Por Giorgio Trucchi | LINyM
Diez meses después de la desaparición forzada de los jóvenes garífunas de la comunidad de Triunfo de la Cruz, no sólo el Estado no ha mostrado avances en la búsqueda de los activistas, sino que se ha empeñado en vetar la participación de la comunidad y de aliados internacionales en el proceso de investigación.
El 18 de julio del año pasado, hombres fuertemente armados vistiendo uniformes policiales irrumpieron en la comunidad de Triunfo de la Cruz y se llevaron de sus casas a Alberth Sneider Centeno, presidente del patronato, Milton Martínez, Suami Mejía y Gerardo Róchez.
Los cuatro son miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y del Comité de Defensa de las Tierras Triunfeñas. Junior Juárez, la otra persona desaparecida, es un allegado de la comunidad.
Ante la inercia, el secretismo y la falta de independencia de las autoridades públicas y judiciales, el 18 de febrero se realizó el lanzamiento oficial del Comité garífuna de investigación y búsqueda de los desaparecidos de Triunfo de la Cruz (Sunla)[1].
Durante un foro virtual[2] desarrollado este 18 de mayo, Pablo Centeno, padre de Alberth Sneider Centeno, condenó con fuerza la actitud del Estado hondureño.
“Han pasado 10 meses y no hay nada. Exigimos que se le permita al Sunla el acceso a la información y que pare el acoso del que estamos siendo víctimas las familias y las comunidades garífunas”, dijo.
Veto al Sunla
Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, recordó que la búsqueda de verdad y justicia es un derecho que tienen como pueblo y como familiares de los desaparecidos.
“Condenamos el hecho de que el gobierno se niega a reconocer que es un caso de desaparición forzada, al tiempo que expresa su rechazo rotundo a la incorporación del Sunla al proceso de investigación.
Es una actitud irresponsable de parte de un Estado que ya fue condenado por la Corte interamericana de derechos humanos (Corte IDH) por violentar los derechos de la comunidad de Triunfo de la Cruz”, advirtió Miranda.
La lideresa garífuna recordó que Honduras es un ‘Estado fallido’, con un sistema judicial racista y al servicio de los que tienen el poder económico, donde impera la corrupción y la impunidad, donde se persigue, criminaliza y asesina a las y los defensores de los territorios, los bienes comunes, la vida, donde la gente sigue huyendo en masa.
“¡Esta es Honduras! Un país cuyo territorio está siendo vendido por pedazos para instalar Zonas de empleo y desarrollo económico (Zede) y para ampliar los monocultivos que nos van a dejar sin agua.
Reivindicamos el derecho que tenemos a exigir verdad y justicia. Decimos ¡Basta ya! a la criminalización y judicialización de nuestros hermanos y hermanas que todos los días defienden la vida”, manifestó Miranda.
“Somos un pueblo rebelde, de resistencia y lucha permanente. Nos duelen los cuatro jóvenes desaparecidos, así como nos duelen las personas que están siendo perseguidas, amenazadas, obligadas a abandonar su tierra. Sabemos de dónde venimos y no vamos a claudicar. Le apostamos a crear nuevas condiciones para tener un país diferente”, concluyó.
Militarización y concesionamiento
Edy Tabora, del Bufete Justicia para los Pueblos Honduras, explicó que siempre hay que recordar que lo que pasó la noche del 18 de julio del año pasado se enmarca en un contexto de persecución sistemática contra el pueblo garífuna.
Son al menos 40 los miembros de comunidades garífunas asesinados en los últimos dos años. Otros tuvieron que abandonar sus comunidades por las amenazas, la criminalización y la persecución.
Tanto la desaparición de los jóvenes de Triunfo de la Cruz como la mayoría de estos crímenes están vinculados a la lucha en defensa del territorio y los bienes comunes, que están siendo amenazados por proyectos extractivistas, la expansión de monocultivos y megaproyectos turísticos.
Dos de los pilares del Plan de Nación, que se creó después del golpe de 2009 para el crecimiento económico de Honduras, hablan de seguridad, militarización y concesionamiento de los territorios y bienes comunes.
“Hay cientos de denuncias de miembros de comunidades garífunas engavetadas. Al Estado no interesan los pueblos indígenas y la negación de justicia es absoluta”, advirtió Tabora.
“Las autoridades se niegan a investigar el caso de Triunfo de la Cruz como desaparición forzada; se niegan a coordinarse con las comunidades garífunas y con investigadores privados; se niegan a hacer una investigación seria y a brindar informaciones a los familiares; se niegan a reconocer a los jóvenes desaparecidos como defensores de derechos humanos .
La conclusión - concluyó el abogado - es que el Estado no tiene ninguna voluntad de realizar una investigación seria, mucho menos en un contexto de violación sistemática de derechos humanos al pueblo garífuna”.
Notas
[1] http://www.rel-uita.org/honduras/comunidades-garifunas-crean-sunla/
[2] “Racismo institucional y la negación del acceso a la verdad y justicia al pueblo garífuna en el marco de la desaparición forzada en Triunfo de la Cruz”