Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
Este 12 de junio, en estricto cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso “Herminio Deras García y Familia vs. Honduras”, la Procuraduría General de la República desarrolló un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el asesinato del dirigente político y la persecución de sus familiares, ofreciendo disculpas públicas por los crímenes cometidos.
La sentencia, emitida el año pasado, declaró que el Estado de Honduras había violado el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad de pensamiento, expresión y asociación y los derechos políticos de Herminio Deras.
También confirmó que sus familiares sufrieron ataques deliberados como persecución, detención ilegal, malos tratos y tortura, allanamiento ilegal de sus viviendas y destrucción de bienes.
Como consecuencia, varios de ellos tuvieron que abandonar el país y la familia sufrió un proceso acelerado de desintegración.
La Corte IDH definió medidas de reparación integral y rehabilitación, así como indemnizaciones compensatorias para las víctimas.
Entre otros, los magistrados de la instancia judicial interamericana ordenaron investigar, identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de la ejecución extrajudicial de Herminio Deras y demás violaciones de derechos humanos, al tiempo que mandaron a cerrar de manera definitiva los expedientes policiales abiertos en contra de sus familiares.
También establecieron que se deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, construir un mausoleo en la tumba del activista político, así como diseñar y ejecutar una política nacional de memoria histórica.
La Rel UITA acompañó al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y a los familiares de Herminio Deras en este momento tan trascendental.
“Este gobierno ha adoptado una política de defensa irrestricta de los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos (…). Tenemos un gran desafío por delante, que es garantizar la reparación integral de las víctimas y que, nunca más en Honduras, el ejercicio libre de la política y la búsqueda de un estado socialmente justo sea causa de persecución y muerte”, dijo el procurador general, Manuel Díaz Galeas.
Un acto de amor y memoria
“Muchas veces tuvimos temor de que no nos alcanzara la vida para llegar a este momento donde debe comenzar el cese de la impunidad. Dejamos la juventud en este largo recorrido, tocamos todas las puertas de la justicia y sólo recibimos puertazos”, explicó Alba Deras, hermana de Herminio.
“Quedamos abandonados y vulnerados en nuestros derechos, pero nunca perdimos la esperanza. Hoy, 39 años después del crimen, el Estado se declara responsable total de las violaciones a los derechos humanos. Eso lo valoramos mucho”, agregó.
Para Bertha Oliva, coordinadora de Cofadeh, organización que junto a la Fidh introdujo el caso Deras al sistema interamericano de justicia, este acto significa “reivindicar a todos aquellos héroes y heroínas que ofrendaron sus vidas por una patria libre y diferente”.
“No es un acto de simple memoria, sino un acto lleno de amor, de esperanza y de resistencia. Hoy a Herminio, a su familia, a Tomás (Nativí), a Fidel (Martínez), a todos estos héroes y heroínas les decimos: ¡resistimos, no nos vencieron!”, dijo Oliva.
Antecedentes
Herminio Deras García, educador, asesor sindical y dirigente del Partido Comunista Hondureño, fue ejecutado el 29 de enero de 1983 por miembros del tenebroso Batallón 3-16, en el marco de la implementación de la nefasta doctrina de seguridad nacional.
La mano asesina que acabó con su vida pertenece al militar escuadronero Marco Tulio Regalado Hernández. Capturado en 1999 y condenado a 12 años de prisión, fue dejado en libertad cuatro años después.
Ningún miembro de la cadena de mando fue acusado. Los mandantes quedaron en la impunidad. El Estado de Honduras siempre negó su vinculación con el caso, así como su responsabilidad.
El acto de este 12 junio marca el inicio de este proceso de reparación integral para las víctimas.
Fuente: Rel UITA
También establecieron que se deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, construir un mausoleo en la tumba del activista político, así como diseñar y ejecutar una política nacional de memoria histórica.
La Rel UITA acompañó al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y a los familiares de Herminio Deras en este momento tan trascendental.
“Este gobierno ha adoptado una política de defensa irrestricta de los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos (…). Tenemos un gran desafío por delante, que es garantizar la reparación integral de las víctimas y que, nunca más en Honduras, el ejercicio libre de la política y la búsqueda de un estado socialmente justo sea causa de persecución y muerte”, dijo el procurador general, Manuel Díaz Galeas.
Un acto de amor y memoria
“Muchas veces tuvimos temor de que no nos alcanzara la vida para llegar a este momento donde debe comenzar el cese de la impunidad. Dejamos la juventud en este largo recorrido, tocamos todas las puertas de la justicia y sólo recibimos puertazos”, explicó Alba Deras, hermana de Herminio.
“Quedamos abandonados y vulnerados en nuestros derechos, pero nunca perdimos la esperanza. Hoy, 39 años después del crimen, el Estado se declara responsable total de las violaciones a los derechos humanos. Eso lo valoramos mucho”, agregó.
Para Bertha Oliva, coordinadora de Cofadeh, organización que junto a la Fidh introdujo el caso Deras al sistema interamericano de justicia, este acto significa “reivindicar a todos aquellos héroes y heroínas que ofrendaron sus vidas por una patria libre y diferente”.
“No es un acto de simple memoria, sino un acto lleno de amor, de esperanza y de resistencia. Hoy a Herminio, a su familia, a Tomás (Nativí), a Fidel (Martínez), a todos estos héroes y heroínas les decimos: ¡resistimos, no nos vencieron!”, dijo Oliva.
Antecedentes
Herminio Deras García, educador, asesor sindical y dirigente del Partido Comunista Hondureño, fue ejecutado el 29 de enero de 1983 por miembros del tenebroso Batallón 3-16, en el marco de la implementación de la nefasta doctrina de seguridad nacional.
La mano asesina que acabó con su vida pertenece al militar escuadronero Marco Tulio Regalado Hernández. Capturado en 1999 y condenado a 12 años de prisión, fue dejado en libertad cuatro años después.
Ningún miembro de la cadena de mando fue acusado. Los mandantes quedaron en la impunidad. El Estado de Honduras siempre negó su vinculación con el caso, así como su responsabilidad.
El acto de este 12 junio marca el inicio de este proceso de reparación integral para las víctimas.
Fuente: Rel UITA