En este video de la Ofraneh, Miriam Miranda, coordinadora general de la organización garífuna, agradece los múltiples mensajes de respaldo y solidaridad recibidos después de los graves hechos ocurridos en Vallecito.
Asimismo, reafirma con fuerza el compromiso de lucha del pueblo garífuna en defensa de la tierra, los territorios ancestrales y los bienes comunes, contra la expansión de proyectos extractivos, energéticos, agroindustriales y turísticos, que ponen en peligro su misma existencia.
Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
Después de dos años y medio del asesinato de la joven estudiante Keyla Martínez, el Tribunal de Sentencias de Siguatepeque encontró al policía Jarol Rolando Perdomo culpable del delito de homicidio imprudencial, no de femicidio agravado como solicitaba la parte acusadora.
La noche del 6 de febrero de 2021, Keyla Martínez, de 26 años, estudiante de enfermería, fue arrestada y encerrada en una celda por agentes de la Unidad Departamental de Policía de La Esperanza (UDEP 10), supuestamente por violar el toque de queda impuesto como medida de prevención contra la pandemia.
En la madrugada del siguiente día, el cuerpo sin vida de la joven estudiante era ingresado a emergencia del hospital departamental. Según la Policía, Keyla se había suicidado ahorcándose de los barrotes de la celda.
Dicha versión fue desestimada por el resultado de la autopsia, que reflejó que su muerte fue por asfixia mecánica, es decir que fue asesinada.
Acusado del asesinato ha sido el policía de escala básica Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, quien desde su detención ha guardado prisión preventiva.
Por Giorgio Trucchi | LINyM
El más reciente informe de Global Witness "Siempre en pie" (descargar aquí el informe completo) sobre los ataques sufridos a nivel mundial por las y los defensores de la tierra, territorios y bienes comunes en 2022 , ratifica lo peligroso que es defender al planeta y como América Latina sigue siendo el lugar más arriesgado para hacerlo.
El año pasado fueron al menos 177 las personas defensoras de la tierra y
el medioambiente asesinadas. El 88% de estos homicidios se produjo en
América Latina, y más de un tercio de todas las agresiones con
consecuencias mortales tuvieron lugar en Colombia (60), casi el doble
qué en 2021 (31).
Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
Honduras vive a la víspera. El gobierno de Xiomara Castro está bajo ataque, acorralado por los poderes fácticos de la nación y lidiando con un país en bancarrota, herencia dejada estratégicamente por el gobierno ultraconservador e ilegal saliente.
A pesar de que la correlación de fuerza en los diferentes espacios institucionales no lo favorece y que la crisis que se ha generado en el Congreso por la falta de consenso en la elección del nuevo fiscal general, la presidenta Castro (y el partido Libre) ha mostrado tener todavía una base social, activa, movilizada y consecuente con los desafíos planteados al asumir el cargo el año pasado.
Sobre la coyuntura actual de Honduras, La Rel habló con Carlos H Reyes, histórico dirigente sindical hondureño y miembro de la Convergencia Contra el Continuismo (CCC).
Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
Si la movilización de este martes tenía el objetivo de mostrar el músculo del pueblo organizado y en resistencia, mandando una señal contundente a los poderes fácticos de Honduras y a sus serviles en el Congreso, de que un golpe de estado hoy no es ni siquiera concebible, podemos decir que ha sido un éxito abrumador.
Miles y miles (casi imposible calcular la cantidad) de personas provenientes de todos los rincones del país se concentraron frente a Casa Presidencial en Tegucigalpa, para respaldar a la presidenta Xiomara Castro y exigir la elección del nuevo fiscal general.
Se trata de un cargo extremadamente estratégico para enrumbar el país en el difícil camino de acabar, entre otros, con la corrupción, la impunidad, la criminalización y persecución de luchadores sociales y populares.
Arrancar a la derecha ultraconservadora hondureña la capacidad de manipular a los aplicadores de justicia para asegurar sus intereses, es fundamental para el gobierno de Xiomara Castro y su proyecto de iniciar una refundación del país.
Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
Desde el 2002, en Honduras se conmemora el 30 de agosto como Día Nacional del Detenido Desaparecido. Ocho años más tarde, Naciones Unidas estableció esa misma fecha como Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
En Honduras se calcula que, durante los años 80, en el marco de la implementación de la tenebrosa doctrina de Seguridad Nacional, más de 184 activistas fueron víctimas de desaparición forzada y cientos los hondureños y hondureñas que fueron asesinados por soñar y exigir un país diferente.
La impunidad sigue siendo absoluta y el Estado hondureño carga con una enorme deuda histórica. Sólo recientemente, con el nuevo gobierno de Xiomara Castro, el Estado ha comenzado a reconocer sus responsabilidades, emprendiendo el largo camino que debe necesariamente llevar a garantizar la justicia transicional para dar respuesta a los abusos cometidos contra las víctimas.
En el marco de esta necesidad de memoria, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) con la asesoría y asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la organización Memoria Abierta de Argentina, ha elaborado una herramienta jurídica que permita al país avanzar hacia la obtención de estos objetivos.
Para el día 30 de agosto, Cofadeh, acompañado por organizaciones y personas aliadas y amigas, entre ellas la Rel UITA, hará entrega a la presidenta Xiomara Castro del proyecto de Ley Integral de Víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional.
En este video, Bertha Oliva, coordinadora nacional de Cofadeh, explica a La Rel el porqué de este proyecto de ley y cuáles son sus contenidos innovadores que pretenden marcar un hito en la historia reciente de Honduras.
VIDEO AQUÍ
Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
Este 9 de agosto, en el sector de Guanchias, departamento de Yoro, cientos de familias campesinas, aglutinadas en al menos 30 empresas pertenecientes a la Federación Nacional de Campesinos de Honduras (Fenach), la Central Nacional de Trabajadores del Campo (Cntc) y el Movimiento de Campesinos/as Sin Tierra de Yoro (Mccstdy), fueron desalojadas en medio de un fuerte despliegue policial, y sus cultivos y casa arrasadas.
La propiedad de dichas tierras es reclamada por Azucarera del Norte SA (Azunosa), empresa controlada por el grupo hondureño Caña de Azúcar Holdings e Inversiones Azucareras del Valle, que ha demandado civilmente a las organizaciones campesinas.
Sin embargo, los procesos no han avanzado y no existe una resolución sobre la propiedad de estas tierras.
Para el Bufete Estudios para la Dignidad, cualquier desalojo ejecutado en ese contexto está al margen del cumplimiento de los conceptos básicos del estado de derecho y del debido proceso legal.
Asimismo, constituye un atentado contra las familias campesinas y el derecho a la alimentación, ya que Azunosa “acostumbra” destruir los cultivos de granos básicos que se producen en las tierras que considera suyas.
Di Giorgio Trucchi | Rel UITA/LINyM
In Honduras, come in tutto il mondo, il 28 giugno si celebra la Giornata mondiale dell’orgoglio Lgbti. Una data che nel paese centroamericano coincide con la commemorazione dell'inizio della resistenza popolare contro il golpe civico-militare del 2009.
Una mobilitazione, quella, che ha visto la comunità Lgbti in prima linea contro gli assassini in uniforme e quelli in giacca e cravatta, esponendo il petto alle pallottole e sommando martiri proprio come tanti altri settori, organizzati o meno, della società honduregna in resistenza.
Quattordici anni dopo, con il partito sorto come braccio politico di quella resistenza popolare ora al governo, guidato dalla prima donna presidente dell'Honduras, la situazione della comunità Lgbti continua a essere, eufemisticamente parlando, difficile.
En estos 37 años, Washington nunca aceptó lo que dictaminó la máxima instancia jurídica internacional. Detrás de las instrumentales oposiciones jurídicas, hay una verdad política: aceptar el fallo implicaría el reconocimiento de Estados Unidos como una nación entre otras, es decir, obligada a respetar el Derecho Internacional y las instituciones llamadas a protegerlo.
Irreconciliable con el estatuto de "excepcionalidad" que se han asignado a sí mismos en su Constitución y en las acciones criminales que han caracterizado sus 247 años de existencia, hechos de 231 años de guerras y millones de víctimas sacrificadas por la afirmación de un modelo demencial, darwiniano y excluyente.
