Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
Quince meses después del inicio de la tenebrosa “Operación Omega”, que desembocó en una serie de graves violaciones a los derechos humanos, la situación en Bocas del Toro sigue siendo extremadamente complicada.
Entre el 20 y el 30 de junio de 2025, el paro de labores en las plantaciones de banano de Chiquita Brands fue reprimido con extrema violencia. La crisis culminó con el despido de más de 5.000 trabajadores.
Durante la denominada “Operación Omega”, la represión policial alcanzó niveles brutales: se registraron más de 300 detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales de viviendas, decenas de heridos y múltiples denuncias de tortura y abuso sexual contra mujeres, además del fallecimiento de dos personas.
Según investigaciones independientes, la cifra de víctimas fatales hasta podría ser mayor. Sin embargo, el operativo policial, que incomunicó a la población y militarizó la zona durante varios días, ha dificultado la verificación y el esclarecimiento total de los hechos.
Esto es algo que la Fiscalía debe investigar, pero no lo está haciendo”, denunció a La Rel Jorge Guzmán, directivo de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (Copodehupa).
Hasta el momento se presentaron 102 denuncias que están bajo investigación, cuyos cargos fueron elevados a delitos contra la humanidad. Lamentablemente, no se registra ningún avance en los expedientes. Mientras tanto, un centenar de extrabajadores de Chiquita continúan con causas penales activas en su contra, y varias de las víctimas sufren presiones para aceptar la culpabilidad a cambio de arreglos con ciertos beneficios.
“Fue un operativo al estilo ‘Plan Cóndor’. Incomunicaron a la población, militarizaron la zona, intentaron tomarse el estadio de Changuinola para instalar una base operativa y un centro de detención, decretaron el estado de urgencia, suspendieron derechos constitucionales y desataron la represión”, recordó Guzmán.
A pesar de que los relatores de las Naciones Unidas para la libertad de expresión, la libre asociación y los derechos de los pueblos indígenas emitieran duros señalamientos, y la Defensoría del Pueblo de Panamá presentara un informe sumamente crítico, el Estado panameño sigue haciendo caso omiso.
El desamparo en la región se ha agudizado debido al incremento de los índices de pobreza, el desempleo masivo, la falta de garantías fundamentales y una precarización cada vez más profunda del trabajo en las bananeras.
“La empresa bananera y los productores locales están impulsando el modelo contractual de aparcería, una figura que busca camuflar la relación laboral para evadir derechos adquiridos como el salario mínimo, las vacaciones, el décimo tercer mes, la seguridad social y el derecho a la sindicalización”, explicó el defensor de derechos humanos.
En una zona que depende exclusivamente del banano, esto solo va a traer más desesperación y más hambre, concluyó.
Fuente: Rel UITA
