Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
A pocas semanas de asumir el cargo el presidente electo Bernardo Arévalo, la situación en el país se ha vuelto preocupante. La posibilidad de un golpe de estado técnico ya es más que una inquietud.
Después de la ola de órdenes de captura contra estudiantes, docentes, periodistas y políticos por haber denunciado el burdo fraude en las elecciones de autoridades en la Universidad de San Carlos (Usac), en Guatemala ha recrudecido la persecución y criminalización contra quienes han venido denunciando el corrupto aparato político-institucional, coludido con el gran capital nacional y transnacional.
El objetivo es claro: mantener el statu quo, es decir proteger y garantizar a cualquier costo los beneficios de los pudientes y sus lacayos.
En este sentido, la derrota de la derecha tradicional y radical en las últimas elecciones y la victoria de un movimiento progresista, que enarbola la bandera de la lucha contra la corrupción, dispararon la alerta en lo que se conoce popularmente como el “pacto de corruptos”.
