Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
Tiempos difíciles para Chiquita Brands. Después de los graves problemas que está teniendo en Estados Unidos, la transnacional bananera está siendo acusada de desalojar y echar a la calle a su propio personal en el Atlántico costarricense.
En el municipio de Talamanca, fronterizo con Panamá, la empresa Chiriquí Land Company, subsidiaria de Chiquita Brands, controla dos fincas bananeras (Tayrona y Cañaveral).
El 85 por ciento de los trabajadores tiene nacionalidad panameña y, en su mayoría, pertenece a la etnia Ngöbe-Buglé (unas cuatrocientos personas).
Un acuerdo firmado el año pasado entre Costa Rica y Panamá les otorgó la doble nacionalidad para que pudieran gozar de ciertos beneficios.
Un 46 por ciento sigue viviendo en territorio panameño, se levanta a diario a las 3 de la mañana y cruza el puente que divide los países para ir a trabajar. El restante 54 por ciento reside en territorio costarricense.
Muchos de ellos viven en cuadrantes¹ que la compañía bananera construyó y cuyas casas les fueron otorgadas en comodato.
Desalojando familias
Este beneficio está reglamentado por el código de trabajo costarricense (art. 164) bajo la figura del “salario en especie²”.
En las últimas semanas, la compañía está avisando a decenas de trabajadores que tienen 15 días para desocupar sus viviendas y buscar a dónde irse.
Algo que también se está llevando a cabo, hasta con más brutalidad, en otras zonas del país y que la Rel UITA ha venido documentando.
“Lo que Chiquita está haciendo es brutal. Hay compañeros que tienen décadas trabajando en la empresa y que están siendo desalojados juntos a su familia”, dijo a La Rel, Carlos Quiroz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Chiriqui Land Company (Sitrachiri).
“En este momento están sacando a 17 familias, aduciendo que no cumplen con los requisitos de asignación de vivienda y trayendo argumentos tontos. Esto es ridículo y sabemos que van por más desalojos. Se habla de al menos 47 familias afectadas”, agregó.
Chiquita, las mismas mañas
Lo que más llama la atención es que todos los trabajadores afectados están afiliados al Sindicato, cuatro de ellos son delegados sindicales en las fincas.
“Lo que creemos es que se trata de una arremetida para forzar a los trabajadores a aceptar algunas propuestas, avanzadas por la empresa, que violan nuestro convenio colectivo”, manifestó Quiroz.
Chiquita estaría presionando para que los trabajadores renuncien al empleo de mutuo acuerdo, retiren su liquidación y acepten ser recontratados con garantías desmejoradas, en especial la que se refiere al derecho a vacaciones.
“Sin embargo, en este acuerdo se sigue garantizando el derecho a la vivienda, por lo tanto, creemos que la amenaza de desalojo persigue el objetivo de obligar a los compañeros a aceptar esta propuesta”, explicó el dirigente sindical.
Ofensiva sindical
El pasado 21 de agosto, Quiroz, en calidad de secretario general del Sindicato, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se detenga la orden de desalojo.
También se instó a la empresa a frenar la medida y sentarse a negociar.
“Vamos a esperar que la Sala se pronuncie, mientras tanto estamos denunciando ese atropello a nivel nacional e internacional. Los compañeros se mantienen firmes y no quieren salir. También estamos valorando otras acciones judiciales”, concluyó Quiroz.
Notas
¹Complejos habitacionales que surgen en los alrededores de las plantaciones donde viven las y los trabajadores y sus familias.
²Entre las diferentes formas de retribución, el salario en especie se
paga con bienes o medios distintos al dinero como, por ejemplo,
alimento, alojamiento o transporte. Este no podrá ser mayor al 50 por
ciento de lo que reciba el trabajador en dinero efectivo.
Fuente: Rel UITA
