Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
Hablar de derechos humanos en Honduras es hablar de una larga historia de represión, enmarcada en la tenebrosa doctrina de seguridad nacional, impulsada por Estados Unidos en el país y la región durante las últimas décadas del siglo pasado.
Más de 184 activistas fueron víctimas de desaparición forzada y cientos los hondureños asesinados por soñar y exigir un país diferente. Cifras que no reflejan la totalidad de los afectados debido al elevado subregistro y a la falta de investigaciones.
Hablar de personas desaparecidas, asesinadas, encarceladas, obligadas al exilio, es hablar también de las crisis originadas por el golpe cívico-militar de Estado de 2009 y el sangriento fraude electoral de 2017.
Asimismo, es hablar de impunidad para la inmensa mayoría de todos estos crímenes.
“Lo que pasó en el 2009 y 2017 fue producto de no haber sancionado, ni castigado a los responsables de crímenes de lesa humanidad en los años 80”, aseguró Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
Durante los años post golpe (2009-2021), en Honduras se dispararon los índices de violencia y asesinatos, así como las prácticas represivas, desde las instituciones, contra la oposición política y social organizada.
La victoria electoral de Xiomara Castro (Libertad y Refundación – Libre) en 2021 permitió dar un giro a esta situación, tratando, aunque en medio de dificultades y contradicciones, enrumbar al país por la senda del respeto a los derechos fundamentales.
Asumir las responsabilidades por los asesinatos de Vicky Hernández y Herminio Deras, acatando las disposiciones de la Corte IDH, y apoyar la presentación en el Congreso Nacional de la ‘Ley de cumplimiento de las obligaciones internacionales de los derechos humanos con las víctimas’, han sido algunas de las muestras de la voluntad de la administración Castro.
Ante un escenario electoral fuertemente polarizado, donde se enfrentan dos proyectos diametralmente distintos, la pregunta sobre cómo el resultado del 30 de noviembre impactará en los derechos humanos es necesaria.
“Hay amenazas muy fuertes a la estabilidad del país, con agresividad y cinismo, de parte de aquellos que saquearon y entregaron territorios y bienes comunes, que vaciaron las arcas públicas, que masacraron al pueblo”, explicó Oliva.
“Desde estos espacios de corrupción organizada, enardecidos porque no se les permitió continuar con el abuso y el saqueo, se fomenta una campaña mediática de desinformación y alteración de la realidad para volver al pasado”, agregó.
La coordinadora de Cofadeh no tiene dudas. “De ganar uno de los candidatos del bipartidismo nos enfrentaríamos a un profundo retroceso en tema de derechos humanos.
Los violentos –continuó– volverían a tener el control y se instalaría el cinismo como norma, el olvido como política y la memoria como estorbo”, aseguró.
Para Oliva, la fuerte polarización en estas elecciones, unido a las muchas denuncias de intento de fraude y deslegitimación del proceso electoral por parte de la oposición política y los grupos de poder fáctico, podrían llevar a una crisis post electoral y a peligrosos enfrentamientos de calle.
“Vamos a estar observando y reporteando. Honduras está en una situación difícil. Hay que mantenerse alerta”, concluyó.
Fuente: Rel UITA