Por Giorgio Trucchi | LINyM
Mayor seguridad para la población, lucha contra la
corrupción y combate al crimen organizado, que en los últimos doce años se ha
enquistado en las estructuras del Estado, fueron temas torales de la campaña que
llevó a Xiomara Castro a convertirse en la primera presidenta de Honduras,
despertando fuertes expectativas en las y los hondureños.
Después de presentar, la semana pasada, la segunda etapa del Plan Nacional de
Seguridad "Solución contra el crimen", que incluye nueve medidas
a aplicar durante los próximos seis meses, entre otras, la prórroga, hasta
finales de mayo, del estado de excepción en 123 municipios, la administración
Castro anunció la intervención de los principales centros penales del país,
escenarios en estos últimos días de revueltas y motines sincronizados y muy
poco espontáneos.
"Doce años de saqueo y colusión con el narcotráfico, maras y pandillas y
crimen organizado, público y privado, no se arreglan en 12 meses”, explicó la
mandataria a través de su cuenta en Twitter.
“Voy a poner mano dura y orden en las cárceles, hasta transformarlas en centros
penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como los que he
heredado", agregó.
En los días pasados, el gobierno de Xiomara Castro dio a conocer la propuesta de ley de justicia tributaria que enviará al Congreso para su aprobación, generando la reacción inmediata de sectores políticos y económicos que, durante años y a través de prácticas institucionales corruptas, se han beneficiado, entre otros, de gigantescas exoneraciones fiscales, perdono de deudas tributarias, blanqueo de evasión fiscal, ausencia de auditorías a las empresas exoneradas.
Mientras tanto, se crearon 14 nuevos impuestos para cobrar a los sectores más pobres de la sociedad hondureña.
De acuerdo con el documento de presentación de la iniciativa de ley, "los impuestos a los ricos apenas representan 3 de cada 10 lempiras que cobra el Estado en impuestos. El 20% más rico recibió el 98.62% de las exoneraciones y exenciones en impuestos sobre rentas y el 40% de las exenciones en canasta básica. 25 grupos económicos (a través de 142 empresas) acumularon dos terceras partes (66.7%) de las exoneraciones fiscales. De acuerdo a los Pandora Papers, 146 grandes empresas blanquearon capitales y evadieron impuestos utilizando paraísos fiscales".
Y hay mucho más. "Entre junio de 2009 (año del golpe contra el presidente Manuel Zelaya ndr) y diciembre 2022 se otorgaron 451,415.3 millones de lempiras (aproximadamente unos 17.3 mil millones de dólares ndr) en exoneraciones y exenciones, un 116% del total de la deuda pública al cierre del 2022. Honduras es el segundo país de América Latina que más impuestos ha perdonado en los últimos 12 años, con un 7% del PIB. Esto explica gran parte de la insuficiencia presupuestaria crónica del Gobierno; entre 2017 y 2021 apenas se recaudaron en impuestos 53 de cada 100 lempiras que fueron gastados."
A continuación el documento presentado por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), que incluye los diez puntos de la propuesta de ley.
Como era previsible, las declaraciones de Jorge Bergoglio, Papa Francisco, al medio ultraconservador Infobae sobre la situación en Nicaragua y, en especial, sobre el presidente Daniel Ortega y su gobierno ("no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige", "Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas... Son un tipo de dictaduras groseras") tuvieron una respuesta inmediata de parte de las autoridades nicaragüenses.
Con una nota de prensa del 12 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que "entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas", lo cual conllevaría el cierre temporal de las respectivas sedes diplomáticas.
El comunicado, aclara el Minrex, se hizo necesario "ante la información que ha sido divulgada por fuentes aparentemente vinculadas con la Iglesia Católica (...) Se hace notar - continúa el comunicado - cómo los medios vinculados al terrorismo golpista que atacó y asesinó al pueblo nicaragüense en abril 2018, fueron quienes divulgaron esa noticia tergiversada, que en estos tiempos se conoce como noticia falsa".
