Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
Han pasado tres años de aquella noche cuando Sergio Rojas Ortíz, líder del clan Uniwak del pueblo Bribri de Salitre y miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi), fue ultimado de quince disparos, en medio de una escalada de violencia contra los pueblos empeñados en la recuperación de territorios ancestrales. El crimen sigue impune.
Sergio Rojas también era miembro fundador del Consejo de Autoridades Propias Ditsö Iriria Ajkonük Wakpa (CDIAW) y gozaba de medidas cautelares otorgadas en 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El organismo multilateral estableció también medidas en favor de los pueblos Brörán de Térraba y Bribri de Salitre.
Dichas medidas para garantizar la integridad física y la vida de Sergio Rojas y las comunidades indígenas nunca fueron adoptadas por el Estado de Costa Rica.
Lucha territorial
A partir de 2010, ante la inoperancia de las autoridades, los pueblos originarios costarricenses decidieron construir la autonomía desde sus territorios, iniciando un proceso de recuperación, especialmente en el sur del país.
La respuesta violenta de los terratenientes no se hizo esperar. Los pueblos indígenas sufrieron y siguen sufriendo ataques e invasiones sistemáticas en total impunidad.
“Sergio fue asesinado por su lucha en defensa de los derechos de los pueblos originarios. Derechos completamente arraigados a la Tierra-Territorio que les pertenece, tal y como lo reconocen la Ley Indígena y el Convenio 169 de la OIT”, señala la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
Según este marco legal “los territorios son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para pueblos originarios. Así que la ocupación de tierras por parte de personas no indígenas es ilegal”, agrega la organización.
La impunidad se traga todo
Gustavo Oreamuno, defensor de derechos humanos de la CLSS, advirtió que hay al menos 22 denuncias radicadas en los tribunales y otra gran cantidad de casos de ataques directos, amenazas de muerte e intentos de asesinato contra miembros de los pueblos originarios.
La inmensa mayoría de las denuncias quedan en papel mojado.
“Hasta el momento no hay un solo agresor que haya sido sancionado”, explicó Oreamuno durante el programa televisivo Nuestra Voz.
Doris Ríos Ríos, lideresa Cabécar y recuperadora de Sa Ka Keirö Kaska en el territorio China Kichá, dijo que los pueblos indígenas tienen derecho de vivir sin violencia y sin amenazas.
“En nuestro territorio la gente vive con miedo. Cuando ponemos la denuncia, las autoridades no le ponen interés. Esto indigna. Estamos cansados de esta violencia organizada e impune”, manifestó.
Justicia para Sergio
Tres años después, el asesinato de Sergio Rojas sigue en total impunidad, los autores materiales e intelectuales siguen libres y el Ministerio Público hasta intentó archivar el caso.
“El caso de Sergio se sigue tramitando en la Fiscalía adjunta de delincuencia organizada y de delitos conexos. Hasta el momento no hay ninguna persona arrestada. Mientras tanto, sigue el clima de hostilidad hacia la población indígena de Salitre”, dijo Oscar Retana Montenegro, abogado de la familia.
“El Estado de Costa Rica es culpable por omisión. No sólo no cumple lo dispuesto por la CIDH, sino que sigue inoperante ante los ataques sistemáticos de los usurpadores. Exigimos justicia y sanciones. ¡Alto a la impunidad!”, concluyó la CLSS en su comunicado.
Fuente: Rel UITA
