Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
Este
5 de julio, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia Nacional declaró
culpable a David Castillo, ex presidente de la empresa Desarrollos
Energéticos SA (DESA), como coautor del delito de asesinato en perjuicio
de la dirigente indígena y luchadora social, Berta Cáceres. La
individualización de la pena será el 3 de agosto.
La noticia encendió el entusiasmo en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, donde desde el inicio del juicio se instaló el Campamento Feminista “Viva Berta”.
Se trata de un segundo paso importante en el camino hacia la justicia integral para Berta. El primero fue la condena, en diciembre de 2019, de siete autores materiales del crimen, entre ellos ex dirigentes y miembros de la seguridad de DESA, ex militares y militares activos.
La noticia encendió el entusiasmo en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, donde desde el inicio del juicio se instaló el Campamento Feminista “Viva Berta”.
Se trata de un segundo paso importante en el camino hacia la justicia integral para Berta. El primero fue la condena, en diciembre de 2019, de siete autores materiales del crimen, entre ellos ex dirigentes y miembros de la seguridad de DESA, ex militares y militares activos.
“Este fallo significa que las estructuras de
poder no lograron, en este caso, corromper al sistema de justicia, y que
la estructura criminal de la familia Atala Zablah, de la cual es
instrumento el condenado David Castillo Mejía, no logró sus objetivos”,
señalaron las víctimas en un comunicado que leyó Bertha Zúniga, coordinadora del Copinh.
Tanto la familia de la dirigente indígena asesinada, como el equipo legal, advirtieron que todavía falta traer al banquillo de los acusados a los autores intelectuales del crimen, y demás personas e instituciones involucradas.
También reconocieron este importante paso de justicia como “una victoria de los pueblos del mundo que han acompañado este proceso, de la comunidad solidaria y de los derechos humanos”.
Asimismo, exigieron la cancelación de la concesión sobre el río Gualcarque, el desmontaje de “las redes criminales que actuaron durante el juicio para promover la impunidad”, al tiempo que denunciaron el “maltrato sistemático y constante hacia las víctimas por parte de los funcionarios públicos”.
Finalmente, agradecieron profundamente todo el acompañamiento recibido a nivel nacional e internacional, y pidieron a la comunidad internacional continuar a apoyar “los esfuerzos dignos de las organizaciones sociales y populares”.
“He revivido los momentos muy duros de cuando asesinaron a mi hija. En este momento me siento con menos penas, pero no termina aquí. Hay que seguir luchando para que les caiga la justicia a todos aquellos que planificaron y financiaron el asesinato.
No crean que van a quedar en la impunidad. Pido a todo el mundo que siga apoyándonos”, dijo Austra Bertha Flores, mamá de Berta Cáceres, en comunicación telefónica.
¡Ahora que caigan los mandantes!
“De la lucha de resistencia de las comunidades Lenca de Río Blanco hemos aprendido, y puesto en práctica ante las instituciones, su capacidad de resistir y defender el territorio.
La de hoy es una victoria de los pueblos, no es un mérito del sistema de administración de justicia, que ha acusado injustamente, perseguido y criminalizado a Berta.
Hay una responsabilidad institucional y una personal de los funcionarios para devolver justicia integral en esta causa. ¡Nunca olvidemos esto!”, dijo Víctor Fernández, director del equipo legal.
El ex fiscal dijo también que la condena de Castillo representa la continuidad del compromiso de seguir el proceso para lograr justicia integral en la Causa Berta Cáceres.
“Haciendo justicia en esta Causa se abre la esperanza de que haya justicia para centenares de crímenes que han seguido el mismo patrón de este asesinato. También tengo la esperanza de que tenga un efecto disuasivo para las empresas criminales que acostumbran corromper y matar gente”, concluyó Fernández.
Tanto la familia de la dirigente indígena asesinada, como el equipo legal, advirtieron que todavía falta traer al banquillo de los acusados a los autores intelectuales del crimen, y demás personas e instituciones involucradas.
También reconocieron este importante paso de justicia como “una victoria de los pueblos del mundo que han acompañado este proceso, de la comunidad solidaria y de los derechos humanos”.
Asimismo, exigieron la cancelación de la concesión sobre el río Gualcarque, el desmontaje de “las redes criminales que actuaron durante el juicio para promover la impunidad”, al tiempo que denunciaron el “maltrato sistemático y constante hacia las víctimas por parte de los funcionarios públicos”.
Finalmente, agradecieron profundamente todo el acompañamiento recibido a nivel nacional e internacional, y pidieron a la comunidad internacional continuar a apoyar “los esfuerzos dignos de las organizaciones sociales y populares”.
“He revivido los momentos muy duros de cuando asesinaron a mi hija. En este momento me siento con menos penas, pero no termina aquí. Hay que seguir luchando para que les caiga la justicia a todos aquellos que planificaron y financiaron el asesinato.
No crean que van a quedar en la impunidad. Pido a todo el mundo que siga apoyándonos”, dijo Austra Bertha Flores, mamá de Berta Cáceres, en comunicación telefónica.
¡Ahora que caigan los mandantes!
“De la lucha de resistencia de las comunidades Lenca de Río Blanco hemos aprendido, y puesto en práctica ante las instituciones, su capacidad de resistir y defender el territorio.
La de hoy es una victoria de los pueblos, no es un mérito del sistema de administración de justicia, que ha acusado injustamente, perseguido y criminalizado a Berta.
Hay una responsabilidad institucional y una personal de los funcionarios para devolver justicia integral en esta causa. ¡Nunca olvidemos esto!”, dijo Víctor Fernández, director del equipo legal.
El ex fiscal dijo también que la condena de Castillo representa la continuidad del compromiso de seguir el proceso para lograr justicia integral en la Causa Berta Cáceres.
“Haciendo justicia en esta Causa se abre la esperanza de que haya justicia para centenares de crímenes que han seguido el mismo patrón de este asesinato. También tengo la esperanza de que tenga un efecto disuasivo para las empresas criminales que acostumbran corromper y matar gente”, concluyó Fernández.
Fuente: Rel UITA