El periodista y director de Altrenotizie, Fabrizio Casari, analizó la situación que se originó tras las desafortunadas declaraciones del jefe de Estado del Vaticano. La LINyM publica a continuación el texto completo de la nota.
Por GT | LINyM
El pasado 2 de marzo, en el marco del séptimo aniversario del asesinato de la lideresa indígena y luchadora social hondureña Berta Cáceres, su hija menor, Laura Zúniga Cáceres, tomó la palabra desde la tarima en el Centro de Encuentros y Amistades "Utopía", en la ciudad de La Esperanza, y recordó a su mamá, su lucha, su ejemplo, su herencia, su todo.
Aquí dejo la transcripción de sus palabras, fuertes, intensas y dulces al mismo tiempo.
"Ayer pensaba que ya son siete años y volvemos a este espacio, a la Utopía, que fue el primer lugar en el que nos encontramos para recoger fuerzas después de este crimen que nos ha dolido tanto.
Hay muchas cosas que se atraviesan en la garganta cuando pensamos que hace siete años estábamos destruidas y descorazonadas. La conciencia y el alma se dispersaron de tal forma que todavía no logran volver.
Hay muchas cosas que se atraviesan cuando siento el dolor igual al de aquel día, y levanto la mirada y aunque me sienta tan huérfana, tan sin madre, y aun con todo ese peso, encuentro sus ojos en todas partes.
Movimiento opositor rechaza medida arbitraria del TSE
Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Guatemala ha negado arbitrariamente la inscripción del binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) en las elecciones de junio próximo. “Son motivaciones totalmente absurdas”, dijo a La Rel, Leiria Vay García, integrante de la dirección política del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca).
Para la dirigente indígena, la decisión de declarar no procedente la inscripción de la lideresa Maya Mam, Thelma Cabrera, y del ex Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, responde a una estrategia de los poderes fácticos guatemaltecos para defender sus intereses y mantener el statu quo.
“La verdad es que esta decisión no es en contra de Thelma y Jordán, sino del proyecto de transformación y de construcción de un Estado plurinacional que impulsan los pueblos”, aseguró Vay.
Un presidente (acosado y solitario) que decreta disolución del Congreso de la República (sin consumar), un Congreso de la República (con 96% de desaprobación popular) que destituye al presidente de la República, un Ministerio Público y Policía Nacional, sin mediar orden judicial, ni flagrancia alguna, que detienen y encarcelan al presidente de la República cuyo mandato apenas transcurría un tercio del total del período constitucional.
Y lo más vergonzoso, la maquinaria cultural limeña haciendo de esta escandalosa chacota un espectáculo mediático: “A la horca al indio golpista. Estamos salvando la democracia. Loas a nuestros valientes congresistas y a la nueva presidenta de la República (cuyo mérito fue abandonar al barco y al capitán que lo llevó a la vicepresidencia)”.
Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) cumplió 40 años. Cuatro décadas exigiendo incesantemente verdad, justicia, reparación, no repetición y castigo para los responsables de cientos de desapariciones forzadas.
por John Perry | UnHerd
En Nicaragua, las tres cuartas partes de los empleos se encuentran en pequeñas empresas o en la economía informal. Entonces, cuando se diagnosticó su primer caso de Covid el 18 de marzo de 2020, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sabía que cerrar la economía sería catastrófico.
Estaba bajo presión de todos lados para introducir restricciones estrictas. Entre los vecinos de Nicaragua, El Salvador registró su primer caso el 18 de marzo e impuso un confinamiento dos días después; Honduras hizo lo mismo; Costa Rica impuso un bloqueo el 16 de marzo y tres días después cerró sus fronteras por completo. Estos gobiernos vecinos, todos políticamente hostiles hacia Nicaragua, insistieron en que se uniera al cierre de la economía regional.
Dentro de Nicaragua, vociferantes grupos de oposición y medios de comunicación también pedían el cierre de la economía. Pero el país apenas se había recuperado de un violento enfrentamiento en 2018 entre estos grupos de oposición y el gobierno socialista sandinista de Ortega, que se saldó con más de 200 muertos. Un bloqueo solo ejercería más presión sobre la nación dividida.
