Por Giorgio Trucchi | LINyM
Desde que asumió el cargo en enero de 2022, la presidenta hondureña Xiomara Castro ha enfrentado una violenta y sistemática campaña mediática y de presión política, tanto contra su gobierno y su persona, como contra el partido – Libertad y Refundación – que la llevó a la presidencia.
El objetivo es bastante evidente: evitar a cualquier costo que esta fuerza política, surgida del pueblo en las calles, al calor de la lucha de resistencia contra el golpe de Estado cívico-militar (2009) que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya, siga gobernando y continúe con la mastodóntica tarea de "refundar Honduras".
Refundar Honduras ha sido el principal lema del gobierno Castro. Sintetizando, esto significa atacar y desmontar el aparato corrupto criminal de control político, económico y social, instalado por la narco-dictadura de los gobiernos anteriores y enquistado en los poderes estatales.
También quiere decir reducir de forma sustancial la desigualdad social que impera en el país, la brecha entre más ricos – un pequeño puñado de familias y grupos económicos – y más pobres – la inmensa mayoría –, mejorando al tiempo el acceso de la población a servicios y derechos básicos.
Enrumbarse hacia una transformación de modelo económico y fiscal, que ataque la corrupción estructural de las exoneraciones legalizadas durante los 12 años de narcodictadura – que costaron más de 21 millones de dólares al pueblo hondureño – ha sido otro de los proyectos impulsados por el actual gobierno.
Una tarea titánica que necesitaría de más períodos de gobierno, así como de una robusta mayoría parlamentaria. No extraña entonces que la mandataria hable del suyo como de un “gobierno de transición”, ni que el posible candidato de Libre para las elecciones del próximo año sea otra vez una mujer capaz y enlazada con el pueblo.
Campaña de desprestigio y ataque mediático
Partidos tradicionales que perdieron el poder, partiditos parásitos, una dizque sociedad civil y una disidencia interna a Libre, ambas en venta al mejor postor, grupos de poder familiar que ven peligrar negocios, enormes ganancias y la gestión del poder real en el país.
Pero también los medios masivos y corporativos de comunicación, convertidos en perros de garra de estos mismos grupos y familias, pasando por aquellos medios dizque "independientes" e intelectuales variados que, consciente o inconscientemente, por ingenuidad u oportunismo, terminan cuadrándose con los poderes fácticos (con beneplácito de fundaciones, agencias, fondos privados y ONG que los financian).
Tampoco podemos olvidarnos del rol que han jugado los Estados Unidos después de tener que ponerle buena cara al triunfo electoral de Xiomara Castro.
El nombramiento de Laura Dogu como nueva embajadora y su renombrada predilección por inmiscuirse en asuntos políticos del país, con intentos descaradamente desestabilizadores – Nicaragua docet – fue la señal más clara de cuáles iban a ser las intenciones reales de Washington.
Profundizando la crisis
Faltando seis meses para las elecciones primarias (9 de marzo 2025) para definir los candidatos de las principales fuerzas políticas a las elecciones generales del próximo año, los ataques se han intensificado.
Comenzó Laura Dogu con la enésima declaración injerencista, esta vez reprochando al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras y al ministro de Defensa, por haberse reunido con su homólogo de Venezuela[1] durante un acto deportivo militar.
En respuesta a este nuevo acto de intromisión, la presidenta Castro ordenó dar por terminado el tratado de extradición vigente con Estados Unidos.
La decisión fue objeto de fuertes críticas que fueron ampliadas por los principales medios de comunicación nacionales y agencias internacionales, acusando al gobierno de querer debilitar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La crisis se intensificó cuando se filtró la existencia de un primer video que mostraría al diputado Carlos Zelaya, hermano del expresidente Zelaya y cuñado de Castro, negociando con narcotraficantes apoyo económico para las elecciones de 2013.
El también secretario del Congreso Nacional admitió haber participado en dicha reunión, aunque negó haber recibido dinero. De manera voluntaria se presentó a la Fiscalía para brindar declaraciones y anunció su renuncia a la diputación para ser investigado. Lo mismo hizo su hijo, José Manuel Zelaya, renunciando al cargo de ministro de Defensa.
La divulgación de un segundo video, grabado con una cámara oculta en el reloj de uno de los líderes del cartel Los Cachiro – quien fue entregado a la DEA en diciembre de 2013 – donde se mencionan cantidades de dinero y supuestos planes de repartición que incluirían también al ex presidente Zelaya, profundizó aún más la crisis.
Ninguno de los videos muestra la entrega de dinero, ni que el ex presidente Zelaya estuviese al tanto de los acuerdos supuestamente alcanzados en dicha reunión.
