Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
En septiembre del año pasado, en la ciudad de Tocoa, fue asesinado Juan López, defensor ambiental e integrante del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de esa localidad.
López luchaba contra las políticas y los proyectos extractivistas en el Valle del Aguán, especialmente contra el megaproyecto minero de la empresa Inversiones Los Pinares (Grupo EMCO) /Inversiones Ecotek.
Al menos 32 personas fueron requeridas fiscalmente a lo largo de los años por defender el territorio y los ríos que bajan del Parque Nacional “Montaña de Botaderos”, cuya zona núcleo está siendo amenazada por dicha empresa.
Juan López se suma a la interminable lista de defensores y defensoras de la tierra, los territorios y los bienes comunes asesinados, en total impunidad, después del golpe de Estado de 2009.
La falta de acceso a la tierra, la expansión de proyectos agroindustriales, mineros, de generación de energía y la explotación forestal han sido el principal motor de enfrentamiento, violencia, persecución, criminalización y judicialización de personas defensoras en Honduras.
El más reciente informe de Global Witness sobre el asesinato de personas defensoras de la tierra y los bienes comunes en el mundo, ratifica a Honduras como el país más letal en cuanto a homicidios per cápita.
En 2023 fueron 18 los defensores asesinados en total impunidad.
En este video, Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria Regional del Aguán, habla de la difícil situación que siguen viviendo las familias campesinas organizadas.
Fuente Rel UITA
