Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
El pasado 2 de julio, fue asesinada en la capital guatemalteca Nancy Sacul Tut, activista trans y defensora de derechos humanos. Según el Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTIQ+, suman 16 los ataques mortales contra esta comunidad en lo que va del año.
Nancy Sacul, de etnía Q’eqchi’, tenía 34 años y era miembro del Colectivo Trans Trébol. La activista era originaria del municipio de Chisec, Alta Verapaz.
De acuerdo a las informaciones brindadas por el Colectivo a medios nacionales, Nancy fue ultimada de un disparo por un hombre que se dio a la fuga.
Este nuevo transfemicidio fue fuertemente condenado por varias organizaciones y colectivas guatemaltecas que se desempeñan en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI.
De las 16 personas asesinadas en lo que va del 2022, 5 eran mujeres trans, 9 eran hombres gays, una lesbiana y un hombre bisexual.
El Observatorio Nacional y la organización Lambda que lo integra, denuncian que en los últimos dos años ha habido un fuerte repunte de los ataques violentos contra la comunidad LGBTI.
El año pasado fueron 33 las personas asesinadas y la impunidad es prácticamente absoluta.
Sexismo y discriminación
Para las organizaciones que defienden con fuerza los derechos de las personas LGBTI, la situación he venido agudizándose a raíz de un ambiente de odio fomentado también desde las instituciones.
En marzo de este año, el Congreso de Guatemala aprobó el polémico decreto 18-2022 «Ley para la protección de la vida y la familia» (iniciativa 5272), con el cual se rechazaba la diversidad sexual, se prohibía hablar del tema en las escuelas y se negaba la posibilidad a personas del mismo sexo de casarse, crear uniones de hecho y adoptar.
La ley modificaba también el código penal y aumentaba la penalización del aborto, con sanciones que iban de 5 hasta 25 años de cárcel no conmutables.
Las masivas protestas que se desataron a nivel nacional e internacional en rechazo a esta aberración jurídica, obligaron al presidente Alejandro Giammattei a desmarcarse de la decisión tomada por el legislativo.
Finalmente, la normativa fue archivada, sin embargo, la ofensiva oscurantista no ha terminado.
Organizaciones exigen derechos
La semana pasada, un amplio espectro de organizaciones LGBTI denunció la existencia de estrategias de violencia del Estado de Guatemala que, a través de estructuras políticas, sociales y económicas fundamentalistas, patriarcales y cisheteronormativas, pretende dominar la vida de las personas LGBTI.
En este sentido, exigieron al presidente Giammattei y demás instituciones garantizar los derechos a la salud, educación, justicia, libre emisión del pensamiento y derechos sexuales y reproductivos de la población diversa.
También pidieron al gobierno dejar de estigmatizar y utilizar las luchas de las personas de la diversidad sexual y de género, para esconder los retrocesos en democracia, justicia y lucha contra la corrupción.
Asimismo, exigieron la aprobación de políticas públicas que atiendan las demandas de la población LGBTI, para el desarrollo integral de la diversidad sexual y de género.
Finalmente, pidieron al Congreso legislar en pro de los derechos de las personas LGBTI, aprobando la Ley Integral de Identidad de Género, así como abstenerse de aprobar iniciativas retrógradas y regresivas en materia de derechos humanos, como fueron las iniciativas 5272 y 5940.
Fuente: Rel UITA