en la II Conferencia Internacional sobre el Estado y la Democracia (CIED 2026). Se espera que la reunión bilateral sirva para definir el futuro del despliegue militar.
Fuera del mandato ONU
En el plano internacional, la legalidad de la operación está bajo un escrutinio riguroso: el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, ha aclarado por escrito que la mayor parte de los militares salvadoreños opera fuera del mandato de las Naciones Unidas. Sobre el terreno, las consecuencias humanitarias ya son graves.
Según Médicos Sin Fronteras (MSF), la llegada de nuevas fuerzas armadas corre el riesgo de agravar el conflicto y aplastar aún más a la población civil en el fuego cruzado. Al mismo tiempo, los movimientos sociales de la diáspora, como el Movimiento Sociocultural de los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), hablan de una “ocupación” infructuosa, recordando los fracasos de las intervenciones extranjeras del pasado. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), los últimos ataques ya han obligado a unas 2.000 personas a huir de sus hogares.
¿Cuáles objetivos?
¿Cuáles son, entonces, los verdaderos objetivos de Bukele? “No se trata solo de un rescate, sino de un modelo que se propone exportar, que combina estado de excepción, mega cárceles, detenciones masivas y arbitrarias, y que ahora pretende dar un paso más allá de las fronteras salvadoreñas”, explica Marisela Ramírez, del Bloque de Resistencia y Rebelión Popular (BRP), al programa Horizonte Sur Global.
Según la activista, el bukelismo se ha convertido en una franquicia política y una marca registrada que las derechas de la región buscan imitar. Al igual que los manuales contrainsurreccionales del siglo pasado, el modelo salvadoreño se vende hoy como una fórmula mágica basada en el punitivismo penal y la suspensión de las garantías constitucionales a sociedades aterrorizadas por la violencia urbana, omitiendo las especificidades históricas locales. El envío de más de 2.000 soldados a Puerto Príncipe busca internacionalizar esta doctrina, proponiendo los métodos aplicados en Centroamérica como una fuerza policial global.
En los círculos académicos y pastorales salvadoreños se percibe una gran preocupación por esta deriva ideológica y por los riesgos del mesianismo político. El análisis de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), presentado por Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero, destaca cómo la justificación de la intervención ha derivado hacia una retórica mística y apocalíptica, presentando la acción militar como una “guerra espiritual entre el bien y el mal”.
El gobierno de Bukele se autodefine como la encarnación absoluta del bien y demoniza a las pandillas haitianas para legitimar una guerra de exterminio en el Caribe, donde el fin justifica los medios y las víctimas civiles se convierten en daños colaterales. Al presentarse como un libertador desinteresado sin pretensiones neocoloniales —continúa Cardenal—, Bukele busca proyectarse como el único líder latinoamericano capaz de pacificar naciones atormentadas por la violencia.
Pero Haití no es El Salvador y las pandillas haitianas no son las maras, lo que expone a las tropas salvadoreñas al riesgo concreto de sufrir grandes bajas. Además, la eficacia del modelo se sustenta en narrativas mediáticas que omiten un dato documentado por el Departamento del Tesoro, por investigaciones federales de Estados Unidos y por reportajes periodísticos: los pactos secretos preexistentes entre funcionarios del gobierno de Bukele y los líderes encarcelados de las bandas criminales, una variable única en el fragmentado ecosistema paramilitar haitiano.
Intereses extractivistas y mercenarismo
Para Martínez, detrás de la retórica grandilocuente de la lucha contra la delincuencia también surgen sospechas de vastos intereses económicos en el subsuelo haitiano, que alberga recursos mineros estimados en unos 20 mil millones de dólares: un botín que introduce variables extractivistas en un despliegue carente de control internacional, acompañado del uso de la “guerra cognitiva”, tan apreciada por Bukele para manipular los traumas colectivos relacionados con la delincuencia y ocultar las verdaderas motivaciones de la operación.
A esto se suma el negocio del mercenarismo corporativo, vinculado a la presencia en la región de Erik Prince, ex Navy SEAL y fundador de la controvertida Blackwater. En 2025, el gobierno haitiano firmó un contrato de diez años con la actual empresa de Prince, Vectus Global, para suministrar tecnología contra las pandillas. Prince se reunió en San Salvador con Bukele y miembros del Congreso de EE. UU., elogiando con vehemencia el estado de emergencia salvadoreño. Los vínculos operativos son estrechos: entre los contratistas de Vectus Global en Haití figuran veteranos de diversas nacionalidades, incluidos militares salvadoreños que inicialmente formaban parte de la primera vanguardia de la ONU (compuesta por entre 78 y 125 efectivos centroamericanos).
Según la portavoz del BRP, la exportación del modelo de seguridad salvadoreño se sustenta en el endeudamiento público, la opacidad institucional y un mesianismo político cuyos costos internos ya son evidentes. En El Salvador, el control social se traduce en casi cinco años ininterrumpidos de estado de excepción, detenciones masivas, cientos de denuncias de muertes bajo custodia en cárceles de máxima seguridad y más de 150 líderes sociales detenidos para desmantelar la disidencia. Para financiar este aparato, el ejecutivo ha priorizado el gasto militar a costa de las inversiones sociales.
Entre enero y septiembre de 2026, El Salvador importó alimentos por un valor de 2,4 mil millones de dólares (+4% respecto al año anterior) y, según datos de la Secretaría de Comercio e Inversiones, el 80% de los alimentos que se consumen en el país proviene ya del extranjero. Además, según el Banco Central, el 77% de las familias no cuenta con una vivienda digna, con una carencia de vivienda que afecta al 98,6% de los hogares rurales y al 51% de los urbanos. En cuanto a las finanzas públicas, la deuda total creció en 229 millones de dólares solo en el mes de septiembre, superando el umbral de los 35 mil millones (+83% desde el inicio de la era Bukele), mientras que el 70% de los jubilados no logra cubrir con su pensión la canasta de productos de primera necesidad.
Un panorama aún más paradójico si se tiene en cuenta que —como lo ha admitido el propio Bukele— el 90% de los costos de la misión en Haití recae directamente sobre las arcas del Estado salvadoreño.
“En El Salvador, la única partida presupuestaria que ha crecido es la militar, mientras que todos los proyectos sociales han sufrido recortes alarmantes», concluye Ramírez.
Fuente: Pagine Esteri (italiano)
