Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
Hace un año, el 14 de septiembre de 2024, un comando armado asesinaba al defensor del agua y la vida Juan López. El dirigente campesino estuvo luchando estrenuamente contra políticas y proyectos extractivistas. Su sangre derramada se suma a la de decenas de defensores y defensoras de la tierra, los territorios y los bienes comunes en Honduras.
El conflicto que llevó al vil asesinato de López hunde sus raíces en la instalación y expansión de un megaproyecto minero y de un proyecto termoeléctrico de coque de petróleo, que amenazan el Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escalera”, en la zona del Aguán.
Desde este Parque nace una de las redes hídricas más importantes de la región, con varias subcuencas y al menos 34 microcuencas que abastecen a más de 40 mil habitantes.
Los holdings que administran Inversiones Los Pinares (Grupo EMCO/Inversiones Ecotek), titular del proyecto, son controlados por Lenir Pérez Solís y Ana Facussé Madrid, hija del ya fallecido terrateniente palmero Miguel Facussé Barjum, ex presidente de Corporación Dinant.
Facussé Barjum ha sido señalado como el principal responsable del conflicto agrario que ha ensangrentado la tierra de las familias campesinas del Bajo Aguán.
Las comunidades organizadas en el Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, del cual Juan López era parte, han venido librando una lucha férrea contra la expansión extractivista y la colusión con ella de políticos y miembros de instituciones.
En especial, se ha venido señalando al alcalde de Tocoa y miembro del partido de gobierno, Adán Fúnez, quien, en más de una ocasión, fue acusado por el mismo López de estar coludido con los intereses de la empresa minera y de graves actos de corrupción.
A un año de su asesinato, el Comité volvió a honrar su memoria y a exigir justicia para todos los involucrado en su asesinato.
Por eso, con el apoyo de otras organizaciones comprometidas con la verdad, la justicia, la memoria y la defensa de tierra, territorios y bienes comunes, el Comité dio vida a varias iniciativas.
Entre otras, se instaló en el parque central de Tocoa el campamento de rebeldía y memoria “Justicia para Juan López”, se realizó el foro virtual “Juan López: legado y justicia”, y se estrenó la radio-serie “De estos lugares somos” sobre la historia de resistencia frente a la minería, el despojo y la traición del poder.
El 28 de agosto pasado, después de largos meses de espera y repetidas postergaciones de audiencias, un juez de Letras de San Pedro Sula resolvió elevar el caso del asesinato de Juan López a juicio oral y público.
Tres son los acusados de los delitos de asesinato y asociación para delinquir: Oscar Guardado Alvarenga, Lenin Cruz Munguía y Daniel Juárez Torres.
Un primer paso importante que necesita ahora de una sentencia firme contra los autores materiales del asesinato y, sobre todo, de una investigación profunda y certera para individuar, capturar, procesar y castigar a quienes organizaron y financiaron el crimen contra el dirigente campesino.
“Si bien existen avances en el proceso penal contra presuntos autores materiales, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación exige también identificar y enjuiciar a los autores intelectuales y garantizar medidas de no repetición”, advierte la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Honduras.
“Solo así –concluye el comunicado– la sociedad hondureña podrá avanzar en el combate a la impunidad y en la consolidación de la justicia ambiental, condición fundamental para generar un entorno propicio para la defensa de los derechos humanos en el país”.
Fuente: Rel UITA