La escalada mediática, acompañada, entre otros, por comunicados y declaraciones de los partidos de oposición, disidentes y grupos de sociedad civil que hasta exigían la renuncia de Castro, fue tachada por la mandataria como parte de una nueva intentona golpista.
Tanto ella como el expresidente Zelaya tomaron distancia de cualquier negociación “ente narcotraficantes y políticos”, así como de la “conducta abominable de otra persona, aunque sea familiar”.
En cadena nacional, Xiomara Castro y la candidata presidencial, y actual ministra de Defensa, Rixi Moncada, enumeraron 33 casos de narcotráfico, que involucran a igual número de políticos de los dos partidos tradicionales, que ya fueron o que están siendo investigados en Estados Unidos.
Otros son los criminales
En los últimos días, sectores de la oposición ultraderechista han llamado a movilizaciones y protestas contra el gobierno y el partido Libre, muchas veces usando consignas y símbolos (las antorchas) propios de la resistencia contra el golpe de 2009 y de la lucha contra la narcodictadura.
Apropiarse de símbolos y consignas, desnaturalizando su significado y creando falsas narrativas es parte de la guerra de quinta generación, que persigue manipular la conciencia de la población y acabar con un proyecto político y social.
Sergio Rivera, docente universitario, histórico militante y activista del movimiento social hondureño y actual delegado del Poder Popular, profundizó más en el análisis de la difícil coyuntura que vive Honduras.
“Es un golpe de estado en proceso, intensificado por el ala mediática corporativa. En Honduras, el 94% de los medios son privados, es decir que la matriz mediática es propiedad de la empresa privada”, manifestó.
Rivera explicó que la intentona golpista entró en la fase de querer desmoralizar, deslegitimar y desprestigiar al gobierno de Xiomara Castro y al partido Libertad y Refundación.
“El propósito es llegar a pedir en el Congreso la destitución de la presidente mediante un juicio político. A la par, ya se han vuelto a movilizar los mismos sectores que se activaron previo al golpe de 2009”, alertó.
Son actores políticos, ex militares, periodistas, supuestos intelectuales y opinionistas, miembros de la dizque sociedad civil, empeñados en concientizar a la población de que el partido de gobierno es más de lo mismo.
“El mensaje es que todos los partidos son iguales, que Libre no es lo que dice ser, que la presidenta denunció la extradición para salvar a familiares y que, por eso, debe renunciar. El objetivo es que no sigamos con la transformación de Honduras y que volvamos al pasado”, dijo Rivera.
Para el delegado del Poder Popular, instancia inscrita a la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), Estados Unidos está jugando un papel estratégico en esta crisis.
“Estados Unidos y Laura Dogu como embajadora están jugando el mismo papel que jugaron en Nicaragua en 2018, apoyando a sectores de la oposición para dar un golpe mortal al proceso de cambio.
La doble moral de Estados Unidos no tiene límites: critican la relación de nuestro gobierno con Venezuela, les molesta que se pida el fin del bloqueo a Cuba, que en la OEA apoyemos el principio de no injerencia en asuntos internos de otros países, que nos solidaricemos con el pueblo palestino y condenemos el genocidio de Israel.
Sin embargo, ellos aquí apoyaron a una narcodictadura, aun a sabiendas de los vínculos que Juan Orlando Hernández tenía con el narcotráfico. Fueron cómplices de fraudes electorales y de todo lo que pasó en estos 12 años. Ellos quieren gobiernos sumisos que les garanticen sus intereses hegemónicos”, sentenció Rivera.
También recordó que para Estados Unidos, Honduras sigue siendo el país de mayor importancia geoestratégica en la región, donde está ubicada la base militar de Soto Cano (Palmerola), la más grande de Centroamérica y donde opera la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, perteneciente al Comando Sur.
La victoria de Xiomara Castro fue, sin lugar a duda, un trago muy amargo para la administración estadounidense, que, a pesar de las declaraciones oficiales de amistad y colaboración, no ha dejado un solo instante de conspirar para que el país vuelva al status quo precedente, posiblemente con un rostro más presentable a los ojos del mundo.
Hasta el momento, ni los partidos tradicionales, ni los partiditos satélites han podido hacerlo.
“Debemos reconocer que la campaña mediática es muy fuerte y tratan de posicionar en la mente de las y los hondureños que Libre es un fracaso, un narco-partido, pero los sectores que vienen de la lucha de resistencia no se han desmoralizado.
Estamos en este proceso de reconfiguración y de combate a la matriz mediática golpista. No es fácil, pero es el momento de seguir luchando, de defender este proceso, de seguir con el proyecto de refundación, mostrando a la gente todo lo que de bueno se está haciendo. Los golpistas no van a volver a gobernar”, concluyó.
[1] “Fue sorprendente para mí, ver al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto sentados al lado de un narcotraficante”
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