Por Giorgio Trucchi | LINyM
En víspera del inicio de la conmemoración de la Semana del Detenido Desaparecido (24-30 de mayo), familiares de la joven Keyla Martínez, asesinada en una celda policial en Honduras, decidieron solicitar refugio en Costa Rica, luego de haber sido víctimas de persecución y amenazas de muerte.
Así lo señala una nota de la Asociación costarricense de derechos humanos (Acodehu), enviada el 22 de mayo a la Dirección de Migración y Extranjería de este país, para que se le brinde colaboración a un grupo de nueve personas, todas familiares de la joven asesinada en febrero.
La noche del 6 de febrero, Keyla Martínez, una joven de 26 años, estudiante de la carrera de Enfermería, fue arrestada y encerrada en una celda por agentes de la Unidad Departamental de Policía de la norteña ciudad de La Esperanza, supuestamente por violar el toque de queda impuesto por las autoridades en medio de la pandemia de Covid-19.
Unas horas más tarde, el cuerpo sin vida de la joven era ingresado a emergencia del hospital departamental. Según la Policía, Keyla se habría suicidado ahorcándose de los barrotes de la celda. Sin embargo, la autopsia reflejó que la muerte fue por asfixia mecánica, es decir que fue asesinada.
"Tanto los abogados como los familiares de Keyla estamos indignados. En lugar de cumplir la prisión preventiva en un centro penitenciario, al agente Perdomo lo mandaron a un cuartel policial. Prácticamente está como en su casa", lamentó Lilith Cálix, miembro del equipo acusador privado que integra el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
Para la abogada es un ejemplo más de la corrupción que impera en Honduras y del mecanismo que las instituciones implementan para protegerse entre sí.
"Estamos luchando contra un gigante. Esperamos que las investigaciones den con la responsabilidad de otros policías que participaron del crimen. Necesitamos de todo el apoyo y la solidaridad nacional e internacional", apuntó Cálix.
Foro contra la impunidad
El pasado 12 de mayo,
se desarrolló el encuentro internacional de solidaridad "Justicia para
Keyla Martínez". La actividad tenía el objetivo de compartir los avances
del caso del asesinato de la joven, acuerpar a su familia y denunciar
la persistente impunidad en Honduras.
Cofadeh,
Convergencia contra el Continuismo, Plataforma por Honduras en Madrid
(PHM) y Rel UITA fueron los organizadores del evento.
Any Matamoros y Andrés Pérez, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), recordaron que la impunidad en Honduras es un problema estructural.
En Honduras hay tres momentos claves que simbolizan la enorme deuda del Estado con la justicia: las desapariciones de los años 80, el golpe de estado 2009 y la crisis post electoral de 2017.
"En el caso de Keyla es importante que se investiguen a todos los responsables y se averigüe si se trata de femicidio, adoptando el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género[1]", advirtieron.
Daniela González, coordinadora internacional del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos, evidenció la agudización de las vulnerabilidades de las mujeres durante la pandemia
“Es muy importante intensificar nuestra lucha contra la violencia machista y el patriarcado, contra la precarización de la vida, en defensa de nuestros derechos.
Alzamos nuestra voz de justicia para Keyla. Exigimos castigo a los culpables, con garantías de reparación y no repetición”, aseveró la defensora de derechos humanos.
Muerte violenta de mujeres, una epidemia
El Observatorio de Violencia contra las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) registró la muerte violenta de 278 mujeres en el 2020. Para el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), 110 mujeres han muerto de forma violenta en lo que va del 2021.
Son 6.137 las mujeres asesinadas en los últimos 15 años (2005-2019), con un fuerte repunte a partir del golpe de 2009. Más del 90% de los crimines quedaron en la impunidad (OV-UNAH).
De acuerdo con datos del Movimiento de Mujeres por la Paz ‘Visitación Padilla’, de enero a septiembre de 2020, en plena pandemia, el Sistema Nacional de Emergencias recibió 76.520 llamadas de auxilio por violencia doméstica (43.590) e intrafamiliar (32.930), es decir unas 283 llamadas al día (en el último trimestre el promedio alcanzó las 301 llamadas diarias).
Estos datos evidencian un aumento del 8 por ciento con respecto al 2019.
En Honduras son más de 20 mil las denuncias de violencia doméstica que cada año ingresan en promedio a la Corte Suprema de Justicia. Solamente el 22 por ciento de los casos terminan con una sentencia favorable para la víctima.
"Hay que investigar más"
Bertha Oliva, coordinadora general del Cofadeh, explicó que todavía hay muchos puntos oscuros en el asesinato de la joven.
"Todavía no se entiende por qué la asesinaron, cuál fue la dinámica. Hay enormes vacíos. Tampoco entendemos porque, desde un inicio, la familia de Keyla fue custodiada y sigue sufriendo intimidaciones, amenazas y acoso", dijo.
"A los fiscales pedimos más contundencia en la investigación, porque no parecen estar comprometidos con la búsqueda de justicia y el combate a la impunidad.
A las organizaciones aliadas - concluyó la coordinadora del Cofadeh - pedimos que coloquen el caso de Keyla entre sus prioridades, para que hechos tan brutales no se repitan nunca jamás".
[1] Es un protocolo para el abordaje judicial de la violencia contra las mujeres elaborado por ONU Mujeres y la Oficina para América Central de la Oacnudh
